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Después de una década de presión internacional y, sobre todo, en las calles, Lilian, la última de Las 17 fue puesta en libertad. Su salida de la cárcel cierra un ciclo en la vida de 73 mujeres que habían sido condenadas, en la mayoría de los casos hasta 30 años, luego de haber sufrido emergencias obstétricas. Una pesadilla carcelaria que da cuenta de todas las maneras en la que el Estado les falló: desde el acceso a salud sexual y reproductiva hasta un proceso legal justo y libre de prejuicios. ¿Se imaginan parir y en lugar de que te den la atención posparto necesaria las esposen a la cama y las acusen de haber provocado la muerte de tu bebé? Así comenzó la historia de estas mujeres que ahora por fin están libres. Muchas después de haber estado hasta 11 años encarceladas por un crimen que no cometieron.
Lilian, por ejemplo, llegó al hospital en diciembre 2015 en condiciones de salud graves para ella y la bebé que estaba esperando, se le había desgarrado el útero. Tuvo un parto de término que le hizo perder tanta sangre que tuvieron que realizarle tres transfusiones para estabilizarla. 72 horas después, el hospital le informó que su hija había muerto y la Policía la estaba esperando para llevarla a la cárcel. La acusaban de haber abandonado a su hija, aunque esta –al igual que ella– estaba bajo los cuidados del hospital. Luego cambiaron el delito a homicidio agravado por el que solo en El Salvador las mujeres van del hospital a la cárcel con una condena de 30 años. Tuvieron que pasar siete de estos 30 años para que una jueza anulara el fallo y reconociera que se vulneraron las garantías procesales.
A todas, como a Lilian, se les reconoció el hecho de haber sido juzgadas sin pruebas por un delito que no cometieron, pero no todas recuperaron su inocencia. Sólo una logró el indulto y 10 fueron absueltas.
Que Lilian pudiera hace unos días dar una conferencia de prensa para anunciar “Ya todas estamos fuera” es el punto final de un proyecto que inició en 2013 y que vio la luz en 2014 bajo el nombre de “Las 17”, una campaña que pedía el indulto para un grupo de mujeres que entre 2000 y 2019 habían sido condenadas por homicidios agravado. En el camino se fueron sumando más casos hasta llegar a 73. El trabajo incansable de las organizaciones en construir estrategia y hacer lobby, las movilizaciones en la calle, y la presión internacional lograron poco a poco que pudieran volver a sus hogares.
Las condiciones a las que vuelven siguen siendo vulnerables y lejos de lo mínimo necesario, ya que no hay reparación alguna. Pero parte del proceso que ahora las tiene fuera ha sido también empoderarlas para que ellas sean protagonistas con voz en este cambio. Así nació Mujeres Libres, un proyecto liderado por Teodora Vásquez, uno de los rostros más visibles de Las 17, que luego de su liberación en 2018 ha trabajado por una casa que las recibe de manera temporal luego de su salida de la cárcel y les ofrece atención médica, psicológica y la oportunidad de continuar sus estudios o conseguir un trabajo en el sector formal. Todo eso que el Estado les negó.
En un país como El Salvador, donde la vulneración de derechos humanos es regla, sobre todo para niñas y mujeres en condiciones de pobreza, esta noticia debería de tener tanto bombo y platillo como la llegada de Messi a San Salvador. Pero en una sociedad prejuiciosa lo que estas mujeres encontraron fue desinterés, indiferencia y revictimización.
Poco o nada sabíamos sobre los casos de estas mujeres antes de abril de 2014, cuando se solicitó el indulto para ellas.
La reacción de los poderosos y conservadores fue lanzar una contracampaña que se preciaba de tener “la verdad sobre Las 17” y las expuso con foto, nombre y apellido, además de hacer públicas las fotos de algunos de sus bebés que estaban en los expedientes del Instituto de Medicina Legal (IML).
Una de las integrantes de la Junta Directiva de la Fundación Sí a la Vida es la esposa de quien era el entonces director de esta institución pública. Esta Fundación fue lobbista para el reforma al Código Penal y la Constitución que nos convirtió en el país con una de las leyes más severas en materia de aborto, movilizó a 27 organizaciones internacionales para presentar argumentos legales o amicus curiae (amigos de la corte) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el caso de Manuela y estuvo involucrada en censurar la proyección de un documental sobre Las 17 alegando que constituía “apología del delito”.
Y aunque su influencia ha sido exitosa en promover el temor en El Salvador a una reforma que permita el aborto en causales, internacionalmente no tuvo el impacto esperado. La Corte IDH declaró en 2021 que El Salvador era culpable de tortura por haber encarcelado a Manuela y con ese fallo se crearon protocolos de atención a emergencias obstétricas y para resguardar el secreto médico.
A pesar de este histórico fallo, la Fiscalía sigue persiguiendo a mujeres por casos como este. Actualmente hay 11 procesos abiertos, seguimos siendo un país que juzga a mujeres por ser “malas madres” y que obliga a niñas, adolescentes y mujeres a parir sin importar si su vida está en peligro, o si el feto es producto de una violación.
Aún así, no se puede decir que nada ha cambiado o que todo está perdido. La libertad de Las 17 y más es prueba viviente de ello.
Todo comenzó con Manuela, quien falleció en 2011 producto de un cáncer que puso en peligro el embarazo que la llevó a la cárcel. La solicitud de indulto para ella de manera póstuma fue el primero que las organizaciones pidieron, pero esta fue negada. Así fue como, para honrar su memoria y buscar reparación para su familia se decidió presentar la demanda ante la Corte IDH el 21 de marzo de 2012. Su historia y las implicaciones de que su caso fuera elevado al más alto tribunal de derechos humanos marcó el camino no sólo para la liberación de las que hacían falta, sino –ojalá– para la no repetición.
