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Antes de iniciar, una precisión histórica:
El sentimiento de nación dominicana antinegra y antihaitiana es producto de una relación colonial que inició en 1492, configurada desde el colonialismo que irrumpió en la isla, cuyo nombre original era Haití. Europa decidió sobre el destino de sus pobladores, repartió el territorio en dos partes producto de conflictos coloniales entre España y Francia. Haití logra con éxito su Revolución, convirtiendose en el primer pueblo negro y esclavizado en lograrlo en 1804. En 1822 ocupa la parte oriental de la isla, como afirma Ochy Curiel, antropóloga decolonial, no se trataba de una invasión, sino de una ocupación, que era apoyada por sectores diversos en lo que hoy es República Dominicana; por ejemplo, había facciones que querían regresar a ser protectorado de Europa, otros querían unirse a la Gran Colombia de Simón Bolívar y otros veían viable unificar el territorio que fue fragmentado por el colonialismo (Curiel, 2022). Esta historia de odio, que nos enseñan en la escuela a quienes crecemos ahí, que el enemigo es Haití, que contra ellxs existimos y que contra ellxs logramos independizarnos en 1844 y que España es la madre patria, es el origen de la construcción de una narrativa nacionalista que funda una relación de odio que aprendemos desde que abrimos los ojos en ese pedazo de tierra ubicado en el Caribe, al que un maldito día llegó Colón.
¿Qué es racismo?
El racismo equivale a muerte. El racismo es despojo de la vida. El racismo es dejar niñes, niños y niñas sin una acta de nacimiento que les permita la inscripción a la escuela y así, tener acceso al derecho humano a la educación. El racismo es negarle a una mujer negra el derecho de declarar a su hije recien nacide porque el registro civil dominicano consideró demasiado negro a quien le declara o por no tener cédula de identidad, documento que le fue quitado por el racismo de Estado. Racismo es creer que la “dominicanidad” es blanca, blanquita, cafecita, clarita pero nunca negra. El racismo son los hostigamientos, la persecución por parte del ejército dominciano en la frontera sur del país que bajo la amenaza de llevarse a to’mundo que parezca haitiano –perfilamiento racial– vigila las calles, ciudades y barrios de República Dominicana. Racismo son las deportaciones masivas de mujeres negras dominicanas de ascendencia haitiana. Racismo son los linchamientos a personas haitianas, dominicanas de ascendencias haitiana y dominicanas negras, que bajo la mirada colorista, antinegra, hispanófila y blanca–mestiza criminaliza los cuerpos negros en la isla, desplazándolos no solo del territorio sino también de sus derechos humanos, libertades fundamentales y constitucionales.
El racismo es la política institucional de deportaciones masivas, arbitrarias y violatorias de derechos humanos del gobierno de Luis Abinader, quien ha realizado en lo que va del año más de 90 mil deportaciones, y más de 150 mil en dos años. Racismo es que el Tribunal Constitucional de un país desconozca y apruebe una sentencia ilegítima, violatoria de derechos y que contraviene el principio pro persona y de no retroactividad de la ley, consagrado en la Constitución dominicana del 2010, pese a que está comprometido internacionalmente con los estándares interamericanos de protección de derechos, con casi todo el marco regional del Sistema Interamericano y con la Carta Internacional de los Derechos Humanos (no ha ratificado la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia y la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discrminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia), cuyos instrumentos tienen carácter vinculante.
La continuidad del racismo exacerbado hacia la gente negra dominicana y de ascendencia haitiana no conoce límites. El pasado 11 de noviembre, Abinader, haciendo uso ilegítimo de sus funciones y contraviniendo el marco normativo constitucional, regional e internacional de protección de derechos humanos, del cual la isla forma parte, aprobó el Decreto 668-22, que se puede definir como una acción política arbitraria, propia de regímenes autoritarios y violatoria de derechos humanos. Dicho Decreto dispone una serie de medidas para “prevenir y perseguir las invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado”, según las propias declaraciones del Gobierno dominicano.
El racismo no es un tema teórico, no es un asunto de estereotipos, no es una cuestión solo de discriminación, es un sistema de opresión, un dispositivo ideológico de relaciones sociales, que cobra vida en la política, en la economía, en la vida social y cultural de sociedades y pueblos enteros. La persecución institucional que sufre el pueblo haitiano, las personas migrantes haitianas, las dominicanas de ascendencia haitiana y las dominicanas al parecer “demasiado negras” para serlo, es un ejemplo de ello. Esto queda develado en testimonios recogidos que confirman que durante procesos de detenciones y expulsiones arbitrarias por parte del Estado dominicano “la mayoría de las personas afectadas fueron dominicanos de ascendencia haitiana, que aseveraron haber sido detenidos a causa de su apariencia haitiana”, es decir, personas leídas por parte del Estado y específicamente del gobierno actual de la República Dominicana, como “muy negras” para ser dominicanas.
El racismo como organizador de todo
La colonialidad y el racismo son palpables no solo en nuestros cuerpos que son tratados como “carnes negras”, sino que son literalmente condenados, sacrificados, expropiados, deportados y eliminados. El hecho de que al día de hoy tengamos que reafirmar en todo momento “que las vidas negras también son importantes” confirma el lugar que ocupa el sujeto negro en este mundo profundanete racista y blanco, donde la blanquitud, la blancura y la heterosexualidad -propiamente colonial- son la norma.
El racismo estructural que define el comportamiento civilizatorio de sociedades criollas como la dominicana, es un elemento fundacional y constitutivo de la colonialidad presente a nivel planetario y exportado por Europa a través del colonialismo, este racismo estructural que es encarnado en las instituciones del Estado dominicano se traduce en una expresión como tantas otras de cómo se organiza el mundo en términos económicos, socioculturales, epistémicos y ontológicos. Posibilita la jerarquización de poblaciones a partir del prejuicio racial, naturalizando la desigualdad y legitimando la opresión de ciertas personas que por su constitución racializada y no occidentalizada, son concebidas como sujetos no centrales, y, por tanto, como menos humanos, carnes a oprimir, desechables y deportables (Fanon, 1961 y Dussel, 2000). Esta idea racista de ciudadanías de primera y segunda, de humanos de arriba y de abajo, de blancos civilizados y negros animalizados, de lindos y feos, es lo que hace posible la construcción de un imaginario racista que construye a Dominicana como antihaitiana y blanca (Drullard, 2020).
En otras palabras, el racismo es la categorización histórica de personas, que a través del aparato de la ciencia occidental, un discurso de poder, utiliza el constructo de la “biología” y de la cultura, para definir de manera arbitraria el valor de ciertos sujetos, a partir de características físicas, geográficas y epistémicas. Biologizando (categorizando geoculturalmente) que sujetos blancos, con privilegio estético, sin diversidad funcional, heterosexuales y adultos, se entiendan, como los únicos válidos y representativos del ideal civilizatorio de humanidad y progreso, en contraposición a los demás, que son personas negras, indias, racializadas y socialmente no occidentales, situadas en las periferias del mundo, dominadas por el peso de la pobreza y la precarización histórica atribuida a su otredad (Quijano, 2014, 2019). Este racismo estructural define quién es dominicano y quién es haitiano, es decir quién está arriba del otro (Drullard, 2020).
Aníbal Quijano define el racismo como “un complejo de ideas, imágenes, valores, actitudes y prácticas sociales, que operan con base en la idea de raza galvanizando así las relaciones entre dominadores y sometidos”. Parece que la sociedad dominicana, en su afán de no estar dentro de los condenados de la tierra (palabras de Franz Fanon) ha decidido construir una idea de dominicanidad eurocéntrica y racista, negándose a sí misma y negándose negra, lo que ha implicado negar al pueblo con quien no solo compartimos lo afrodescendiente sino también el territorio.
Insistiendo sobre el concepto de raza, antes de entender la crisis humanitaria que sufren personas dominicanas de ascendencia haitiana y haitianas en República Dominicana, citando a Marisol de la Cadena (2007) en Ochy Curiel: “la raza es siempre una categoría culturalmente producida, lo que quiere decir que los fundamentos históricos/materiales de sus significados son específicos”, una especificidad de cómo opera el racismo en la Republica Dominicana es través de la práctica reiterada del Estado dominicano de subalternizar a través de la ley y la fuerza policial, a las personas negras y de origen haitiano, en su afán de alejarse de lo negro y acercase a su delirio de blanquitud.
Antihaitianismo, racismo de Estado y marco normativo antinegro
El racismo de la República Dominicana tiene múltiples expresiones, siendo una de las más letales la que viene desde el Estado. El racismo institucional es aquel que se configura y opera desde las instituciones del gobierno, poniendo en funcionamiento los aparatos represivos del Estado para negar vidas dignas a personas consideradas no humanas. República Dominicana es un ejemplo de cómo un Estado puede poner en marcha toda su maquinaria institucional para negar las vidas y los derechos fundamentales a un grupo de la población al que considera menos, y al que ve como sujetos a eliminar, derivado de su negritud, color de piel y ascendencia haitiana. Esta necesidad de homogenizar lo dominicano, entenderlo como blanco, negar lo negro y repudiarlo, incluso al punto de llegar a linchar a personas haitianas por parte de militares, habla de la fuerza del nacionalismo criollo-dominicano de limpiar a toda costa la “nación”, al punto de que podemos hablar de un tipo de “limpieza étnica-racial”.
El Decreto 668-22 habilita la facultad presidencial y discrecional de parte del Presidente de la República, de procesar y expulsar a “los extranjeros”, en realidad no se refiere a todos los extranjeros sino a las personas haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y a las dominicanas consideradas “demasiado negras” para serlo, ya que existen evidencias de la nula voluntad política del Estado para resolver la situación de apatridia y desnacionalización de personas dominicanas de ascendencia haitiana provocada por la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de República Dominicana. En el gobierno del expresidente Danilo Medina, se promulgó la Ley de Naturalización 169-14 por presión internacional, que habilitaba un plan de regularización para las personas afectadas por esa Sentencia, sin embargo, han pasado 8 años y más 8 mil personas que se acogieron al plan de regularización se encuentran sin documentos y sin su nacionalidad restituida.
Más adelante retomo los significados de esta Sentencia, para enfocarme en la diferencia de tratamientos con otro tipo de migración: existen otras situaciones migratorias de poblaciones extranjeras como la venezolana, que han recibido un tratamiento diferente. El Plan de Normalización Migratoria (PNV) que entró en vigor el 19 de enero de 2021, derivado de la aprobación del gobierno dominicano de una resolución que permite el acceso a la categoría de migrantes no–residentes, a las personas migrantes venezolanas que ingresaron regularmente al país entre enero de 2014 y marzo de 2020. Este PNV ha operado con el apoyo del Secretariado General de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Migraciones (ACNUR), con el fin de atender la realidad particular de esta población en RD y en la región para brindar ayuda, y garantizar el acceso a derechos y a servicios básicos.
Es muy posible que muchxs de ustedes se pregunten por qué no se hace algo parecido con la población migrante haitiana en la isla. Por qué no se hace un Plan Nacional de Regularización para personas haitianas migrantes. En este caso, el gobierno de Luis Abinader, desconoce y hace autoritariamente lo que es imposible hacer: “quitar derechos humanos” a muchas personas dominicanas de ascendencia haitiana, pero que son dominicanas porque nacieron en el país antes de la constitución del 2010 que reconoce la figura jus-soli para acceder la nacionalidad dominicana e incluso, deportan y retiran papeles a personas dominicanas que el gobierno y los grupos nacionalistas, dueños de medios y facciones politícas supremacistas como el Instituto Duartino, el Frente Nacional Progresista y la Antigua Orden Dominicana, consideran “demasiados negros para ser dominicanos”.
Quiero precisar que este texto no busca criticar el PNV que se habilitó para que los migrantes de Venezuela accedan a derechos. Pero la realidad es que sobre la gente de venezuela existe una lectura estética racista de que son “blancos, blanquitos, morenitos lavao, buen mozos, no precarizados como les haitianes, potenciales mejoradores de la raza, en definitiva, no son negros”. República Dominicana es un país que vive del turismo, o mejor dicho, el turismo es un sector central para el mantenimiento y crecimiento económico de la isla, según datos del Banco Central de RD, este sector representó el 34% de la economía nacional en el primer semestre del año. El país tiene una tradición de servicio y el sector hotelero ha sido siempre un campo de riqueza para el sostenimiento económico del territorio. Leamos esto con toda su complejidad, es decir, tradición de servicio en un entramado globalista de economía de libre mercado donde el capitalismo trasnacional expropia y despoja tierras y privatiza playas, tradición de servicio, pero es un servicio racista y clasista, orientado a cuerpos y vidas blancas del norte, es decir, hablo de un sector que no es ajeno a los procesos de clasificación y jerarquización racial en el país, que están presentes en todas las dimensiones y sectores de la vida, dígase, la política, la economía, la cultura etc. República Dominicana abraza lo extranjero y es servicial con ello, siempre y cuando no estemos hablando de negros pobres haitianos y negros que se confundan con la “negritud rotunda del pueblo de Haití”.
Esto lo constatamos en la Ley 285-04 que considera que “las migraciones internacionales constituyen uno de los procesos sociales más importantes de la nación dominicana al inicio del Siglo XXI, cuyas consecuencias condicionan significativamente la vida económica, política y cultural del país; y que el país debe dar una respuesta funcional y moderna a los retos de un mundo en cambio, interdependiente y global, una de cuyas principales expresiones es el fenómeno migratorio internacional”, esto aplica siempre y cuando no seas haitiana o negra. Porque cuando hablamos de haitianxs, a “esos hay que deportarlos” según el Presidente Luis Abinader, quien afirma que lo que hace con las deportaciones irregulares, masivas e ilegales es cumplir la ley, pero esa ley solo es contra la gente negra haitiana, y no es aplicable a otras poblaciones migrantes no negras en el país. Parece que la globalización migratoria y la riqueza de la movilidad consagrada en la ley, sólo es aplicable cuando se tiene un cuerpo blanco.
Y no dejemos de mencionar que la Ley la hacen los blancos racistas en el poder, la Sentencia racista 168-13 y el Decreto racista 668-22, son dos grandes ejemplos, de quiénes hacen la ley en el país. Sobre este punto Ochy Curiel, describe la blanquitud, la élite y el supremacismo blanco que colma, casi en su totalidad, a lxs 13 Magistradxs del Tribunal Constitucional, en su libro Un Golpe de Estado: la sentencia 168-13: continuidades y discontinuidades del racismo Rep. Dom.
Este reciente Decreto, dispone que según las facultades y atribuciones del Presidente, “los extranjeros serán debidamente procesados y deportados”, lo cual es preocupante, comprobado el nivel de asentamiento y aceptación del racismo de Estado, antinegro y antihaitino que existe en República Dominicana, institucionalizado por parte de las autoridades e instancias del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ya que esas atribuciones constitucionales del presidente operan bajo la discrecionalidad racista de Estado, donde una élite blanca y blanca-mestiza en el país, gobierna y tiene la propiedad de medios millonarios en el sector privado, como bien lo documenta el libro ya citado de Ochy Curiel; por lo que será esta élite quien “discrecionalmente” decidirá quién se deporta y quién no, bajo la narrativa nacionalista, conservadora, racista, blanca y de extrema derecha, de que “el pueblo haitiano nos está invadiendo y la Rep. Dom. debe ser protegida más que nunca”.
El Decreto determina la creación de una Unidad especializada dentro de la Policía Nacional para la “prevención y persecución de las invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado”, lo cual a estas alturas no nos resulta extraño, porque ya sabemos el rol tradicional e histórico que juegan las instituciones policiales para materializar el racismo en el mundo, criminalizando, encarcelando y persiguiendo a sujetos no blancos, construidos como criminales por el Estado-nación. No perdamos de vista, el uso de las palabras “invasión, ocupación, propiedad privada,etc”·. Esta ola de deportaciones masivas que se basa en un racismo de Estado, tiene sus bases en un sentimiento nacionalista propio de la derecha extrema, que se declara proteccionista y defensora de la propiedad privada, en un contexto de liberalismo económico y racismo antinegro, para los grupos supremacistas.
En la isla, el pueblo haitiano no es cualquier migrante, es la subjetividad que define lo que no son los dominicanos en su mirada blanca y eurocéntrica. Nos damos cuenta como ya he mencionado antes, de que el gobierno, no está ocultando nada, viola la Constitución y los estándares regionales e internacionales más ampliamente reconocidos para garantizar la protección de derechos humanos, tal como lo hacen las derechas extremas en el mundo para salvaguardar su propiedad y ser “más grandes”-pensemos en liderazgos fascistas como el de Bolsonaro, Donald Trump o Meloni en Italia.
Este Decreto posiciona no solo a la Policía Nacional como verdugo ejecutor de las deportaciones masivas, sino también al Ministerio de Interior y a la Policía, al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración. Lo que viene a patentar el robusto andamiaje institucional que constituye a República Dominicana como una nación conservadora, racista y antinegra, que reprime a personas negras.
La derecha extrema racista queda revelada en este gobierno de Luis Abinader, al enfatizar que este Decreto es por el bien de la seguridad nacional, la preservación del orden público y la protección de la propiedad privada, lo cual es grave, no solo por el caracter securista propio de regímenes de autoritarios y de derecha, sino también por la carga higienista, muy parecida a los Códigos Negros de 1865 y 1866 en Estados Unidos, que fueron leyes especificanas para poblaciones afroamericanas con el objetivo de criminalizarles y negarles sus derechos, libertades políticas y a ser “ciudadanxs de pleno ejercicio”. Este Decreto también recrea el imaginario de los Códigos Negros al apelar constantemente a la necesidad de preservar el orden social, en un contexto donde la negritud y lo haitiano se concibe como criminal y desorden, por que es necesario ponerle orden a la nación dominicana saqueada y hatianizada por lo “rotundamente negro y haitiano”.
Es preocupante que sabiendo que el derecho a la propiedad es secundario en relación a los derechos humanos, se viole el derecho internacional de los derechos humanos al negar la identidad dominicana a miles de personas, obstaculizando su derecho a existir y el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a partir de ideas nacionalistas hispanófilas, racistas, supremacistas y de extrema derecha que buscan la eliminación de la presencia de un grupo históricamente discriminado por el racismo institucional y sociocultural de República Dominicana.
Tribunal racista: la Sentencia 168-13
Si bien es cierto que este Decreto es reciente, la realidad es que como señala la antropóloga decolonial Ochy Curiel, el racismo antihaitiano en República Dominicana siempre ha tenido continuidades. En el 2013, en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de Danilo Medina, partido de derecha y liberal, el Tribunal Constitucional aprobó la Sentencia 168-13, que constituye la privación de la libertad y la apatridia de personas dominicanas de ascendencia haitiana en la Rep. Dom. La sentencia aprobada por el máximo órgano protector y garantista de la Constitución dominicana, la cual consagra el principio pro persona, que se refiere a que la autoridad siempre elegirá el instrumento jurídico que favorezca más a la persona y que garantice más ampliamente sus libertades y derechos humanos, ignoró su deber constitucional y convencional, y aprobó una sentencia en contra de lo que dice la Constitución en su Artículo 18: “son dominicanxs los hijos e hijas de madre o padre dominicanos; quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución; las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas; personas nacionales, las personas nacidas en territorio dominicano de padres dominicanos o residentes legales…”, citar quienes gozan de la nacionalidad dominicana es importante, porque esta Sentencia viene justamente a violar el máximo instrumento constitucional por el cual se creó el Tribunal en la reforma del 2010.
La Sentencia 168-13 estableció que sólo se consideran dominicanxs aquellas personas nacidas en territorio dominicano de padres dominicanos o residentes legales. A pesar de que la Constitución dice también que son dominicanas aquellas personas que gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución, esta Sentencia se aplica por mandato del Tribunal y disposión del Ejecutivo, de manera retroactiva, quitándoles la nacionalidad a miles de dominicanxs negros y de ascedencia haitiana, que nacieron en el país y que nunca habian pisado, incluso, territorio haitiano. Aplicar retroactivamente una ley, es violatorio de derecho, viola el principio de certidumbre jurídica y es injusto por definición, porque se le aplica a una población el peso de un nuevo marco normativo que en su momento no era vigente. En palabras llanas, es un uso autoritario y arbitrario del poder, y estrictamente del aparato legal. Esta situación afirma cómo el derecho al final de cuentas termina siendo una herramienta de la blanquitud y de los amxs.
Esta nueva interpretación del Tribunal Constitucional de República Dominicana de la Constitución, que nombró “en tránsito por el país” a personas que llegaron desde inicios del siglo pasado, dictó que las personas nacidas entre 1929 y 2010 de manera “ilegal” específicamente de padres y madres haitianas en situación migratoria irregular no tienen derecho a la nacionalidad dominicana. Esto no solo es desproporcionado porque se aplica restrictivamente la ley, lo cual constituye un anacronismo y una grave violación de derechos humanos, sino también porque contradice lo que el derecho internacional de los derechos humanos consagra: “la condición migratoria de les madres/padres no se hereda a les hijes”, es decir la condición de “ilegalidad” no es transferible a la persona nacida. Esta sentencia privó y sigue privando arbitrariamente el derecho humano a la nacionalidad, a un nombre, a la ciudadanía, a la vida digna… de cientos de miles de personas de ascendencia haitiana y dominicanas negras que son leídas como haitianas o de ascendencia haitiana, creando una crisis humanitaria, una situación generalizada de apatridia y el inicio de una limpieza étnica.
El Decreto 668-22 es un efecto o consecuencia directa de la Sentencia 168-13, ya que la propia sentencia establece que el gobierno y el Estado dominicano debe tomar las medidas necesarias para hacer cumplir esta ley violatoria de la vida misma de dominicanes de ascendencia haitiana que tienen generaciones de vivir en el lado dominicano de la isla.
Negación histórica de Estado
El nacionalismo que sostiene una idea de dominicanidad pura y racista, que es todo menos negra y haitiana, ha provocado, como ha dicho la CIDH, que el Estado y sus instituciones entren a un proceso de revisionismo histórico para “consolidar una interpretación que establece que las personas nacidas en República Dominicana de padres haitianos en situación migratoria irregular no tenían derecho a la nacionalidad dominicana”. Y que estos nuevos marcos legales, dígase la sentencia y el decreto, vienen a enmendar un error histórico.
La realidad es, como documenta Ochy Curiel, en su texto ya citado y la CIDH en el Informe Situación de los derechos humanos en Rep. Dominicana, que “las autoridades dominicanas a lo largo del tiempo y en varios gobiernos, han tomado medidas jurídicas, legislativas y administrativas, que buscan menoscabar los derechos de las personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana en el país, haciendo cada vez más común la negativa de parte de los registros civiles de declarar a niñes de ascendencia haitiana como dominicanxs”. Recordemos el Caso Yean y Bosico vs. República Dominicana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), cuya sentencia se dictó en el 2005, y el cual se remonta en el 1997, cuando “el 5 de marzo de 1997, comparecieron ante la Oficialía Civil de Sabana Grande de Boyá la madre de Violeta Bosico, de 10 años de edad, y la prima de la madre de Dilcia Yean, de 12 años de edad, con la finalidad de solicitar el registro tardío de sus nacimientos. Las niñas habían nacido en República Dominicana y su ascendencia era haitiana. A pesar de contar con los documentos requeridos, se denegó el registro de las niñas. A pesar de haber presentado una demanda a favor de las niñas, ésta fue denegada”. Incurriendo así el Estado dominicano en responsabilidad internacional derivado de la negación de emisión de las actas de nacimiento de las niñas. Esto no es nuevo, el Estado dominicano ha negado históricamente los derechos de las personas haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y dominicanas negras hace mucho tiempo.
La Sentencia 168-13 y el reciente Decreto 668-22, vienen a confirmar el racismo estructural de Estado que mueve la política migratoria del país. No son hechos fortuitos de la coyuntura, sino un proyecto de nación sostenido en el tiempo, que se basa en el racismo y el profundo odio antihaitiano de grupos blancos, conservadores y de derecha, que ocupan los Poderes del Estado. El Tribunal Constitucional está conformado en su mayoría por hombres y mujeres blancas que defienden una dominicanidad blanca y no negra, o en palabras de Ochy Curiel: “es evidente… los intereses particulares de once de trece integrantes del Tribunal, quienes sustentan un nacionalismo como lo han hecho viejos y nuevos grupos hegemónicos que han sostenido que la soberanía dominicana debe defenderse para evitar una supuesta “invasión haitiana” y la fusión de la Isla. La supuesta objetividad-neutralidad jurídica está cargada de ideología y esta a su vez se liga a las prácticas sociales”. Ochy en su texto “La Sentencia 168-13: continuidades y discontinuidades del racismo en Rep. Dom.” ha hecho una genealogía y ha demostrado, cómo el racismo haitiano es histórico de grupos nacionalistas en el país, y cómo los medios construyen narrativas y discursos de invasión y odio antihaitiano, empresas, conglomerados y políticos se han hecho del poder del Estado y sus aparatos ideológicos (Althusser), para construir un proyecto de Estado fascista, colonial y profundamente racista contra las poblaciones haitianas y “demasiado negras” para ser dominicanas.
Extremismo nacionalista y linchamientos por ser negres
República Dominicana define su dominicanidad y su ciudadanía nacionalista en cuanto niega toda relación con Haití. Es profundamente antihaitiano, no solo hablamos de racismo, hablamos de antihaitianismo y antinegritud.
Estas políticas que han generado una crisis humanitaria, menoscaban los derechos de un grupo específico, es por eso que podríamos hablar, como ya mencioné, de una especie de limpieza étnica, a pesar de que este concepto es propio de contextos de guerra, reconociendo que estamos ante un caso de deportaciones forzadas, fundadas en el racismo de extrema-colonialidad del Estado dominicano y de grupos fascistas y supremacistas blancos. En este sentido podemos pensar la posibilidad, de hablar eliminación étnica derivado del gran historial de hostigamiento y persecución contra poblaciones haitianas y de ascendencia haitiana en el país. Con esta idea, quizás prematura, me permito pensar en voz alta con ustedes, al definirse la eliminación étnica como el “acto por el que se crea una zona étnicamente homogénea mediante el uso de la fuerza o la intimidación con el fin de eliminar de dicha área a las personas de otro grupo étnico o religioso”, quizás derivado de la prolongada obsesión e histórica continuidad del Estado dominicano de eliminar la presencia haitiana y de dominicanes de ascendencia haitiana a través de acciones jurídicas, del uso de la fuerza coercitiva del Estado e incluso a través de matanzas como fue el caso de la Masacre del Perejil en 1937, entre otros hechos de crímenes de odio y linchamientos de haitianos en la isla, prolongados en años de racismo antinegro, como son concretamente los casos Delouise Estimable, de 32 años, a quien autoridades del Estado encerraron en un camión de redadas para deportación y lo golpearon hasta asesinarlo este año o los cometidos por la Dirección General de Migración (DGM) quien este año ejecutó con un disparo en la cabeza Joel Lolo, durante un allanamiento ilegal. La DGM se caracteriza por hacer este tipo de detenciones y allanamientos ilegales, los cuales han sido motivados y justificados por el marco normativo antinegro que han aprobado el gobierno actual y pasadas administraciones.
Los grupos antiderechos y nacio-supremacistas blancos que se llaman dominicanistas, como el Instituto Duartiano, la Antigua Orden Dominicana y la Fuerza Nacional Progresistas (FNP), bajo la narrativa de invasión pacífica de haitianos a Rep. Dominicana, alimentan crímenes de odio como el sucedido el 12 de junio, donde junto a militares atacaron “la comunidad de Galván, en Bahoruco, asesinando a un trabajador haitiano, quemando su cuerpo e incendiando ocho viviendas”. Ante todos estos hechos, la impunidad persiste y las autoridades se encuentran en completo silencio. Casos como estos son muchos, sería imposible enumerarlos aquí.
Perfilamiento racial: estrategia de Estado
Las constantes políticas antihaitianas y antinegras del Estado dominicano, vulneran el derecho a la personalidad jurídica, privan arbitrariamente el derecho a la identidad, a la nacionalidad, a la igualdad y construye un ambiente hostil de racismo estructural donde los cuerpos negros, dominicanos de piel oscura y de ascedencia haitiana son concebidos como “invasores, criminales y cuerpos a ser deportados y eliminados”, lógicas propias de regimenes fascistas.
La perfilación racial es usada como estrategia por la policía para ejecutar las deportaciones masivas. No quiero perder la oportunidad de hablar sobre el colorismo como una política de perfilamiento racial muy común en la República Dominicana. Si bien es cierto que el colorismo aplicado entre las propias comunidades negras es una estrategia colonial de fragmentación e incluso racista, la realidad es que en República Dominicana las personas leídas como “muy negras” están más cercanas a ser objetivo de racismo o incluso de deportación. Yo soy una persona negra, me di cuenta de mi afrodescendencia cuando salí del país. Allá me decían “morenito”, “café con leche”, clarito” a pesar de mi rotunda afrodescendencia. Esos marcadores identitarios que pasan por la estética vienen a ser dispositivos nacionalistas que usa la dominicanidad para crear diferencias y tumbar puentes entre República Dominicana y Haití “Mientras más nos diferenciamos de la gente haitiana, más dominicanas somos”. Haciendo que República Dominicana, aplique el concepto de la diferencia colonial (Mignolo) tal cual lo hizo Europa, que al definir qué es y qué no es lo otro, al definir y fundar lo negro, lo bárbaro, lo primitivo, lo civilizado, etc. se definía a sí misma como lo blanco, lo avanzado, lo civilizado etc. Como lo menciona Enrique Dussel, que Europa al hacerse “el centro de la historia mundial… crea a otros pueblos y otras culturas como “su periferia ”, creando así, jerarquías raciales, culturales y geográficas”.
República Dominicana es un país antinegro porque la presencia negra significa ennegrecer su paisaje nacionalista y blanco-eurocentrado. Por lo que crea a través de la ley, el marco legal restrictivo y arbitrario, que pone en operación las instituciones del Estado para castigar, deportar, linchar, negar derechos y eliminar de la mitad de la isla a todo lo simbólico negro que represente una mancha a la pureza dominicana. Es realmente fascista.
No hay que perder de vista que no es un tema teórico como ya mencioné, las vidas haitianas, de ascendencia haitiana y negras en Rep. Dominicana, a pesar de ser un país negro, no importan, y no porque sean olvidadas sino porque son perseguidas y acorraladas. Organizaciones locales han documentado cómo cada vez se instalan narrativas nacionalistas, que rezan que las mujeres haitianas les quitan espacios a mujeres dominicanas en las maternidades, ha habido detenciones de mujeres embarazadas en hospitales, negándoles el derecho a la salud y separándolas de sus hijes. El gobierno actual de Luis Abinader, durante el 2022, ha separado a más de 1,800 de acuerdo a UNICEF. Estes niñes son abandonados en Haití, país en el que nunca habían estado, separadxs de sus familias. Esto constituye una grave violación a los derechos de les niñes, Tratado vinculante y del cual el Estado dominicano forma parte.
Los actos ilegítimos, irregulares y violatorios de derechos humanos, que sostienen el profundo racismo institucional y social de Estado, alimentado por grupos nacionalistas, conservadores y supremacistas en la isla, incurren en el cometimiento de graves violaciones a derechos fundamentales que suceden todos los días. Los ejemplos son incontables.
Que se derogue el racismo
Ese espacio se me terminó, pero no quiero dejar de mencionar que los medios de comunicación no hablan de esta crisis humanitaria en el Caribe. Pasa desapercibida tanto en medios tradicionales como en muchos independientes. Lo cual es un indicador de los pactos racistas y de blanquitud de los medios y su rol en el sostenimiento del racismo que define y organiza el mundo.
Urge que exijamos que paren estas violencias a la vida, que el Estado dominicano respete, repare y garantice derechos y libertades fundamentales a personas dominicanas de ascendencia haitiana, haitianas, dominico-haitianas y dominicanas negras , y que se derogue inmediatamente la Sentencia 168-13, el Decreto 668-22 y todo marco normativo que habilita el racismo en la isla, que se restituya la nacionalidad a las más 200 mil personas dominicanas de origen haitiano que se le fue quitada por ser negras y se combata el racismo en ese territorio donde un día muy desafortunado llegó Colón.
Referencias (libros):
- 2022. Curiel, O. Un golpe de Estado: la Sentencia 168-13: continuidades y discontinuidades del racismo en Rep. Dom.
- 2014. Quijano, A. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.
- 2000. Dussel, E. Europa, modernidad y eurocentrismo.
- 2009. Frantz Fanon. Pieles negras, máscaras blancas. Akal. Madrid, España.
- 2019. A. Quijano. Anibal Quijano ensayos en torno a la colonialidad del poder. Ediciones el Signo. Duke University.
