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“Nadie debería tener que soportar este tipo de agresiones sólo porque no quiere continuar con una relación o porque, como en mi caso, se atreve a criticar a Nayib Bukele. Ese es mi pecado: el ejercicio de mi libertad en todos los ámbitos”, habla Bertha María Deleón, quien hace un par de años atraía la atención de la prensa salvadoreña por formar parte de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y por ser uno de los rostros más visibles en las acusaciones de lavado de dinero contra el expresidente Francisco Flores.
Bertha también fue una de las defensoras de derechos humanos que, como tituló El País, “cebaron el rodillo antiabortista” en El Salvador con la absolución de Imelda Cortez, joven que fue encarcelada después de que la Fiscalía calificara una emergencia obstétrica como tentativa de homicidio agravado y de Evelyn Beatriz Hernández, otra chica salvadoreña criminalizada por un parto extrahospitalario.
“La libertad no es negociable”, sostiene Bertha en una conversación que tiene como escenario la pared turquesa de una casa que se encuentra a kilómetros del territorio que la vio crecer y luchar por un país más justo para las mujeres. Aunque la excandidata tiene presente que la libertad es lo que la mantiene de pie, las condiciones en las que se aferra a ella hacen que se sienta distante e intangible. “Ese es mi pecado: el ejercicio de mi libertad”, repite desde el interior de la vivienda que renta en Ciudad de México y que comparte con la pequeña que la violencia estatal, familiar y de género le quieren arrebatar.
Bertha María Deleón es víctima de desplazamiento forzado, una realidad constante en El Salvador. Ella y su hija no salieron del país centroamericano por cuestiones económicas o el acecho de las pandillas. En su caso, la(s) violencia(s) ha(n) sido perpetrada(s) por su expareja, quien presuntamente ha encontrado en el oficialismo de Nayib Bukele (y sus múltiples atropellos a los Derechos Humanos) una oportunidad para atacarla como madre, abogada, profesionista, defensora y mujer. “He sido violentada en todos los ámbitos de mi vida. Es una cuestión personal que se entreteje con lo político”, asegura Bertha a Volcánicas.
Bertha y su expareja estuvieron juntxs 16 años y tuvieron dos hijxs: un joven de 19 años y una niña de 8. Hasta donde recuerda, el comportamiento de su expareja siempre fue “agresivo, desproporcional, inflexible y controlador”, además, asegura, “no participaba en la crianza y el cuidado de sus hijos”, más allá de su rol como proveedor, con el cumplimiento de sus obligaciones económicas. En 2019, Bertha decidió separarse. Él no respetó su decisión e insistió en recuperar la relación. Cuando ella se negó, él la amenazó con tomar acciones legales para quitarle la tutoría de sus hijxs. “Me dijo: ‘si vas presa, los niños se me van a quedar a mí’”, apunta.
Cuestionar la toma de la Asamblea Legislativa y ‘tirarle mierda en Twitter’: lo que Bukele no le perdona a Deleón
El 1° de junio de 2019, inició el primer periodo presidencial de Nayib Bukele. Meses antes, en febrero, Bertha estuvo presente en la Plaza Morazán en un evento en apoyo al actual presidente de El Salvador, pues lo consideraba “progresista”. Su entonces cercanía y confianza en Bukele eran públicas; vía Twitter compartían opiniones en común sobre el expresidente Francisco Flores y trabajó con él desde 2016, cuando era alcalde de San Salvador.
En febrero de ese año, la Fiscalía General investigó presuntos delitos cibernéticos que apuntaban a Bukele, Sofía Medina (actual secretaria de comunicaciones de la presidencia) y a los programadores Ricardo Andrés Ortiz Lara, José Carlos Navarro, Óscar Domínguez y Hugo Gilmar Erazo. Entre los presuntos crímenes destacaban los ataques contra La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, medios que mantuvieron posturas críticas respecto a la gestión de la alcaldía. En respuesta, Bukele demandó a La Prensa Gráfica por seis millones de dólares por presunta difamación y falsa vinculación, situación que causó alarma en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Deleón fue consejera legal del mandatario en el caso de los presuntos ataques cibernéticos y ciberfraudes y colaboró con él cuando estaba en medio de una controversia — “una calumnia”, reportaron medios salvadoreños— con el exmagistrado y exsecretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas. Era la única mujer en un grupo de 12 abogados.
A mediados de julio de 2019, cuando Bertha empezó a dar entrevistas en las que mostró distancia con el ya presidente de El Salvador, usuarixs de redes sociales especularon que sus opiniones se debían a que el gobierno oficialista no la nombró titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Sin embargo, en una conversación con El Faro Bertha subrayó que ella y Bukele mantenían una “relación cordial, de respeto y aprecio”. Incluso dijo que la decisión del presidente de no incluirla en su gabinete podía deberse a que su “capacidad e independencia no encajaba en la fase” de lo que estaba viviendo El Salvador.
Para 2024, la situación cambió y, en el caso de la abogada, se agravó. El pasado mes de febrero se cumplieron cuatro años desde que Nayib Bukele le mandó el último mensaje. “Ya me tiraste mierda en el Twitter. Esto no te lo voy a perdonar nunca”, le escribió por privado. Después de que Bertha calificó esta acción como un “berrinche”, él la bloqueó en redes sociales. El disgusto de Bukele se debió a que Deleón le dijo que “la había cagado” al irrumpir en la Asamblea Legislativa con los militares.
Para Bertha, las actitudes inmaduras de hombres poderosos no eran novedad. Así como lo reporta la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), desde julio de 2019, Walter Araujo, excandidato a la alcaldía de San Salvador, usaba sus redes sociales para estigmatizar e intimidar a Bertha, que en ese entonces era candidata a diputada por el partido Nuestro Tiempo.
En una investigación realizada por Alharaca, se detalla que Araujo se burlaba de ella y hacía comentarios despectivos y sexistas sobre su apariencia física. Tras una denuncia por “expresiones de violencia contra las mujeres”, el 15 de octubre de 2020, el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador prohibió a Araujo acercarse a la abogada o hacer publicaciones sobre su persona. Además, se le imposibilitó ocupar el cargo como diputado representante del partido Nuevas Ideas.
Walter Araujo y Nayib Bukele no son lejanos entre sí. La y el periodista Carmen Rodríguez y Jaime Quintanilla (Divergentes) informaron que Nuevas Ideas es el partido “diseñado para darle a Nayib Bukele todo lo que este pide, constitucional o no”, ya que cuenta con un significativo control legislativo. Sumado a ello, en julio de 2020 Bukele salió a la defensa de Araujo cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) volvió a señalar a Araujo por presuntamente “realizar operaciones financieras por $1,402,903.80, sin justificar el origen de los fondos, entre 2004 y 2014”.
En comunicación directa con Volcánicas, Bertha María Deleón expresó que Walter Araujo es uno de los personajes que muestran la presunta complicidad entre su exmarido y el oficialismo salvadoreño. “A finales de 2019 comencé a notar la posible alianza entre el padre de mis hijos y Bukele. En un primer momento, lo intuía por el contenido de las redes sociales. El papá de mis hijos muchas veces daba información de índole totalmente privada que personajes que hacen el trabajo de campaña sucia de Bukele viralizan en Twitter. Por ejemplo, decía: “miren, el ex de la tóxica dice esto y comenzaban a hacer hashtags”, detalla.
Según la misma indagación de Alharaca, uno de los hashtags movilizados por la cuenta de Araujo fue #Berthoxica. El excandidato también se sumó a los intentos de criminalización contra Bertha acusándola de presuntos vínculos con pandillas, estrategia a la que recurrió su exmarido, según contó Bertha en una charla con la fotoperiodista Lizbeth Hernández.
Los trapos sucios no se lavan en casa: violencia vicaria y amenazas de privarla de su libertad
Actualmente, hay cinco procesos judiciales en contra de Bertha María Deleón y del único que se tiene claridad es el de la denuncia que presentó su expareja por presunto maltrato infantil, cuenta María José Araya, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y abogada que lleva el caso. Las constantes amenazas de su exmarido de enviarla a prisión y los atentados contra su integridad física y emocional —persecuciones en moto, intervención a su celular, hackeo de su cuenta de correo electrónico, drones en el patio de su casa y robos, puntualizan entrevista publicadas por El País y Alharaca— provocaron que Bertha y su hija salieran de El Salvador en agosto de 2021.
En un inicio, el plan era refugiarse en Estados Unidos. Sin embargo, semanas después, a finales de septiembre, su expareja publicó un hilo de Twitter en el que acusó a Bertha de presuntamente mantener incomunicada a la niña. El 6 mayo de 2022, también vía Twitter, escribió que la menor había estado aislada seis meses y que no había visto a su familia porque presuntamente su madre nunca ha compartido la ubicación exacta del lugar en el que viven.
Frente a estas denuncias, Bertha contó a Alharaca que su expareja siempre supo en dónde estaban porque el iPad que le regaló a su hija tenía localizador. “Varias veces él ha venido a visitar a la niña; [es algo que] yo he permitido y no porque él se lo merezca, sino porque mi hija lo quiere. Para ella es importante el ver a su papá”, añade en la plática con Volcánicas. “La expareja sigue utilizando a su hija menor para ejercer violencia y control sobre Bertha. Con la justificación de que quiere verla y visitarla, sigue utilizando los mecanismos para saber en dónde viven, dónde están, qué hacen o dejan de hacer”, complementa Araya.
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4 de mayo de 2022, Nuevo León, Monterrey. Pasado el mediodía, Bertha María Deleón reportó que ella y su hija habían sido interceptadas por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés). De ese día, además de un evento traumático para la niña, Bertha recuerda que una de las policías le dijo “que arreglara los problemas con el presidente, porque de la Cancillería hablaban constantemente para que la localizaran”.
Para la defensora, esa frase terminó con las especulaciones. A dos años de que la Interpol intentó quitarle a su hija, Bertha asegura que “hay una alianza entre el papá de sus hijos y Bukele y [un] uso abusivo del Estado para perseguirla y perjudicarla”. La violación a su “condición como refugiada” y a las medidas cautelares que le otorgó México, no es la única situación que la convence de una presunta complicidad.
Según expresa, el trato diferenciado que ha recibido por parte de la ‘justicia’ salvadoreña es otro factor a considerar. “Han intervenido varios jueces; ha intervenido la Fiscalía y diferentes instancias del Estado. Han violado todas las garantías judiciales. Tengo una orden de captura; hay una sentencia firme de condena y no sé por qué me condenaron. No sé cuál es el hecho, ni cuándo lo cometí, en contra de qué o de quién, de qué forma. No me pusieron abogado público y le negaron el acceso a mi abogado nombrado”, aqueja.
También en comunicación con Volcánicas, la abogada María José Araya explica que el sistema judicial de El Salvador ha ignorado las denuncias que Bertha ha interpuesto contra funcionarios y su expareja y que el Estado les ha negado el acceso a la información sobre los procesos y la comunicación con las autoridades. “No existe ningún espacio de diálogo para ver cómo podemos implementar algún tipo de medida de protección […] Vemos una tendencia de que los procesos en su contra avanzan rápidamente. Y, en contraposición a eso, los procesos que ella ha promovido no avanzan del todo. No se toma en cuenta que ella está denunciando violencia familiar o un maltrato contra la mujer. A ella no se le informa lo que está sucediendo”, ahonda.
Araya sostiene que el caso de Bertha es una mirada parcial a “la persecución y el hostigamiento” que sufren “defensoras de derechos humanos, periodistas y personas críticas del gobierno actual” en El Salvador. En octubre de 2023, el reportero Zedryk Raziel, en su columna para El País, denunció que el régimen de excepción de Bukele se estaba ocupando como instrumento para aplastar las disidencias. “Decenas de activistas han sido detenidos y acusados de pandillerismo […] Encasillados falsamente en las filas de la Mara Salvatrucha 13 o de Barrio 18, su detención en realidad tiene motivaciones políticas. Por incomodar, se los encierra. Para aleccionarlos, desmovilizarlos, aplacar sus luchas”, enfatizó.
Igualmente, la Fundación Mujeres ha subrayado que, junto con Nicaragua y Guatemala, El Salvador es uno de los países latinoamericanos con una criminalización más visible hacia los activismos feministas. Incluso, en 2021, la exigencia del cese de la violencia política y la persecución a mujeres organizadas y que trabajan en la defensoría de los derechos humanos fue una de las consignas centrales de las movilizaciones del 25N.
Bertha María Deleón considera que su historia también expone algunos rasgos que caracterizan al actual sistema de ‘justicia’ salvadoreño. En septiembre de 2021, la Asamblea Nacional aprobó una ley para apartar a los jueces mayores de 60 años. Mientras la oposición señaló que se trataba de una “violación a la independencia judicial”, Nayib Bukele presumió que este cambio ayudaría a combatir la corrupción. Meses antes, en mayo, medios internacionales informaron que el mandatario había logrado “el control absoluto de los tres poderes de El Salvador” con la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y funcionarios de la Fiscalía General de la República.
Hoy en día, la Fiscalía está bajo la titularidad de Rodolfo Antonio Delgado Montes, personaje cercano a Bukele, exempleado de Alba Petróleos (cuya subsidiaria es investigada desde 2018 por presunto lavado de dinero) que, según Insight Crime, trabajó dos años como defensor de dos de los principales colaboradores de la Mara Salvatrucha-13 (MS13): Jorge Manuel Vega Knight y su esposa, Vanesa Beatriz Argüello de Vega. Mientras tanto, en la CSJ destaca el nombre de Óscar Alberto López Jerez, también nombrado por Bukele, que en 2017 fue investigado por la Fiscalía bajo el supuesto de negocios de beneficios fiscales y lavado de dinero.
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“No estoy destruida. Estoy viva y libre”, afirma Bertha al interior de lo que considera su hogar en la capital mexicana. Después de más de una hora en la que ha enumerado las razones por las que salió del país centroamericano, su cuerpo le recuerda el desgaste por el que ella y su hija han atravesado en estos cinco años. Necesita agua, necesita respirar y “ser una mamá sana”.
Aunque ha contado con el apoyo de su familia y el de una terapeuta a la que tiene acceso gracias a una de las organizaciones de mujeres que la ha abrazado en México, el deterioro de su salud física y emocional se hacen presentes. Los médicos sospechan que puede padecer fibromialgia, una enfermedad crónica que causa fatiga, problemas de sueño y que, en su caso, puede estar asociada al estrés.
Aunque en la Resolución 76/2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado de atención a El Salvador para que adopte medidas de protección y con perspectiva de género para salvaguardar la vida e integridad de Bertha, ella no tiene contemplado volver a su país natal, o al menos no en un corto plazo. “Tengo muchos planes aquí en México”, expresa Bertha antes de detallar lo que sigue para ella y su hija. Además de seguir involucrándose en la defensoría, piensa iniciar un litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, visibilizar su caso en medios de comunicación y no descarta iniciar acciones legales contra su expareja por “simular delitos”. También quiere seguir colaborando con organizaciones motivadas por la dignidad de las mujeres.
“A pesar de que he estado recibiendo estos golpes totalmente desproporcionados, estoy determinada a dar lucha”, son las palabras con las que Bertha hace un símil al significado del color turquesa que decora la vivienda que comparte con su hija. Está dispuesta a luchar para que la tranquilidad, paz y fortaleza sean las únicas condiciones en las que pueda seguir criando a sus hijxs, ejerciendo el derecho penal y acompañando a mujeres que, como ella, se han enfrentado a hombres que aprovechan sistemas de ‘justicia’ súbditos a oficialismos poco —o nada— democráticos.
