Guerrero: epicentro de contrainsurgencia, lejanía estatal y resistencia popular

Ubicado en la costa del Pacífico y protagonista entre el turismo local por los shows de clavadistas y buzos en el acantilado de La Quebrada, el Estado Libre y Soberano de Guerrero  se ha caracterizado por una significativa ocupación armada y militar y el fortalecimiento de una oligarquía de “caciques, acaparadores e intermediarios”.

Como lo recuerda la periodista y escritora Laura Sánchez Ley, durante la Guerra Sucia esta entidad fue sede y objetivo del Plan Telaraña (operación militar) contra los guerrilleros campesinos Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas. Desde entonces, los abusos cometidos por el Ejército no han parado, como acusa Amapola. Periodismo transgresor, colectivo que ha documentado que la militarización en Guerrero se ha vinculado estrechamente con la incidencia de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones. 

A su vez, investigaciones de periodistas como Marcela Turati han recordado que en Pie la Cuesta, en la franja costera, se encontraba la base aérea militar, de donde despegaron los vuelos de la muerte, “una de las prácticas más oscuras de la violencia estatal” que consistía en que el general disparaba en la nuca a lxs guerrilerxs, les colocaba una bolsa de plástico en la cabeza, metía los cuerpos en costales con piedras, él y su equipo subían a un avión de fabricación israelí, se dirigían al mar y a 230 kilómetros de la costa arrojaban los costales, como explica la periodista Erika Rosete. Según el colectivo Fábrica de Periodismo, entre 1974 y 1979 al menos 350 disidentes políticos fueron lanzados al mar. 

Pese a la gravedad, estos antecedentes no se tomaron en cuenta para la política estatal. Al contrario, para la década de los 90, durante la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), volvió a recrudecerse la presencia militar en las comunidades de Guerrero. Como rescata la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue la madrugada del 7 de julio de 1998 cuando “elementos del Ejército Mexicano arribaron a El Charco, en el municipio de Ayutla de los Libres; rodearon la escuela primaria «Profe. Caritino Maldonado Pérez», donde se encontraban durmiendo varios indígenas participantes en una asamblea” e iniciaron un tiroteo que privó de la vida a 11 presuntos guerrillerxs y lesionó a cinco personas. Este evento también provocó que más de 3.000 indígenas mixtecos quedaran bajo el cerco militar.      

Casos como el de Rosendo Radilla (desaparición forzada) e Inés Fernández y Valentina Rosas (víctimas de violencia sexual por parte de militares) y la aplicación de la Ley Federal de Armas, Fuego y Explosivos provocaron que se pudiera restringir el fuero militar y, a la vez, reformar la Constitución Política y el Código de Justicia Militar. Sin embargo, en las dos primeras décadas de los 2000 la militarización se volvió imparable, como describe Abel Barrera (director de Tlachinollan. Centro de Derechos Humanos de la Montaña)

De acuerdo con la prensa local, tras la gestión calderonista (2006-2012), Guerrero fue el tercer estado con el mayor número de asesinatos en el país. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mostraron que entre 2005 y 2011 el número de homicidios aumentó 300%. Por su parte el periodismo y organizaciones alertaron que la cotidianidad lxs guerrerenses estaba marcada por enfrentamientos, ejecuciones, levantones, persecuciones, balaceras, vehículos quemados y narcomensajes. 

Uno de los eventos que impactó en la situación de violencia en el estado fue el operativo contra Arturo Beltrán Leyva “El Jefe de Jefes” y su asesinato en un enfrentamiento con elementos de la Marina. El debilitamiento de la Organización Beltrán Leyva ocasionó que grupos como Guerreros Unidos y Los Rojos (ambos mencionados en el Caso Ayotzinapa) se disputaran  las plazas. 

Los municipios de Altamirano, San Miguel Totolapan, Iguala, Ajuchitlán, Coyuca de Catalán, Coyuca de Benítez, Atoyac, Tlapa, Chilapa y Tlacoachistlahuaca fueron reportados por taxistas, choferes de camiones y jóvenes como sedes de eventos altamente violentos como los fuegos cruzados, la exhibición de cuerpos encajuelados con “el tiro de gracia” o la localización de fosas clandestinas. 

En 2014, ya en la presidencia de Enrique Peña Nieto, la desaparición de los 43 estudiantes y las seis ejecuciones extrajudiciales de la noche-madrugada del 26 y 27 de septiembre expusieron la falta de una estrategia de seguridad y respuesta estatal en Guerrero

En 2018, México alcanzó los 104.000 homicidios, cifra con la que la administración priista superó a la de Calderón. Para entonces, con una tasa del 56.6%, Guerrero ocupaba el tercer lugar a nivel nacional entre los estados más violentos

Si bien el Inegi ha señalado que desde 2018, año en el que entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el número de homicidios de la entidad ha disminuido, esto no ha significado un mayor nivel de seguridad. Al lado de Michoacán y Estado de México, Guerrero forma parte de la Tierra Caliente, región de clima semiárido que se caracteriza por ser epicentro del crimen organizado. 

Desde la década de los 90, la ciudad de Acapulco, por su alta actividad  turística, fue referida como “La Perla del Pacífico” para el narcotráfico. Por ende, se consolidó como un sitio de interés para el Cártel de Sinaloa y Los Zetas.  

De acuerdo con la plataforma openDemocracy, actualmente, Guerrero es el estado con más grupos delictivos luchando por el control territorial. La prensa nacional y las organizaciones no han logrado establecer un número exacto de los grupos; los reportes oscilan entre 16, 20 y 40. Como protagonistas en la disputa se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Familia Michoacana, que interactúan con asociaciones locales como Los Tequileros, Los Ardillos y Los Tlacos. 

Además de los altísimos niveles de impunidad —en el delito de desaparición esta alcanza el 100%—, Guerrero resulta un territorio estratégico para el crimen organizado por los cultivos de amapola, las rutas de tránsito y las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran sus poblaciones (particularmente, las comunidades indígenas). 

Sobre este último punto, es fundamental tener en cuenta que la violencia crónica y gobernanza criminal en Guerrero también forman parte de un panorama sociohistórico en el que ha habido una significativa falta de —o hasta inexistente— garantía de los derechos básicos como el acceso a una vivienda digna, la alimentación, la salud, el trabajo y la educación. 

Después de Chiapas, Guerrero es el estado más pobre de México y el tercero a nivel nacional con el mayor porcentaje de municipios en situación de pobreza extrema, según datos del Inegi en 2020.  Desde hace varios años, la entidad del suroeste también ha sido señalada por el racismo. En 2018 ocupó el tercer lugar entre los cinco estados con los índices más altos de discriminación.  

A esta situación se suman los impactos de desastres naturales (sismos y huracanes, esencialmente) y denuncias históricas sobre una lejanía gubernamental que se ha traducido en la conformación de zonas de conflicto y focos rojos de la desaparición, el reclutamiento y desplazamiento forzado.

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Ilustración: Isabella Londoño.