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Este 7 de diciembre, mientras Colombia celebraba la noche de las velitas, Michel Dayana González, una niña de 14 años, salía de su casa rumbo a la tienda del barrio San Judas de la ciudad Cali, pero nunca regresó. Esa misma noche fue reportada como desaparecida. Al día siguiente, el 8 de diciembre, el cuerpo desmembrado de Michel Dayana fue hallado en una maleta y en la basura de un taller de láminas y pintura, ubicado en la misma cuadra de su casa.
El confeso feminicida, Harold Andrés Echeverry Orozco, un ex militar que trabajaba como vigilante en el taller, tenía antecedentes de acceso carnal en menores de 14 años. Genaro González, padre de Michel Dayana le dijo a Caracol Radio: “El señor nosotros no lo conocíamos, sí pasábamos por ahí, y pues él estaba ahí, pero nosotros no cruzábamos palabras con él, ni saludo, ni eso, porque él no era de aquí del barrio, y pues ahora que pasan los hechos, mi hija mayor me cuenta que él la morboseaba todos los días que iban al colegio, que ellas tenían que pasarse al otro lado de la cuadra para que él no las mirara”.
La policía ofreció una recompensa de hasta COP$100 millones por información que permitiera la captura y judicialización de Harold Andrés Echeverry. Gracias a la difusión mediática que tuvo el caso a nivel nacional, el feminicida fue identificado en Villavicencio por un ciudadano que dio aviso a las autoridades, y capturado en el barrio La Porfía este lunes 11 de diciembre. En la tarde del martes 12 la Fiscalía imputó a Harold Echeverry los delitos de feminicidio agravado y hurto calificado. Echeverry aceptó los cargos.
¿Y el Estado dónde está?
Harold Andrés Echeverry Orozco ya tenía antecedentes por agresión sexual a menor de 14 años. En Colombia, el único registro público que existe, que muestra los antecedentes de agresiones sexuales, puede ser consultado por empresas cuando estas van a contratar nuevo personal. El registro, creado por el Decreto 753 de 2019, es administrado por el ICBF. Así, la empresa puede descargar el registro, y el ICBF pedirá autorización al investigado para poder contrastar sus datos. Si el investigado no da la autorización, el registro no podrá ser consultado. Las empresas tampoco están obligadas a verificar el registro.
Sin embargo, el acceso a este registro se ha priorizado para profesiones en las exista la posibilidad de que el empleado tenga un contacto constante con niños, niñas y adolescentes. Estas son las profesiones asociadas al sector educación, al sector salud, “servicios de limpieza de atención directa y similares, pastores, sacerdotes, Ministros de culto, personal de ventas y comercio, de atención directa al público (más aún cuando se trata de almacenes cuyo público objetivo es población infantil), personal de atención directa al público en servicios de hotelería y turismo, agentes de protección, encargados de seguridad que tengan contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes y, en general, todos aquellos cargos, profesiones y oficios que tengan una relación directa y habitual con menores de edad”.
Por ser un vigilante en un taller, el empleador de Echeverry, en teoría, no tuvo que hacer la verificación. Y así como en muchos otros cargos, ninguna entidad pública obliga a que se verifiquen los registros. A esto se suma que en el registro únicamente aparecen personas que hayan cometido delitos después de julio de 2018 ycondenadas luego de que se decretara la Ley 1918 del 2019.
“Estos registros no funcionan para nada. No existe una conexión entre las distintas entidades que tendrían que ponerlo en uso. Y no es únicamente este registro. Por ejemplo, en Migración Colombia, ni siquiera tienen en cuenta las alertas emitidas por Interpol cuando un depredador ya registrado en otros países va a ingresar al país. En esa medida, ¿qué sentido tendría esto?”, señala Jazmín Santa, profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana y miembro de la Mesa Contra la ESCNNA de Medellín.
“Nosotras hemos insistido mucho para que se use al menos en los colegios. Sobre todo en los colegios públicos, porque este registro debería ser entendido como obligatorio para el Estado. También hemos insistido en que se use para el sector turismo. Pero en ninguno de los dos la gente entiende esto. De hecho, la mayoría ni siquiera conocen el registro. Eso sigue siendo más un tema de compromiso de las empresas, que de obligatoriedad”, señala Katherine Jaramillo, directora de la ONG Valientes.
¿Qué pasa con las redes sociales?
Las redes sociales del feminicida dejan ver que seguía, a través de Instagram y Facebook, cientos de cuentas de niñas y adolescentes.
“Es una de las maneras más efectivas que han encontrado para crear comunidades en las que estas personas se sienten más seguras para compartir contenido gráfico. Inicia con cuentas en las que nada es explícito, sin embargo, las niñas están en poses sugerentes o con poca ropa. Son redes que se reproducen globalmente, que aparecen y desaparecen con facilidad, y eso hace que justamente detenerlas sea tan difícil”, señala Santa.
La ONG Valientes agrega que, para los depredadores y pederastas, acceder a este contenido cada vez es más sencillo: “Los pedofilos no solo se excitan con imágenes de niños, niñas y adolescentes desnudos o en poca ropa, sólo basta que haya una NNA para convertirse en material para ellos. Tuvimos un caso de una mujer que en su barrio decoró su garaje con fotos de Halloween y luego estas fotos las vendía a pedófilos y les decía ‘si así se ven ricos imagínenselos sin ropa’”.
Desde Valientes explican que, actualmente, los depredadores también se aprovechan del sharenting, término que se refiere al contenido que es compartido en redes sociales por los mismos padres de los menores. Señalan que, incluso si los padres comparten las imágenes por sentirse orgullosxs de sus hijxs, todo ese material puede convertirse en contenido para los depredadores: “Por supuesto que nos gustaría que existiera libertad para compartir el contenido que cada quien quiera, pero en este momento es una realidad que esto está ocurriendo y la única forma de prevención que existe, por ahora, es cuidar lo que se comparte en redes”, asegura Jaramillo.
El caso de Michel Dayana deja en evidencia la desprotección en que se encuentran las niñas en Colombia y la ausencia de medidas efectivas para garantizarles vidas libres de violencias. Si bien las recomendaciones que hacen las organizaciones expertas a padres y madres de familia de no compartir contenido de sus hijxs en redes son pertinentes, nos seguimos preguntando, ¿y el Estado dónde está? ¿Hasta cuándo seguirá recayendo la responsabilidad de proteger a las niñas de depredadores que no deberían estar circulando libremente en las calles? Michele Dayana sólo salió a la tienda de su cuadra a comprar mecato.
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