Ene 26, 2021

Más muertas que días

Foto: Las Viejas Verdes @lasviejasverdes

Por Ita María 

Artículo en colaboración con Vice

Nos vamos quedando cortas de adjetivos para describir la situación de los feminicidios en Colombia. Los listados y conteos anuales también se quedan cortos, no solo porque sabemos que existe un subregistro producto de nuestra incapacidad de nombrar todos los feminicidios por su nombre, sino porque ese corte de calendario gregoriano, que supone el reinicio de los contadores cada primero de enero, suele darnos una falsa sensación de borrón y cuenta nueva que termina por poner más tierra sobre las mujeres asesinadas en los años anteriores. 

Los feminicidios deben esclarecerse caso por caso, en toda su singularidad y en toda su dimensión y contexto, aunque no sean un fenómeno desagregado: son un continuum. El de Lynda Michelle Amaya, de 15 años, así como el de tantas otras mujeres asesinadas el año pasado y los años anteriores no pueden convertirse en un periódico de ayer. No pueden dejarse atrás, con ese ciclo que se cierra, cuando todavía no se han esclarecido, ni se ha hecho justicia, ni se ha reparado a sus familiares, que con frecuencia experimentan la negligencia y revictimización del sistema judicial. Y aún si hubiera justicia, el ejercicio de memoria, el duelo público que corresponde a las muertes violentas de mujeres, que son también muertes públicas, no se puede reprimir… y la rabia no prescribe.

Bajo esa lógica de “año nuevo, muertes nuevas” en la que tristemente seguimos inmersas, en Colombia asesinaron a 20 mujeres en los primeros 16 días del año, o esos son los casos de los que tenemos conocimiento, bien podrían ser más. Y aunque no todas estas muertes serán tipificadas como feminicidios, la mayoría sí lo son. ¿Qué las hace feminicidios? Que las mataron por ser mujeres. Por ser mujeres en una sociedad patriarcal, en la que las mujeres somos ciudadanas de segunda categoría, supeditadas al poder y control masculino (económico, político, laboral, simbólico, en armas, etc.), por lo que ellos nos pueden violar, poseer, someter y pueden disponer de nuestros cuerpos para, finalmente, quitarnos la vida. Nos matan porque pueden, porque el sistema se los permite. Cada uno de esos casos es la manifestación extrema e irreversible del continuum de violencias que se sostienen en ese sistema de superioridad masculino que llamamos patriarcado. Por eso nos referimos a los feminicidios como la punta del iceberg, la violencia más visible que se levanta sobre todas las demás violencias, tan normalizadas y colectivizadas que pasan imperceptibles a diario frente a nuestras caras y por encima de nuestros cuerpos.

Desde julio de 2017, cuando el Observatorio de Feminicidios Colombia de la Red Feminista Antimilitarista empezó a cubrir todo el territorio nacional en sus informes, hasta diciembre del 2020, han registrado 2.140 feminicidios. 274 de julio a diciembre de 2017, 666 en 2018, 571 en 2019 y 629 en 2020, un año en el que estuvimos más tiempo encerradas en nuestras casas que en las calles. Septiembre de 2020 ha sido el mes con mayor cantidad de feminicidios desde que se empezó el registro: 86 feminicidios, casi tres diarios. 2.140 mujeres, 2.140 historias; una suma que solo resta.

Podemos decir que en Colombia, desde hace por lo menos tres años, hay más muertas por feminicidio que días transcurridos o, lo que es lo mismo, se asesina a por lo menos una mujer a diario por motivo de su género o identidad de género, y nada apunta a que esa tendencia vaya a cambiar. Pero lo más aterrador es precisamente que eso no sea lo más aterrador. Nos acostumbramos a esto quizás porque la mayoría de víctimas de feminicidios son mujeres empobrecidas que no le importan ni al Estado ni a gran parte de la sociedad.

Este año cuatro de las víctimas fueron niñas menores de 15 años, lo que tiene en alerta a organizaciones de mujeres pues, como señala el Observatorio de Feminicidios, refleja que las fronteras sociales del cuidado de la vida se están moviendo muy rápido, es decir, se están normalizando los asesinato de niñas, mujeres embarazadas y madres e hijas. La razón por la que los casos de 2021 han alcanzado a rasguñar un poco de atención de los medios masivos de comunicación —además del morbo y amarillismo que hay en los detalles escabrosos de los feminicidios— es precisamente que involucran niñas. Pero como al final del día son mujeres, ciudadanas de segunda categoría, la noticia, sin ir más allá de la narrativa revictimizante, ha pasado a un segundo plano. Es más importante el nuevo técnico de la Selección de Fútbol que entender a fondo qué hay detrás de los feminicidios y cómo podemos evitar que esto siga repitiéndose con el mismo guión.

¿Dónde quedan los aprendizajes de los monitoreos y análisis de feminicidios que ya han arrojado patrones? ¿Alguno ha sido aplicado a políticas públicas y/o campañas de prevención? ¿Qué medidas vienen con las alarmas que los patrones identificados encienden con respecto a los hogares, donde muchas mujeres comparten espacio con sus agresores, particularmente preocupantes, ad portas de las nuevas cuarentenas? Sin cambios de fondo en materia de prevención y seguridad, y sin voluntad política para hacerlos, ¿alguien espera realmente que el panorama se torne distinto?

Quizás acá ya agotamos el “Ni una menos” y el “Ni una más” porque cada día la violencia machista y los feminicidas se nos llevan a una más y nos dejan una menos. Quizás sea más realista ante la indiferencia e inoperancia del Gobierno, la Fiscalía y sus demás instituciones preguntarnos: ¿cuántas más?

Entonces, ¿cuántas más?

¿Cuántas niñas más como Marbel Rosero, asesinada a sus 15 años en El Tablón de Gómez, Nariño, mientras le llevaba el almuerzo a su papá a la finca donde él trabajaba?

¿Cuántas más como Edilma Tenorio Tróchez, mujer Nasa de 33 años presuntamente asesinada por su excuñado en Toribío, Cauca, mientras intentaba defender a su hermana del feminicida?

¿Cuántas jóvenes más como Daniela María Isabel Sánchez Rojas, de 22 años, asesinada en su propia casa, en el corregimiento de Rozo, Valle, por Carlos Adolfo Barrera Bravo, su pareja sentimental, que como tantos feminicidas siguió el guión suicida tras cometer el crimen?

¿Cuántas mujeres trans más como Sammy, asesinada en Mariquita, Tolima, o como Éricka, asesinada en Ipiales, Nariño, de quienes no sabemos más que sus nombres, porque además de ser mujeres eran mujeres trans, con todas las discriminaciones y vejaciones que su identidad de género implica, incluidas la invisibilización de sus transfeminicidios por parte del periodismo patriarcal y la exclusión de otros conteos de feminicidios?

¿Cuántas mujeres migrantes más como Rosmery Margarita Pérez Torres, de 36 años y nacionalidad venezolana, asesinada en Cartagena delante de dos de sus hijos por su pareja, Carlos Medina Dorantes, tras haberlo denunciado por violencia física y psicológica ante las Fiscalías de Venezuela y Colombia sin respuesta oportuna de las autoridades?

¿Cuántas madres e hijas más como María Edith Botina, de 53 años, y Yuri Andrea Bolaños Botina, de 32, quien al parecer era compañera de un miembro de la Policía Nacional, asesinadas en La Unión, Nariño, por sicarios?

¿Cuántas más como Marina Cabezas, de 20 años, y Andreína Gómez, venezolana de 25 años, asesinadas en Tumaco, Nariño, de cuyos casos no se sabe nada más?

¿Cuántas más como Norvic Yelitza Barrios, asesinada a sus 51 años en Tununguá, Boyacá, a manos de Ángel Tulio Suárez, su pareja, que se suicidó inmediatamente después del crimen? 

¿Cuántas niñas más como Adellys Nahomi Camargo López, quien a sus 11 años presenció en su propia vivienda el feminicidio de su madre, Érika López Galán, de 30 años, a manos de su padrastro, Ramiro Atencio Zambrano, en San Alberto, Cesar, y que aunque logró huir y alcanzó a contar lo ocurrido a su madre murió a causa de las heridas que el feminicida le propinó?

¿Cuántas mujeres más como Maricel Riascos Andrade, asesinada a sus 29 años por su esposo en Buenaventura, Valle, mientras dormía en su propia casa?

¿Cuántas niñas más como Mayra Alejandra Orobio Solís, violada y asesinada a sus 12 años en Guapi, Cauca, quien ya había sido antes víctima de violencia sexual y se encontraba en proceso de restablecimiento de sus derechos?

¿Cuántas niñas más como María Ángel Molina de tan solo cuatro años, asesinada en Aguadas, Caldas, al parecer por Juan Carlos Galvis, el exmilitar que la habría secuestrado junto a su hermana de 18 meses? 

¿Cuántas madres más como Luz Estela Sánchez, de 50 años, asesinada en Medellín, Antioquia, por su hijo Jhon Fredy Mosquera Sánchez —quien ya había sido sentenciado por violencia intrafamiliar contra una de sus hermanas-—, por pedirle que apagara las luces de la casa para ahorrar energía en Medellín, Antioquia?

¿Cuántas más como Mildret Xiomara Pedrozo, de 40 años, asesinada en Gamarra, Cesar, por Omar Navarro Salazar, su expareja sentimental, quien a pesar de estar separados no paraba de agredirla?

¿Cuántas más como María Camila Núñez, de 25 años, secuestrada en su propia casa en Montelíbano, Córdoba, y dejada muerta días después en un paradero de buses de una carretera intermunicipal?

Y aunque el asesinato de Yolanda Zabala Mazo, firmante de la paz de 22 años que se encontraba en proceso de reincorporación en La Plancha, Antioquia, y de su hermana Reina, de 17 años, podría no ser considerado un doble feminicidio por algunxs: ¿cuántas excombatientes más asesinadas en su propia vivienda por apostarle a la paz? Se firmó la paz, pero la sangre no para y la guerra contra las mujeres tampoco.

Negación y subregistro

El caso de las hermanas Zabala Mazo da pie a una discusión profunda sobre lo que se considera feminicidio. El feminicidio de ellas tiene que ver con el Estado, con ser una mujer campesina y habitar en un contexto de disputa de hombres en armas, con las mujeres al interior de las estructuras armadas, con los contextos de reclutamiento, poder y empobrecimiento en estas lógicas patriarcales y criminales.

A pesar de que en Colombia el feminicidio fue tipificado como un delito autónomo en 2015, mediante la ley 1761 (conocida también como Ley Rosa Elvira Cely), persisten el miedo, la resistencia o prevención en los medios de comunicación, e incluso al interior de la institucionalidad y de algunas organizaciones de mujeres, a usar la palabra y llamar por su nombre a los asesinatos de mujeres por motivo de su género o identidad de género: feminicidios. De acuerdo con Lina Morales, abogada feminista y miembro de la Red Jurídica Feminista, “es difícil porque es un tipo penal complejo, y creo que es precisamente porque no se tiene claridad —al menos socialmente— de qué es y cuándo se habla de feminicidio y transfeminicidio. Lo que debe seguir estando claro es que este delito existe por una clara discriminación hacia las mujeres y esto se ve reflejado en la forma, el lugar y quiénes son nuestros agresores”

Sobre el subregistro y la diferencia en cifras reportadas por organizaciones y el Estado, Estefanía Rivera, Coordinadora del Observatorio de Feminicidios de la Red Feminista Antimilitarista, especifica: “Hay que hacer una comprensión política de lo que implica el feminicidio para la institución que está haciendo el conteo. Incluso para el Estado. Ahí es donde están las diferencias políticas y estructurales. Para nosotras la violencia feminicida trasciende la relación erótico-afectiva, trasciende que el feminicidio sea cometido solo por un hombre con el que la mujer haya establecido una relación. Para nosotras es mucho más estructurado porque también tiene que ver con el nivel de militarización de la vida y la existencia de hombres en armas. Existe el feminicidio por sicariato, que tiene que ver precisamente con el uso de las armas de fuego y lo que implica ser mujer en una sociedad como la colombiana. Pero no solamente eso, tiene que ver también el contexto de precarización de la vida, del empobrecimiento, y la ausencia del Estado. Está toda esta discusión política, profunda, estructural, que no concibe y no comprende cómo opera la violencia feminicida y en general la violencia machista contra las mujeres, pero además está el poco o nulo esfuerzo que hace el Estado para poder evidenciar que son feminicidios”.

Efectivamente, pareciera que al Estado no le interesa reconocer las cifras y los niveles de violencia reales. Y es que esas cifras, especialmente las de niñas menores de 15 años en lo que va de 2021 son vergonzosas y ponen en evidencia a un Estado fallido. También hay que tener en cuenta que las cifras “oficiales”, que entregan las instituciones gubernamentales, solo responden a los feminicidios con condena: no incluyen los que están en procesos de investigación ni los que están encarpetados. Considerando el alto nivel de impunidad (más del 75% de casos de homicidios de mujeres —como el Estado los concibe— quedan impunes según ONU Mujeres, y 96% según otras fuentes), podemos decir que el Estado llega a reconocer apenas un cuarto de los feminicidios reportados en el país. Además de que solo reconoció a 143 víctimas de feminicidio entre enero y octubre del 2020 y no existe un registro oficial de feminicidios con datos actualizados, en incumplimiento a la Ley Rosa Elvira Cely.

“Un año de cuarentena con 626 feminicidios es una emergencia nacional. Ese registro no es un dato que sea fácil de enfrentar, además porque son cuerpos que no les interesan, cuerpos de mujeres empobrecidas. Ahí es importante no solamente mirar en términos del subregistro sino también hacer un análisis de clase social y cuáles son los cuerpos que en realidad importan”, comenta Estefanía. “Hay que evidenciar que se trata de feminicidios porque si no, quedan como homicidios y ahí quedan. Como feminicidios el Estado tiene que hacerse cargo y reconocer que está pasando algo en contra de más de la mitad de la población. Pero no hay un interés político, ni de Estado, ni de Gobierno por visibilizar y desestructurar esa violencia patriarcal y machista que está en esta sociedad”. Pareciera que para lo que sí hay voluntad política es para negar esa realidad que es la de una emergencia nacional y una crisis humanitaria.

Una crisis humanitaria no reconocida

Aunque el Estado no ha querido reconocer que estamos ante una crisis humanitaria, el movimiento político de mujeres Estamos Listas de Medellín no solo lo ha visibilizado sino que, además, el año pasado movilizó una petición que logró más de 15.000 firmas de personas de todo el territorio nacional exigiéndole a este que reconozca la emergencia para que tome las medidas que ello implica.

Sobre la solicitud, Dora Cecilia Saldarriaga, Concejala de Estamos Listas, aclara que “hacía visible que el momento que está pasando la violencia en contra de las mujeres en Colombia cumple con los tres elementos de crisis humanitaria: 1. Existe una violación masiva a los derechos humanos 2. Hay una falla estructural de la política pública y 3. Hay desarticulación entre las autoridades. No hay recursos específicos ni personal especializado, falta disposición y voluntad política para hacer intervenciones concretas, entonces lo que debe hacer el gobierno es atender esa crisis humanitaria. No hemos tenido respuesta pero hemos venido avanzando en una estrategia jurídica que vamos a interponer en contra del Estado y se presentará finalizando enero o a principios de febrero. Toda la ciudadanía podrá participar y todas las organizaciones y personas de manera individual podrán coadyuvar de manera efectiva”.

¿Qué cambiaría en caso de ser declarada la crisis humanitaria por feminicidio y violencia machista? De acuerdo con Dora, “hay unas deficiencias grandes y el Estado tiene que hacerse cargo. La posición de garante del Estado es con las mujeres. En primer lugar, se tendrían que disponer recursos efectivos para intervenir las violencias. Esto no se hace con carreta, esto se hace con dinero. Un presupuesto específico que vaya dirigido a erradicar las violencias contra las mujeres. También cuerpos especializados con perspectiva de género que estén en todo el proceso. En la prevención, en la atención, en la investigación y en la judicialización. Muchos de los casos de feminicidio ni siquiera se investigan como feminicidios sino que se van tratando como muertes ‘simples’ de mujeres”. Por supuesto, de lograrse, esta declaración tendría carácter nacional.

Podríamos decir que este negacionismo del Estado se suma a la larga lista de invisibilizaciones y revictimizaciones de todo el sistema jurídico y engranaje estatal. Sobre esa lista, Lina Morales acota: “son varias y van desde una mala investigación por parte de la Fiscalía hasta una articulación pobre entre las instituciones. En muchos de los casos de feminicidio, las mujeres habían denunciado violencia física o psicológica con anterioridad a los hechos, es claro que no está existiendo una acción eficaz ni de las comisarías de familia, ni de la Fiscalía, ni de la Policía para hacer un seguimiento a los casos que, desafortunadamente, terminan con las mujeres muertas. También se han denunciado otros casos en los que, a pesar de haberse denunciado previamente violencia, las mujeres son obligadas a encontrarse con sus agresores para que estos tengan acceso a las visitas de los hijos en común. Esto es claramente negligencia de las autoridades  y de sus funcionarios, que no están capacitados para identificar correctamente los factores de riesgo y salvaguardar la integridad de las mujeres, sus hijas e hijos”. 

Sobre este mismo tema Estefanía agrega que tampoco existe un sistema de información del Estado que haga un seguimiento que dé cuenta de la reincidencia. “A finales del año pasado muchos de los últimos feminicidios y tentativas de feminicidios eran cometidos por sujetos que ya tenían denuncias y antecedentes de denuncias de violencia intrafamiliar, incluso de acceso carnal violento. No hay una estrategia de seguimiento para evitar que estos hombres reincidan”.

A esto podemos sumar la revictimización de la prensa hegemónica. Solo los casos más escandalosos han logrado algo de cubrimiento momentáneo para alimentar el morbo de las audiencias. No queremos detalles escabrosos de los feminicidios, no queremos ver las fotos —borrosas en el mejor de los casos— de los cuerpos de las mujeres sin vida ni sus nombres mal escritos, no queremos que pongan mal los pronombres de las mujeres trans, no queremos saber cuánto sufrieron, no queremos que se alimente el morbo de una sociedad que disfruta ese dolor, ni queremos leer un derroche de adjetivos de terror. Queremos justicia y reparación para todas y cada una, queremos los nombres de los feminicidas con su debida judicialización y que se reconozcan sus casos como feminicidios para que se entienda la problemática en toda su dimensión y algún día contemos otra historia. Pero sobre todo, queremos que paren de asesinar mujeres y niñas. 

También queremos que Carlos Adolfo Barrero Bravo, Ángel Tulio Suárez, Carlos Medina Dorantes, Ramiro Atencio Zambrano, Juan Carlos Galvis, Jhon Fredy Mosquera Sánchez, Omar Navarro Salazar y demás feminicidas dejen de ser leídos como monstruos u hombres perturbados como algunas narrativas revictimizantes insisten en perpetuar. Todos ellos son (o eran) hijos sanos del patriarcado: crecieron en una sociedad que les hizo creer que las mujeres somos inferiores a ellos y por eso pueden ejercer toda su fuerza, poder y violencia sobre nosotras. Jugaron con las reglas del juego que les enseñaron. Esto no le resta responsabilidad a sus actos, como sí lo haría pensar que actuaron enajenados o bajo los efectos del ya obsoleto pero aún usado recurso legal de “ira e intenso dolor”. Necesitamos ver el problema de frente y con total lucidez. Necesitamos entender el feminicidio y las violencias contra las mujeres como problemáticas que nos atraviesan como sociedad, aceptar que en alguna medida hemos contribuido a ese iceberg por naturalización, omisión o legitimación de conductas machistas que perpetúan la idea de superioridad y poderío del hombre sobre las mujeres y dejar de hacerlo cuanto antes. Es urgente.

Urgen mejores estrategias de prevención de violencias de género, urge protección inmediata y efectiva para las mujeres y niñas más vulnerables, urge un mejor acceso a la justicia pero a una justicia despatriarcalizada, no la revictimizante que conocemos. Urgen más mujeres feministas en los procesos, en los juzgados y en la política que prioricen nuestra agenda y necesidades, y urge saldar todas las formas de desigualdad en aras de relaciones más equitativas que cierren las brechas por las que se cuelan todas las violencias de género. Pero sobre todo, urge un Estado que sí opere y deje de ser cómplice por omisión y negligencia de esta violencia feminicida.

Por Yolanda, Reina, Edilma, Daniela, Sammy, Yuri, Edith, Marina, Andreína, Norvic Yelitza, Rosmery, Marbel, Érika L, Maricel, Maira Alejandra, Adellys Nahomi, Éricka, María Ángel, Luz Stella, Mildret Xiomara, Maria Camila, Lynda Michelle y todas las que ya no están. 

Feminista colombiana, autora del libro “Que el privilegio no te nuble la empatía” (Planeta, 2020) y cofundadora de la colectiva Las Viejas Verdes. Ita María es Economista de la Universidad Icesi (Cali, Colombia) y tiene un MBA de Esdén Business School. Desde 2007 ha ocupado cargos directivos en importantes compañías de la industria de moda y tendencias como experta en marketing y estrategia (INVISTA, 2007-2012), análisis de tendencias y comportamiento de consumidor (WGSN, 2013-2017) y más recientemente incursiona en la industria de los medios independientes y alternativos (VICE, 2019-2020). Cuenta con más de una década de experiencia en generación de contenidos, nuevas narrativas, construcción de comunidades virtuales y comunicación digital y ha sido tallerista y conferencista de mercadeo, redes sociales y tendencias en América Latina. Actualmente se encuentra dedicada a apoyar y asesorar en estrategia de comunicaciones a organizaciones con enfoque feminista y de derechos humanos.

1 Comentario

  1. Mihermanolaslee temoseentere

    Hola Ita, (me quedé en blanco)
    Mi madre es sobreviviente del intento de asesinato por parte de mi padre, en presencia mía cuando tenía 4-5 años mal contados.
    Arma en mano y con un charco de sangre a sus pies, aún recuerdo su rostro, como si estuviera haciendo el mejor chiste, mientras me miraba en mi cuna y me decía: “X, ¿la matamos?”
    Mi terror, el miedo era tal que literalmente me quedé mudo. Me acobardé, eso siempre pensé.
    Si bien luego mi madre se separó y nos dió a mi hermano y a mí una vida lejos de esa violencia, siento que esa violencia se quedó conmigo.
    La marca me persiguió dando forma a un hombre que antes de sentirse cobarde no dudó en involucrarse en cualquier pelea aún a sabiendas de que perdería. Un hombre que tomó decisiones erradas en medio de su afortunada vida laboral y académica.
    Nunca pude construir una familia, me case, me uní libremente, tuve hijos, resulté buen amigo de mi ex esposa y mis ex parejas, buen padre según ellas mismas, pero que al primer evento a la mínima discusión o desencuentro de pareja, sentía que tenía que huir, me aterraba de una manera que no es posible imaginar que me pasara que llegara a ser como mi padre.
    Nunca pude encontrar el camino al diálogo, al acuerdo, a la reconstrucción de pareja.
    Así como ese día quedé mudo, me sucedió que me enmudezco frente al desacuerdo de pareja. No encuentro ni encontré el botón adecuado para pedir disculpas, perdón o para disculpar o perdonar los errores, los desaciertos que en cualquier relación de pareja entiendo y puedo comprender.
    Simplemente, me aterro, enmudezco e igual que ese día, evado. En silencio me alejo, me separo, me marcho. No levanto la voz, no reclamo, no grito, no golpeo, no agredo, pero igual fracaso, huyo, salgo corriendo, mudo, aterrado.

    Aterrado como ese niño de 5 años que no pudo contestar la pregunta de ese padre maldito: “´¿la matamos?”.

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