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La periodista y bloguera Tamara De Anda (Plaqueta) difundió un testimonio para denunciar que la noche del 4 de abril de 2024 (aproximadamente a las 21:00 hrs) “12 policías sin placas, sin identificarse y sin mostrar una orden” detuvieron y golpearon a dos comerciantes LGBT+ (Frida, una mujer trans y Brandon, un hombre bisexual) en la Glorieta de los Insurgentes, en Zona Rosa, Ciudad de México. Presuntamente, los uniformados también les amenazaron con armas de fuego.
Casi una hora después (21:58 hrs), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la capital informaron sobre el cierre de la Avenida Insurgentes y la interrupción del servicio de Metrobús, esto como resultado del bloqueo por parte de manifestantes que expresaron su indignación frente a la detención arbitraria.
En comunicación con el canal de Foro TV, Brandon comentó que los policías les dejaron en libertad al darse cuenta de que no había motivo para arrestarles y se disculparon. La mañana del 5 de abril, la Secretaría de Seguridad Ciudadana describió el suceso como el simple “aseguramiento de dos personas” y como la actuación frente a la “sospecha de la comisión de un delito” relacionado con narcóticos.
En la tarjeta informativa, la dependencia relató que las autoridades entablaron diálogo y ‘aclararon’ la situación con les implicades. En ningún momento, la SSC se pronunció sobre el hecho de que los uniformados se presentaron sin identificación alguna y que el vehículo en el que subieron a Frida y Brandon no tenía placas. Únicamente aseguró que la Dirección de Asuntos Internos entrevistará a los oficiales y que correrá una investigación por parte de la Dirección General de Derechos Humanos.
Violencia policial: una constante en la ‘ciudad de los derechos’
Históricamente, la Zona Rosa, en la alcaldía Cuauhtémoc, se ha considerado un punto de encuentro para las poblaciones sexodisidentes. Sin embargo, en los últimos años, las denuncias por intimidación y abusos policiales han incrementado. Paralela y descaradamente, el gobierno capitalino —que presume ‘lo LGBTfriendly que es CDMX’— ha evadido e ignorado el tema.
La Tianguis Disidente (comerciantes LGBT+ que hacen cara a la violencia económica) ha hecho más visible la hostilidad que permea las zonas aledañas a la Glorieta de los Insurgentes. Desde 2021, con la titularidad de Sandra Cuevas como alcaldesa, se han reportado proyectos (como el Corredor Turístico y Tecnológico) y políticas que ponen en riesgo el derecho a la ocupa y apropiación del espacio público.
También ha sido evidente la complicidad mediática que aborda los abusos de autoridades de ‘seguridad’ como casos aislados y no como un problema sistémico y frecuente en el país, e incluso, la región. Dichas omisiones —la mayoría intencionales— han evitado que se contextualice este tipo de violencia.
De acuerdo con la encuesta Global Law and Order (GALLUP, 2020), México es el segundo país latinoamericano con el mayor índice de desconfianza en la Policía. Tal y como lo refiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la intimidación, las detenciones arbitrarias y agresiones físicas contra las sexodisidencias son diferenciadas y motivadas por la discriminación. En México, 3 de cada 10 personas LGBT+ ha experimentado un trato discriminatorio por parte de las fuerzas de seguridad, según información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Secretaría de Gobernación (Segob).
En 2018, datos de la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (Endosig) confirmaron que la mayor parte de los abusos policiacos en el país (35.4%) es contra mujeres trans. Le siguen gays (31.5%), personas con identidad de género no normativa (29.8%), lesbianas (23.6%), hombres trans (19.8%), hombres bisexuales (17.9%), personas con orientación sexual no normativa (11.1%) y mujeres bisexuales (9.2%).
A lo largo de la última década, Oaxaca, Tabasco, Coahuila, Quintana Roo, Chiapas, Yucatán, Veracruz, Chihuahua, Aguascalientes, Nuevo León, Durango y Ciudad de México se han posicionado como focos rojos de la violencia policial manifestada a través de:
- Detenciones arbitrarias y ‘justificadas’ en la prevención de “escándalos públicos” y preservación de la moral. Es decir: LGBT+fobia
- Humillaciones públicas
- Ingreso a espacios como las estaciones de transporte público
- Insultos ligados a la orientación sexual, identidad y/o expresión de género
- Imputación de cargos por ‘faltas administrativas’
- Represión en movilizaciones y, con ello, vulneraciones al derecho a la protesta y la libertad de expresión
- Violencia sexual
- Extorsión
- Tortura
Además de la Constitución Política (concretamente el artículo 1°), la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003) y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en México, la violencia perpetrada por la ‘seguridad’ pública contra sexodisidencias se contrapone a las disposiciones del Protocolo de actuación de la Policía Federal para casos que involucren personas de la comunidad LGBTTTI (de cumplimiento obligatorio), el Protocolo Nacional de Actuación LGBTI+ para garantizar una justicia incluyente y el Protocolo sobre legalidad de detenciones en el sistema de justicia penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Dichos instrumentos enfatizan que la actuación policial debe regirse por principios como la confidencialidad, el consentimiento informado, la debida diligencia, la dignidad, el enfoque diferencial, el principio propersona, la no discriminación y no criminalización. Con relación a las detenciones de personas LGBT+ la normatividad indica que la policía:
- Debe identificarse como tal
- Informar la causa de la detención
- Dirigirse a la persona en relación a su identidad y expresión de género
