#Metoo yo te creo colega. Nueva ola de denuncias en el periodismo colombiano. ¿Qué sigue?

El pasado viernes 20 de marzo, Caracol Televisión, una de las cadenas privadas más grandes de Colombia, anunció que está adelantando investigaciones contra dos periodistas del canal por denuncias de acoso sexual. Los nombres de los denunciados no se mencionan en el comunicado, pero, de inmediato, se empezaron a hacer públicos testimonios y videos que señalan a los periodistas Ricardo Orrego y a Jorge Alfredo Vargas, entre otros, y se desató una nueva ola de denuncias que salpica incluso a otros medios, que se está empezando a nombrar como el #MeToo del periodismo colombiano. Este martes 24 de marzo, Caracol confirmó la salida de ambos presentadores del canal.

Esta nueva oleada no nos sorprende. En Volcánicas hemos denunciado la violencia machista, el abuso y el acoso en emisoras (Radiónica) y en el sistema de medios públicos (RTVC) desde 2022. La primera denuncia la hizo la periodista Laura Ubaté y después de ella vinieron más. En menos de un mes recibimos más de 30 testimonios sobre comportamientos inapropiados al interior de RTVC y hacia las oyentes. Lo que evidenciamos fue un patrón sistemático y un clima machista que habilitaba estas conductas, el silencio, la impunidad y el castigo para las denunciantes. 

No son casos aislados 

El acoso en las salas de redacción no es un problema reciente ni aislado; es un secreto a voces en todos los grandes medios desde hace mucho tiempo. A las periodistas nos han acosado jefes, colegas, incluso fuentes, y denunciarlo suele ser visto como una muestra de debilidad en una profesión supermasculinizada, en donde las mujeres tenemos que pasar por pruebas extra para “probar rudeza” y que nos respeten. Las dinámicas del oficio del periodismo fueron hechas a medida de los hombres, como ha ocurrido en la mayoría de los trabajos no domésticos; más específicamente para personas sin responsabilidades de cuidado, y por eso se privilegia a quien pueda estar disponible 24/7, y a quien pueda soportar con buen talante los comentarios machistas y discriminatorios que hacen los periodistas cuando nadie los ve. 

Uno de los factores que produce más fugas de cerebros en el periodismo es el acoso sexual, que se ha normalizado en redacciones donde los editores salen con las practicantes y en donde muchos hombres tienen el poder de ser gatekeepers (guardabarreras) y usan ese poder para acosar. Por eso, aunque la proporción de mujeres en las escuelas de periodismo es cercana a un 65%, la proporción disminuye progresivamente en la sala de redacción y en los cargos de liderazgo, y muchas periodistas brillantes terminan decantándose por otras áreas y hasta otros gremios para no tener que adaptarse en silencio a esas prácticas machistas. 

Según el informe Violencia de género en contra de las mujeres periodistas en Colombia, realizado por la Universidad de Los Andes y No Es Hora de Callar, publicado en 2020, el 60% de las periodistas que participaron en el estudio fueron víctimas de violencia de género o sexual en su trabajo; el 77.9% dijo conocer situaciones de violencia de género contra sus colegas; el 79.3% fueron acosadas por un jefe y el 56.1% por compañeros de trabajo. Además, el 37% de las encuestadas abandonaron sus espacios laborales por acoso, otro 37% abandonó fuentes y el 24% temas de investigación, como consecuencia del acoso. 

La importancia de la denuncia 

Las denuncias públicas por acoso sexual son tan poderosas porque cuentan historias, y se convierten en herramientas para que otras personas puedan reconocer el acoso en sus vidas. Estas denuncias son indispensables para el cambio cultural y para la prevención, por eso la Corte Constitucional ha dicho en varias ocasiones que son discursos especialmente protegidos. 

Mientras somos testigas del poder de las denuncias y de este nuevo momento de #MeToo en el periodismo, avanza el juicio del gerente de RTVC, el sistema de medios públicos de Colombia, Hollman Morris, por injuria y calumnia contra Lina Castillo, una mujer que lo denunció en 2019 por acoso y, desde entonces, ha sido objeto de todas las revictimizaciones posibles. Si Morris gana este caso, abre la puerta a la criminalización de todas las denunciantes, un precedente gravísimo contra el escrache, y eso es exactamente lo que los agresores quieren. 

El acoso y la violencia sexual existieron históricamente en el silencio. Fue gracias a las luchas feministas que desenterraron estas historias que la denuncia se ha convertido en el mayor talón de Aquiles del sistema patriarcal, y precisamente por eso hay tantos esfuerzos por censurar a las denunciantes, desde organizaciones como Varones Unidos, del doble feminicida uruguayo Pablo Laurta, hasta el acoso judicial que emprenden los hombres con poder contra quienes denuncian y quienes las acompañamos. El acoso sexual es una herramienta para expulsarnos de lo público, del trabajo, de las calles, y regresarnos al ámbito de lo doméstico.

¿Qué sigue?

Luego de que más de 100 periodistas y escritoras nos manifestáramos en contra del acoso judicial de Hollman Morris contra Lina Castillo, este martes 24 de marzo la Fiscalía General de la Nación se refirió al caso, anunciando que pasará a la Fiscalía 3 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con enfoque de género. En el mismo comunicado, la Fiscalía confirmó que investigará el caso de Caracol y que habilitó el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir información y denuncias relacionadas con estos hechos. Paralelamente, un grupo de periodistas estamos recibiendo denuncias en yotecreocolega@gmail.com.

El caso de Morris contra Lina Castillo ha sido ampliamente cuestionado no solo por el peligro que representa para todas las denunciantes de violencias basadas en género, sino por varias irregularidades. Entre ellas, el uso de elementos institucionales por parte de Morris en las audiencias, como el logo de RTVC, haciendo un despliegue del poder institucional/estatal que lo respalda; también se ha evidenciado que personal de RTVC, como su asesora de género, Camila Manzanares, ha intervenido contra la defensa de Castillo en el juicio, identificándose como defensora de derechos humanos y no como empleada de RTVC y subalterna de Morris; recientemente, Cuestión Pública reveló que su abogada, Claudia Cristancho, tiene desde 2024 contratos por 445 millones de pesos colombianos con RTVC, la entidad pública que dirige su cliente, lo que supone un claro conflicto de intereses y sugiere un posible uso de recursos públicos en un litigio privado.

Aunque el anuncio del cambio de Fiscalía en el caso responde a la presión mediática, es posible que esto no garantice nada para Lina, pues no sugiere que cese el proceso en su contra, que es lo que se esperaría de un proceso con enfoque de género. Ya hemos dicho en múltiples ocasiones que una mujer en el cargo, sea la fiscal general o la jueza, no garantiza ningún enfoque. La nueva fiscal debe pedir una precaución y todas debemos pedir que se detenga el caso contra Lina Castillo.

COMPARTIR ARTÍCULO