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El jueves 8 de agosto de 2024 se estableció como la fecha en la que el Hospital Local del Norte, ubicado en Bucaramanga, Santander, iniciaría una ruta para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Esta decisión se acordó tras una visita de concejales de la ciudad al centro médico, donde se evidenció la objeción de conciencia del personal, lo que impedía la práctica de abortos en este hospital, que, además, brinda atención principalmente a las Comunas 1 y 2 de la capital santandereana.
El aborto en Colombia es legal hasta la semana 24 de gestación desde el 21 de febrero de 2022, cuando la Corte Constitucional falló a favor de la demanda del Movimiento Causa Justa en una decisión histórica que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en la Sentencia C-055-22. Aunque existe un marco legal, la objeción de conciencia por parte del personal en hospitales representa un obstáculo para mujeres, niñas, adolescentes y personas no binarias que desean acceder a su derecho al aborto en diferentes departamentos.
“Realmente esto pasa en muchos lugares del país y es absolutamente irregular e incorrecto porque vulnera los derechos de muchas maneras. La objeción de conciencia es un derecho de las personas, es la posibilidad de negarse a practicar un aborto, es decir, terminar la vida prenatal. Sin embargo, es un derecho que tiene límites, porque si no se ejerce de manera correcta, con esos límites y esas normas constitucionales, vulnera otros derechos que son fundamentales”, explica la doctora Laura Gil, ginecóloga de la Universidad Nacional, cofundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir y miembro del movimiento Causa Justa en entrevista con Volcánicas.
De acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-209 de 2008, “la objeción de conciencia es un derecho que solo es posible reconocer a las personas naturales”, por lo que se prohíbe la objeción institucional y se limita a las convicciones de carácter ético o religioso del médico y no puede fundamentarse en la opinión de si está de acuerdo o no con el aborto.
Al respecto, la doctora Gil afirma que: “cuando se menciona objeción de conciencia institucional es algo absolutamente irregular y no deberíamos hacerles el juego de decirlo así, sino darle el nombre que es: negación injustificada de servicios esenciales de salud”.
Una ruta inexistente para acceder a la IVE
El Hospital Local del Norte ofrece servicios de segundo nivel de complejidad en esta zona de la ciudad y es un centro médico adscrito al Instituto de Salud de Bucaramanga, E.S.E Isabu, empresa social del estado de orden municipal que depende en gran parte de los recursos destinados por la Alcaldía de Bucaramanga.
“Varias veces se les ha llamado la atención de que entonces deben contratar personal que no sea objetor, pero deben prestar el servicio, así sea el servicio básico, que es el de embarazos hasta la semana 12 con medicamentos. Siendo ellos un hospital de segundo nivel, deberían ofrecer la IVE para cualquier edad gestacional. Aunque sea se les ha dicho que se haga el de primer nivel de complejidad, que es hasta primer trimestre, y tampoco lo hacen”, sostiene el doctor César Campo Suárez, ginecólogo y miembro del grupo IVE del Hospital Universitario de Santander.
El médico especialista explica que en el Hospital Local del Norte nunca se ha prestado el servicio de IVE porque toda el área administrativa del centro médico ejerce negación injustificada de servicios esenciales de salud y la medida a la que suele recurrir el personal es remitir los casos al Hospital Universitario de Santander. César Campo también cuenta que esto representa una incomodidad para les pacientes porque deben desplazarse desde un barrio lejano al norte de Bucaramanga para acceder a su derecho al aborto, situación a la que también se suman barreras administrativas si la EPS no tiene convenio con el hospital. “Ahí se incumple la norma, porque debería estar accesible y que una paciente no tenga que viajar desde tan lejos para un servicio de estos. La norma dice que debe estar en todos lados implementada y no es así”, ratifica Campo.
Según la circular externa de la Superintendencia de Salud, publicada el 15 de agosto, se garantiza el derecho de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en todos los niveles de atención y en todo el territorio. En sus instrucciones generales, se establece que se debe “garantizar la prestación del servicio de IVE en condiciones de calidad y de seguridad para la salud y la vida de las mujeres y personas gestantes que lo soliciten, sin imponerle cargas adicionales o exigirle actuaciones que signifiquen obstaculizar su acceso a los servicios de salud por ellas requeridos, cuando se ejerza la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la medicina”.
No obstante, entre 2017 y abril de 2024, la Supersalud identificó que el 63% de los casos de una muestra representativa de 22.150 Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) a nivel nacional fueron relacionados con la Interrupción Voluntaria del Embarazo, una cifra que evidencia las barreras que todavía existen en los centros de salud del país para practicar este procedimiento.
El Hospital Local del Norte, al ser una institución pública de segundo nivel, atiende a una gran parte de población de bajos recursos que reside al norte de Bucaramanga. Esta institución es la más grande ubicada en esta área y abarca los barrios de las Comunas 1 y 2 con mayor vulnerabilidad socioeconómica, zona rural, al igual que municipios como El Playón y Río Negro.
“El día que realicé el debate de la IVE en el Concejo de Bucaramanga, como era de esperarse, me sentí sola. Los concejales hablaron desde sus posiciones religiosas y moralistas. Además de que se atreven a hablar desde un cuerpo que no gesta ni materna.
Nuevamente los argumentos de los corporados estuvieron encasillados en la narrativa de relegar el cuerpo de las mujeres a labores exclusivamente reproductivas, siempre nos cuestionan por nuestra decisiones, pero no cuestionan si la sociedad nos está dando también las garantías para tener embarazos deseados y no planeados”, dijo Daniela Torres, concejala de Bucaramanga por el partido Alianza Verde, a Volcánicas.
Volcánicas se contactó con Pedro Pinzón, subgerente científico del Instituto de Salud de Bucaramanga, para indagar por qué el Hospital Local del Norte todavía no presta los servicios para la Interrupción Voluntaria del Embarazo que tendrían que haber iniciado el 8 de agosto como parte de lo pactado en la mesa de trabajo de la Alcaldía de Bucaramanga y diferentes EPS.
“En pro de dar garantía del derecho, se han realizado las siguientes actividades: Construcción de un protocolo que garantice lo descrito en la Resolución 051 DE 2023, ajustado a nivel de atención de la institución. Socialización y sensibilización al talento humano con el objeto de conocer el contenido y adoptar acciones. Logrando la sensibilización de más de 300 personas correspondientes al talento humano de las áreas administrativas, asistenciales y aliados estratégicos que prestan sus servicios en la institución. Se realizó el perfeccionamiento administrativo interno del área de farmacia para inclusión de moléculas necesarias en cumplimiento del protocolo. Organización de propuesta para entidades responsables del pago”, afirmó el subgerente.
No obstante, según el doctor César Campo, aunque el protocolo ya está creado, hasta el momento no se ha implementado para iniciar con los servicios de IVE en el Hospital Local del Norte y el personal no ha recibido ninguna socialización. “Si la excusa del Hospital del Norte es que como no se ha presentado, pues que todavía no puede empezar a funcionar. Y me parece una excusa tonta porque no se necesita el permiso de nadie para empezar a funcionar. No se necesita que la Secretaría de Salud o la Alcaldía o el Concejo de Bucaramanga le digan al Hospital del Norte que empiece a funcionar. Lo que se necesita es la voluntad institucional”, asegura.
Por su parte, la doctora Eliana Maribel Quintero, especialista en Ginecología y Obstetricia, quien trabaja en el Hospital Local del Norte y es docente de esta especialidad en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, explicó que el Instituto de Salud de Bucaramanga (Isabu) les solicitó como institución educativa que presentaran una guía clínica para que funcionara como una ruta para las pacientes que solicitan el servicio de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
“Esa guía la elaboramos junto con algunos residentes de la Especialización en Ginecología y Obstetricia. La elaboramos, revisamos la evidencia científica, miramos cuáles son los exámenes que hay que pedir, miramos cuáles son los mejores protocolos de manejo medicamentoso que se pueden dar para para manejar la interrupción voluntaria del embarazo. Miramos cuáles son los riesgos de cada esquema, miramos cuáles son los beneficios de cada esquema y presentamos esa guía”, afirmó la doctora Quintero sobre la guía entregada al Isabu en la primera semana de agosto. Asimismo, aseguró que está en proceso porque la implementación de la guía “implica modificaciones administrativas”.
Las dilaciones para acceder al aborto
El plazo legal en Colombia para que las entidades de salud puedan procesar una solicitud de Interrupción Voluntaria del Embarazo es de cinco días, contabilizados desde la consulta médica. Los centros médicos objetores que no practican IVE suelen crear convenios para que les pacientes sean remitidos a otro lugar que sí practique este procedimiento. No obstante, la doctora Laura Gil explica que la normativa no solo indica que se deba cumplir con este plazo máximo: “La normativa también dice que hay que seguir unos principios de calidad y esos principios incluyen la oportunidad, la privacidad, la confidencialidad, y la calidad. Todo eso muchas veces se ve violado por esas tales rutas de atención”, afirma.
Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible en América Latina y el Caribe, una fecha que permite reconocer los avances de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y las barreras que todavía persisten en los países que cuentan con una legislación a favor del derecho a decidir sobre los cuerpos de mujeres, niñas, adolescentes y personas no binarias.
Aunque la objeción de conciencia institucional es ilegal, centros médicos en Colombia la ejercen de manera informal y funciona como un acuerdo tácito, muchas veces sin tener en cuenta la postura del personal médico. La remisión a otro hospital como única alternativa de ruta de IVE representa una barrera al momento de garantizar el derecho al aborto y no debe ser normalizada.
