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“Yo creo que la teoría de la pedagogía de la crueldad se aplica tal cual en El Salvador”, asegura la activista Keyla Cáceres al denunciar uno de los episodios que exhibió la gravedad de la violencia feminicida en el país centroamericano. La también integrante de Asamblea Feminista habla sobre la fosa clandestina de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana, al occidente de El Salvador, descubierta en mayo de 2021. En esta excavación, puntualiza Keyla, “se hallaron más de 40 cuerpos de víctimas de feminicidio —entre ellos los de Cristina Palomo Lima y su madre, Mirna Lima— y violencia sexual. Eran niñas, adolescentes, jóvenes y adultas mayores”.
Además de identificar el modus operandi de Hugo Ernesto Osorio Chávez —exagente de la Policía Nacional Civil condenado a 70 años de prisión por el feminicidio de Cristina y Mirna— la localización de esta fosa mostró la indiferencia estatal y social frente a los crímenes de odio contra las mujeres. “Nadie se espantó. Esa ha sido una de las cosas más fuertes que me ha tocado enfrentar: el hecho de ver una sociedad que normaliza tanto el tema de la violencia feminicida”, expresa Keyla.
La rabia y la angustia son compartidas por la periodista Valeria Guzmán, quien destaca que en El Salvador —un país en estado de excepción, con una política excesivamente punitivista y en el que los derechos de las mujeres se encuentran en riesgo por la prohibición total del aborto, la altísima incidencia de violencia sexual o las negativas a adoptar la perspectiva de género en las instituciones públicas— el miedo ha sido un factor relevante en la mesura (incluso de colectivas feministas) para hablar sobre feminicidio.
Desde el primer ascenso de Nayib Bukele al Poder Ejecutivo (junio de 2019), la prensa internacional (Forbes, por mencionar un medio en concreto), influencers, mandatarios y políticos latinoamericanos como Hernando Guerra García (excongresista de Perú) han dedicado innumerables y extensos contenidos y pronunciamientos que retratan al estado de excepción salvadoreño (la “mano dura”, dicen el bukelismo y sus simpatizantes) como un caso de éxito.
Se ha hablado y escrito sobre la disminución de la presencia de las pandillas en colonias como La Campanera o Las Margaritas, la iluminación de espacios públicos, la pelea que el país —a través del gremio cafetero— está dando para posicionarse entre los 100 destinos turísticos del mundo, cómo algunxs salvadoreñxs finalmente están sacando a flote pequeños negocios y la gestión de una “economía de la paz”.
Sin embargo, señalar que el Estado sigue sin contar con una política que reconozca, respete y garantice a las mujeres una vida libre de violencia puede implicar la persecución y el acecho político-institucional. “La gente tiene miedo de decir cualquier cosa que se vaya a interpretar como una crítica al gobierno (…) El aparato de contrarrespuesta que tiene el Estado es que está organizado para atacar cuando pones algo en Twitter (X) o una página feminista. Eso es para silenciar. Las organizaciones salvadoreñas no han dejado de trabajar. Pero es cierto que trabajan a un perfil mucho más bajo porque sabemos que te pueden llevar presa en cualquier momento”, explica Guzmán, quien también es reportera de Contra Corriente y El Faro.
¿Qué pasa con la violencia feminicida en El Salvador y por qué es un caso tan particular en la región?
Entre 2000 y 2006, Guatemala, Honduras y El Salvador duplicaron sus tasas de homicidios de mujeres y rebasaron los niveles históricos de los demás países de Latinoamérica, según una investigación realizada por el Centro Feminista de Información y Acción (Cefemina). Una de las primeras explicaciones que dio el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fue que los tres países formaban parte de “la región más violenta del planeta”.
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Otra observación fue que El Salvador inició el milenio con la tasa de feminicidios más alta de Centroamérica y del continente. “El riesgo de ser mujer víctima de homicidio era similar en todos los países, salvo en El Salvador, donde este riesgo era doble”, subrayó la investigadora Ana Carcedo.
El Cefemina también enmarcó las muertes violentas de las mujeres salvadoreñas en la situación de violencia generalizada por la militarización, la privatización de la seguridad pública, la circulación de las armas de fuego y las pandillas criminales como las maras. Sobre este último punto, investigaciones como las de la activista Melissa Cardoza han apuntado que el control territorial de las organizaciones delictivas se sostiene a través de jerarquías y dinámicas de poder profundamente desiguales.
Por ejemplo, los hombres pueden relacionarse con personas fuera de las maras, salir solos y hablar con civiles. Las mujeres —ya sea que pertenezcan a la pandilla o sean pareja— no. Al respecto, Valeria Guzmán agrega que la situación con las pandillas ha sido un factor relevante para la estigmatización de las víctimas de feminicidio.
“Había una violencia muy específica a las muchachas de las comunidades: hacia quienes se negaban a ser parejas de los pandilleros o hacia quienes colaboraban con ellos. Durante ese periodo hubo una normalización de la violencia contra las mujeres y una alta estigmatización de a qué tipo de mujer le ocurría este tipo de violencia; en lo comunitario se decía que les había pasado por estar con gente mala. Aunque [en los últimos años] se han bajado la mayoría de los homicidios por pandillas, esa visión de culpabilizar a la víctima ha quedado bien arraigada en la sociedad”.
Esto ha tenido diversas consecuencias en la vida de las salvadoreñas, por ejemplo en su salud mental. Como lo retrataron las periodistas Patricia Clarembaux y Almudena Toral, uno de los sectores de la población más afectados ha sido el de las niñas y adolescentes, quienes representan un tercio de las mujeres que se suicidan en el país. En El Salvador, las menores de 19 años han considerado arrebatarse la vida por miedo a sus agresores y la impunidad que los blinda.
Violencias contra las mujeres: violaciones a los derechos humanos de las que no quiere escuchar ni hablar el bukelismo
A lo largo de sus dos presidencias (una de ellas inconstitucional), Nayib Bukele ha presumido que su modelo ‘de seguridad’, el Plan de Control Territorial, ha logrado el encarcelamiento de más de 80.000 pandilleros y reducido las tasas de homicidio. La implementación de esta política ha implicado la suspensión de garantías y libertades civiles.
¿La “mano dura” ha atendido a la grave situación de violencia de género? El trazo de una respuesta es titubeante e imprecisa. Según las propias declaraciones del oficialismo, con la reducción de la incidencia homicida y la resolución del 94.8 de los casos, 2023 “fue el año más seguro en la historia de El Salvador”. Pero desde antes de que Nayib Bukele presumiera este panorama, organizaciones internacionales y periodistas independientes mostraron su escepticismo frente al supuesto logro sin precedentes.
En julio de 2019, Insight Crime alertó sobre el subregistro que provocaría la decisión de la Policía Nacional Civil (PNC) de no incluir a las víctimas de enfrentamientos entre policías y presuntos pandilleros, ni los datos de fosas clandestinas.
Para abril de 2024, el periódico digital Voz Pública añadió que la estrategia de maquillar la información relacionada con la violencia también consiste en tomar como referencia estadísticas engañosas. Tal como ocurrió cuando el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villoro, comparó la reducción de homicidios tras la entrada de Bukele a la presidencia. El funcionario dijo haber tomado las cifras de 2018, pero Voz Pública aclaró que tomó las de 2015, “el año más violento del siglo” para El Salvador.
Específicamente sobre el feminicidio, Valeria Guzmán considera a la pandemia por COVID un momento que ilustra cómo en el país, pese a contar con cuerpos normativos como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la tipificación del feminicidio en 2012, “el tema no se toma como algo serio”, pues las irregularidades comienzan desde prácticas como la de Fiscalía de catalogar a las muertes de mujeres como homicidio simple y homicidio agravado.
Según el reportaje en el que trabajó con Graciela Barrera (El Faro), durante el coronavirus —recordemos que El Salvador fue uno de los países que obligaron por ley a la población quedarse en casa—, en los primeros meses de 2020, 43 mujeres fueron asesinadas, 10 de ellas (8 mujeres cis y 2 trans) hasta el 30 abril, poco más de un mes después de que el gobierno de Nayib Bukele impuso las restricciones sanitarias. Menos del 50% de los casos fue tratado como feminicidio. A esto se sumó que la PNC registró un aumento del 30% de las llamadas por violencia intrafamiliar y que no se atendieron las demandas para que las mujeres pudieran denunciar a sus agresores.
Estos apuntes no son algo menor. Históricamente, dos rasgos principales del feminicidio en El Salvador son que este es perpetrado al interior de los hogares y por la pareja o expareja, como ha documentado el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. “La mayor cantidad de feminicidios se da con arma blanca. Muchas de esas armas están en los hogares” agrega Keyla Cáceres.
A principios de mayo de 2023, el gobierno declaró el fin de la pandemia en El Salvador. Del estado de emergencia, Cáceres apunta que también fue escenario de una fuerte reserva de información sobre el feminicidio en el país.
Fue en 2022 cuando las organizaciones identificaron dos tipos de reserva de datos. “Una es de parte del Ministerio Público y la otra de las oficinas de Información Pública”, detalla la activista. De esta segunda, rescata como factor principal la modificación a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que ha permitido catalogar la mayoría de la información —especialmente la que respecta a la seguridad, los homicidios y las desapariciones— como confidencial. El propio Plan de Control Territorial quedó en esta categoría por al menos siete años.
Como explica Keyla Cáceres, además del Ministerio Público y las oficinas de Información Pública, dicha medida ha sido aplicada a la Fiscalía, el Ministerio Nacional de Salud, la PNC y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) y, por consiguiente, dificultado severamente la labor de activistas, colectivas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
“Para nosotras esa ha sido una de las cosas más preocupantes: querer negar que existen actos de violencia contra los cuerpos feminizados y de las mujeres. Por un lado, porque no podemos cuestionar la política pública del régimen de excepción: si es funcional o no. Ocurre lo mismo con las políticas dirigidas al combate a la violencia de género. Evidenciar, contabilizar y tener datos actualizados nos permite plantear y crear alternativas”, expone.
“Cuando empezó la cuarentena se hablaba de que los homicidios habían bajado 61%. Entonces, Nayib Bukele dijo que las mujeres estaban un 61% más seguras, lo cual no es una consecuencia directa”, expresa Valeria Guzmán al mismo tiempo que enfatiza que las políticas del régimen de excepción salvadoreño también han pasado por alto que las mujeres son “víctimas secundarias o indirectas de personas, en su mayoría hombres empobrecidos, que son torturados, perseguidos o encarcelados sin haber cometido algún delito”.
A la reflexión de la periodista, Keyla Cáceres añade que otro de los obstáculos a los que se enfrentan para mapear el feminicidio es que las instituciones salvadoreñas niegan la violencia sexual, emocional, psicológica y patrimonial. Lo mismo ocurre con la desaparición. Fue también en la pandemia cuando el gobierno empezó a dejar claro su omisión en el tema, pese a que en 2020 una mujer desapareció cada 18 horas en el territorio nacional, conforme a datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres.
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La Red Feminista Frente a la Violencia Contra las Mujeres en El Salvador ha detectado que desde 2018 “se han reducido anualmente las muertes violentas de mujeres”, pero paralelamente “han aumentado las denuncias de mujeres desaparecidas”. Esta observación fue compartida por la periodista de Alharaca Graciela Barrera, quien reportó que, si bien entre 2019 y 2020 el Plan de Control Territorial redujo 45% el número de feminicidios, en el primer cuatrimestre de 2024 diariamente desaparecieron seis personas. Dina Martínez, integrante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) , puntualiza que desde 2010 las niñas y mujeres representan entre 30% y 40% de las desapariciones en El Salvador.
“Este gobierno [el de Nayib Bukele] está dejando por fuera a las madres que buscan justicia por el feminicidio y la desaparición, que es otra de las cifras que han querido negar. En la pandemia [las organizaciones] sostuvimos que los casos de mujeres desaparecidas tenían que ver con varios casos de feminicidio”, resalta Keyla Cáceres, mientras piensa en las denuncias que llegan a Alerta Raquel, creada para la localización de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas en El Salvador y en Rosa Elvira Flores, integrante del Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM) que, tras 8 días de búsqueda, fue encontrada sin vida en un cañaveral del municipio de San Julián.
Intranquila, Keyla manifiesta su indignación frente a un país que presume ser “el más seguro de América Latina”, pero en el que en su región de occidente, particularmente en los departamentos de Ahuachapán y Sonsonate, “el feminicidio es a cualquier edad”.
Antes de finalizar, hace una pausa. Con los labios apretados y la memoria herida, recuerda los cuatro feminicidios infantiles que documentó con sus compañeras el año pasado. Vuelve a tomar aire y nombra a Jocelyn Milena Abarca Juárez, a quien en julio de 2018 su pareja, Ronald Atilio Urbina, asesinó brutalmente y luego tiró partes de su cuerpo por la ciudad de San Salvador. “La teoría de la pedagogía de la crueldad se aplica tal cual en El Salvador”, repite Keyla.
Al día de hoy, en un país en el que su presidente vanagloria protagonizar un ‘caso de éxito’ en el mundo y a la par rechaza y desestima la perspectiva de género, familias, activistas y organizaciones siguen exigiendo justicia para Rosa María Bonilla Vega, Cenia Edelmira Rodas Ventura, Lorena Beatriz Hernández Quintanilla, Melvi Fernanda Nájera Quezada y Katherine Lisbeth Cárcamo Chávez, que como Jocelyn, fueron privadas de la vida por su compañero sentimental.
Ni Una Menos.
