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El 15 de enero de 2024, Lorenza Cano Flores, integrante del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fue privada de su libertad en la colonia Ampliación El Cerrito, en el municipio de Silao (Guanajuato). Al lado de su hija, desde agosto de 2018, busca a su hermano, José Francisco.
De acuerdo con el Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas Guanajuato, un grupo de hombres armados ingresó al domicilio de Lorenza pasadas las 10 de la noche. Antes de ser llevada por la fuerza, presenció el asesinato de su hijo y su esposo, quienes se encontraban de visita en Salamanca y planeaban regresar a los Estados Unidos para trabajar.
Tan pronto se conocieron los hechos, la Unión Regional de Búsqueda del Bajío y de la Red Internacional de Personas Desaparecidas exigieron respuesta por parte de las autoridades. Desde Sonora, la activista y también madre buscadora, Cecilia Flores, recordó las condiciones de peligro y vulnerabilidad en las que realizan su labor. “Nosotras lo único que queremos es que [nuestrxs familiares] vuelvan a casa”, expresó.
El 22 de enero, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) detuvo a José Adrián “N” y José Iván “N”, presuntos responsables del secuestro de Lorenza. Sin embargo, el 27 de enero, el colectivo Desaparecidos Guanajuato denunció que los hombres serán liberados.
Feminización de la búsqueda: los impactos diferenciados de la desaparición
Desde 2015, Guanajuato es una de las entidades con mayor aumento de casos de desaparición y fosas clandestinas. En mayo de 2022, se identificó a Silao como uno de los seis municipios guanajuatenses con más denuncias por este delito. Para entonces, la Fiscalía estatal contabilizó al menos 592 investigaciones.
Silao también es uno de los puntos geográficos de Guanajuato con más reportes de intimidación criminal contra colectivos de búsqueda. Aun así, en agosto de 2023 el Gobierno local retiró el apoyo de seguridad a las brigadas independientes.
El abandono y la negligencia por parte del Estado se traduce en violencias continuas, sistematizadas, estructurales y extremas, como denuncia la psicóloga Alejandra Amador. En esta serie de atentados contra la dignidad, las mujeres —que representan cerca del 89% de las personas buscadoras en México— reciben impactos diferenciados.
La feminización de la búsqueda no es exclusiva de México y tampoco reciente. Tal y como lo recupera la investigadora Leticia Carrasco Gutiérrez (Universidad de Guadalajara), la conformación de los comités de madres, abuelas, tías, hijas, esposas, hermanas, sobrinas y nietas es un hecho político presente en América Latina desde los 70.
Esta categoría no sólo ha sido fundamental en el reconocimiento de las mujeres en la lucha por los Derechos Humanos. Su relevancia política también consiste en el reclamo urgente de incorporar la perspectiva de género al tema de desaparición para, de esta forma, visibilizar la complicidad del Estado en la preservación y el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres.
Si bien documentos como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (2017) y el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada han atendido a las recomendaciones internacionales para incorporar el principio de enfoque diferencial y especializado, en México todavía es muy perceptible —y constante— la poca —y a veces inexistente— transversalización de la perspectiva género.
Entre las consecuencias de estas deficiencias metodológicas —que se reflejan en los alcances de las políticas públicas— se encuentra la desvinculación de la desaparición con delitos como la violencia de pareja, el feminicidio o la tentativa, como señala el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. en el informe Mujeres Desaparecidas del Estado de Guanajuato (2023).
Exigimos el regreso de Lorenza sana y salva. Al mismo tiempo, nuestro grito de rabia abraza a la familia de Teresa, María del Carmen, Esmeralda, Lilián, Ana Luisa y Gladys.
En México el derecho al duelo no existe. A las buscadoras les arrebataron la paz, pero también el tiempo para —no— sentir el vacío y —no— nombrar la ausencia (si es que eso es posible). A diario se ven obligadas a luchar por su supervivencia y por la de lxs suyxs. Las madres, abuelas, tías, hijas, esposas, hermanas, sobrinas y nietas se ven obligadas a empalmar su dolor con estrategias para conducirse con cautela. La pedagogía de la crueldad está implícita en la desaparición.
Sea en Sonora, Tamaulipas, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Jalisco o la propia capital, las buscadoras recorren calles, carreteras, terracerías, baldíos y desiertos con el recuerdo de sus compañeras. Mientras las cobija la luz del sol o la luna, se despiden de María del Carmen Vázquez (Personas Desaparecidas de Pénjamo, Guanajuato), Esmeralda Gallardo (Colectivo La Voz de los Desaparecidos), Lilián Rosario Rodríguez (Corazones Sin Justicia) y Gladys Aranza Ramos (Guerreras Buscadoras de Guaymas), quienes fueron asesinadas con armas de fuego, en sus domicilios o negocios. “El sufrimiento y castigo como entramados de los poderes sistémicos”, denuncian expertas del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF) y Fundar.
La omisión —casi siempre intencionada— del enfoque diferencial también se ha vuelto un factor relevante en la romantización de la labor que encabezan las buscadoras. Paralela y estratégicamente deslinda a las instituciones de sus responsabilidades en una crisis de derechos humanos que alcanza las 109.838 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas.
A nivel nacional existen, al menos, 234 colectivos de madres buscadoras que se organizan y diseñan metodologías propias para compartirlas con su comunidad. El amor, la (des)esperanza, la rabia, la frustración y el coraje también sostienen el trabajo de los cuidados, uno que sigue siendo desvalorizado y, en este caso, hasta criminalizado.
El Estado mexicano —sin importar la titularidad de la silla presidencial o del partido en turno— ha fallado en la prevención, eliminación y erradicación de la violencia de género. A la impunidad que rodea los delitos contra mujeres —calculada en 76%—, las deficiencias en el funcionamiento de las alertas de género y la raquítica asignación presupuestal para refugios, se suma la deuda histórica con las buscadoras. No las escuchan ni las protegen. En cada uno de sus niveles, el entramado institucional les niega lo que las mantiene de pie: la justicia.
