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En El Salvador, lo que le pasa a las mujeres parece solo importarle a las mujeres y, lamentablemente, tampoco parece importarle a todas. Ni siquiera a aquellas a las que debería importarles por mandato constitucional. En este país hay niñas pariendo bebés, adolescentes que mueren en el intento de interrumpir su embarazo, mujeres asesinadas por sus parejas, mujeres trans vapuleadas por la Policía, y la vida sigue igual. No hay alteración en el orden público, no hay estado de emergencia, no hay, a veces, ni siquiera un minuto de silencio. Lo que sí hay –y mucho– es silencio e impunidad.
Esta actitud no es novedad. Esto, que probablemente tenga su asidero en la falta de representación femenina en los puestos de poder (actualmente solo 24 de 84 legisladores son mujeres), tiene todo que ver con el hecho de que las situaciones por las que pasan las mujeres son vistas como temas secundarios, que carecen de la urgencia que tiene, por ejemplo, combatir a las pandillas.
El Salvador es un país tremendamente violento en el que de un día para otro se vive el día más homicida del siglo. No hace mucho, además, en 2015, tuvo una tasa de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes. Con datos como ese en mente –que a día de hoy sigue siendo el año más homicida del que se tenga memoria– a nadie le queda duda de que es urgente combatir a las pandillas.
Ahora mismo se nos ha impuesto –y prorrogado por tercer mes consecutivo– un régimen de excepción para combatir y capturar a todos los miembros de las pandillas. Apenas y se habla de cualquier otra cosa, porque con ello ha habido, además, abuso de poder y capturas arbitrarias. Un “pequeño” margen de error, como lo ha llamado el mismo presidente, cuyo retrato son filas colmadas de mujeres intentando dar con el paradero de su familiar que, por ahora y por el simple hecho de vivir en una zona no privilegiada, ha perdido su derecho a la defensa.
Siempre hay algo más urgente que atender el problema de la violencia contra las mujeres. Lo mismo ocurrió en 2020 cuando la covid-19 aterrizó en El Salvador. La urgencia era el virus y la violencia doméstica, la violencia sexual y los feminicidios fueron asimilados como daños colaterales de los que el presidente no dijo ni una palabra. Según datos de ONU Mujeres, entre abril y junio de 2020 hubo más feminicidios que muertes por covid-19. Y ahí está el problema. El caos constante de un país que no conoce la tranquilidad ha convencido a sus ciudadanos y ciudadanas de que todo lo demás –las mujeres y sus circunstancias específicamente– puede esperar.
En esa espera por hacer de El Salvador un país menos homicida, hemos visto crecer la tasa de feminicidios. En 2016 y 2017 se registraron 16 y 12 feminicidios, respectivamente, por cada 100 mil habitantes, cifras que según Amnistía Internacional están por encima de lo que a nivel internacional se considera una epidemia. A eso hay que sumarle que apenas el 8.5 % de esas muertes ha sido condenada como feminicidio. El nivel de impunidad es alto en general en El Salvador, sí, pero el feminicidio apenas es el desenlace más visible del ciclo de violencia que atraviesan las mujeres a lo largo de su vida.
Y no es una exageración: hay niñas que ni siquiera tienen garantizado ser niñas. Los primeros tres meses de 2021 registraron cada día 41 niñas y adolescentes embarazadas. No en vano las organizaciones sociales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2017 que en El Salvador y Centroamérica hay una epidemia de embarazos adolescentes, la mayoría como resultado de violaciones sexuales y tortura.
Ante esta situación, la única reforma que los y las legisladoras han realizado para combatir la impunidad ha sido la de proscribir un artículo del Código de Familia en 2017, que avalaba el matrimonio infantil en caso de que hubiera un hijo de por medio o un embarazo en curso. Hasta entonces, este artículo había servido como medida exculpatoria para los victimarios en caso de violaciones a menores. Pero esa reforma poco puede servir en un sistema judicial en donde hay jueces convencidos de que “Si va pensando en amor, ni por la edad puede saber que está cometiendo un delito”.
Esta realidad que priva a las niñas de gozar su infancia, de acceder a educación e incluso de soñar con ser algo más que la mamá o la esposa de alguien, ha inducido a muchas incluso a la muerte. En un Estado con las leyes más restrictivas en cuanto al aborto, 42 niñas y adolescentes murieron entre 2011 y 2017 tras ingerir veneno, con el objetivo de interrumpir un embarazo producto de la violencia sexual. Esto es El Salvador, un país donde se protege la vida desde la concepción y se pregona el “Nacer con cariño”, pero donde no hay garantías de una vida digna para todos.
Todo esto ha ocurrido bajo la mirada de un Estado que se asume indemne y que se ha rehusado por años a legislar para garantizar, al menos, educación sexual en las escuelas. Y esta miopía no hace más que multiplicarse en sus ciudadanos, para quienes la violencia sexual –junto a las demás expresiones de violencia– está tan normalizada que no merece ser discutida. Para muchos, la culpa sigue siendo de ellas, no del abandono del Estado ni de las condiciones desiguales de poder que las someten a estas circunstancias.
Las organizaciones feministas tienen una larga trayectoria de exigir a los gobiernos que garanticen el cumplimiento de los derechos de las mujeres: el derecho a decidir sobre sus cuerpos, la no criminalización de emergencias obstétricas y propiciar condiciones para que vivan libres de violencia, entre otras. Se lo ha pedido también la Corte Interamericana de Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las relatorías especiales de la ONU y, recientemente, hasta actrices de Hollywood. Pero el silencio permanece, porque tomar acciones no es urgente ni popular.
Estas circunstancias no son normales pero en El Salvador tienen sentido. En 30 años de vida democrática después del cese del conflicto armado que duró 12 años (1980-1992), poco se ha hecho desde el Estado para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Es más, las violaciones sexuales contra niñas, adolescentes y mujeres ocurridas durante ese período continúan ausentes de la discusión de una ley de justicia transicional. Fue apenas en 2012 que en El Salvador entró en vigencia la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las mujeres (LEIV), la que por fin permitió tipificar diez diferentes tipos de violencia que hasta entonces eran vistas como algo que no valía la pena nombrar.
Diez años más tarde, aunque ha habido avances tímidos en la institucionalidad, las mujeres que deciden denunciar siguen enfrentándose a procesos revictimizantes y con mayor índice de impunidad que de justicia. Y aún así, este es un mejor panorama al que tendríamos si la Ley no se hubiera aprobado.
Son las diputadas oficialistas actuales quienes tienen el deber de aplicarla y perfeccionarla, aunque ellas pretendan que la Ley en sí misma no funciona. El 4 de marzo de 2022, a la víspera de la marcha del Día de la Mujer, la diputada Marcela Pineda, que además es miembro de la Comisión de la Mujer en la Asamblea Legislativa, amagó con derogar la LEIV. En sus palabras, esta solo sirve para “conseguir fondos de cooperación”, en una clara referencia a las organizaciones feministas que gestionan financiamiento internacional para ejecutar proyectos de atención a mujeres que vivieron hechos de violencia y para la socialización de la Ley.
Pineda, hay que agregar, es representante del partido que vio fracasar la candidatura de uno de sus integrantes más populares durante la campaña por una acusación de expresiones de violencia contra la mujer. El mismo partido que promovió la candidatura exitosa de un hombre que alguna vez tuiteó que la mejor manera de coaccionar a una mujer es amenazándola con matar a su madre. Ni ella –ni ninguna de sus 15 compañeras diputadas– se ha pronunciado una sola vez respecto a su comportamiento. Es como si el machismo existiera solo afuera de su partido, y solo cuando las ofendidas son ellas.
Los problemas de las mujeres no pueden, pues, seguir siendo problemas solo de algunas ni solo de las mujeres, porque no es cierto que nos afectan solo a nosotras. El impacto de la violencia tiene consecuencias desde lo más íntimo del seno familiar hasta las finanzas públicas. Es por eso que no puede seguir siendo un tema de cifras que indignan hacia afuera, pero mantiene inmutable a quienes viven aquí dentro. Ni mucho menos una cuota que canjea el beneficio de la duda por votos. El Salvador, sus gobernantes y ciudadanos deben abandonar su permanente obliteración, porque no es el futuro lo que están permitiendo que se desvanezca, sino un presente que está ya estallándoles en la cara, pero que prefieren no ver.
