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El 9 de enero, un grupo de hombres armados tomó el canal de televisión TC de Guayaquil. Este suceso violento ocurrió un día después de que el presidente Daniel Noboa declaró estado de excepción [1] por “una grave conmoción interna” y, con ello, respaldó política y legalmente el actuar de las Fuerzas Armadas. El decreto también ordenó toque de queda de seis horas (23:00-5:00 hrs) en todo el país.
Antes de eso, el evento que posicionó a Ecuador en la agenda internacional fue la fuga de José Adolfo Macías Villamar “Fito” (Los Choneros) y Fabricio Colón Pico (Los Lobos), líderes de organizaciones criminales ligadas al tráfico de drogas, el sicariato, el secuestro y el homicidio. A continuación, identificamos algunos puntos clave para abordar la complejidad del tema:
1. Las organizaciones barriales llevan años denunciando la exacerbada violencia en los territorios
La respuesta presidencial a la fuga de Macías y Colón (“un plan de guerra improvisado”, catalogó el analista Nicolás Oliva) y la irrupción en el canal televisivo no son hechos aislados. La crisis de (in)seguridad en Ecuador es multifactorial.
En la última semana, especialistas han hablado sobre el abandono de sectores vulnerables en la garantía del derecho a la educación y la salud , el desempleo, las políticas públicas deficientes en la persecución de las economías ilícitas, la circulación de las armas de fuego y la crisis carcelaria derivada de una política altamente punitivista.
2. La militarización de los asuntos de seguridad es una constante en Latinoamérica
En América Latina (en especial México, El Salvador, Perú, Venezuela, Guatemala y Honduras) el regreso de los militares a la política es una realidad. La participación de las Fuerzas Armadas en la promoción y el mantenimiento del ‘orden’ genera debates de todo tipo. Sin embargo, las posturas —sean a favor o en contra — están ligadas a experiencias históricas. En Ecuador —así como en México, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Argentina—, se ha señalado al Ejército como actor partícipe en la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, torturas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.
3. Los feminismos también han denunciado casos de violencia sexual
En 2022, se cumplieron cinco años desde que Elizabeth M* [2] presentó ante la Fiscalía una denuncia por violación en un cuartel militar a las afueras de Quito. Hasta junio de 2023, la Fiscalía mantenía abierta una investigación contra tres militares del Ejército “Tarqui”, quienes presuntamente violaron a una soldado en marzo de ese mismo año.
4. Militarizar para legitimar: la ruta que explora Daniel Noboa
La militarización de la seguridad puede ser una expresión de la crisis de representación política y la pérdida de legitimidad de los sistemas ‘democráticos’ y los gobiernos. En Ecuador, esta situación lleva al menos desde la década de los 90.
Daniel Noboa logró la presidencia del país con el 52.29% de los votos en las elecciones del pasado 15 de octubre. Pero su llegada al Ejecutivo no estuvo exenta de desconfianza, pues el ahora mandatario presuntamente se benefició de negocios en paraísos fiscales. Además, las organizaciones feministas no pasaron por alto que Gabriela Goldbaum Smith, con quien estuvo casado, lo denunció por una paternidad ausente y amenazas en su contra. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que la gestión presidencial de Noboa es corta y de transición. Ocupará el cargo hasta mayo de 2025.
5. Bukelismo a la ecuatoriana (aunque Noboa presuma distancia del salvadoreño)
Las condiciones sociopolíticas por las que atraviesa Ecuador permiten pensar a la militarización como una estrategia discursiva para validar al Estado y a las Fuerzas Armadas como símbolos de poder, estabilidad y control. En esta labor propagandística —que se asemeja a la de Nayib Bukele en El Salvador — también son identificables los intentos de legitimación de la masculinidad hegemónica para posicionarla bajo una perspectiva ‘heróica’.
6. Masculinidades hegemónicas y el monopolio del uso de la fuerza
En su ensayo “Militares y masculinidades”, la cofundadora de la organización Internacional Feminista, Daniela Philipson García, explica que las masculinidades militarizadas son centrales en los ciclos de violencia. A los hombres militares se les vincula de manera directa con el uso de la fuerza, misma que en las narrativas de gobiernos promilitarización se presenta como necesaria —y a veces indispensable— para la preservación de la seguridad.
Así como lo observaron la psicóloga Sandra Isella y el Dr. Francisco Hunneus en 1996, una de las consecuencias de la promoción de la militarización como única y mejor opción para la resolución de conflictos es la normalización de la violencia brutal.
7. Militarización y proyectos de paz, ¿una ecuación compatible?
Para los feminismos antimilitaristas, la excesiva participación política de las Fuerzas Armadas no se considera la primera ni la única vía para atender los problemas de inseguridad, violencia, corrupción e impunidad. Además de denunciar la legitimación de las masculinidades militarizadas, incorporar la perspectiva de género en el tema permite problematizar la opacidad, el autoritarismo y la conducción antidemocrática de las instituciones. El feminismo antimilitarista también aboga por reflexiones en las que se tome en cuenta el rol de la organización comunitaria. Los verdaderos proyectos de paz no validan sistemas que atentan contra la dignidad y el derecho a una vida libre de violencia.
Notas al pie
[1] El estado de excepción fue anunciado en el Decreto 110. En este documento se detalló que tendría una duración de 60 días.
[2] El medio (GK.city) que reportó el caso modificó el nombre de la víctima para mantenerla como fuente protegida.
