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La futura primera presidenta de México continúa alineándose al proyecto militarista que tanto se ha ha señalado en el sexenio de AMLO. El pronunciamiento de Claudia Sheinbaum en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca no fue sorprendente ni novedoso. A seis meses de asumir la titularidad de CDMX, en 2019, empezó a impulsar una estrategia de seguridad en la que el papel de la Guardia Nacional (GN),sería protagónico, pese a su vínculo con la violación de derechos humanos.
Un poco de contexto: ¿Qué es la Guardia Nacional y por qué nos preocupa?
De acuerdo con el gobierno mexicano, la Guardia Nacional es “un cuerpo bajo adscripción y mando civil”. Sin embargo, en los últimos dos años, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha empujado una reforma para adscribir a la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)—que se dedica a la organización, administración y preparación del Ejército y la Fuerza Aérea—, estableciendo así un vínculo de dependencia para el control de los recursos financieros y la distribución territorial.
El gobierno federal asegura que el fortalecimiento de la GN es “producto de un consenso histórico” en el que el 80% de la población mexicana tiene confianza, según estadísticas de Claudia Sheinbaum.
Pero tenemos otros datos:
EN 2023, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) reveló que 39% de las personas detenidas por la GN sufrió alguna agresión física —golpes e intentos de asfixia, por ejemplo —. Incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que las denuncias contra la GN podrían superar a las del Ejército.
Respecto a la Sedena no se nos puede olvidar que tiene un largo historial de violaciones a derechos humanos por presuntos homicidios, usos de la fuerza pública y por obstaculizar el derecho a la verdad y justicia en casos como el de Ayotzinapa. Entre diciembre de 2018 y marzo de 2024, la Sedena acumuló 1588 quejas, de las cuales 31 ameritaron una recomendación por parte de la CNDH.
Dichos antecedentes vuelven muy grave el hecho de que la reforma pretendida por AMLO y secundada por Claudia Sheinbaum abran la posibilidad que la Guardia Nacional cuente con más facultades para investigar delitos y ampliar la intervención militar en la vida pública, como rescata el Centro Prodh.
Si bien el debate público se ha centrado en el papel del Poder Ejecutivo Federal, el fortalecimiento del proyecto militarista también ha sido posible por los gobiernos estatales y municipales que entre 2007 y 2022 firmaron 51.5% de los 258 convenios y acuerdos para transferir funciones y presupuestos a los militares, como lo expresa la organización feminista Intersecta.
La militarización atenta contra la memoria histórica e ignora los impactos negativos que puede tener para el desarrollo de la democracia y la protección de los derechos humanos en México
La incertidumbre frente a la pretendida estrategia de ‘seguridad’ encuentra múltiples factores; entre ellos destaca la herida que dejaron los acercamientos entre el Pentágono y las Fuerzas Armadas Mexicanas tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el sexenio criminal de Felipe Calderón (2006-2012) con el despliegue de 45.000 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las bases militares de operaciones mixtas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En septiembre de 2022, contingentes feministas y de la diversidad sexual se manifestaron en el Ángel de la Independencia y el Senado, en CDMX, para rechazar el paquete de modificaciones legislativas para adscribir a la GN a la Sedena . Aunque en noviembre de 2023 la GN llevó a cabo conferencias para la prevención de violencias machistas y sexuales, la Red Feminista Antimilitarista (RFAM) que recuerda que una ‘estrategia de seguridad militar”, además de no ser una solución para la violencia en el país, tiene un impacto diferenciado en la vida de mujeres, niñas y personas LGBT+.
Entonces, ¿qué podemos hacer?
Primero, no dejar de hablar del tema en nuestros círculos cotidianos y apoyar los esfuerzos que hacen organizaciones como Intersecta, México Unido contra la Delincuencia y Data Cívica para explicar y problematizar la militarización en el país. Como periodistas y medios de comunicación también es importante que estemos al pendiente de los procesos de resistencia en los territorios como los que hemos visto en las comunidades tseltales de Chiapas o los pueblos originarios de Xochimilco, en CDMX.
Los feminismos también jugamos un papel esencial en la lucha antimilitarista. Necesitamos seguir dialogando sobre cómo este tipo de estrategias afectan desproporcionadamente a mujeres, infancias y personas LGBT+.
Además de la violencia física y sexual, la militarización obstaculiza el cumplimiento de los compromisos que estableció México al ratificar acuerdos internacionales como la CEDAW o la Convención de Belém do Pará e, incluso, desconoce sentencias en las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha subrayado que es obligación del Estado elaborar e implementar políticas públicas integrales y con perspectiva de género. Continuar con narrativas como la que caracteriza al nuevo gobierno también afecta de manera directa a las luchas de mujeres indígenas que, en estados como Guerrero, han denunciado abusos por parte de las fuerzas militares.
Otra de las razones por las que los feminismos son claves en el antimilitarismo es que nos permiten tener una lectura mucho más crítica respecto a la rendición de cuentas y la transparencia. No podemos olvidar que en 2021, el gobierno mexicano priorizó a las Fuerzas Armadas sobre los programas y dependencias contra la violencia de género en la asignación presupuestaria y movilización de recursos.
El apoyo al militarismo ha causado la implementación de la «política de austeridad» (recortes) al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas Violencia de Género, al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), los servicios de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), como lo documentó Intersecta.
