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El mexicano Lorenzo Salgado Araujo fue asesinado el pasado 7 de julio en Houston, por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE).
El agente, cuya identidad no ha sido revelada, le disparó a Lorenzo varias veces. Después de esto, lo sometió al suelo, mientras Lorenzo se quejaba fuertemente por el dolor. A pesar de que los agentes estuvieran buscando a alguien más, detuvieron a Lorenzo, privándolo de atención médica inmediata tras los disparos. Lorenzo murió ese mismo día en el hospital Harris Health Ben Taub, ya que la herida que recibió en el torso fue grave. Juan Proaño, el director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) declara que antes de que lo subieran a la ambulancia, tomaron sus identificaciones y pertenencias. La familia sigue pidiendo que se les entregue el cuerpo y todo lo que le quitaron antes de que lo llevaran a un hospital.
Según el DHS (Department of Homeland Security), el agente que asesinó a Salgado lo hizo en defensa propia, pues “Salgado trató de usar su vehículo para atropellarlo”. Sin embargo, los agentes que participaron en este operativo no contaban con cámaras corporales, a pesar de que en 2024 el ex director de ICE, Patrick J. Lechleitner, haya exigido públicamente el uso de cámaras corporales a su personal, con el fin de fomentar la confianza y la credibilidad. Las políticas actualizadas en el 2025, apoyan la activación de las cámaras en cuanto comience una actividad de ejecución, es decir, en cuanto salgan al campo. El agente que atacó a Lorenzo, junto con por lo pronto cuatro personas más, iba en un auto común y corriente, sin ningún tipo de señalización oficial.
Lorenzo, un esposo, hermano y padre de familia, llegó a trabajar a los Estados Unidos a sus 17 años. Como su situación laboral era irregular, aprendió a ser jornalero y trabajaba de sol a sol, alrededor de 12 horas, por un salario diario (jornal). En los 35 años que vivió en Estados Unidos, Lorenzo no tuvo un solo antecedente penal. Tampoco hay una sola prueba que demuestre que Salgado haya agredido al oficial de ICE.
La LULAC recordó que esta no es la primera vez que ICE justifica un tiroteo, argumentando que la víctima había intentado atropellar a los agentes, y exigen una investigación transparente.
. Según el medio El Economista , más de 100 personas han muerto bajo custodia de ICE desde 2018; 38 de ellas, eran mexicanas. Tras el asesinato de Lorenzo Salgado, que se suma al de otras dieciséis personas mexicanas que han muerto (14 en centros de detención y los demás en operativos) entre 2025 y 2026, la presidenta Sheinbaum anunció que tomará medidas jurídicas el día después del asesinato en la conferencia matutina que da todos los días. El 9 de julio, el canciller Velasco detalló durante la misma conferencia habitual, cuáles serían las acciones adicionales a tomar:
- En el ámbito legal, la Secretaría de Relaciones Exteriores pedirá a la Fiscalía General de la República que presente denuncias formales por la muerte de mexicanxs, con lo que el caso pasaría de ser diplomático a penal.
- En el ámbito civil, se iniciarán acciones frente a las empresas privadas que operan reclusorios donde se cometen violaciones de los derechos humanos. Mediante una carta de cese y desistimiento, se hará una petición formal para que se corrijan las acciones y condiciones violatorias de los derechos humanos que han llevado a la muerte de las víctimas. Con esto, los mismos operadores privados han puesto en riesgo la vida digna de lxs demás detenidxs.
- En articulación con organizaciones no gubernamentales, se planea emprender acciones orientadas a la protección de mexicanxs mientras estén detenidos, además de solicitar a la CIDH la adopción de medidas cautelares.
- Al Alto Comisionado de la ONU se le pedirá que atienda la protección de la gente mexicana recluida por ICE.
- Finalmente, habrá un diálogo continuo con autoridades estadounidenses y con el Congreso de Estados Unidos, con el objetivo de reforzar la defensa de los derechos humanos de las personas.
Ser inmigrante no es un delito.
Entre los años 2025 y 2026, se han registrado 58 muertes en custodia u operativos de ICE. Para abril de este año se registraban más de 60,300 personas detenidas por ICE; el 70.8% de ellas (alrededor de 42,722) no tiene ninguna condena penal, y muchos de los que sí la tienen fueron condenados únicamente por infracciones menores, como de tráfico vial.
La migración irregular o sin documentos puede ser considerada una falta administrativa más no un delito penal ni federal. A raíz de casos como Arizona v. United States (2012), la Suprema Corte de Justicia ha anulado iniciativas que buscan tipificarla como un delito. De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, que una persona viviendo en Estados Unidos no tenga papeles no es suficiente para que se le criminalice. Migrar es un derecho humano.
Desde Volcánicas exigimos justicia para Lorenzo y para todas las víctimas de ICE.
