Por Por Láurel Miranda
Con la aprobación de la llamada Ley de Identidad de Género en el Estado de México, suman 16 entidades en el país que ya garantizan uno de los derechos humanos más básicos para cualquier persona. Sin embargo, se trata de un logro conquistado 13 años después de que este mismo derecho fuese garantizado en la Ciudad de México, en 2008, y tres años después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) retirara la transexualidad de su lista de enfermedades mentales, en 2018.
La entrada en vigor de la Ley de Identidad de Género en el Estado de México, publicada ya por el gobierno de la entidad en la Gaceta Oficial, permitirá que las personas trans del estado más poblado del país (más de 16 millones) ya no deban viajar a la Ciudad de México para realizar este trámite administrativo. Sin duda esto representa un avance, pero es necesario, primero que todo, que lxs servidorxs públicos del Registro Civil cuenten con la capacitación suficiente para comprender el trámite y saber realizarlo. Lo señalo, pues este lunes 26 de julio colectivas de mujeres trans reportaron a El Sol de México que el personal no sólo desconoce las reformas realizadas al Código Civil, sino que tampoco cuenta con la sensibilización para tratarlas con el respeto debido.
Y a pesar de que este avance debería ser celebrado por todes sin ningún “pero”, existe actualmente la falsa idea de que los derechos de las personas trans avanzan a pasos agigantados frente a la conquista de derechos para otros sectores vulnerados. Se hacen comparaciones manipuladoras y absurdas como por ejemplo que, mientras ya son 16 estados los que cuentan con una Ley de Identidad de Género, solo son 4 entidades en las que se ha despenalizado la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Esta es una falsa oposición pues, por un lado, la conquista de unos derechos no es impedimento para el avance de los otros y, por el otro, entre la población trans también hay personas gestantes que están interesadas y dan la lucha por la garantía y respeto de la autonomía corporal para todas las identidades.
Nos encontramos en un escenario en el que, no sólo en México sino también en países como Reino Unido, España, Argentina y Colombia, se impulsa el discurso de que los derechos de las mujeres cisgénero están en peligro frente al avance de derechos de las personas trans. Un discurso, por cierto, sumamente peligroso para las personas trans, particularmente en países como éste, que ocupa el segundo lugar en el mundo con mayor número de transfeminicidios.
Ni hablar de lo que ocurre en el Estado de México, uno de los lugares más peligrosas en todo el país tanto para mujeres cisgénero como para mujeres trans, y para cualquier otra identidad que se salga de las reglas normativas del sistema sexo-género. Tan solo en julio, mes que por cierto no ha concluido, dos mujeres trans fueron asesinadas en su propio domicilio o lugar de trabajo. Hablo de Ivonne, de 32 años, y Alinne, de 41 años. En ambos casos las autoridades registraron signos de tortura en las víctimas y son ejemplo del peligro que implica ser una mujer trans en México, un país en el que la violencia transfóbica se manifiesta de múltiples e insospechadas maneras. Existe sí, la del transfeminicida, quizás la más común y evidente, pero la transfobia se manifiesta también en los medios de comunicación, por ejemplo, con su estigmatización de las identidades trans, su falta de conocimiento sobre elles y su falta de personal trans. Las agresiones existen ahí, a plena vista, en microviolencias como los chistes transfóbicos, el deadnaming o la malgenerización, aunque la población cisgénero no lo note, o lo entienda como una nimiedad.
Es cierto que la estadística señala que son los hombres los principales responsables de feminicidios y transfeminicidios, pero no debemos olvidar que la cultura feminicida se nutre precisamente de todos estas acciones y discursos que hemos señalado. No podemos tampoco permitir que estos discursos cobren mayor fuerza, particularmente en entidades como el Estado de México, en donde en los últimos ocho años se han registrado al menos 21 asesinatos en contra de la comunidad trans, según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra Personas LGBT, de Fundación Arcoíris.
El nuevo artículo 3.43 en el Código Civil de la entidad, establece que para la realización de este proceso basta con comparecer personalmente al Registro Civil, acreditar nacionalidad mexicana, haber nacido en Estado de México, ser mayor de edad y no estar enfrentando ningún proceso judicial. Por el momento, más de 100 mujeres trans son las que necesitan realizar su cambio de identidad sexogenérica en su acta de nacimiento, según informó Tania Vázquez, representante de Mujeres Trans en el Valle de Toluca. La activista señala que, de no haber una respuesta adecuada por parte de autoridades, ellas están en la disposición de capacitar al personal para la realización de este trámite.
A la espera de que la ley pase del papel a la acción, sabemos que esto no bastará para mitigar la violencia contra las personas trans en el estado, sobre todo con una tasa de transfeminicidios tan alarmante. Hará falta crear una estrategia que permita un acceso igualitario a educación, salud y trabajo para personas trans, quienes hasta la fecha no cuentan todavía con una clínica especializada en dicha entidad (como sí sucede con la Ciudad de México, con la Clínica Condesa), y cuya fuente principal de ingresos sigue siendo el trabajo sexual, el estilismo u otros trabajos informales. Como se ve, se trata de un problema estructural para el que la corrección de identidad sexogenérica en documentos oficiales es apenas el primer paso.
Tampoco podemos dejar de recalcar que, a la fecha, Jalisco es el único estado en todo México que permite el cambio de identidad sexogenérica entre infancias y adolescencias trans. Si bien se trata de un derecho que debería ya estar garantizado en todo el territorio nacional, resulta paradójico que esto no sea una realidad ni en la capital (una de las ciudades más relevantes en toda América Laguna) ni en el Estado de México, la entidad más poblada del país.
