October 18, 2024

Guerrero: hablemos de violencia criminal sin espectacularizarla

Entre la noche del 6 y la mañana del 7 octubre medios circularon fotografías del asesinato del alcalde Alejandro Arcos Catalán. El sensacionalismo mediático y digital dificultan entender a este caso como parte de lo que ha debilitado la vida democrática en Guerrero: la violencia criminal.

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Guerrero es uno de los focos rojos de la violencia criminal en México. / Portada: Isabella Londoño

El domingo 6 de octubre de 2024, seis días después de haber tomado posesión como alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, de 43 años, fue asesinado. Desde un principio, medios de comunicación, creadores de contenido y usuarios de redes sociales que siguen sin alejarse de las fórmulas del true crime ahondaron en detalles de cómo se halló el cuerpo del político. 

La (ir)responsabilidad mediática en el caso también tuvo como ingredientes presuntas antelación y filtración. Según The New York Times, un funcionario público informó los hechos antes de contar con una autorización para hacerlo. Además de minuciosas descripciones de la escena y titulares que aludieron a todos los sinónimos de “terror” y “miedo”, las primeras publicaciones al respecto señalaron a uno de los actores que desde hace décadas —y con complicidad-permisividad de administraciones locales y federales— protagoniza la vida pública del país: el crimen organizado

Horas después de que la Fiscalía General de Guerrero confirmara el asesinato del representante de la coalición priista, panista y perredista se hablaba de Los Ardillos, grupo vinculado al narcotráfico que ha fortalecido su presencia y control en la región de La Montaña baja a través de delitos como el secuestro y la extorsión

Para el día martes 8 de octubre, durante la presentación del plan de seguridad del Gobierno entrante, Omar García Harfuch explicó que Arcos Catalán había asistido a una reunión en Petaquillas, poblado en Chilpancingo en el que sus habitantes han pedido a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, reinstalar los retenes y en el que más de un contingente de familias buscadoras se ha manifestado en respuesta a la impunidad en los delitos que se relacionan con la desaparición. 

Según lo comunicado por Harfuch, Alejandro Arcos se encontraba solo, “sin escoltas, ni chofer”. No dio detalles de con quién o quiénes estuvo el alcalde antes de ser asesinado, pese a asegurar que las autoridades guerrerenses tenían mucha información.   Sobre el itinerario, The New York Times reportó que el domingo Arcos Catalán visitó algunas comunidades afectadas por el huracán John. En su cuenta de Instagram, el exdirector del Instituto Guerrerense para la Acción Integral de las Personas Adultas Mayores también compartió que ese mismo día su equipo estuvo en un albergue de la colonia Timotlan para proteger a la población del dengue. 

Como subrayó la reportera Margena de la O (Amapola. Periodismo Transgresor), hasta el 9 de octubre, la Fiscalía estatal, institución responsable de las indagaciones, no había dado una versión oficial de los hechos. Tampoco ha habido una comunicación más certera por parte de Evelyn Salgado, más allá de expresar sus condolencias en redes sociales. 

A casi una semana del asesinato, el único dato concreto que se tiene es que Alejandro Arcos Catalán iba rumbo a Petaquillas, territorio que la propia entidad ha identificado como un foco rojo de la actividad de Los Ardillos y Los Tlacos, organización delictiva que en los últimos meses ha aparecido en la prensa local y nacional por sus enfrentamientos con La Familia Michoacana, la desaparición de jornaleros y el drástico aumento de precios de alimentos como la tortilla

La violencia criminal en Guerrero: casi 20 años de recrudecimiento

El asesinato de Alejandro Arcos Catalán estuvo antecedido por el del funcionario que sería su titular de seguridad, Ulises Hernández Martínez (28 de septiembre) y el del secretario general del Ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez (3 de octubre). El triple homicidio de la que sería la nueva administración de Chilpancingo no es aislado; forma parte de la violencia criminal que ha (des)configurado a estados como Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Chiapas tras la llamada guerra contra el narcotráfico, [necro]estrategia de seguridad que caracterizó al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). 

Así como se rescata en Votar entre balas (investigación realizada por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político), la violencia criminal —que comprende amenazas, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o de partidos políticos— es una herramienta de la delincuencia organizada “para influir en la vida pública de estados y municipios” que se ha triplicado en los últimos seis años (2018-2024), que tuvo un repunte considerable en 2021, en el periodo de las elecciones federales y que, de concentrarse en las regiones del Oeste, Sur y Golfo, se dispersó a la zona Centro y Bajío.

En el caso particular de Guerrero, se sabe que, con un 11.4%, en 2023 lideró los casos de violencia criminal en México. Entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, esta entidad del suroeste registró el homicidio de seis aspirantes a cargos populares. Para el mes de mayo, el periodismo local puntualizó que 80 contendientes denunciaron violencia política y 50 solicitaron mecanismos de protección. Los municipios que se perfilaron como una zona de alto riesgo fueron Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, General Heliodoro Castillo, Miguel Totoloapan y Copanatoyac

Como abordó el periodista Manu Ureste (Animal Político), en Guerrero las personas interesadas en la esfera política local sufren de desplazamientos forzados, amenazas, actos de censura y demás atentados contra su integridad física y emocional. La violencia criminal también ha provocado que las comunidades sientan temor de participar en actividades electorales: estas van desde el negarse a ser funcionarixs de casilla hasta no salir a emitir el voto. 

De acuerdo con la maestra en Ciencia Política, Martha Kristal Chavarría Rodríguez, desde 2012, Guerrero, al lado de Michoacán, ha llamado la atención por el incremento del abstencionismo. En municipios como Tlalchapa, en Tierra Caliente, la ‘seguridad’ y ‘paz’ en las jornadas electorales sólo están ‘garantizadas’ si se acatan las instrucciones de los cárteles y sus células-organizaciones. Según el periodismo local, desde hace una década en las localidades de Tlalchapa (a excepción de Zirándaro) ha sido La Familia Michoacana la que ha impuesto a alcaldes y diputados, además de manejar el precio de productos de la canasta básica como el agua y la carne.  

En Guerrero predomina una gobernanza criminal coactiva que, como explica el sociólogo Alan Salvador Hernández Morales (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), entre uno de sus rasgos distintivos encuentra la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y abusos cometidos por instituciones encargadas de la seguridad y justicia. 

Esta situación ha ocasionado que la desconfianza en el Estado y sus autoridades sea cada vez más profunda. Las poblaciones no olvidan que la corrupción, permisividad y espectacularización de la violencia son realidades presentes en todo momento: cuando deciden salir —o no— a votar o cuando la nota roja replica la narrativa del ejecutómetro para reportar el asesinato de un alcalde que guerrerenses han descrito como un funcionario que no negociaría con grupos que han convertido a su tierra una zona de conflicto en la que tanto la democracia como el derecho a una vida libre y digna se ven con lejanía. 

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Autor

  • Comunicadorx política graduadx de la UNAM, especializadx en regulación de medios audiovisuales y usos sociopolíticos de la tecnología. Colabora de manera independiente en periodismo musical a través de su newsletter “Music for the Vampires” y ha contribuido a medios como Indie Rocks!, Radio Nopal, Sound & Vision y Vibras. Su cobertura incluye la escena musical alternativa/under/goth, así como temas de justicia reproductiva, movilización social, políticas afectivas y gestión de recursos públicos, especialmente en salud. Además, es fundadorx de ALAIT (Aborto Legal, Acompañado e Informado para Todes), un proyecto para contrarrestar la desinformación sobre el aborto.

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