Por 
El proceso electoral por la presidencia y el gobierno ha quedado con una gran deuda con las poblaciones LGBT+ de México. Además de las limitadísimas y ambiguas propuestas de las candidatas y el candidato al Poder Ejecutivo, organizaciones y activistas han denunciado usurpaciones de acciones afirmativas [1] y casos de violencia política contra contendientes LGBT+ al interior de los partidos.
Pese al actual panorama, los movimientos mexicanos por la diversidad sexual no tienen intenciones de retroceder. Si bien las campañas locales, estatales y federales han brillado por una clara marginación de este sector poblacional, el fortalecimiento de la lucha no es moneda de cambio y tampoco debería depender de la permanencia o alternancia partidista en la toma de decisiones.
En los últimos seis años (2018-2024), el activismo LGBT+ y las políticas de calle de mujeres y trabajadoras sexuales han logrado avances en la agenda del país. La aprobación del matrimonio igualitario en las 32 entidades federativas y de la ley de identidad de género en estados como Zacatecas, Sinaloa, Morelos y Edomex fueron conquistas históricas y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 7 de septiembre de 2021 [2] brindó más seguridad —al menos discursiva— a las colectivas y los grupos que acompañan a las sexodisidencias en los procesos de aborto.
No obstante, el Estado mexicano sigue sin reconocer —y mucho menos garantizar— plenamente el derecho a una vida libre de violencia a las comunidades LGBT+. Ante tal situación, estas son algunas de las demandas que la presidencia y el gobierno deben atender en el siguiente sexenio (2024-2030).
Derecho a la salud
En México, el acceso a la salud es un derecho reconocido por la Carta Magna y las constituciones locales. Como numerosas veces lo ha subrayado la SCJN, su garantía debe respetar los principios de no discriminación e igualdad. Sin embargo, la labor gubernamental e institucional ha sido muy restringida y, en algunos casos, inexistente.
A lo largo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género fue una constante en los sistemas de salud pública y privada. Además de los impedimentos para donar sangre en unidades médicas de estados como Chihuahua, Oaxaca, Querétaro, Baja California Sur, Coahuila, Edomex y la propia capital (esto pese a la existencia de la Norma Oficial Mexicana NOM-253 de 2012 [3]), personas LGBT+ han denunciado tratos diferenciales y violentos en unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En manifestaciones públicas y denuncias en redes sociales organizaciones como VIHve Libre visibilizaron la serofobia que prevalece en el sistema público de salud. La indignación de los colectivos que trabajan por los derechos de las personas LGBT+ que viven con VIH también se hizo presente en movilizaciones contra el desabasto de antirretrovirales.
En este mismo rubro, poblaciones trans han exigido medidas y políticas públicas para garantizar el acceso seguro a la testosterona, ya que, anexo al desabasto, desde finales de 2022, la Secretaría de Salud (SSa) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) han alertado sobre la falsificación de fármacos como el Primotestón Depot.
El cuidado de la salud mental es otra de las demandas que debería ser prioritaria para la presidencia y el gobierno de 2024-2030. A principios de este año, la organización The Trevor Project México reportó que el 58% de las juventudes LGBT+ ha presentado signos de depresión y el 53% sufre de ansiedad.
Otro de los datos que subrayan la urgencia de que se cuenten con programas locales, estatales y federales para la salud mental es que al menos el 75% de les jóvenes LGBT+ se ha autolesionado. Esta cifra aumenta de manera significativa (85%) entre las juventudes trans y no binaries.
Como parte de su aproximación estadística, The Trevor Project México también identificó algunos de los obstáculos a los que se enfrenta este sector al momento de acceder —o no— a los servicios de cuidado a la salud mental. Les jóvenes de las diversidades sexogenéricas sienten un gran miedo a encontrarse con psicólogxs que incurran en los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig, o las mal llamadas ‘terapias de conversión’).
Ya con el tema sobre la mesa no está de más mencionar que aunque el 22 de marzo de 2024 la Cámara de Diputados aprobó una reforma para prohibir y sancionar los Ecosig, la presidencia, los gobiernos locales y las instituciones a su cargo tienen la responsabilidad de que rumbo a 2030 entidades como Coahuila, Jalisco, Veracruz y Colima estén bajo observancia por grupos que como VenSer han torturado, privado de la libertad y medicalizado a la fuerza a personas LGBT+.
Desde el Poder Ejecutivo, la jefatura de gobierno, las administraciones locales, las diputaciones y las senadurías debe haber un pacto para que las leyes que prohíben los Ecosig en Nuevo León, Sonora, Hidalgo, Puebla, Baja California, Tlaxcala, CDMX y Zacatecas sean efectivas.
Aborto legal, seguro, gratuito, informado, digno y respetuoso para todes: una de las demandas LGBT+ que la presidencia y el gobierno de 2024-2030 no pueden seguir ignorando
La nueva gestión no sólo debe respetar que, hasta mayo de 2024, son 13 los estados que despenalizaron la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) [4] , sino también establecer el compromiso de no convertirse en una piedra para la lucha abortista que busca el reconocimiento y la garantía del derecho al aborto a nivel federal.
A diferencia de países como Argentina (que menciona textualmente a las personas con capacidad de gestar en la Ley 27 610), en México, la Marea Verde sigue teniendo un enfoque binarista y cisexista. Desde el Código Penal de Benito Juárez (1871), hasta los decretos para reformar los códigos del entonces Distrito Federal, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, es la mujer cis la que es considerada como persona sujeta del derecho a una maternidad elegida.
Los vacíos normativos —que se extienden a los protocolos de atención en los sistemas de salud— provocan que el derecho a un aborto legal, seguro, gratuito, acompañado, digno y respetuoso siga siendo una deuda con las personas no binaries, agénero, gender fluid, queer (cuir) y los hombres trans. Es fundamental que las instituciones escuchen a colectivas y grupos de acompañamiento que trabajan bajo una perspectiva de diversidad sexual.
Derecho a la vivienda digna
Al igual que Argentina, Brasil y Chile, México atraviesa por una grave crisis de vivienda. Además de la gentrificación, los llamados cárteles inmobiliarios y la ausencia —o pasividad— regulatoria, la deuda habitacional a la que se enfrentan las poblaciones LGBT+ encuentra como elemento central la discriminación que viven por parte de vecinxs, arrendatarixs, agencias de bienes raíces y/o instituciones bancarias. Aunque el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha hablado sobre el enfoque y el impacto diferencial que tiene la crisis de vivienda, no se cuenta con cifras oficiales sobre la población LGBT+.
Históricamente, han sido el periodismo (principalmente el local) y los colectivos los que han rescatado la urgencia de contar con planes, proyectos e iniciativas que hagan contrapeso a esta situación. Sumado al pleno respeto al principio de no discriminación e igualdad en la Constitución Política, la Ley de Vivienda y la Ley General de Desarrollo Social, algunas de las demandas que se le hacen a la próxima gestión son:
- Que dependencias como la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (FOVISSSTE) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenten con talleres de concientización y sensibilización para que los encargados en prestar servicios del sector inmobiliario entiendan las necesidades de residentes LGBT y tengan claro su rol en la resolución de conflictos relacionados con discriminación y en la implementación y mejora de programas.
- Llevar a cabo investigaciones focalizadas en los factores que incentivan el sinhogarismo de personas LGBT+.
- No criminalizar ni entorpecer la labor que llevan a cabo alternativas al sector inmobiliario, como lo es la Cooperativa de Vivienda Xochiquetzalli, una asociación que, con un modelo comunitario, ayuda a que personas LGBT+ de CDMX accedan a un hogar digno.
Derecho a la protesta, manifestación y apropiación del espacio público
La protesta y la manifestación pública son derechos humanos y constitucionales. No obstante, como lo denuncian Fundar. Centro de Análisis e Investigación A.C. y Artículo 19, suelen ser vulnerados de manera general. Por supuesto, el movimiento LGBT+ no ha estado exento de esta situación.
Durante este sexenio, organizaciones, colectivos y activistas LGBT+ han denunciado que en ciudades como Mérida y CDMX, los gobiernos locales han reprimido las movilizaciones con despliegues exagerados de policías, golpes, detenciones y lanzamiento de gas. La población trans ha sido la más afectada por la criminalización de la protesta. Incluso, el actuar hostil por parte de las autoridades ha puesto en riesgo el bienestar físico y emocional de infancias y adolescencias.
En marchas de exigencia por un alto a la violencia transfeminicida —cuyo combate sigue siendo una deuda por parte del Estado mexicano—, o en las que se insiste por la aprobación de leyes de identidad, en las 32 entidades de la República Mexicana se ha documentado el abuso de los cuerpos de ‘seguridad’.
Con relación a este tema también es importante recordar que una de las demandas de las poblaciones LGBT+ para la presidencia y el gobierno de 2024-2030 es que la violencia policial deje de ser una constante. La impunidad —calculada en 99.5%— no puede seguirse manteniendo como factor central en los casos de detenciones arbitrarias, intimidaciones, humillaciones públicas y violencia sexual.
Para actuar en materia, uno de los primeros pasos a seguir sería la revisión y, si es necesaria, la actualización de instrumentos como el Protocolo de actuación de la Policía Federal para casos que involucren personas de la comunidad LGBTTTI (de cumplimiento obligatorio), el Protocolo Nacional de Actuación LGBTI+ para garantizar una justicia incluyente y el Protocolo sobre legalidad de detenciones en el sistema de justicia penal.
Los derechos de les trabajadores sexuales: un tema que, ni de fingidito, se ha hablado durante el proceso electoral
El activismo LGBT+ ha sido clave para la lucha de quienes ejercen el trabajo sexual. A finales de diciembre de 2021, trabajadoras sexuales de la capital denunciaron que, hasta entonces, organizaciones como Brigada Callejera A.C. habían contabilizado 15 200 amenazas, algunas de ellas por parte de la Policía y autoridades. Testimonios recabados por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) también acusaron que desde 2015 ha habido un incremento de las extorsiones policiacas.
Bajo este contexto, iniciativas civiles como la Coalición Laboral Puteril (CLaP!) —”conformada por personas trabajadoras sexuales de diversas identidades de género”— han dado a conocer las demandas que consideran esenciales para la transformación de los contextos de violencias y desigualdades en las que ejercen:
1. Reconocimiento del derecho a la elección del trabajo sexual como un trabajo
2. Despenalización
3. Acceso a la seguridad social
4. Participación efectiva en los procesos de toma de decisiones. En este punto, la CLaP! destacó la necesidad de una revisión colectiva de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y de normativas que atiendan a problemáticas de derechos humanos como la explotación y el trabajo forzado.
Una de las puntualizaciones a tener sobre las demandas de las poblaciones LGBT+ hacia la presidencia y el gobierno de 2024-2030 es que su escucha y cumplimiento no obedezcan únicamente al centralismo. Si bien es cierto que el reconocimiento y la garantía de los derechos sexodisidentes en CDMX continúa siendo parcial, los esfuerzos de la próxima gestión deben estar dirigidos a ampliar las iniciativas, los proyectos y la asignación presupuestaria a otras zonas del país. Las administraciones locales, estatales y federales no pueden seguir pasando por alto que:
- En entidades como Yucatán prevalece una violencia institucional hacia las madres lesbianas
De norte a sur, los Códigos Penales entorpecen la adopción a parejas lesbomaternales y homoparentales - En la frontera (particularmente en Chihuahua) casos como el transfeminicidio de Mireya Rodríguez continúan impunes
- Edomex, Yucatán, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Veracruz brillan por la LGBTfobia de sus congresos. El desdén legislativo por las sexodisidencias no sólo se expresa en la negativa en votaciones por leyes de protección integral o por no sancionar el discurso de odio de algunxs legisladorxs. Congresos como el de Guanajuato llevan años sin dictaminar una sola iniciativa LGBT+.
- En estados como Puebla se abren canales de Telegram y WhatsApp para incitar a los crímenes de odio. Sobre este último punto, las personas LGBT+ también esperaríamos que lxs gobernantes no nieguen que en México es real y evidente el avance y fortalecimiento del movimiento de ultraderecha que pone en riesgo nuestras identidades, especialmente las de las poblaciones trans y NB.
Notas al pie
[1] Las acciones afirmativas son medidas para garantizar la participación política de poblaciones específicas: indígenas, LGBT+, afrodescendientes y que viven con algún tipo de discapacidad. Desde 2021 forman parte de los lineamientos para las elecciones. A través de las acciones afirmativas, el Instituto Nacional Electoral (INE) solicita a los diferentes partidos que incluya candidaturas de personas que pertenezcan a estos grupos. Representantes del INE han explicado que este mecanismo se basa en principios constitucionales para hacer contrapeso a la deuda histórica en la garantía de derechos políticos y electorales.
[2] El 7 de septiembre de 2021, la SCJN declaró que el aborto voluntario, legal y seguro es derecho de mujeres y personas gestantes. El máximo tribunal también señaló como inconstitucional la criminalización total del aborto. Esta sentencia también es relevante por establecer que las mujeres y personas gestantes que hayan sido privadas por su libertad por interrupción del embarazo pueden apelar a su liberación.
[3] En el numeral 6 de la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012 no se identifica a la orientación sexual, la expresión o identidad de género como criterios para excluir a una persona de donar sangre.
[4] CDMX Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo y Jalisco
