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La destrucción de Valparaíso entre el 1 y 3 de febrero de 2024 es una de las devastadoras consecuencias de la ola de incendios forestales que ha golpeado a distintas localidades centrales y sureñas de Chile. A lo largo del fin de semana, medios internacionales informaron que durante la noche del 1 de febrero el fuego se extendió rápidamente desde la reserva Lago de Peñuelas hacia las áreas urbanas.
De acuerdo con testimonios, se sabe que les habitantes de las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Limache y Villa Alemana contaron con un máximo de 10 y 15 minutos para desalojar sus viviendas. La gravedad de los incendios —derivada de la velocidad, ocurrencia simultánea y extensión (se calculan 43.000 hectáreas)— provocó la afectación de más de 3.000 casas, el deceso de más de 100 personas y 372 desapariciones, según la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.
Hasta la tarde del 6 de febrero (17:30 hrs), la Corporación Nacional Forestal (Conaf) reportó 176 incendios en las regiones de Coquimbo (1), Metropolitana (4), O’Higgins (5), Maule (11), Ñuble (4), Biobío (42), Araucanía (71), Valparaíso (10), Los Ríos (1), Los Lagos (26) y Aysén (1). Aunque entre el 1 y 2 de febrero se decretó Alerta Roja y se ordenó el despliegue de cuerpos de bomberos, el siniestro fue catalogado por el presidente Gabriel Boric Font como “la tragedia más grande” que ha sufrido el país desde el terremoto de 2010. Por ello, declaró estado de excepción en Valparaíso y Marga Marga, además de duelo nacional por dos días. Desde entonces, estas zonas son vigiladas por elementos de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
En ruedas de prensa y publicaciones en redes sociales, Gabriel Boric ha asegurado que él, las ministras Maya Fernández Allende y Jessica López Saffié y la alcaldesa Javiera Toledo, están en contacto con les vecines de dichas localidades. No obstante, en comunicaciones con medios como The New York Times, se acusó que hubo fallos en las órdenes de evacuación por parte del Servicio Nacional de Respuestas y Prevención ante Desastres (Senapred).
A través de X e Instagram, les chilenes han expresado que los refugios quedan muy retirados de las poblaciones afectadas. Los toques de queda fueron otro factor que dificultó el desplazamiento a albergues. Durante el fin de semana también se leyeron quejas sobre el funcionamiento del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), que, mediante un mensaje por celular, envió instrucciones para salvaguardar la integridad de las personas ante desastres naturales. Pero, muchas de las notificaciones llegaron cuando las llamas ya estaban muy cerca de los hogares y establecimientos. Asimismo, residentes de la zona reportaron que el SAE entorpeció el funcionamiento de las líneas telefónicas y los servicios de mensajería instantánea. En consecuencia, el gobierno chileno solicitó a la Unión Europea una evaluación de la herramienta. “Queremos asegurarnos de que los sistemas SAE funcionaron y si no, saber qué pasó”, señaló Boric.
Las olas de incendios forestales se han intensificado en Chile
Actualmente, la catástrofe es motivo de investigación de la Brigada de Delitos Ambientales. En una entrevista con CNN Chile, el 3 de febrero, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich mantuvo la hipótesis de que detrás de los incendios podría haber “intencionalidad humana”. La declaración fue compartida por Álvaro Hormazabal, titular de Senapred, que argumentó que la Conaf cumplió con su labor. “No hay ningún sistema del mundo que esté preparado para una lógica que indica que va a haber gente encendiendo fuego rodeando una ciudad”, sostuvo.
Aunque al momento no se descartan dichas observaciones, es imprescindible subrayar que el desastre y sus estragos no son aislados. Desde hace décadas, en Chile los incendios forestales representan uno de los mayores riesgos para el ecosistema y la población. La Conaf guarda registros desde 1964 y realiza monitoreos anuales. Acorde con esta data, se observa que en la última década este tipo de catástrofes se presenta con mayor frecuencia e intensidad.
En abril de 2014, el sector La Pólvora, también en Valparaíso, fue sede del que, hasta entonces, se conocía como el “mayor incendio urbano en la historia del país”. Las llamas convirtieron en cenizas las viviendas en los cerros Mariposas, Monjas, La Cruz, El Litre, Las Cañas, Merced, Ramaditas y Rocuant. Las jornadas de rescate requirieron la participación de más de 15.000 voluntaries.
En 2017, el megaincendio entre O’Higgins hasta Biobío “marcó un antes y un después”, como apunta Francisco Acevedo, ingeniero forestal y experto de la Corporación Chilena de la Madera (Corma). En medio de un verano altamente seco, la expresidenta Michelle Bachelet declaró estado de emergencia por la afectación de 360.000 hectáreas y la ocurrencia de 100 incendios simultáneos.
Para 2023, la situación no fue distinta. Entre enero y abril, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) —mediante la Oficina de la Coordinadora Residente en Chile— alertó que “una ola extendida de calor generó las condiciones ideales para incendios forestales en la región centro meridional”. De nueva cuenta, miles de viviendas resultaron afectadas y el Ministerio de Obras Públicas reportó daños en el sistema de suministro de agua potable en las zonas rurales.
También se expresó una fuerte preocupación por la muerte y los daños a la salud de especies silvestres —algunas de ellas endémicas— de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Maule. Pese a la creación del Comité Nacional de Restauración Ecológica, Chile encabeza las preocupaciones ambientalistas por la vulnerabilidad de áreas protegidas como la Reserva Nacional de Los Cobres de Loncha, los alrededores del Santuario de la Naturaleza Los Predios San Francisco de Lagunilla, Quillayal y el Santuario San Juan de Piche, primordiales para la supervivencia de animales como el gato de campo (huiña) y la mofeta (chingüe).
La Patagonia está en llamas.
Sumando a considerar las condiciones que vuelven a Valparaíso una zona vulnerable para el desarrollo de “incendios de interfase urbano-forestal” [1], la catástrofe debe ser enmarcada a la par de lo que sucede en otros países de América Latina. En 2023, la organización Lancet Countdown: Tracking Progress On Health And Climate Change recalcó que Sudamérica (especialmente en Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Brasil y Colombia) rompió el récord en el aumento de temperaturas y ,con ello, se convirtió en un factor relevante en el disparo del 160% de las muertes en la región.
Fue en el mes de abril cuando la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés) alertó sobre la intensificación de las sequías en Argentina y los incendios en la Amazonía. Asimismo, en noviembre de 2022, advirtió que el nuevo episodio de El Niño —relacionado con el aumento del calor en las aguas del Pacífico Ecuatorial— traería “consigo más fenómenos meteorológicos extremos”.
A la par de las labores de búsqueda y rescate en el centro y sur de Chile, Colombia y Argentina informan sobre los daños que sufrieron sus localidades en semanas recientes. El 24 de enero, el presidente Gustavo Petro anunció que emitiría un decreto por desastre natural, esto como resultado de los 21 incendios que arrasaron con los cerros orientales de Bogotá.
Además de la entrada de un gobierno negacionista del cambio climático [y de derechos humanos, dicho sea de paso], Argentina cerró el 2023 con el daño a los bosques nativos en el Gran Chaco y la vegetación de Orán y General José de San Martín, en Salta. En 2024, el país sudamericano enfrenta el incendio de Los Alerces. El 5 de febrero, Agencia Presentes publicó un reporte especial en el que convoca a entender este desastre al margen de la criminalización hacia el pueblo mapuche y las inversiones millonarias con Emiratos Árabes.
Vacíos en la garantía de los derechos humanos: las poblaciones más afectadas durante los incendios en Chile
El 6 de febrero, autoridades chilenas actualizaron los datos correspondientes a los daños materiales. Al menos 15.000 viviendas quedaron inhabitables. En el fotoreportaje publicado por The New York Times, la periodista Annie Correal y el periodista John Bartlett enfatizaron que Valparaíso es una de las regiones de Chile con más viviendas “improvisadas y otras muy viejas” [2] que, en su mayoría, están construidas con materiales ligeros y flamables. La ubicación de estas casas —muchas de ellas en pendientes abruptas—dificulta la labor de los bomberos.
Entre 2022 y 2023 los llamados “campamentos irregulares” aumentaron un 33.1% y la cantidad de familias que los habitan tuvieron un crecimiento del 39%. Así como lo han expresado organizaciones no gubernamentales, esta situación —que tuvo un repunte en la pandemia por COVID-19— es una de las consecuencias de la no garantía del derecho a una vivienda digna e, incluso, de las restrictivas políticas migratorias de Chile.
Los testimonios recuperados por The New York Times también identificaron a la inseguridad como un factor que influyó en la lenta evacuación. En comunas de O’Higgins (como El Olivar) algunas personas se rehusaron a salir de sus casas por miedo a ser asaltadas y despojadas de las pocas pertenencias que alcanzaron a recuperar. Durante meses, medios locales han retratado a O’Higgins como un foco rojo por el incremento de secuestros y delitos violentos. Igualmente, Valparaíso ha estado en la mira por el alza en la tasa de homicidios y la incidencia de crímenes como el hurto (29.5%) y los robos de automóviles y motocicletas (19.1%). Incluso, en 2023 se consideró decretar estado de excepción en la ciudad portuaria.
Con relación a los decesos y los fallos en la evacuación durante los incendios de 2024 en Chile, usuaries de redes sociales y —muy contados— medios han denunciado la falta de atención a adultes mayores, grupo poblacional que se ha visto afectado desde hace varios años. Además de las dificultades que lleguen a presentar al momento de moverse, les adultes mayores se enfrentan a una alta preocupación ante la posibilidad de ser víctimas de la delincuencia y el sentimiento de desprotección, arroja la investigación realizada por la profesora Verónica Rubio Aguilar.
Los desastres naturales, además de ser una expresión del cambio climático, dejan al descubierto —de una manera aún más transparente— las deficiencias estatales frente a problemas estructurales. La preservación y protección de los territorios se relacionan de manera directa con el derecho a una vida digna.
Notas al pie
[1] El doctor en geografía Xavier Úbeda (Universidad de Barcelona) explicó a DW que estos incendios “tienen lugar en una zona en la que hay mucha vegetación, pero además hay muchas casas”. Particularmente, sobre Valparaíso comentó que “es una zona de muy alto riesgo. El fuego sube por las cañadas”.
[2] Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, estimó que “el 30% de las viviendas afectadas son de conjuntos antiguos y el 70% restante, una parte, son ocupaciones irregulares y otros son campamentos”.
