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El 8 de julio, Animal Político reveló que durante la gestión de Ernestina Godoy Ramos —nombrada Consejera Jurídica en el gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo— la Fiscalía de la Ciudad de México intervino la geolocalización de teléfonos celulares en 48.767 ocasiones, sin contar con la autorización de un juez (requisito indispensable, según el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
Según Animal Político, este espionaje —que además no ayudó a la sanción de delitos ni al rescate de víctimas — fue gracias a que durante 2020 y 2021 la Fiscalía capitalina hizo un módico contrato de 31 millones 137 mil pesos mexicanos con la empresa de seguridad Arcafa S. A. de C. V. El medio digital también reportó la resistencia y negación de las instituciones públicas para hablar al respecto. Sin embargo, esta problemática no es reciente.
A principios de noviembre de 2023, The New York Times, publicó una investigación en la que se informó que la Fiscalía, además de la geolocalización, había accedido sin autorización a registros telefónicos y mensajes de texto de diversas figuras políticas y funcionaries públiques.
Por el clima preelectoral en el que se encontraba México, los hallazgos de The New York Times se llegaron a considerar como “pura politiquería”. No obstante desde 2016, organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han alertado sobre los riesgos de que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (2014) obligue a las empresas de telecomunicaciones a conservar por dos años el historial detallado de llamadas y mensajes y localización de les usuaries.
La Fiscalía no es la única dependencia que ha incurrido en vulneraciones al derecho a la privacidad e intimidad.
En el reportaje de Animal Político también se señala a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, que bajo la titularidad de Omar García Harfuch (otro de los nombres en el gabinete y círculo de confianza de Claudia Sheinbaum) extrajo archivos personales de los celulares de ciudadanes con la ayuda de licencias israelíes. A estas alturas, los contratos entre las instituciones mexicanas y empresas del estado sionista y genocida son todo menos un secreto.
Por supuesto, en estos señalamientos no podía faltar la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que ha utilizado el spyware Pegasus (otro souvenir israelí) para vulnerar —TODAVÍA MÁS— el ejercicio del periodismo en el país.
En casos como el de la periodista Marcela Turati, la abogada y defensora Ana Lorena Delgadillo Pérez y la antropóloga Mercedes Doretti que investigaron las masacres de San Fernando, Tamaulipas (agosto de 2010-abril de 2011), el espionaje es parte de una estrategia de criminalización estatal. y, a la vez, claras vulneraciones al derecho a la libertad de expresión y al acceso a la justicia, que ya de por sí es casi inexistente, pues la impunidad en el país es del 98%.
Sumado a ello, es fundamental recalcar que aunque el espionaje se ha denunciado como una de las principales problemáticas en los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador (2006-2024), a la fecha y con todo y los llamados de atención por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para realizar investigaciones en materia, no hay una sola sentencia por el uso ilegal de Pegasus.
Tampoco se puede pasar por alto que tras la masacre estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas (Tlatelolco, 2 de octubre de 1968), parte del erario público se ha destinado a la investigación, persecución y espionaje de organizaciones y activistas feministas y LGBT+, como se reveló en los #GuacamayaLeaks y como lo han denunciado Colectivas Organizadas Contra el Espionaje.
Este es sólo un brevísimo panorama de una impune y muy jodida realidad en México.
