octubre 24, 2024

En Argelia de María gobierna el estigma

La Colectiva Justicia Mujer presentó este jueves 24 de octubre una acción de cumplimiento para que se garantice el derecho al aborto en Argelia de María.

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Ilustración: Isabella Londoño

Martha* recuerda cómo una compañera del colegio se le acercó para contarle que estaba embarazada y quería abortar. Era 2016 y cursaban undécimo grado. Al acercarse al único hospital de su pueblo, le negaron la posibilidad de interrumpir su embarazo bajo la excusa de que era menor de edad y debía presentarse en compañía de un adulto. Ante la falta de acompañamiento institucional, la joven y dos compañeras más optaron por otra alternativa.

“Buscamos por todo el pueblo un montón de ramas. Yo no sé dónde leyó, pero conseguimos ruda, caléndula y llantén. Ella se tomó todo eso, estuvo súper enferma y pudo abortar. Yo no sé qué más pastillas tomó, pero se convirtió en un calvario. Todos los días que iba a estudiar le ponían audios de bebés llorando. No sé ni siquiera ella cómo fue capaz de graduarse, porque fue horrible”, cuenta a Volcánicas Martha*, habitante del pueblo antioqueño, ubicado al nororiente de Colombia.

En Argelia de María, las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo suelen recurrir a remedios caseros, o lo hacen de forma insegura, arriesgando sus vidas. En este municipio, ubicado a casi cuatro horas de Medellín, los principios de la fe católica de sus habitantes y los políticos conservadores mantienen la antigua creencia de que el aborto es un pecado. 

Este pueblo paisa, con aproximadamente ocho mil habitantes, está principalmente rodeado de veredas con una pequeña cabecera municipal. La población, en su gran mayoría, vive en la ruralidad y trabaja en cultivos como el café y la caña de azúcar. Argelia cuenta con dos emisoras radiales que funcionan como medios de comunicación oficiales. “Una es la emisora de la parroquia y otra es la emisora del Ejército Nacional. La de la parroquia, por ser la emisora de la Iglesia, se limita justamente a publicar muchas cosas. Generalmente todo es hablando de Dios o catecismo en el hogar. La emisora del ejército se convirtió en una aliada en las administraciones, generalmente hay espacios para hablar de programas de la Alcaldía, que no es tan malo porque pues finalmente hablan como de algunos procesos que le interesa a la comunidad, pero hay un sesgo”, dice Martha* al describir este territorio descentralizado.

Ocho años después de este aborto con ramas y pastillas, con la Sentencia C-055 de 2022 que despenaliza y permite en Colombia la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 24 de gestación, y una circular externa de la Supersalud que garantiza el acceso, calidad e integralidad de este servicio de salud en todos los niveles y en todo el territorio nacional, en Argelia de María parece como si el derecho a decidir todavía fuese considerado un delito. 

Al caminar por las instalaciones del edificio donde funciona la Alcaldía de Argelia entre enero y febrero de 2023, es posible encontrar a simple vista carteles pegados en las paredes y puertas de la Oficina de Equidad de Género: “El aborto no te libera de ser madre, solo te hace madre de un niño muerto. En la familia Argelia pa’ todos somos pro vida”. “En la familia Argelia pa’ todos somos pro vida. No al aborto”, dice otro de los carteles pintados con letras celestes y rosadas. Los mensajes tienen logos de la Alcaldía Municipal de la administración del entonces alcalde Edwin Quintero López (2020-2023). El panorama no es diferente en 2024 con la llegada del alcalde Diego Alexander López Giraldo (2023-2026), primo del exalcalde Edwin Quintero, y con su misma línea política conservadora. 


Encontramos que concretamente hay mensajes estigmatizantes frente a las personas que quieren acceder al derecho al aborto y a las personas que lo defienden. Se encuentran mensajes que están pegados en lugares visibles y hacen parte de la administración pública, y son mensajes que, por supuesto, violentan derechos fundamentales”, explica a Volcánicas María Camila Ortega Mosquera, abogada de la Colectiva Justicia Mujer, un bufete de abogadas feministas expertas en justicia, género y derechos de las mujeres en Medellín.  

Derechos de petición y respuestas a medias

Desde que se hicieron públicas las denuncias por la vulneración de la IVE en Argelia, la Colectiva Justicia Mujer presentó 7 derechos de petición entre el 10 de julio de 2023 y el 17 de noviembre de 2023: 3 ante la Alcaldía Municipal, 2 ante la Secretaría de Salud de Argelia y 2 ante el E.S.E Hospital San Julián de Argelia como un mecanismo para indagar por la existencia de programas de cumplimiento y seguimiento de la Sentencia C-055 de 2022, y la realización de actividades de información, educación y comunicación sobre los derechos sexuales reproductivos en el municipio.  

“Las respuestas obtenidas por parte de las entidades nos reafirman el panorama desalentador y preocupante sobre lo que pasa en los territorios descentralizados frente al acceso al aborto, la defensa del mismo y la sistematicidad en el incumplimiento de la normativa que lo protege, resulta preocupante que mencionen que no se ha hecho prestación del servicio de aborto en el municipio”, sostiene la Colectiva Justicia Mujer. 

Además de estos mecanismos, también recurrieron a la acción de tutela, la cual falló a su favor al tutelar el derecho fundamental a la petición y a la información. En el fallo se evidencia que las entidades municipales deben responder a fondo la información solicitada, pues en el caso puntual del E.S.E Hospital San Julián, a la fecha no han dado respuesta al derecho de petición del 17 de noviembre de 2023 en el que se les solicita información detallada sobre la ruta de Interrupción Voluntaria del Embarazo.   

El Hospital de San Julián es el único hospital en el municipio y responde que a la fecha no se ha practicado ninguna Interrupción Voluntaria del Embarazo. No se ha garantizado el derecho al aborto en ninguna mujer, en ninguna persona no binaria ni a ninguna persona con capacidad de no gestar ningún hombre trans. Y nos preocupa porque llama mucho la atención que no se presenten ni siquiera estadísticamente un caso de acceso al derecho al aborto”, enfatiza la abogada María Camila Ortega.

La situación de Argelia no es un caso aislado. De acuerdo con el informe de Profamilia, en Colombia todavía no hay las garantías suficientes para que el derecho al aborto se garantice en todo el territorio nacional y en todos los niveles. Con un puntaje de 34 puntos sobre 100, en el país se mantienen las barreras y brechas entre las ciudades capitales y municipios descentralizados. Categorías como los recursos humanos y físicos, la eficiencia en la ruta de acceso, y el estado de salud de les pacientes luego de practicar el procedimiento determinaron que Colombia solo llegó a los 34,2 puntos. Municipios como El Rosario, Nariño, con 12,2; Majagual, Sucre, con 13,8, o Achí, Bolívar prenden las alarmas sobre las dilaciones que todavía persisten en los centros de salud. 

Dentro de las recomendaciones del informe, Profamilia enfatiza en incrementar los recursos para formar al personal médico y mejorar instalaciones, al igual que el fortalecimiento de programas sobre educación sexual y reproductiva, así como el protocolo de acceso al aborto. 

“No hay confianza en la institucionalidad. Si yo soy una persona que quiere interrumpir mi embarazo, no voy a ir al hospital porque sé que me van a poner en tela de juicio ante todo el pueblo. Así como cuando alguna persona tiene una ITS, lo saben primero en todo el pueblo que una”, sostiene Martha*, frente a la violación del principio de privacidad que debe prevalecer en las rutas de atención a interrupciones voluntarias del embarazo en hospitales cuando una mujer o persona gestante se acerca a estos espacios con una decisión tomada y que por los prejuicios del personal médico o administrativo suele ser vulnerado.

Un riesgo para las defensoras de DD.HH 

Nos preocupa un tema concreto y son los posibles riesgos que tienen las defensoras del derecho al aborto en los territorios, que son riesgos que tienen que ver con posible criminalización, con posible hostigamiento, entre otros muchos riesgos que pueden tener las defensoras de derechos humanos en un territorio como tan particular como el de Argelia, pero que se replica mucho a nivel país”, asegura la abogada María Camila Ortega.

La difamación, criminalización, silenciamiento y persecución son otras de las posibles consecuencias que advierten las abogadas frente las denuncias públicas sobre la vulneración del derecho a la IVE. Este jueves 24 de octubre, la Colectiva Justicia Mujer presenta una acción de cumplimiento como un mecanismo más de su litigio estratégico en la búsqueda de garantizar el derecho al aborto en Argelia de María.

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