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Abelardo de la Espriella se disputará la presidencia con Iván Cepeda el próximo 21 de junio. El candidato que promete “destripar” a la izquierda nació en Bogotá, pero fue criado en Montería. Es ciudadano colombiano, italiano y estadounidense. Además de su polémico bufete de abogados, tiene un grupo de empresas que, en 2025, dieron pérdidas por 159 millones de pesos en Colombia. Ha intentado sin éxito ser cantante y es admirador de Nayib Bukele y Donald Trump.
El “outsider” sin ninguna experiencia en el sector público, pero con un extenso pasado turbio, ganó la primera vuelta presidencial en Colombia. Dice representar a “los nunca”, pero su carrera fue forjada con los de siempre y en los bordes de varios escándalos de corrupción, parapolítica y otros delitos. ¿De dónde viene su dinero? Estos son algunos de sus mayores escándalos.
1. Defensa de estafadores, corruptos y asesinos.
En 2002, Abelardo funda De la Espriella Lawyers, un bufete de abogados que ha representado a políticos y artistas como Álvaro Uribe Vélez, a Natalia París y a Alejandra Azcárate. Entre sus casos más mediáticos hay varios estafadores, políticos corruptos, violadores y asesinos representados por él. En el escándalo de la parapolítica, asumió la defensa de los congresistas Rocío Arias, Eleonora Pineda, Dieb Maloof y Jorge Caballero. Los cuatro fueron condenados por la Corte Suprema. Ha defendido también a Álex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, y a David Murcia Guzmán, condenado por crear un esquema masivo de captación de dinero.
2. Fipaz, Pacto de Ralito, las AUC y su cercanía con Salvatore Mancuso
En 2004, De la Espriella creó la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), que defendía el Acuerdo de Ralito entre el gobierno Uribe y las AUC. Organizó foros con exjefes paramilitares como Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, jefe político del Bloque Central Bolívar, y Salvatore Mancuso, quien era cercano a De la Espriella desde pequeño, pues estudiaron en el mismo instituto, aunque Mancuso era diez años mayor. Esos foros fueron financiados por los paramilitares y autorizados por el gobierno de Uribe. Fipaz también impulsó un referendo para prohibir la extradición, causa que beneficiaba directamente a paramilitares con procesos en Estados Unidos.
Uno de esos congresistas elegidos bajo el esquema de Fipaz fue Juan Pablo Sánchez Morales, posteriormente condenado a siete años y medio de prisión por la Corte Suprema por sus nexos con el Bloque Central Bolívar. Durante el proceso por parapolítica contra Sánchez, el jefe paramilitar Ernesto Báez dijo que “la organización armada buscó a los estudiantes, a través de Abelardo de la Espriella, como órgano difusor para justificar la guerra emprendida por la organización paramilitar”. Luego cambió su versión.
3. Los audios de los 760 millones
Durante esta campaña presidencial volvieron a circular grabaciones que harían parte de las investigaciones judiciales del caso DMG.
Durante el juicio a David Murcia Guzmán, la Fiscalía reveló pruebas que señalaban que De la Espriella recibió 760 millones de pesos para hacer lobby en el Congreso a favor de DMG. El investigador del caso reveló las grabaciones de interceptaciones telefónicas a las líneas de Daniel Ángel y William Suárez, dos de los principales socios de DMG, en las que se habla de la entrega de 760 millones de pesos a De la Espriella. En una de las llamadas, Lina María Rodríguez, encargada del área contable, le dice a William Suárez: “Mañana Abelardo tiene que mover unas cosas al interior del Congreso y que necesita 760”. Posteriormente, Rodríguez confirmó: “Que sí autorizó los 760”. La tesorera de DMG, Sandra Daza, recibió la orden: “Hay un pago que hay que hacer aquí del doctor La Espriella. De 760”. El propósito era frenar un proyecto de ley que buscaba penalizar el almacenamiento y transporte de grandes sumas de dinero en efectivo, lo cual representaba una amenaza directa para el modelo de negocio de DMG.
Consultado por medios de comunicación, De la Espriella dijo que sí recibió 760 millones de pesos, pero “por concepto de honorarios” y no para realizar algún tipo de lobby ante el Congreso. En febrero de 2026, Murcia Guzmán reiteró que su entonces abogado le pidió “760 millones para tocar congresistas”.
Murcia Guzmán también denunció a De la Espriella por quedarse con los $5.000 millones de pesos que le había dado en efectivo por concepto de honorarios, pese a que abandonó su defensa. Además, relacionó la desaparición de 500.000 millones de pesos de una de sus bodegas con la prosperidad económica de De la Espriella que comenzó tras ese episodio.
4. El maltrato a la familia de Rosa Elvira Cely
De la Espriella también ha representado a víctimas de violencia de género como Rosa Elvira Cely en 2012. Sobre este último caso, Abelardo de la Espriella dijo en su cuenta de X: “Aquí, el único que ha defendido a las mujeres he sido yo, y no con discursos inanes: hay dos leyes que así lo demuestran” y se refirió a la Ley 1761 de 2015 que lleva el nombre de Rosa Elvira Cely. Adriana Cely, hermana de Rosa Elvira, respondió aclarando que Abelardo “nunca participó en la redacción ni en el impulso legislativo” de la Ley Rosa Elvira Cely; esta ley fue resultado del trabajo de varias mujeres, impulsada principalmente por la entonces congresista del Polo Democrático Alternativo Gloria Inés Ramírez.
En entrevista con El Tiempo, Adriana contó que De la Espriella fue grosero con su mamá: “Cuando ella, desde su dolor y conocimiento, daba su punto de vista, él la ninguneaba y la hacía sentir menos. Era irrespetuoso con ella, con la madre de la víctima”. Juliana Cely, la hija de Rosa Elvira, afirmó que Abelardo estaba instrumentalizando el feminicidio de su mamá en plena campaña presidencial; dijo que le daba “asco ver cómo está usando mi historia”, y agregó que el candidato “nunca lo hizo con buenas intenciones”.
5. Los giros de Alex Saab: más de 370.000 dólares
Alex Nain Saab Morán es un empresario colombiano acusado de ser uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. Según el Departamento de Justicia estadounidense, el esquema de Saab desvió más de 350 millones de dólares a cuentas en el exterior. El secretario de Estado Marco Rubio lo describió ante el Senado estadounidense como el “hombre del dinero” y el “testaferro” de Maduro. En mayo de 2026, el gobierno interino de Delcy Rodríguez lo deportó a Estados Unidos por petición expresa de Washington, con fundamento en investigaciones de corrupción internacional.
“Es un gran abogado y amigo”, dijo el propio Saab sobre De la Espriella en una entrevista con El Espectador en abril de 2021, cuando se encontraba detenido en Cabo Verde a la espera de ser extraditado a Miami.
A siete días de la primera vuelta, el periodista Daniel Coronell publicó en la revista Cambio una investigación con documentos bancarios que reveló que entre 2014 y 2015, De la Espriella recibió transferencias superiores a 370.000 dólares provenientes de dos empresas vinculadas directamente a Saab: Group Grand Limited y Consorcio Estructuras Metálicas. Tres transferencias —de 199.950, 99.950 y 74.950 dólares— aparecen detalladas en una carta presuntamente firmada por el candidato. Coronell también publicó un correo de Saab a De la Espriella: “Remito dos pagos debitados desde GGL y te anexo el Swift de 200k; el otro no lo recibí”. Parte del dinero habría financiado un apartamento en Bristol Tower, Miami.
6. La defensa del asesino de Dilan Cruz
En noviembre de 2019, Dilan Cruz, un estudiante de 18 años que protestaba en el Paro Nacional, fue asesinado por el agente del ESMAD Manuel Cubillos durante las protestas del Paro Nacional. De la Espriella anunció públicamente que asumiría su defensa “con orgullo patrio” y describió al uniformado como “injustamente señalado y vilipendiado” y arremetió contra la directora de Medicina Legal, Claudia García, por haber calificado el caso como homicidio: “A Medicina Legal se le fueron las luces”, dijo, pidiendo que fuera investigada y sancionada disciplinariamente. La defensa la asumió junto a su socio Daniel Peñarredonda -el mismo que años después aparecería como “cómplice no acusado” en el expediente federal de Tampa-.
En diciembre de 2019, el Consejo Superior de la Judicatura envió el caso a la Justicia Penal Militar. De la Espriella celebra. La Corte Constitucional ordenó trasladar el caso a la justicia ordinaria, reconociendo posible uso desproporcionado de la fuerza y violación de derechos humanos. En abril de 2024, la Procuraduría sanciona a Cubillos con una multa de 14 millones de pesos, calificando el hecho como “falta grave”. En marzo de este año, la Procuraduría anula esa decisión y ordena reiniciar todo el proceso disciplinario, reconociendo que los hechos constituyen una grave violación a los derechos humanos y no pueden tratarse como una falta de servicio. Casi siete años después, no existe condena contra Manuel Cubillos. El proceso penal continúa avanzando lentamente en la justicia ordinaria, sin que la Fiscalía haya iniciado formalmente una audiencia de imputación de cargos. En mayo de 2026 salió a la luz un video de un camarógrafo de televisión que nunca salió al aire, que mostraría el momento exacto del disparo por la espalda y podría convertirse en prueba clave.
El 31 de mayo de 2026, cuando se conocieron los resultados de la primera vuelta, Denis Cruz, hermana de Dilan, se pronunció en sus redes sociales: “No puedo creer que el abogado que defendió al agente del ESMAD que mató a mi hermano Dilan Cruz delante de todo el país haya ganado la primera vuelta con más de 10 millones de votos”.
7. El caso “Boliche” y el fraude en Florida
En la corte federal de Tampa, Florida, avanza un proceso criminal contra Jorge Luis Hernández, alias “Boliche”, exinformante del FBI y la DEA acusado de lavar dinero que cobraba a narcotraficantes a cambio de falsas promesas de reducir sus condenas. La investigación de Univisión Noticias estableció que “Boliche” trabajó como colaborador legal de la oficina de De la Espriella en Miami. El abogado Daniel Peñarredonda Gómez, socio de De la Espriella Lawyers, aparece en el expediente como presunto “cómplice no acusado”. El esquema de fraude operó entre 2020 y 2023. Los hechos de la denuncia en Tampa ocurrieron a partir de 2020, cuando Peñarredonda era socio activo del bufete. Documentos de la Cámara de Comercio de Bogotá de mediados de 2023 lo identifican como representante legal suplente y accionista con el 3% de De la Espriella Lawyers Enterprise, mientras De la Espriella ostentaba el 91%.
8. Las 3 millones de firmas invalidadas
El 17 de julio de 2025, De la Espriella inscribió el comité promotor de Defensores de la Patria ante la Registraduría. En diciembre de ese año entregó 5.079.000 firmas. En enero de 2026, la Registraduría realizó la validación y el resultado fue contundente: solo 1.978.108 firmas pasaron el filtro, es decir, el 62% fue invalidado. A pesar de esto, superó el umbral de 635.216 firmas válidas.
Pero además, necesitaba el aval de un partido político y Salvación Nacional, fundado por Álvaro Gómez Hurtado (el hijo de Laureano Gómez), necesitaba salvarse y Enrique Gómez, heredero del partido, le dio el aval a De la Espriella y se convirtió en su jefe de debate.
9. Un acosador judicial
A nueve días de las elecciones, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) emitió un pronunciamiento formal documentando ataques del entorno del candidato contra la columnista María Jimena Duzán, el periodista Julián Martínez (autor del libro ChuzaDAS) y el reportero Melquisedec Torres. En el caso de Martínez, De la Espriella le interpuso una demanda civil extracontractual por menciones periodísticas sobre él. La FLIP señaló que estos ataques hacían parte de “una cadena recurrente promovida por el candidato para silenciar, desacreditar y deslegitimar a periodistas y medios que critican y cuestionan sus actuaciones”.
La Liga Contra el Silencio, en una investigación publicada por De la Urbe de la Universidad de Antioquia, rastreó cómo operaba la red de ataques contra periodistas críticos del candidato. Cada vez que un medio publicaba algo desfavorable sobre De la Espriella, cuentas identificadas, entre ellas @Adrianaveterin y @Byviral24, aparecían coordinadamente amplificando ataques contra el autor. Las periodistas de Volcánicas también hemos sufrido esos ataques.
10. Posible constreñimiento electoral
El medio Cuestión Pública tuvo acceso a una base de datos que la propia campaña de De la Espriella dejó abierta públicamente: un formulario en la página web de Defensores de la Patria donde las personas se inscribían al movimiento.
Para el 27 de mayo de 2026, la campaña había recolectado más de 1,4 millones de registros. Entre estos, aproximadamente 17.000 corresponderían a funcionarios públicos activos, varios de ellos apareciendo como referidores de contratistas de sus propias entidades.
La alianza periodística cruzó la base de datos con la base de servidores de Función Pública con corte a enero de 2026, hallando 12.364 registros adicionales con emails personales que también podrían ser funcionarios. Hay una alta concentración de empleados pertenecientes al SENA, la Fiscalía, la DIAN, el ICBF, las alcaldías de Medellín, Barranquilla e Itagüí, la gobernación de Norte de Santander e instituciones del sector Defensa como el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea.
En Colombia, los servidores públicos tienen prohibición legal de participar en actividades políticas de campaña mientras estén en ejercicio. No pueden hacer proselitismo, no pueden reclutar votantes, no pueden usar su posición para favorecer candidatos. Casi 45.000 registros corresponden a personas que recibieron contratos públicos entre 2025 y 2026, lo que sugiere presión sobre contratistas del Estado.
11. Vulneró los derechos de una periodista
El despacho consideró especialmente grave que durante la entrevista el candidato buscara una fotografía en su teléfono celular y se la mostrara a la periodista Laura Rodríguez, solicitándole que hiciera acercamientos a la imagen. La comunicadora se observó incómoda y presionada a interactuar con un contenido que el fallo describe como “morboso”.
Durante el trámite intervinieron la organización El Veinte y la Secretaría Distrital de la Mujer, entidades que coincidieron en señalar que las expresiones cuestionadas contribuían a la cosificación de las mujeres y minimizaban su autonomía política. La jueza destacó que la violencia política basada en género no requiere insultos o agresiones directas para configurarse: basta con que un discurso reproduzca patrones de exclusión, cosificación o subordinación respecto de las mujeres como sujetos políticos. El fallo también ordenó suprimir integralmente el segmento audiovisual de todas las plataformas donde fue publicado.
Segunda vuelta
El 21 de junio Colombia vota de nuevo para elegir a su presidente. De la Espriella fue el candidato que más ingresos reportó para esta campaña: 32.000 millones de pesos. Más del doble que Iván Cepeda, con 15.000 millones. El candidato que más ha gastado también es De la Espriella, con 26.087.494.198 pesos en total. Recibió dinero de tres entidades bancarias: 15.000 millones del Banco de Bogotá, 5.000 millones del BBVA y 12.000 millones de Bancolombia.
En el informe no se registran donaciones de particulares. Tampoco de sus familiares y, a diferencia de su campaña de recolección de firmas, no reportó haber puesto un solo peso de su bolsillo para financiarse, a pesar de que ese fue su discurso al inicio de la competencia. Aunque Abelardo de la Espriella construyó su campaña con la promesa de no recibir aportes de particulares y poner plata de su patrimonio, el apalancamiento de su aspiración en el sector bancario demuestra que al final decidió no arriesgar sus recursos para sostener el alto costo de una campaña presidencial.
De la Espriella es un operador jurídico que construyó su fortuna y su red de poder en los bordes donde la ley y el crimen se tocan: defendiendo parapolíticos condenados, presuntamente recibiendo dinero de empresas del principal testaferro de Maduro y rodeándose de personas cuestionables.
