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La biodiversidad es la infraestructura de la vida. Los colombianos y colombianas, al igual que el resto de habitantes del planeta, dependemos de los ecosistemas para la agricultura, la pesca, la regulación hídrica, la estabilidad climática, la seguridad alimentaria, el turismo, la salud pública y la energía para vivir. Las afectaciones a los ecosistemas no son un daño colateral: son la destrucción de las bases que sostienen la economía y la vida misma. Sin agua no hay agro y, por ende, no hay alimentos; sin bosques, aumentan las sequías y las inundaciones; sin la Amazonía, se altera el régimen de lluvias de todo el trópico. Hoy sabemos que la naturaleza no es un lujo moral, sino la base material de la economía.
¿Qué significa poner el futuro ecológico de Colombia en manos de un proyecto político que entiende la naturaleza principalmente como un recurso extractivo?
El candidato Abelardo de la Espriella tiene un enfoque peligroso: le apuesta a la expansión minero-energética, defiende el fracking (fracturación hidráulica) y prioriza la “soberanía energética” sobre la transición verde. Su propuesta ambiental está subordinada al crecimiento económico tradicional y a la extracción.
Apoyar el fracking no es un asunto menor; implica minimizar la escala de los impactos que esta actividad genera sobre los territorios: contamina acuíferos, fragmenta hábitats, aumenta las emisiones de metano y detona profundos conflictos socioambientales. En países altamente industrializados, el fracking ya genera debates severos. Después de años viendo los efectos del mercurio en ecosistemas acuáticos y comunidades ribereñas, escuchar que el fracking es presentado como una simple “obra civil” produce una distancia dolorosa entre el país político y el país ecológico, revelando una peligrosa desconexión con la complejidad ecológica colombiana.
Se suele pensar que, al ser tan biodiversa, la naturaleza colombiana es inagotable, pero en realidad sus ecosistemas son muy frágiles, precisamente por su complejidad. Alterar estos entornos puede acelerar la pérdida de glaciares e intensificar sequías, incendios e inundaciones, lo que golpea directamente la economía nacional. Colombia posee aproximadamente el 6% de la Amazonía, que representa el 42% del territorio nacional, un bioma que se está acercando a lo que se conoce como su punto de no retorno, es decir, cuando un sistema ecológico podría cruzar un límite donde ya no puede volver fácilmente a su estado original.
Aquí no estamos hablando de un “ambientalismo” idílico; hablamos de estabilidad continental.
Ahora el verdadero debate electoral no es entre izquierda y derecha, sino entre quienes entienden que dependemos de ecosistemas vivos y quienes todavía creen que un país puede sobrevivir destruyendo los cimientos ecológicos que lo sostienen.
Los resultados de la primera vuelta evidenciaron algo más incómodo que la polarización: en uno de los países más biodiversos del planeta, la defensa de los ecosistemas sigue siendo tratada como un asunto secundario, casi ornamental, frente a discursos de crecimiento acelerado, extracción y seguridad. Pero Colombia no tiene el privilegio de pensar el ambiente como un lujo ideológico. Dependemos materialmente de bosques, ríos y ciclos climáticos que ya muestran señales de agotamiento. Los territorios rurales enfrentan simultáneamente violencia, despojo y degradación ambiental. Y fueron precisamente muchas de esas regiones históricamente golpeadas por el conflicto y el extractivismo las que, en esta primera vuelta, apostaron por un proyecto político que habla de biodiversidad y defensa de la vida.
El mapa electoral volvió a recordar tristemente al del plebiscito por la paz: mientras buena parte del centro del país sigue observando estos territorios desde la distancia de sus privilegios, quienes habitan las regiones que sostienen ecológicamente a Colombia parecen entender con mayor claridad lo que está en juego.
En su reportaje El viaje del pez mercurio por el Amazonas, Isabella Bernal describe el mercurio como una contaminación silenciosa que atraviesa ríos, peces, comunidades y cuerpos. Quienes trabajamos en ecosistemas acuáticos sabemos que esa violencia no es metafórica: la bioacumulación de mercurio ya forma parte de la realidad cotidiana en distintos territorios amazónicos y orinocenses. Por eso me cuesta pensar el actual debate electoral únicamente en términos de seguridad o crecimiento económico. En un país megadiverso y climáticamente vulnerable como Colombia, las decisiones sobre minería, petróleo, fracking y regulación ambiental son también decisiones sobre salud pública, agua, alimentación y futuro territorial. Quizás, para quienes nos dedicamos a esto y para quienes se preocupan por el medio ambiente, lo más desalentador de esta elección sea la facilidad con la que seguimos aceptando la idea de que la naturaleza es una fuente infinita de recursos y no la condición básica que hace posible nuestra propia existencia.
En su columna en El Espectador, Sandra Vilardy escribió que las sequías, los incendios y la crisis climática no preguntan por filiación política. El próximo gobierno probablemente recibirá un país marcado por eventos climáticos cada vez más extremos, bajo la amenaza del fenómeno de El Niño, incendios forestales y crisis hídricas que ya no son escenarios futuros, son realidades recurrentes.
Un presidente y su gobierno no solo administran el presente, sino que deciden qué tan habitable será el país dentro de veinte años. Es momento de elegir políticas públicas que cuiden y defiendan la vida. Iván Cepeda plantea que la biodiversidad y los servicios ecosistémicos se integren al modelo económico, con una apuesta firme por la gobernanza indígena y territorial (ETIS), oponiéndose explícitamente al fracking y al extractivismo. La gestión ambiental de un país como el nuestro exige una comprensión territorial, científica e institucional que va mucho más allá del discurso empresarial o de seguridad tradicional.
En los últimos años, Colombia empezó a ocupar un lugar relevante en las discusiones internacionales sobre clima y biodiversidad. La COP16 en Cali, el impulso al Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal y las discusiones sobre transición energética posicionaron al país como un actor con capacidad de liderazgo ambiental en un momento crítico para el planeta. Por eso inquieta que parte del debate político nacional siga reduciendo los ecosistemas a reservas infinitas de extracción. La transición energética no implica apagar de un día para otro la economía fósil ni desconocer las necesidades energéticas del país. Implica reconocer algo mucho más básico: que insistir indefinidamente en modelos extractivos en plena crisis climática no solo amenaza ecosistemas estratégicos, sino también la estabilidad económica y territorial futura. En un mundo donde la biodiversidad y el clima son cada vez más asuntos geopolíticos, aislarse de acuerdos multilaterales, debilitar compromisos ambientales o minimizar la crisis ecológica podría significar mucho más que un retroceso simbólico. Podría significar perder la posibilidad de construir un país capaz de sostenerse a sí mismo en las próximas décadas.
No hay soberanía posible en un territorio sin agua, sin selvas y sin ríos vivos. La apuesta por la conservación ya no es una simple promesa de campaña; es la prueba máxima de liderazgo. Un gobernante que elige la conservación está eligiendo proteger la salud de su población, asegurar la viabilidad económica a largo plazo y evitar un colapso ecológico que, al final del día, no respetará fronteras políticas.
