En Colombia y México, el subregistro es uno de los factores que impiden tener una aproximación clara sobre la situación de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Por temor a las represalias por parte de las redes de trata y la complicidad de estas con las autoridades de ambos países, organizaciones y medios que han acompañado a las sobrevivientes, las mantienen como fuentes protegidas o bajo seudónimos, como lo son los casos de Lucy, oriunda de Medellín que en 2010 terminó en México tras falsas propuestas laborales, o el de Paula, quien en 2016 conoció a un hombre que le dijo que en el país azteca se “valoraba el trabajo de los colombianos”. En 2023, la prensa colombiana y mexicana también compartieron la historia de Ania Margoth Acosta Rengifo, actriz chocoana que migró a México en búsqueda de mayores oportunidades en la industria audiovisual y que fue hallada sin vida el 27 de febrero de 2024. Sin embargo, fue hasta el 8 de mayo, casi un año después de que su familia denunció no saber de ella, que la Embajada de Colombia en México confirmó que Ania fue víctima de trata y feminicidio.
INTRODUCCIÓN
“No, de eso no se habla. De eso no le podemos contar”, dicen, “porque a la que habla le va mal”. Son 5 en total. Todas son colombianas. Todas sobrevivieron a haber sido captadas en redes de trata con fines de explotación sexual en México. Sin embargo, prefieren guardar silencio: el temor es mayor.
El abandono estatal y los vacíos en las leyes de Colombia y México las han cercado. Todas ellas tuvieron que huir de sus captores por cuenta propia y aunque hoy tienen el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, que en algunos casos les ayudaron incluso a entender que habían sido víctimas de trata, ellas siguen temiendo. Saben que no tienen ningún apoyo que les permita estar tranquilas.
Volcánicas se adentró en el funcionamiento de las redes de captación y modalidades de trata de mujeres colombianas que son llevadas hacia México. Instituciones ineficaces, inmensos subregistros, complicidad de funcionarios y desconocimiento sobre el delito son algunas de las condiciones que permiten que estas redes se fortalezcan cada día más.
LA CAPTACIÓN DE VÍCTIMAS EN COLOMBIA
¿Cómo funciona la captación?
Las rutas de captación internas
En Colombia la captación en casos de trata ocurre, frecuentemente, desde las orillas, hacia los centros. Esto quiere decir que, por lo general, las mujeres y niñas que son captadas pertenecen a comunidades rurales y usualmente empobrecidas.
De acuerdo con informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la captación de víctimas en Colombia se ha visto facilitada por la presencia del conflicto armado interno, los desplazamientos forzados y, en los últimos años, pudo haber aumentado por la reconfiguración de la guerra interna y la transición economías ilegales (que se han volcado hacia la minería ilegal y la trata de personas como nuevo modo de subsistencia para los grupos armados ilegales). A esto es necesario sumar que, también, buena parte de los captadores no pertenecen a bandas criminales, sino que suelen ser parejas, amigos y familiares de la víctima.
Señalan, en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que la amplia mayoría de víctimas son tratadas internamente en zonas con especial incidencia del conflicto armado (Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Arauca, Chocó, Antioquia y Quindío). México se ha convertido en el tercer país de destino para víctimas de trata que parten bajo ofertas falsas de empleo desde Cali, Medellín y Bogotá.
En Colombia el Ministerio de Interior ha llevado un registro de las víctimas año por año. Las organizaciones de la sociedad civil, como Valientes Colombia, han señalado que este registro representa menos del 5% del total real, dado el inmenso subregistro que existe, principalmente por desconocimiento sobre el delito.
¿Por qué las víctimas terminan en México?
En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera alertó que México es “país de origen, tránsito y destino para la trata de personas”. Internacionalmente, es el segundo destino con más reportes por trata externa, según la OIM.
Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) revela que desde 2015 hasta el 16 de abril de 2024 se abrieron 4.895 carpetas de investigación por este delito. Sin embargo, no se tiene claridad sobre cuál es la cifra que representa los casos de mujeres colombianas víctimas de trata en el territorio, como lo hizo saber el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a Volcánicas a través de una solicitud de información pública.
En los últimos 15 años han sido el periodismo local, las organizaciones y fundaciones las fuentes que han permitido tener un ligero acercamiento a la problemática. Según Insight Crime, en la zona norte del país, son 4 “los corredores en los que se practica la trata”: Baja California (Tijuana y Mexicali), Chihuahua (Ciudad Juárez), Sonora (Heroica Nogales) y Tamaulipas (Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros).
Por su parte, periodistas de Puebla, Ciudad de México, Edomex, Quintana Roo, Guanajuato e Hidalgo han documentado casos de trata de mujeres latinas, principalmente colombianas, venezolanas y cubanas.
En México, los dos principales métodos de captación de mujeres son ofertas fraudulentas de trabajo (modelaje, actuación, agencias de viajes u hotelería, principalmente) y falsas promesas de relaciones amorosas.
La llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, una política de ‘seguridad’ del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), exacerbó los niveles de violencia a lo largo del país. A principios de enero de 2024, con la desaparición de las mujeres colombianas en Tabasco, se problematizó la trata de mujeres con la altísima incidencia del crimen organizado.
En México operan al menos 170 grupos delincuenciales. En los últimos años, el alcance y dominio territorial de los cárteles se ha fortalecido por la diversificación con delitos como el robo de combustibles (el llamado huachicoleo), la extorsión y la trata, incluida la sexual. Este proceso de ramificación criminal ha ido a la par de la militarización de la seguridad pública.
Las disputas por plazas, el cobro de piso, el sicariato y las autodefensas no sólo son factores que se relacionan con las actividades de las redes de trata de mujeres; también impactan en los procesos de denuncia y documentación. En las zonas controladas por el crimen organizado las y los familiares de las víctimas —o las propias sobrevivientes— no acuden a las autoridades por miedo a represalias. Las organizaciones también son muy cautelosas con lo que investigan.
LAS VÍCTIMAS SOMETIDAS EN MÉXICO
En 2022, la trata de personas en México aumentó 67.3% a modo general y 32.8% con fines de explotación sexual, según el Informe Mundial de UNODC. Conforme a datos recabados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se sabe que entre 2015 y 2024 se registraron 4895 casos de trata de personas y 7507 feminicidios. Mientras 2022 fue el año con el mayor número de investigaciones por trata (804), 2021 alcanzó la cifra más alta (981) por asesinatos de mujeres en razón de género.
Respecto a la variable de feminicidio y su entrecruce con los datos de trata de personas Volcánicas encontró que entre 2015 y 2024 la entidad con el mayor número de trata de personas (Edomex) fue también la entidad con el mayor número de feminicidios.
En este periodo, las entidades que se perfilaron como focos rojos para la trata fueron Edomex (962), CDMX (911), Baja California (350), Puebla (340) y Chihuahua (279). En 2023, UNODC también señaló que la pandemia de COVID19 aumentó “la vulnerabilidad a la trata de personas” y mermó aún más la capacidad para rescatar a las víctimas y acceder a la justicia.
Durante el lapso entre la activación y desactivación de la alerta por coronavirus en México (marzo de 2020-mayo de 2023), los estados que presentaron un incremento significativo en los reportes de trata de personas fueron CDMX, Edomex, Nuevo León, Puebla y Quintana Roo.
Todas las formas en que México y Colombia le fallan a las víctimas
Colombia se ha suscrito al Protocolo de Palermo, uno de los mecanismos utilizados globalmente para estandarizar, prevenir y enfrentar la trata de personas, con un especial énfasis en combatir los casos con fines de explotación sexual. Por ello, ha creado diversos mecanismos que reglamentan a las Instituciones nacionales para la atención de este delito. Concretamente, desde 2005 y a través de la Ley 985, el Estado Colombiano penalizó la trata de personas y otorgó una condena de entre 13 y 23 años de prisión.
Sin embargo, y pese a que el Protocolo señala que la nación firmante debe ponerse al día con todas las implementaciones necesarias para atender el delito, Colombia ha sido señalada en diversos informes del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos por no cumplir con todas las medidas que debería implementar.
Han señalado que buena parte de los funcionarios públicos no conocen el delito, que no existen suficientes campañas de prevención, que las condenas a los señalados son excesivamente laxas, que no existe un registro estricto de las cifras de víctimas, que no hay un acompañamiento adecuado a las sobrevivientes y que, en algunos casos, han encontrado a miembros activos de la Policía, Migración Colombia y la Fiscalía haciendo parte de las redes de trata.
En México, la situación no dista de lo que sucede en Colombia. Desde el siglo XX el país ha ratificado documentos y tratados internacionales (la Convención Internacional para la supresión de la Trata de Mujeres, por ejemplo) y en la última década ha trabajado en normativas federales (Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 2012; y su respectivo reglamento) e instrumentos como el Acuerdo de la Procuraduría General de la República y el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018. Actualmente, también se cuenta con la Comisión Intersecretarial, cuyas funciones son “definir y coordinar la implementación de una Política de Estado en materia”.
La legislación mexicana contra la trata destaca la responsabilidad que tienen las autoridades federales, estatales y locales en la recabación, sistematización y acceso a la información. Desde el 30 de marzo de 2024, Volcánicas solicitó vía transparencia datos puntuales sobre la incidencia de la trata de mujeres colombianas en territorio nacional a las 15 dependencias que integran la Comisión Intersecretarial.
De las 9 respuestas recibidas, 4 (el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación e Instituto Nacional de Ciencias Penales) declararon “notoria incompetencia” y 3 (Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) remitieron la petición a la Fiscalía General de la República (FGR), que a la fecha de publicación de este reportaje no ha dado respuesta.
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración notificó que “no cuenta con registros o antecedentes” y que, por ende, “el presente asunto se encuentra fuera del ámbito de su competencia”. Finalmente, la Fiscalía General de Justicia de CDMX (entidad que a nivel nacional ocupa el segundo lugar por los casos de trata de personas entre 2015 y 2024) “determinó ampliar el plazo” para atender a la solicitud. Igualmente, desde el 3 de abril, Volcánicas ha solicitado comunicación directa con la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas (Fevimtra), pero el contacto tampoco ha sido concretado. Ante la falta de respuesta, también intentamos contactar vía correo electrónico a las titulares de la Fevimtra e Inmujeres y no hemos obtenido respuesta.
En México, la deficiencia estatal en combate a la trata de mujeres se traduce en la falta de acceso a la información, los subregistros, el apoyo limitadísimo —por no decir inexistente—a las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, errores metodológicos por parte de las autoridades y su colusión con las redes que incurren en este delito.