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El mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, fue asesinado el pasado 7 de julio en Houston por un agente de ICE, mientras conducía a su trabajo en una obra de construcción. Agentes de ICE en dos SUV sin distintivos ni cámaras corporales lo persiguieron, lo hicieron detenerse y un agente le disparó en el abdomen. Murió en el hospital después de ser privado de atención médica inmediata tras los disparos por parte de los agentes de ICE. El DHS (Department of Homeland Security) justifica el crimen de ICE afirmando que Salgado trató de usar su vehículo para atropellar al agente, que “actuó en defensa personal”, pero varios testigos desmintieron esa versión. Fue un crimen de odio.
Salgado ni siquiera era la persona que buscaban.
Los agentes buscaban una furgoneta blanca conducida por dos ciudadanos guatemaltecos tras una denuncia, y se acercaron a Salgado porque un pasajero “se parecía al objetivo”. Lorenzo Salgado era un esposo, hermano y padre de familia que llegó a trabajar a los Estados Unidos a sus 17 años. Llevaba casi 35 años en EE. UU. trabajando en construcción; su esposa y sus tres hijos son ciudadanos estadounidenses. Estaba tramitando su permiso de trabajo y no tenía antecedentes penales.
Juan Proaño, el director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), afirmó que antes de que lo subieran a la ambulancia, tomaron sus identificaciones y pertenencias. La familia sigue pidiendo que se les entregue el cuerpo y todo lo que le quitaron antes de que lo llevaran a un hospital.
Desde septiembre, más de 20 personas han sido heridas por disparos de agentes en controles migratorios similares, casi todas dentro de sus vehículos. La LULAC recordó que esta no es la primera vez que ICE justifica un tiroteo, argumentando que la víctima había intentado atropellar a los agentes, y exigen una investigación transparente.
Tras el asesinato de Lorenzo Salgado, que se suma al de otras 16 personas mexicanas que han muerto (14 en centros de detención y 2 en operativos) entre 2025 y 2026, la presidenta Sheinbaum anunció que tomará medidas jurídicas. Más de 100 personas han muerto bajo custodia de ICE desde 2018; 38 de ellas eran mexicanas.
- En el ámbito legal, la Secretaría de Relaciones Exteriores pedirá a la Fiscalía General de la República que presente denuncias formales por la muerte de mexicanxs, con lo que el caso pasaría de ser diplomático a penal.
- En el ámbito civil, se iniciarán acciones frente a las empresas privadas que operan reclusorios donde se cometen violaciones de los derechos humanos. Mediante una carta de cese y desistimiento, se hará una petición formal para que se corrijan las acciones y condiciones violatorias de los derechos humanos que han llevado a la muerte de las víctimas. Con esto, los mismos operadores privados han puesto en riesgo la vida digna de lxs demás detenidxs.
- En articulación con organizaciones no gubernamentales, se planea emprender acciones orientadas a la protección de mexicanxs mientras estén detenidos, además de solicitar a la CIDH la adopción de medidas cautelares.
- Al Alto Comisionado de la ONU se le pedirá que atienda la protección de la gente mexicana recluida por ICE.
- Finalmente, habrá un diálogo continuo con autoridades estadounidenses y con el Congreso de Estados Unidos, con el objetivo de reforzar la defensa de los derechos humanos de las personas.
Ser inmigrante no es delito.
Entre los años 2025 y 2026, se han registrado 58 muertes en custodia u operativos de ICE. Para abril de este año se registraban más de 60,300 personas detenidas por ICE; el 70.8% de ellas (alrededor de 42,722) no tiene ninguna condena penal, y muchos de los que sí la tienen fueron condenados únicamente por infracciones menores, como de tráfico vial.
La migración irregular o sin documentos puede ser considerada una falta administrativa, mas no un delito penal ni federal. A raíz de casos como Arizona v. United States (2012), la Suprema Corte de Justicia ha anulado iniciativas que buscan tipificarla como un delito. De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, que una persona viviendo en Estados Unidos no tenga papeles no es suficiente para que se le criminalice. Migrar es un derecho humano.
