¿Qué pasa con las familias obligadas a abandonar su hogar después de un feminicidio? 

“Esta silla no es mía. Esta mesa no es mía. Ese vaso en el que tomo agua y esa cuchara con la que endulzo mi café no son míos ¿Cómo puedo tener sentimientos de pertenencia cuando me arrebataron mi vida; me sacaron de mi casa y destrozaron nuestra vida?  ¿Cuándo van a ser responsables? ¿Hasta que nos maten en Nuevo León?”, resuena en la mente de Lorena Gutiérrez Rangel en vísperas del que, en nueve años, será su séptimo desplazamiento. Desde el feminicidio de Fátima, en febrero de 2015, la familia Quintana Gutiérrez —cinco niños, siete adultos— se siente ajena a la palabra “hogar”. 

“¿Cómo se atreven a hablar de un proyecto de vida cuando todo lo que te rodea no es tuyo? No puedes accesar a un proyecto de vida cuando estás completamente rota” repite al interior de una vivienda que no se asemeja al lugar en el que crió a sus hijxs en La Lupita (Casas Viejas), en Lerma, Estado de México: una casa con un patio en el que, al llegar de la secundaria, Fátima y su hermano menor Daniel jugaban en el columpio o platicaban sobre las sagas de Harry Potter y Los Juegos del Hambre.

A más de 900 kilómetros, desde el corazón de CDMX, se encuentra Flora Marcelo, quien se escabulle en un rincón de una tienda de campaña que la cubre de la resolana de otoño. “Estoy aquí en la Secretaría de Gobernación (Segob). Ahorita ya tenemos como tres meses que estamos tranquilas. No nos han agredido. Aquí las agresiones eran todos los días” cuenta. Flora es madre de una pequeña que cursa la primaria, una universitaria y Ayelin, una niña de 13 años que soñaba con enlistarse en la Marina. Antes del 19 de octubre de 2020, las cuatro tenían una vida estable en el municipio de Tixtla, en Guerrero.

Tres días después de sepultar el cuerpo de Ayelin, Flora y sus hijas se movieron a la capital. Desde entonces, su tranquilidad está sujeta a que las autoridades no fastidien los plantones (campamentos de protesta) de madres de víctimas de feminicidio y desaparición. “Teníamos nuestra propia casa, nuestras amistades; la poca familia que teníamos. Entonces, como que poco a poco nos vamos tratando de despegar de ese apego que teníamos al municipio y la gente” lamenta.

A Flora Marcelo y Lorena Gutiérrez Rangel las atreviesa el feminicio de sus hijas (Fátima Varinia Quintana Rangel, de 12 años y Ayelin Iczae Gutiérrez Marcelo, de 13) y el desplazamiento interno forzado, una situación para la que, pese a la legislación de protección integral a nivel federal y local, el Estado mexicano no cuenta con protocolos, lineamientos adecuados ni aproximaciones estadísticas.

En casos como los de las familias de Fátima, Ayelin, Mariana Lima Buendía y Fernanda Sánchez Velarde (también víctimas en Estado de México) Ximena Ugarte precisa que “están siendo desplazadas por una situación de violencia territorial que llevó al asesinato de sus hijas y que, eventualmente, al exigir justicia, las pone en riesgo y tienen que irse del lugar”.

La violencia territorial contra niñas, adolescentes y mujeres no sólo se expresa a través de crímenes de odio como el feminicidio, sino también mediante delitos como la desaparición y trata con fines de explotación sexual.

En historias como la de Flora y sus hijas, el desplazamiento casi inmediato muestra cómo la violencia territorial y la impunidad se agudizan en zonas controladas por el crimen organizado, como sucede en Guerrero, uno de los estados de la llamada “Tierra Caliente” y en el que cárteles como el de Sinaloa, los Zetas y el Jalisco Nueva Generación interactúan con asociaciones locales como Los Tequileros, Los Ardillos y Los Tlacos.

Tras la desaparición y el feminicidio de Ayelin, Flora marchó al lado de vecinos, colectivas feministas y estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) en Chilpancingo. Pero en estas muestras públicas de indignación se temió por la seguridad. Flora se enteró de que su pareja había sido secuestrada y torturada al salir de la Fiscalía. “A raíz del hecho, secuestraron a mi novio, que en ese momento, quisieron que se culpara del asesinato de mi hija. Pero no lo lograron. Y esto fue con lo que me mandaron a decir que no querían ruidos; no querían exigencias, no querían escándalos. Y pues lo lograron porque yo salí huyendo del estado”, relata.

Sin embargo, Guerrero y Estado de México no son las únicas entidades en las que víctimas indirectas han dejado sus casas por la violencia después del asesinato de sus hijas, madres, hermanas, tías, abuelas, amigas o compañeras.

Desde 2016 y a través de redes sociales, Becky Bios, sobreviviente de feminicidio, ha brindado apoyo a víctimas. Paralelamente ha documentado que “Morelos, Tijuana, Guanajuato, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Guadalajara” son otros focos rojos en donde las familias que exigen justicia se enfrentan a agresiones físicas, verbales y daños patrimoniales, mayoritariamente perpetrados por familiares de los feminicidas.

Las palabras de Becky funcionan a manera de espejo para lo que ha atravesado la familia de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez.

El 5 de febrero de 2015, al ver que el reloj marcaba las 3:40 de la tarde y su hija no había llegado de la secundaria, el señor Jesús, la señora Lorena y su hijo Daniel salieron a buscarla y pidieron ayuda a lxs vecinxs. Según cuenta Lorena, el municipio de  La Lupita (Casas Viejas) era muy pequeño — “una comunidad de poco más de 200/250 habitantes”, precisa—y su gente conocía muy bien a la familia.

Lorena y Jesús llevaban viviendo ahí más de 30 años y, en ese entonces, como hobbie y para completar el dinero que Don Jesús ganaba como conductor de transporte público, Lorena, Fátima y Daniel atendían un negocio de hamburguesas.

“Todos nos conocíamos y los de los pueblos más grandes que están a la orilla de Naucalpan y Toluca también nos conocían porque nosotros bajábamos a la escuela y al centro de salud. Los pueblos comunales son muy unidos. Entonces, cuando pasó esto de mi hija Fátima, yo mandé a mi hijo Danny y a su compañera Salma y a su hermanito de Salma a que avisaran y que tocaran las campanas. Fue así como primeramente los de la Lupita Casas Viejas se enteraron y por lo mismo se enteraron los del pueblito más cercano, que es San Martín ”.

Pero después de lo de Fátima la comunidad no volvió a ser la misma. “Ya no se respiraba aquella tranquilidad”, lamenta Lorena mientras hace un recuento de las dinámicas que ahora rigen la cotidianidad del municipio y sus alrededores. “Los señores hacían rondines; se turnaban (…) Hoy en día la comunidad y los habitantes de La Lupita (Casas Viejas) no son los mismos. No tienen la misma confianza. Siempre tienen miedo y esa inseguridad de que no sabes si tu esposa que va a trabajar o tus hijas que van a la escuela van a regresar con vida”. 

Para Lorena, narrar la violencia que circunscribe al municipio que la vio crecer, enamorarse, casarse, convertirse en madre y abuela es una ruptura autobiográfica: un despojo de su historia familiar y comunitaria. La nitidez de la realidad predomina sobre la memoria.

Las conversaciones de La Lupita Casas Viejas dejaron de ser sobre las peleas entre hombres que habían bebido de más en las retas futboleras y pasaron a ser sobre cómo el municipio se configuró dentro de la cartografía feminicida de Estado de México, que a la fecha continúa entre las tres entidades federativas con el mayor número de crímenes de odio contra mujeres.

“Después de lo de Fátima hubo otras muertes muy cerca; otros feminicidios. La doctora Jessica Sevilla fue asesinada y tirada muy cerca de donde nosotros vivíamos. Luego, a dos jovencitos de la secundaria del pueblito que sigue, como a unos 10 minutos de La Lupita. Mataron al jovencito y a la muchachita la violaron (…) Hacia la comunidad de San Martín asesinaron a una señora”, denuncia.  

Además de las alteraciones en la percepción de estabilidad y serenidad, Lorena menciona que en cuanto empezaron a avanzar las investigaciones en el caso de su hija, ella y su familia notaron un cambio en el apoyo vecinal. No sólo iban a su casa para preguntarles, de manera morbosa, detalles sobre lo que había sucedido con Fátima. Mucha gente se negó a hablar y a involucrarse en las exigencias de justicia.

Además del miedo y la ruptura, ¿qué describe el día a día de las familias de víctimas de feminicidio que son obligadas a abandonar sus hogares?

La incertidumbre e inestabilidad, pues como platica Ximena Ugarte “generalmente tienen que estar en condiciones de prácticamente anonimato. Por ejemplo, no pueden obtener credenciales de elector (INE) con el nuevo domicilio. Eso tiene implicaciones en varios sentidos”. 

En México, la credencial de elector es uno de los documentos oficiales de identidad que acredita la mayoría de edad y es solicitado como requisito indispensable para cualquier trámite, contratación de servicios como la luz o el agua y el acceso a derechos básicos como la salud, el trabajo y la vivienda. 

Pero el anonimato, resalta Ximena, también impacta en los procesos de socialización y adaptación. “Tienen que ver cómo se integran con el nuevo entorno, con la nueva comunidad con la que tienen que convivir. Además de todo eso, que ya per se es muy traumático en términos psicológicos, tienen que esconderse porque ese es el tema: que en medida de lo posible nadie sepa dónde están”. 

¿Y cuál es o debería ser el rol de las instituciones? “Una familia desplazada por un hecho de violencia está a cargo del Estado. El Estado se tiene que hacer responsable por los temas económicos, de salud y educación” responde Ximena en eco a las disposiciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la CorteIDH y el marco normativo mexicano (Ley General de Víctimas (2013) y Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), ambas con leyes complementarias locales) que establecen que las víctimas tienen derecho a medidas de reparación integrales, adecuadas, diferenciadas, transformadoras y efectivas. 

Sobre las víctimas indirectas, la legislación también señala que la Federación, los estados o los municipios deberán garantizar medidas de ayuda inmediata (apoyar con los gastos funerarios, por ejemplo) y de compensación (entre ellos el pago de transporte, salarios, tratamientos médicos, alojamientos y alimentación). Pero en México, del dicho al hecho hay un mar de diferencia, o más bien de indiferencia, omisión y deficiencia. 

Dentro del listado de descuidos estatales también se encuentran la falta de información y el consecuente subregistro. En un primer momento, dependencias clave como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ambas órganos desconcentrados de la Segob, calificaron de “notoria incompetencia” a solicitudes de transparencia sobre la estadística de víctimas indirectas desplazadas, medidas de protección que se les han otorgado y estados de la República Mexicana de origen y destino para mapear el movimiento de los impactos de la violencia feminicida.

La CONAVIM —enunciada por la propia Oficina de la Presidencia como “un órgano que podría contar con la información”— y la CEAV tampoco contestaron a solicitudes sobre asignaciones presupuestales destinadas a las medidas de compensación. Asimismo, la respuesta se limitó a una canalización al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que hasta la primera publicación de este reportaje (25 de noviembre de 2024) no ha hecho algún tipo de notificación.

Otro de los sujetos obligados prioritarios es la Fiscalía General de la República (FGR), incluso mencionada por la propia Segob como una instancia responsable de “garantizar el derecho de acceso a la información pública” en materia, especialmente en la estadística de víctimas indirectas de feminicidio que han acudido a los Ministerios Públicos para levantar una denuncia por hechos de violencia, solicitar mecanismos de protección o que han sido obligadas a abandonar su hogar. La réplica de la dependencia fue casi nula.

Al declararse “carente de atribuciones para proporcionar lo peticionado”, la FGR únicamente citó el artículo 84 de la Ley de la Fiscalía General de la República. Esa fue la misma contestación del Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia cuando se le pidieron datos correspondientes a las partidas presupuestarias.

Ante la insatisfactoria resolución de la CEAV, el 13 de noviembre se intentó contactar con el personal a cargo y también se buscó a su titular, la licenciada en derecho Martha Yuriria Rodríguez Estrada. Hasta el momento, no se ha podido establecer comunicación. No obstante, el 22 de noviembre, la CEAV emitió dos nuevas respuestas: una referente a la cartografía feminicida de los desplazamientos forzados en Chihuahua y otra sobre la destinación de recursos públicos a las medidas de compensación mediante el Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Además del ámbito federal, a lo largo de octubre y noviembre, se presentaron solicitudes de información a otras dependencias de las 32 entidades federativas: fiscalías, procuradurías y comisiones locales de atención a víctimas, así como instituciones que, si bien no cuentan con cifras específicas, deberían, al menos, tener nociones de lo que sucede.

Por ello, se tomaron en cuenta a Institutos, Secretarías de las Mujeres y Comisiones Estatales de Derechos Humanos. Para las partidas presupuestarias también se requirió de la presentación de solicitudes a las Secretarías Generales de Gobierno. De este ejercicio del derecho al acceso a la información pública, se identificó lo siguiente:

• En los Fondos de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito no hay una especificidad que permita vincular a la violencia feminicida y el desplazamiento interno forzado.

• Las Secretarías Generales de Gobierno canalizaron a las Fiscalías y viceversa. Sin embargo, ninguna de las dependencias brindó información puntual, acertada o relevante.
• En su mayoría, los Institutos y las Secretarías de Mujeres declararon las solicitudes de “notoria incompetencia”. Carecen de datos cuantitativos y cualitativos. Lo mismo sucede con las Comisiones y Defensorías de Derechos Humanos.
• Las Fiscalías fueron los sujetos obligados que más pidieron prórrogas para la entrega de información. En casos como la de Aguascalientes, que aseguran no contar con registros de desplazamientos, las respuestas resultan dudosas. En reiteradas ocasiones, la institución ha sido señalada por ocultar estadísticas con prácticas negligentes como abordar al feminicidio como suicidio.

Uno de los argumentos al que recurren las Fiscalías para no proporcionar los datos solicitados es que se basan en la metodología del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en sus balances de incidencia delictiva sólo cuenta con el conteo de homicidios, lesiones culposas, daño a la propiedad, feminicidios y amenazas. No hay indicadores que permitan aproximarse a la información solicitada. 

• Únicamente Coahuila tomó en cuenta el feminicidio infantil; su Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres remitió a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia.
• Hasta el 25 de noviembre de 2024, la única dependencia local que contestó parcialmente fue la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (Ceavi), que detalló que la Dirección del Fondo de Víctimas no cuenta con información respecto a desplazamientos y estadísticas sobre denuncias presentadas por algún tipo de violencia después de un feminicidio. Desde que entró en funcionamiento (3 de junio de 2020), el Fondo de Víctimas ha otorgado “medidas de alojamiento, alimentación y transporte, en medidas de materia de procuración e impartición de justicia, gastos médicos y medicamentos”. Respecto a los usos del erario público, la institución apuntó:

Después de los actos de violencia que sufrieron Lorena y su familia —amenazas de muerte por parte de los feminicidas, incluso en presencia de elementos del Ministerio Público, llamadas telefónicas intimidantes a su hijo menor, burlas en las audiencias, amedrentamientos al señor Jesús en su espacio de trabajo y una balacera en su casa—, lo primero que hicieron la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía del Estado de México fue querer sacarles del país.

“Dijimos: ¿Por qué nos vamos a ir? ¿Por qué si nos acaban de matar a Fátima? ¿Por qué nosotros y no los asesinos de mi hija?”, relata sobre aquella reunión en la que la fiscal les dijo que si no se iban a Canadá, estaba la opción de Argentina. Cuando ella y su esposo cuestionaron la insistencia en desplazarles al extranjero, la fiscal trató de convencerles burda e irrespetuosamente. “Yo le dije: “No nos vamos a ir”. Y ella me contestó: “Señora Lorena, yo me fui a estudiar a Argentina y es un país muy bonito”. Y yo le dije: “sí, maestra, pero yo no voy a ir a vivir a Argentina con mis nietos y mis hijos al nivel que usted puede estudiar”.   

Las autoridades también ofrecieron Costa Rica, que tenía convenio con Canadá, como si se tratara de un paquete turístico. Lorena preguntó cuál sería el apoyo que se les otorgaría en el proceso de solicitud de asilo y la fiscal dio a entender que su labor se había agotado en tramitar los 12 pasaportes que necesitaban y en pagar los boletos de avión. “Te hablaban de las cosas como si las fueran a hacer el mismo día: ‘Ustedes llegan al aeropuerto de Costa Rica y piden su asilo humanitario’. Yo no voy a pedir el asilo humanitario estando en el aeropuerto de Costa Rica ¿Y luego? ¿Si me dice Costa Rica “no”? Bueno, pues lo toma como unas vacaciones”.

Al final, no les desplazaron a Argentina, Costa Rica y tampoco a Canadá porque el todavía presidente Enrique Peña Nieto viajó y dijo al gobierno de Justin Trudeau que en México no había feminicidios ni violaciones a derechos humanos, aunque en los primeros tres años de su sexenio las muertes violentas de mujeres aumentaron más del 50%. 

Saber que se quedarían en su país, fue “un descanso” para la familia Quintana Gutiérrez , pero Lorena expresa que sentían mucha frustración porque en ningún momento las autoridades problematizaron las negligencias que les sacaron de su casa en Lerma: la otorgación de medidas de protección a medias. “La custodia la teníamos las 24 horas. A veces nos dejaban patrullas pero con las llantas ponchadas o luego les quitaban las llantas y las subían en tabiques o una patrulla con la batería descargada. Y policías sin armas”. A esto se sumó que, al comenzar los tiempos electorales, el estado mexiquense les retiró la custodia. En ese inter la familia Quintana Gutiérrez fue víctima de robo habitacional. 

Tras el primer desplazamiento a otro de los municipios del Estado de México, Xonacatlán, a poco más de 30 minutos de Lerma, la situación no fue distinta. “Estuvimos en una casa que estaba rodeada de milpas y que para nada era un lugar seguro”. A la descripción que hace Lorena, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) agrega que en la vivienda no había buena señal telefónica y tampoco funcionaba el botón de pánico. 

A unas cuantas semanas de su séptimo desplazamiento, Lorena remarca que aunque se encuentran a más de 900 kilómetros de Lerma, las cosas no han cambiado para su familia, ni para quienes exigen justicia a su lado. Mientras su mirada hace un recorrido por los utensilios de cocina que la rodean cuenta que hace poco su abogada recibió una amenaza de muerte y enlista los compromisos que le hicieron las autoridades cuando les desplazaron hacia el norte del país. “Conseguirle trabajo a mis yernos porque ellos dejaron sus trabajos aquí en el estado de México. La promesa de que mi hijo Omar iba a tener la revalidación de materias porque estaba en el 5.º semestre de la prepa. Con la promesa de que Danny iba a entrar a segundo de secundaria y mis nietos al kínder. Pero nada se cumplió”. 

Lorena hace una pausa para recuperar el aliento y denunciar que entre las consecuencias de las negligencias en el tratamiento del feminicidio de Fátima y los desplazamientos forzados está el fallecimiento de su hijo Daniel. 

El 20 de noviembre de 2020 Daniel empezó a tener dolores en el estómago. Tres días después, lo llevaron al Hospital Materno Infantil, en donde se le negó la atención bajo el argumento del ‘límite de edad’. Sucedió lo mismo con el Hospital Psiquiátrico y el Hospital Universitario, que redujeron las molestias del adolescente a “una crisis de ansiedad”. A Daniel únicamente le administraron ansiolíticos y antidepresivos en dosis muy elevadas. Murió el 24 de noviembre, mientras Lorena lo bañaba. 

En septiembre de 2023, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León emitió una recomendación contra el Hospital Materno Infantil y el Hospital Psiquiátrico. Pero, como enfatiza Lorena, esta medida no es suficiente. Sumado a no señalar las negligencias del Hospital Universitario, institucionalmente, la muerte de Daniel sigue sin ser problematizada como una consecuencia de las omisiones del Estado mexicano en la atención a las familias de víctimas de feminicidio desplazadas. 

En estos ocho años (2016-2024) Becky Bios, de la colectiva Víctimas de Feminicidio y Desaparición, ha registrado que al menos el 40% de los casos se han desplazado sin el apoyo del gobierno.

Esa ha sido la historia de Flora Marcelo y sus hijas. En Guerrero, un estado atravesado por múltiples violencias, causa-consecuencia de la presencia del crimen organizado, el Ejército y la lejanía estatal, sólo el 9.1% de la población tiene confianza en autoridades procuradoras de ‘justicia’.

Para Flora este dato no resulta sorpresivo. Cuando se acercó a la Policía Municipal para reportar la desaparición de Ayelin, le dijeron que seguramente se había ido con el novio. El trato por parte de otras autoridades no distó de este primero: en la Fiscalía de Chilpancingo la responsabilizaron de los hechos; la carpeta de investigación careció de pruebas clave como las prendas de ropa de Ayelin y el material genético de tres de los cuatro hombres detenidos.

“Tenía miedo a hablar a la Fiscalía, a saber quién era el que llevaba el caso, porque mi teléfono lo tenían intervenido, el teléfono de mi hija, el de mis hermanos, de toda la familia. Entonces cuando yo salí de ahí, dejé mi teléfono ahí en la casa, mi hija también, mi novio. Todos cambiamos de teléfono”, comparte.

Fue hasta 2022 que Flora tuvo acceso a una copia de la carpeta de investigación y recibió atención de la Comisión Nacional de Búsqueda. Flora y sus hijas salieron de Tixtla el 22 de octubre de 2020 gracias al apoyo del Colectivo Raúl Trujillo Herrera Por los Desaparecidos en Guerrero. “Este colectivo me dice que tienen un plantón aquí en la Ciudad de México y se me hace buena idea venirme. Me ayudaron para que la Secretaría de Gobernación me dé un refugio del Mecanismo de Protección de Personas, de periodistas y Defensoras de derechos humanos ”. 

Flora y sus hijas estuvieron en el refugio un año y cuando terminó el plazo ella solicitó que se hiciera una nueva evaluación para saber si las condiciones para regresar a Tixtla eran propicias, pero no obtuvo respuesta. Además de la vulneración del derecho a la vivienda, destaca que el desplazamiento forzado impactó en la formación académica de sus hijas. “Tuvieron que dejar la escuela las dos: la que iba en el jardín y la otra que ya le faltaba un año para terminar bachilleres. Era triste porque aparte no tenían con quien convivir, alguien de su edad”.

La situación relatada por Flora Marcelo exhibe que otra de las deficiencias del Estado mexicano en materia es que no existe una metodología para evaluar los riesgos a partir de las necesidades particulares de las familias, un factor que, como retoma Ximena Ugarte también propicia que no se tenga claridad sobre “en qué momento esta medida temporal de protección se tiene que convertir en una medida permanente”.

Este apunte no es algo menor, pues “la mayoría de los casos de desplazamientos por feminicidio se convierten prácticamente en medidas permanentes”, dice la abogada. La propia incertidumbre de Flora es muestra de ello.

Frente a las deficiencias estatales, Becky dice que el trabajo con las víctimas indirectas de feminicidio procura el acuerpamiento físico, emocional y monetario. “Solicitamos apoyo en las redes sociales, ponemos un número de cuenta. Lo que se hace es que algunas compañeras que viven en otros estados las apoyan en conseguir donde rentar o incluso viven con ellas. Llegan a las casas de otras compañeras que también son víctimas. En la parte de la renta se les apoya. Si ellas quieren emprender un negocio o algo, se les apoya”.

***

Es octubre de 2024. En un par de meses se cumplirán 10 años desde que la familia Quintana Gutiérrez exige justicia para Fátima y ahora también para Daniel. La señora Lorena recuerda que el 20 de diciembre serán desplazades nuevamente y mientras mira lo poco que puede empacar denuncia que lo que ella y su familia han pasado “es algo terrorífico”, pues perdieron todo: su casa, sus vínculos afectivos, sus trabajos y hasta su identidad.

Aunque la mayor de sus hijas ya cursa la universidad y la pequeña asiste a una primaria cercana al plantón en la Secretaría de Gobernación, la situación de Flora es similar. A diario y con el desasosiego que rodea a las posibilidades de regresar a Tixtla, tiene presente que no ha vivido el duelo por la pérdida de su hija. “Las autoridades no me han dejado llorar. No he llorado. No me han dejado hasta la fecha porque. Si no es una cosa, es otra”, exclama.

Historias como las de las familias de Fátima y Ayelin ensordecen en el silencio de un Estado que se empeña en reducir la impartición de justicia a temas monetarios (también a medias), deslindándose de la irresponsabilidad de uno de los muchos cuestionamientos que no es capaz de responder: ¿Qué pasa con las familias de víctimas de feminicidio que son obligadas a abandonar sus hogares y su gente?

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