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Bajo el lema #NadaQueCurar, el proyecto se presentará nuevamente ante la Secretaría de la Cámara de Representantes este primero de octubre. Su objetivo será: “la construcción de un país respetuoso en el cual prime la dignidad humana y la autonomía para que a ninguna persona le sea impuesta la heterosexualidad o la homosexualidad, y todas las identidades de género sean respetadas”.
En esta ocasión, el proyecto tendrá modificaciones con respecto a los dos proyectos anteriores para que logre avanzar en los debates y no genere desinformación. El nuevo documento incluye la creación de un delito con penas de entre dos y seis años para quienes practiquen estas terapias. La sigla ECOSIEG (Esfuerzos de Cambio de Orientación sexual, Identidad de género o de Expresión de género) tampoco será utilizada con la intención de que el proyecto sea más accesible y comprensible para la ciudadanía.
“Esta es una versión que le genera mucha tranquilidad a la población colombiana, es una versión que está incluyendo no solamente a personas LGBTI sino también a personas heterosexuales, para que se proteja la identidad sexual de todas las personas en Colombia y a ninguna persona se le trate de imponer o reprimir su orientación sexual o su identidad de género”, explica a Volcánicas Carolina Giraldo Botero, representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde y autora de este proyecto.
Si el proyecto se convierte en ley, se buscarán acciones que reparen integralmente a las personas víctimas de las prácticas de conversión a través del acompañamiento psicosocial y la no repetición. Además, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia tendrán que desarrollar un protocolo de investigación específico para casos relacionados con prácticas de conversión. “Es un proyecto que construimos de manera más fuerte con víctimas de estas prácticas de conversión y por lo tanto tiene más énfasis en prevención, atención y también en reparación. Eso es algo novedoso en el proyecto de ley”, agrega la representante.
En 2021, Volcánicas reveló en su reportaje Inconvertibles: La lucha en contra de las mal llamadas “terapias de conversión”, una tortura para las personas LGTBIQ+ testimonios de 10 personas LGBT+ víctimas de las prácticas de conversión y cómo estas les desencadenaron trastornos de ansiedad y depresión. Las organizaciones religiosas y consultorios psicológicos y médicos son los más comunmente denunciados por organizaciones internacionales al violar los derechos de las personas LGBT+.
Según el estudio del Instituto Williams, el 22% de la población LGBT+ en Colombia ha sido sometida a las mal llamadas “terapias de conversión”. Luego de una encuesta realizada a 4.160 personas de la comunidad LGBT+ en todo el país para examinar la prevalencia de ideas suicidas, se encontró que el 25% de las personas encuestadas presentaron intentos de suicidio a lo largo de su vida. El estudio explica que este porcentaje es casi 10 veces más alto que entre la población colombiana en general.
De acuerdo con lo establecido por la Asociación Mundial de Psiquiatría, en 2016, no existen pruebas científicas sólidas que demuestren que las prácticas de conversión pueden cambiar la orientación sexual innata de una persona. Por su parte, en 2012 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinó que estas prácticas representan una amenaza para la salud y los derechos humanos de las personas afectadas y no cuentan con una justificación médica.
En una encuesta realizada por All Out y Volcánicas en 2023 a más de 800 personas, se reveló que el 44% de les encuestades mencionó que, en alguna ocasión, algún miembro de su familia les insistió en llevarles a la fuerza para iniciar un tratamiento destinado a cambiar su orientación sexual, identidad o expresión de género. Aunque las principales motivaciones para recurrir a las prácticas de conversión surgen en el hogar, espacios como el colegio, las iglesias y el sector salud también contribuyen a que la población LGBT+ en Colombia y el mundo recurran a las mal llamadas “terapias de conversión”.
La representante Carolina Giraldo detalló que, en las mesas de trabajo realizadas con la Fiscalía para este nuevo proyecto de ley, se identificaron vacíos jurídicos que son un obstáculo para quienes deseen denunciar estas prácticas de conversión puedan hacerlo de manera efectiva.“El proyecto de ley está generando unas penas y sanciones que también posibilitan que la gente pueda, por un lado, denunciar, y por otro lado, acceder a la justicia, algo que en estos casos no ha pasado en Colombia”, sostiene la congresista.
El 12 de junio de 2024, el segundo proyecto de ley para prohibir las prácticas de conversión se hundió en el Congreso de la República. Congresistas opositores a la iniciativa modificaron el orden del día en la Comisión Primera del Senado y por falta de tiempos no logró avanzar. María Fernanda Cabal, Jota Pe Hernández, Lorena Ríos, Miguel Polo Polo, Mauricio Giraldo, José Jaime Uscátegui, Luis Miguel López y Karina Espinosa fueron los opositores que frenaron el proyecto anterior.
“Este es un proyecto de no violencia y de no discriminación es un proyecto de ley para que a nunca nunca nadie más le digan que está enfermo por ser como es, porque la homosexualidad o ser trans no son enfermedades, así como la heterosexualidad tampoco es una enfermedad, así que es un proyecto de ley de igualdad de derechos”, agrega la representante Giraldo sobre la nueva radicación de esta iniciativa en el Congreso.
