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LLa protección de los derechos humanos de las personas con experiencia de vida trans y no binarixs es la prioridad del proyecto de Ley Integral Trans. Como señalan sus vocerxs: “esto implica eliminar toda forma de injusticia, exclusión, discriminación y violencia, tanto en el ámbito público como privado. Además, se enfoca en la adopción y promoción de acciones afirmativas, políticas públicas, planes, programas y proyectos que garanticen su autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos”.
Con esto, la ley buscará garantizar la reparación histórica a una comunidad que en contexto de campo y ciudad ha sido reiteradamente violentada. Como demostró la Comisión de la Verdad, las mujeres trans fueron unas de las principales víctimas de los grupos paramilitares y guerrilleros. Así lo aseguró la lideresa social Raiza Parra: “En la guerra y por fuera de ella a las mujeres trans nos quieren muertas y calladas”.
Y es que por décadas, tanto la OEA, como la Defensoría del Pueblo, además de organizaciones civiles como Colombia Diversa y Pares, han advertido sobre la grave situación de las personas con experiencia de vida trans que, año tras año, dejan decenas de víctimas mortales, de violencia sexual, discriminación y estigmatización en el país.
Adicionalmente, el Departamento Nacional de Planeación mostró a través de una encuesta de 2021 que: “cinco de cada diez personas trans viven en contextos de pobreza. La población trans de Bogotá tiene un escaso nivel educativo: el 7.89% de mujeres trans acceden a la universidad, frente al 14.29% de los hombres. El bachillerato solo lo terminan el 57.8% y el 57.14% respectivamente”.
Por todo esto, la Ley Integral Trans pide: acceso pleno a salud, lo que incluye: “Prohibir prácticas que busquen cambiar identidades de género, asegurar acceso equitativo a tratamientos de afirmación de género y prevenir la discriminación en servicios de salud”. También busca prohibir la discriminación laboral, al tiempo que pide promover el acceso al empleo a las personas trans y no binarixs. Esto incluiría también garantizar el acceso pleno y la promoción de espacios educativos libres de discriminación. Además, prevenir la discriminación en el acceso a la vivienda, en los espacios deportivos, en los espacios políticos y reconocer y reparar las violencias enfrentadas durante el conflicto armado colombiano.
Se espera que, una vez radicada, la ley pueda tener una buena resolución ya que fue ampliamente apoyada por lxs representantes: Maria José Pizarro, Aída Avella, María del Mar Pizarro, Maria Fernanda Carrascal, Gloria Elena Arizabaleta, Imelda Daza, Cármen Ramírez, Leyla Rincón, Clara López, Gloria Inés Flórez, entre otrxs. Esta ley se presenta en un contexto de avanzada antiderechos que incluye el crecimiento del terfismo en América Latina. Lee nuestro reportaje.
