enero 25, 2024

Violencia feminicida: ¿Hasta cuándo las mujeres de Honduras tendrán acceso a la justicia, la protección y el derecho a la dignidad?

En las primeras semanas de 2024, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) denunció que 16 mujeres fueron asesinadas de manera violenta en Honduras. Dicha estadística es un acercamiento al incremento paralelo entre la violencia feminicida y la impunidad en el país centroamericano

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Movilización contra la violencia feminicida en Honduras / Foto: Agencia EFE

La violencia feminicida se recrudece en Honduras. Hasta el 17 de enero de 2024, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) reportó que en el país se cometieron 16 asesinatos violentos contra mujeres. Además, subrayó que, con un feminicidio cada 23 horas, 2023 superó las cifras de 2022 en un 30%. En el comunicado, la organización también alertó sobre el aumento de las desapariciones, calculadas en 357, según la Dirección Policial de Investigación (DPI). “¿Cuántas más deben morir para actuar?”, cuestionan activistas y colectivos. 

De acuerdo con el más reciente informe de CDM (31 de diciembre de 2023), los departamentos hondureños con mayor incidencia feminicida fueron Francisco Morazán (108) y Cortes (79). En su mayoría, los asesinatos se cometieron con arma de fuego (220) [1] y arma blanca (48). Un dato que llamó la atención es que no se contó con información sobre los agresores. A 273 mujeres las privaron de la vida personas desconocidas o “sin identificar”. 

En noviembre de 2023, Honduras fue el país con la tasa feminicida más alta de la región, seguido por República Dominicana y El Salvador, acorde con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Otra de las estadísticas que subraya la gravedad de la violencia letal contra las mujeres es que en este territorio de América Central el 95% de los asesinatos en razón de género se mantienen impunes, como expresó la Comisionada en Derechos Humanos, Blanca Aguirre. 

Sobre este punto es imprescindible denunciar que en los últimos años la negación del acceso a la justicia aumentó más de 20%. En 2019 CDM, en colaboración con Abogados Sin Fronteras (Canadá), reportó que 76% de las muertes violentas estaban impunes, pues de los 711 casos sólo 205 entraron al sistema judicial. 

Desplazamiento forzado y colusión estatal con el crimen organizado: realidades vinculadas a la violencia feminicida en Honduras

Hasta diciembre de 2021, Honduras, El Salvador y Guatemala fueron tres países en los que la violencia de género y el feminicidio fueron motivos centrales para los movimientos migratorios, apuntó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Al respecto, la citada agencia especificó que se tratan de desplazamientos forzados que encuentran como causales la violencia intrafamiliar y pública (violencia sexual y reclutamiento forzado)

En Honduras, “los escenarios históricos del feminicidio” han variado con mayor notoriedad desde 2012. Mientras en 2003-2005 la mayoría de las muertes violentas de mujeres ocurrieron en el entorno familiar, terminada la primera década del actual siglo, el 60% de los asesinatos se clasificó “por delincuencia organizada”. Asimismo, fue  en el periodo 2012-2018 en el que las estadísticas mostraron una mayor correlación entre feminicidios y violencia sexual, destacó Acnur. 

Como consecuencia, en 2017, mujeres organizadas de Honduras firmaron un manifiesto para exigir un alto a los homicidios y las torturas. En ese entonces, colectivas, organizaciones y activistas problematizaron la negligencia y complicidad institucional. “Ni la Fiscalía de la Mujer, ni la Secretaría de Seguridad, ni la Agencia de Investigación Criminal, ni el Instituto Nacional de la Mujer han dicho o hecho nada al respecto. Ojalá, nuestras vidas fueran lo [suficientemente] importantes como para interesarles a los partidos políticos y tuvieran como próximo eje de gobierno los derechos de las mujeres”, manifestaron

Un año después, en 2018, la Unión Europea y la ONU presentaron la Iniciativa Spotlight, campaña que está presente en Honduras desde 2019 a través de seis ejes prioritarios: políticas y marcos legislativos, fortalecimiento institucional, prevención y cambio de normas sociales, servicios de calidad, disponibilidad de datos y apoyo a organizaciones de mujeres. Pero como exponen los datos presentados, los esfuerzos no han sido suficientes.  

En noviembre de 2019, todavía en la presidencia de Juan Orlando Hernández (Partido Nacional de Honduras), la iniciativa periodística Reporteros de Investigación (RI) denunció el incremento del feminicidio y la narcopolítica a través del macroreportaje El Nuevo Campo Algodonero que brindó información sobre la colusión de las Fuerzas Armadas, narco y feminicidas, un mapa interactivo sobre el incremento de la violencia feminicida en Cholomatodavía en 2022 la locación hondureña con más delitos de este tipo— y similitudes con la violencia sistemática hacia las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, México [2]. 

A principios de 2022, en el mes de enero, Iris Xiomara Castro Sarmiento, primera presidenta en la historia de Honduras, se comprometió a “refundar” un Estado democrático. Durante su campaña, la mandataria propuso despenalizar el aborto en todas sus causales (una lucha que lleva décadas en el país centroamericano) y la comercialización de la píldora anticonceptiva de emergencia. 

Organizaciones feministas y de las sexodisidencias celebraron el triunfo de Castro con precaución, pues tuvieron presente que el avance en los derechos podría ser una realidad a medias. A dos años del inicio de su mandato, la prensa nacional y los activismos señalan que el país todavía no cuenta con un pronunciamiento presidencial —y tampoco con un proyecto específico— contra la violencia feminicida. Las mujeres en Honduras continúan a la espera de  “medidas drásticas” que les garanticen una vida digna. 

Ni Una Menos

Notas al pie

[1] Por más de una década, la fundación Insight Crime ha insistido en problematizar la circulación de armas en relación con la violencia de género.

[2] En 1993 organizaciones civiles empezaron a reportar desapariciones, torturas de carácter sexual y feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, la violencia contra las mujeres y las niñas en la frontera norte de México fue ignorada por los gobiernos locales y federales durante varios años. Las similitudes que encuentra Reporteros de Investigación entre Ciudad Juárez y Choloma son la falta de políticas públicas con perspectiva de género y las condiciones en las que vive gran parte de la población femenina: mujeres en contextos de migración, alejadas de su familia y con empleos sumamente precarios. Choloma también es una locación indispensable para la industria textil; se le conoce como “capital de la maquila”.   

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Autor

  • An Flores

    Comunicadox política graduadx de la UNAM, especializadæ en regulación de medios audiovisuales y usos sociopolíticos de la tecnología. Colabora de manera independiente en periodismo musical a través de su newsletter “Music for the Vampires” y ha contribuido a medios como Indie Rocks!, Radio Nopal, Sound & Vision y Vibras. Su cobertura incluye la escena musical alternativa/under/goth, así como temas de justicia reproductiva, movilización social, políticas afectivas y gestión de recursos públicos, especialmente en salud. Además, es fundadorx de ALAIT (Aborto Legal, Acompañado e Informado para Todes), un proyecto para contrarrestar la desinformación sobre el aborto.

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