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Hace exactamente un mes, dos terremotos consecutivos -de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos- sacudieron el norte de Venezuela y desataron una tragedia sin precedentes. El balance oficial al 24 de julio es de 5.398 muertos, 16.740 heridos, 17.907 personas sin vivienda y 23.335 en campamentos transitorios. Y lo que el gobierno no dice también hace ruido. Las autoridades venezolanas no han publicado ninguna cifra oficial de desaparecidos, pero la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela registra más de 29.000 personas no localizadas. En un cementerio municipal del estado La Guaira se han abierto nuevas fosas para enterrar a víctimas que no han podido ser identificadas.
El gobierno venezolano también sigue sin publicar cifras desagregadas por sexo, edad o condición de vulnerabilidad. Aun así, el 11 de julio, ONU Mujeres alertó que casi 2 millones de mujeres y casi 1 millón de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en las zonas más afectadas enfrentan un riesgo elevado de violencia de género, abuso sexual y trata de personas. Los riesgos se concentran en los campamentos temporales, los asentamientos informales y las comunidades que acogen a personas desplazadas.
Afectaciones diferenciales para niñas, niños, adolescentes y mujeres
En un albergue que visitaron reporteras de CNN, dos mujeres de una misma familia se turnan para descansar: tienen dos colchonetas juntas y, mientras una cuida a los niños, la otra duerme. La consultora de Plan International en Venezuela, Geraldine Gómez, dijo que una mujer en un albergue le contó que a veces tiene miedo de quedarse dormida, porque teme que se lleven a su hija, y que no puede dejar que su niña vaya sola al baño.
Los terremotos también interrumpieron consultas prenatales y posnatales, la entrega de anticonceptivos, los productos de higiene menstrual y los servicios de atención a sobrevivientes de violencia sexual, que en Venezuela ya operaban por debajo de la capacidad mínima antes del 24 de junio. Una mujer desplazada entrevistada en un sitio al aire libre en Caracas describió recibir una sola comida al día y afirmó que los puestos de control de seguridad estaban bloqueando la llegada de donaciones.
Según el análisis de género de la Fundación Aprendizaje Ginebra, las mujeres y las niñas ya estaban respondiendo antes de que llegara cualquier equipo oficial de rescate, y son las proveedoras más confiables de servicios de salud sexual y reproductiva y de atención a víctimas de violencia de género en el país. Sin embargo, no tienen ningún espacio en las mesas de coordinación humanitaria y disponen de casi ningún recurso económico.
Las pérdidas económicas y su impacto desigual
La pérdida de viviendas y el desplazamiento también afectaron desproporcionadamente los ingresos de las mujeres: en La Guaira, donde la economía depende en gran medida del turismo y del comercio informal, el doblete sísmico ocurrió justo antes del inicio de la temporada alta de verano. Además del daño irreparable en vidas humanas y animales (de estas últimas no se tienen datos), el Banco Mundial publicó esta semana una estimación rápida de daños (GRADE): los terremotos causaron cerca de 19.600 millones de dólares en daños físicos directos, aproximadamente el 18% del PIB venezolano. El informe advirtió que la restauración de servicios básicos como agua y electricidad es prioritaria, y que las interrupciones en hogares vulnerables “pueden tener consecuencias desproporcionadas” y “profundizar las desigualdades existentes, en lugar de afectar de forma homogénea a todos los hogares”. En otras palabras: la reconstrucción, si no incorpora perspectiva de equidad, reproducirá las brechas que ya existían.
El FMI desbloqueó para Venezuela 346 millones de dólares de sus reservas en el organismo. La ONU necesita 296 millones de dólares adicionales para sostener la respuesta humanitaria durante seis meses más. El gobierno prometió la entrega de 4.000 viviendas entre julio y diciembre de un estimado total de 25.000 necesarias.
Feministas venezolanas denuncian inacción del Estado y pugna de poder
Volcánicas conversó con activistas feministas en Venezuela que prefieren mantener su nombre bajo reserva por su seguridad. Para ellas, el escenario de Venezuela tras el doble terremoto es sumamente complejo, pues “la coyuntura ha sido el escenario perfecto para esconder fallas estructurales del Estado y otros elementos que afectaron directamente la capacidad de respuesta”. Ellas denuncian que “el gobierno no ha dado una respuesta efectiva a la situación, y no solo se trata de carencia de recursos, sino incluso de inacción. Los pocos recursos existentes no están a disposición de la emergencia (…) Si bien las proporciones de la tragedia resultan difíciles de gestionar, incluso para Estados bien preparados, no es menos cierto que el Estado venezolano tiene fallas estructurales y déficit de recursos”. Entre las situaciones que agravan el riesgo de las personas vulnerables o limitan la capacidad de respuesta a la emergencia, ellas señalan las siguientes irregularidades que, al interior del país, la sociedad civil le atribuye al Estado:
- Ineficiencia expresada en la carencia de respuesta de las instituciones del Estado, la inacción de los cuerpos militares y policiales que se apersonan en la zona de desastre sin cooperar con los civiles avocados a las labores de rescate.
- Falta de apoyo estatal a las instituciones que conforman la Protección Civil.
- Respuesta tardía a los requerimientos de insumos, maquinaria y personal especializado.
- Incautaciones o robos de las donaciones hechas por la sociedad civil.
- Robos en viviendas afectadas por parte de funcionarios del Estado.
- Límites arbitrarios a las respuestas de la sociedad civil organizada: Los controles de acceso a las zonas de la tragedia son protocolos.
Aunque estas denuncias pueden responder a diversas circunstancias, la responsabilidad del Estado se encuentra en factores estructurales, como:
- La falta de preparación del Estado, a pesar de que la magnitud de la tragedia es significativa; la respuesta es deficiente no solo por carencia de recursos, sino también por falta de disposición de todas las instituciones del Estado y gestión deficiente de los recursos existentes.
- Tolerancia y normalización de la economía de la extorsión en los cuerpos policiales y militares. El Estado ha tolerado e incluso encubierto por años la corrupción en los organismos del “orden” como moneda de cambio a una compensación económica insuficiente. Por ello, resulta imposible distinguir si las incautaciones de donaciones son producto de una política de centralización y control de las ayudas o de la corrupción individual. De cualquier forma, se trata del resultado de políticas que se han forjado a lo largo de los años de recesión económica y represión civil.
- Las políticas de opacidad de datos son una constante del Estado venezolano desde hace más de una década. Ello incluye formas de censura a organismos de la sociedad civil que fungen como contralores, tales como los periodistas, monitores, ONGs e investigadoras/es académicos.
En su informe del 15 de julio, Transparencia Venezuela corrobora que el gobierno no atendió con rapidez la emergencia: el 83% de los rescates con vida ocurrió en los dos primeros días, antes de que los equipos especializados estuvieran operativos, y la mayoría de los sobrevivientes se autoevacuaron sin ayuda estatal.
Adicionalmente, resaltan que la sociedad civil venezolana afronta la tragedia en medio de los límites externos impuestos por los bloqueos económicos que han asfixiado al país por años, y los límites a su propia acción devenidos de una mezcla de políticas represivas y punitivas, corrupción e ineficiencia del Estado. “Mientras la comunidad internacional general presta un apoyo logístico determinante e invaluable en el rescate y dotación de insumos, otra fracción de esta comunidad se ha negado rotundamente a tomar acciones que inciden en la capacidad de respuesta tanto civil como del Estado. EEUU, la Unión Europea, Canadá, Suiza, Panamá, Reino Unido y otros actores han implementado un conjunto de medidas coercitivas que incluyen bloqueos financieros, embargos comerciales y restricciones a la industria petrolera y minera venezolana. Estos bloqueos no se explican ante el actual escenario de supuesta “cooperación” entre los gobiernos, y constituyen una acción que impide la financiación de actores y actrices que están actuando directamente en la contención de la emergencia”.
“El discurso maniqueo de los bandos políticos buenos y malos se ve deslegitimado en un terreno de tragedia sobre el que se desarrolla una lucha de poder entre altos mandos de la política nacional e internacional, que ha dejado atrapado a todo un pueblo en una situación de vulnerabilidad social”, concluyen.
La solidaridad sigue siendo necesaria
La primera gran respuesta al terremoto no vino del Estado, sino de la sociedad civil, que reaccionó ante el vacío institucional. En los campamentos, artistas y vecinos se disfrazaron o llevaron cuentos y juegos para acompañar a los niños en medio de la incertidumbre, mientras organizaciones, universidades y gremios llegaban con insumos. Un mes después, esa cadena de solidaridad ciudadana improvisada, sin recursos económicos, sigue siendo el sostén más confiable de quienes perdieron todo.
Si está entre tus posibilidades seguir apoyando, hazlo en tu iniciativa de confianza.
