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Una de las bases de la democracia es pensar en políticas, decisiones y discursos que acojan y beneficien a la mayor cantidad de personas posibles. Esa base, aparentemente sencilla, nos conduce a preguntas importantes sobre el bien mayor y quién lo determina. Preguntas que, sin duda, han estado en la cabeza de la ciudadanía colombiana por estos días.
Antes de plantearles cuál sería, a mi modo de ver, la opción más ética para Colombia, es fundamental que tengamos en cuenta un tema central que se disputa en estas elecciones; un asunto que hemos heredado como fundamental y que ahora, otras generaciones, con la facilidad que dan las plataformas digitales en la difusión de información y perspectivas, cuestionamos de forma muy incisiva. El ascenso del fascismo y la división evidente de la opinión en Colombia nos obliga a preguntarnos por qué eso que antes considerábamos esencial, ahora muchísimas personas entendemos como secundario o consecuente.
Iniciemos por algo evidente, pero que muchas personas al leer fuentes de información prefieren omitir: cuando se trata de periodismo, opinión o pensamiento crítico, no existe algo como la neutralidad; hay detrás de cada texto una persona y un contexto. Acérquese a este texto entendiendo que la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente no son negociables en esta plataforma ni para esta autora; acérquese para aprender por qué el tema de seguridad que se disputa en la faena el candidato Abelardo de la Espriella puede leerse desde una lógica utilitarista y por qué su propuesta frente a esto tiene rasgos populistas que debemos señalar con suma atención, para entender mejor si algo de lo que propone sería viable.
La seguridad en Colombia ha sido un tema que le ha quitado el sueño a muchas personas e instituciones. Sabemos que este es un país con un alto índice de criminalidad y un acceso precario a la justicia. Entender que hay un enorme número de personas preocupadas por este tema por encima de otros es necesario e indudablemente el nuevo gobierno debe afrontar los desafíos y los cuestionamientos que trae consigo este tema. La pregunta por cómo mejorar la calidad de vida de la gente en todo el país debe estar en cada mesa de conversación. No obstante, mucha gente en el país ya no solo se hace la pregunta de qué va a pasar en mi barrio, en mi pueblo, en mi ciudad; nos preguntamos: ¿por qué la seguridad sigue siendo inalcanzable?, ¿por qué grandes inversiones en materia de seguridad no se traducen en mejor calidad de vida? Y ahí, en esas preguntas, está el viraje al que nos llevó la pregunta por la paz y el perdón, un momento histórico que resultó en un país con dos ángulos diferentes sobre qué es lo mejor para la nación colombiana.
Sabemos que el plebiscito por la paz nos mostró un mapa que tiene un eco importante entre la gente que pondera la paz y quienes ponderan la seguridad. Un mapa que resaltó una cifra que, aunque menor, dividió al país de manera contundente y que resonó con fuerza en las elecciones presidenciales de este año. En aquel 2016 ganó el NO por un margen de 0,22%, según lo reporta Indepaz; diez años después del plebiscito seguimos viendo una división significativa en lo que considera la población que es el mejor camino a tomar, ya que una parte de Colombia, quienes votaron por el candidato Iván Cepeda, 9.656.799 de personas, le apuestan a la paz; mientras otra cara de Colombia anhela, por encima de cualquier cosa, la garantía de represión a la criminalidad, un aproximado de 10.316.370 personas. Ahora es necesario entender que la pregunta por cómo vivir una vida plena y tranquila no le pertenece solo a un lado de quienes votaron; sin embargo, el abordaje de cómo llegar allí es lo que debemos observar más de cerca.
Volvamos entonces a la discusión de por qué la seguridad pasa a un plano secundario para tanta gente a la hora de votar y qué nos dice este fenómeno de cada candidato:
Una de las propuestas de Abelardo de la Espriella es eliminar la JEP porque, según sus palabras, es una farsa. Esta acción invisibiliza a esas personas en Colombia que imaginaron en el SÍ a la paz una opción de vida, una población que puede decirse es la mitad del país; no contento con eso, además se erradicaría un acuerdo de diez años con compromisos internos e internacionales. Algo que debería encender las alarmas de cualquier votante, ya que es aquí donde convergen el populismo y una lógica utilitarista. El populismo aparece al presentar una institución compleja como la JEP como la responsable de un problema estructural y ofrecer su eliminación como una solución inmediata y comprensible para el electorado. La lógica utilitarista surge cuando la satisfacción política de una mayoría se antepone a los derechos de las víctimas y a los compromisos adquiridos en un proceso de paz que busca beneficiar a toda la sociedad. La pregunta democrática no solo debería ser qué quería la mayoría en un momento determinado, sino también qué garantías deben preservarse para quienes a lo largo de la historia del país han soportado las mayores cargas del conflicto armado. La democracia no solo va de contar votos, también protege derechos, en especial de las poblaciones más vulnerables.
Entiéndase entonces que el populismo se caracteriza por presentar problemas complejos mediante explicaciones simples, establecer una división entre el pueblo y unas élites o instituciones supuestamente corruptas y prometer soluciones rápidas a problemas estructurales. En el caso de una propuesta como eliminar la JEP, el argumento crítico sería que se presenta una institución compleja de justicia transicional como la causa principal de la impunidad, ofreciendo su desaparición como una solución contundente a una frustración social. El mensaje tiene fuerza política, porque conecta con el malestar de quienes sienten que la justicia no ha funcionado adecuadamente, para quienes reiteran que el trato a los victimarios es un trato privilegiado y condescendiente. El elemento populista no estaría necesariamente en criticar la JEP, algo que es legítimo en una democracia, sino en reducir un problema histórico de más de sesenta años a una solución institucional única y de efecto inmediato, algo que muchas personas compran a la hora de votar sin ninguna evaluación de por medio, porque es un camino aparentemente corto y certero.
El utilitarismo, en filosofía política, sostiene que una decisión es correcta si produce el mayor beneficio para el mayor número de personas. El problema surge cuando, en nombre de ese supuesto beneficio mayoritario, se sacrifican derechos, garantías o intereses de grupos minoritarios. Formular la eliminación de la JEP privilegia la percepción de seguridad o satisfacción de una mayoría electoral por encima de los derechos de las víctimas que han encontrado en la justicia transicional una vía para conocer la verdad sobre lo ocurrido. Se priorizaría en ese sentido el sentimiento de que “algo se está haciendo”, pero en realidad se estaría retrocediendo en términos de resolución, frente a los compromisos adquiridos con poblaciones específicas afectadas por la guerra.
Lejos de querer gobernar desde la integración de medidas políticas que ya fueron formuladas, aprobadas y financiadas, como se espera de cualquier presidente elegido democráticamente, se busca crear una reacción en el público inmediata, un alivio desde algo performativo y falaz como sería eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz usando de base la desinformación, pues muchas personas siguen pensando que la JEP es sinónimo de impunidad. Por supuesto que hablar de soluciones inmediatas tiene consecuencias entre la población, sobre todo en nuestro país, donde ha tardado tanto en llegar una noción tangible de tranquilidad y armonía, y más si se hace desde un lugar facilista, ruidoso y que pretende difundir mentiras. El magistrado y presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, en una entrevista para El Espectador, resaltó la importancia y la responsabilidad que deben tener quienes trabajan para el Estado a la hora de señalar irregularidades o hacer comentarios críticos, algo que no puede hacerse sin fundamentos. En contraste con lo que pretende desdibujar el candidato que se hace llamar a sí mismo tigre, la JEP continúa mostrando resultados insuperables en materia de justicia transicional. El mismo magistrado lo señala: “Además de la identificación de máximos responsables, este proceso nos ha permitido, por ejemplo, identificar a 249 personas dadas por desaparecidas y entregar 156 a sus familias.”
Entonces, la insistencia va en entender que los avances de un país con más de sesenta años de conflicto interno no son resultados que se ven de un día para otro, como aluden quienes sostienen que reforzar e invertir en seguridad constituye una garantía automática de paz, justicia y bienestar. La evidencia internacional ha mostrado que los países con mejores indicadores de seguridad no son necesariamente aquellos que más recursos destinan a la represión o al aparato coercitivo del Estado. Según un informe de las Naciones Unidas, “con 93.000 millones de dólares, menos del 4% de los 2,7 billones de dólares asignados al gasto militar, podría erradicarse el hambre para el 2030”. Un número que sin duda alguna cambiaría el panorama de mucha criminalidad consecuencia del empobrecimiento. Los países con mejores indicadores de seguridad son países que más bien fortalecen sus instituciones, amplían el acceso a derechos, reducen las desigualdades y construyen confianza entre la ciudadanía y el Estado.
Una fórmula atractiva para el voto rápido puede convertirse en una promesa costosa que no resuelve las causas estructurales de la violencia que pretende combatir.
En contraste, Iván Cepeda ha defendido la JEP como uno de los pilares fundamentales del Acuerdo de Paz y como una herramienta indispensable para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Mientras la propuesta de Abelardo de la Espriella se centra en desmontar una institución que considera fallida, sin números de nada ni explicación presupuestal detrás; Cepeda sostiene que la eliminación de un mecanismo que ha permitido esclarecer responsabilidades de actores armados, agentes estatales y terceros involucrados en el conflicto sería un error y un agravio también a la historia y los procesos de Colombia. Bajo esta óptica, la pregunta del candidato progresista va hacia cómo fortalecer la JEP para que produzca mejores resultados.
Esta diferencia revela dos visiones profundamente distintas sobre el país: una que entiende la seguridad principalmente desde la sanción y la capacidad coercitiva del Estado; otra que considera que la paz duradera requiere verdad, reconocimiento del daño causado y garantías para que los ciclos de violencia no vuelvan a repetirse, una acción que toma tiempo y que no pretende solo sosegar a la población con supuestas soluciones inmediatas que, por demás, no existen.
Más allá de las preferencias electorales, lo que está en juego es si Colombia decide profundizar un modelo de justicia transicional respaldado por compromisos nacionales e internacionales o reemplazarlo por una estrategia que pondera respuestas punitivas como principal herramienta para enfrentar las consecuencias de un conflicto armado que aún abre heridas, una respuesta que por demás ya ha fallado antes y aunque provoca una reacción rápida e incluso favorable entre mucha gente, sabemos que castigar y reprender no ha sido una solución ni viable ni sostenible.
La ilusión de la mano dura radica precisamente en su capacidad para ofrecer certezas donde solo existen problemas complejos. Promete orden inmediato, castigo ejemplar y tranquilidad rápida en un país agotado por décadas de violencia, pero no se detiene a explicar cómo resolverá las causas profundas que alimentan esa violencia. Es una narrativa eficaz y llamativa, porque apela al miedo, a la frustración y al deseo legítimo de vivir sin amenazas; sin embargo, la historia de Colombia y de muchos otros países demuestra que la represión por sí sola no construye paz ni fortalece la democracia. La verdadera seguridad no surge de más castigos, más armas, cárceles más grandes o más confrontación; al contrario, puede darse en el fortalecimiento de instituciones legítimas, justicia efectiva, oportunidades dignas y confianza entre la ciudadanía y el Estado.
El 21 de junio, la pregunta no debería ser quién promete responder con más dureza; la pregunta debería ser quién ofrece un proyecto capaz de garantizar una paz sostenible que sí resulte en una coexistencia armoniosa, en una vida tranquila en cualquier rincón del país para la mayor cantidad de personas posible, una paz que no implique bajo ninguna circunstancia sacrificar los derechos y las garantías que sostienen nuestra democracia.
