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El pasado 5 de agosto el joven caleño José Manuel Arboleda fue detenido por la policía bajo procedimientos abusivos al oriente de Cali en el sector de LlanoVerde. El caso ha sonado en redes sociales y algunos medios por la terrible similitud que guarda con el arresto, que terminó en el asesinato, de George Flyod el 25 de mayo del 2020 a manos del oficial Derek Chauvin, en la ciudad de Mineapolis. El joven detenido en Cali, que ya había sido esposado, estaba contra el suelo con la rodilla de uno de los oficiales sobre su cuello, atrapado por la misma maroma violenta con la que asesinaron a Floyd. Desafortunadamente, los casos de abuso policial por perfilamiento racial, o persecución a inmigrantes, no son nuevos en nuestra región. Lo cierto es que en el Sur Global se han dado múltiples casos que se parecen demasiado a los denunciados en Estados Unidos por el movimiento social BlackLivesMatter (las vidas negras importan).
Las estadísticas regionales no favorecen el estudio de estos abusos. En un estudio realizado este año por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) se encontró que: “en América Latina, una de cada cinco personas es afrodescendiente, es decir, desciende, en la gran mayoría de los casos, de las personas que llegaron de África a nuestro continente a través de la trata transatlántica de personas esclavizadas en el período colonial. Esa es una estimación moderada, porque solo en el presente siglo la invisibilidad estadística de esa población —una de las formas de discriminación más perversas— se ha comenzado a revertir mediante la incorporación de su autoidentificación en algunas fuentes de datos”. La invisibilización de las cifras generales sobre identidad racial que mantienen diversas instituciones estatales terminan facilitando la impunidad y el desconocimiento alrededor de casos como el de José Manuel Arboleda, que suceden a diario no solo en Colombia, sino en el Centro y el Sur del continente.
Es necesario que empecemos a entender estos acontecimientos como la muestra de un problema crónico que denota el racismo y la xenofobia bajo la que opera la policía alrededor del mundo. Apenas el año pasado, en Quintana Roo-México, una mujer salvadoreña fue asesinada por una oficial de policía que también la mantuvo bajo su rodilla, pese a que la mujer en varias ocasiones alertó a las autoridades sobre la falta de aire y el dolor que sentía. Victoria Esperanza Salazar Arriaza, madre de dos adolescentes, refugiada, se mudó a México porque su vida corría peligro en El Salvador. Cuando se presentó el reporte de sobre las causas de su muerte, se declaró lo siguiente: “según el servicio médico forense de la fiscalía, la necropsia concluyó que la causa de la muerte fue una fractura y lesiones en la parte superior de la columna vertebral”. Y si bien el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo declaraciones repudiando los hechos, y se tomaron medidas correctivas para reprender a los cuatro policías involucrados, la vida de Victoria no regresará y lo que es peor, se suma a la lamentable lista de vidas perdidas por el abuso policial. Las leyes migratorias refuerzan la discriminación y la criminalización de las personas negras y migrantes y no es suficiente repudiar los hechos cuando se sigue condenando a quienes migran a vivir como ciudadanos de segunda categoría.
Otra gran avenida que facilita las situaciones de abuso de poder es la racialización territorial. No es coincidencia que el caso de José Manuel Arboleda no sea el único que se ha presentado en el oriente de Cali. No olvidemos que allí han tenido lugar otros casos de abuso de autoridad y racismo, como sucedió con los adolescentes Álvaro José Caicedo, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño, Léider Cárdenas y Jair Cortés que fueron asesinados, presuntamente, por un guardia de seguridad y un operario del cañaduzal. Cuando hablamos de racialización de un territorio nos referimos a que asociamos un lugar a una comunidad racial o étnica y así mismo le adjudicamos a dicho lugar características de esa comunidad, incluyendo caracterizaciones racistas: pensar en en ese lugar está lleno de criminales; pensar que son lugares peligrosos per se; pensar que son vidas por las que nadie va a reclamar jamás. Los cinco jóvenes fueron leídos por sus asesinos como “amenazas” y por ese prejuicio fueron asesinados.
Para nuestro pesar, esta racialización territorial no solo la vemos en Colombia. Nuestro vecino Brasil también participa de esto. En Brasil los territorios racializados son las favelas, en donde se asume solo hay crimen e ilegalidad. Tanto así, que las favelas son sometidas a operaciones policiales sin miramiento alguno por el cuidado de quienes allí habitan, pese a las múltiples advertencias de organizaciones veedoras de Derechos Humanos. En el mes de julio del presente año, una operación policial que duró 12 horas terminó con 18 personas muertas. Este tipo de operaciones no son atípicas en cascos urbanos de Brasil, de hecho esta operación en particular es la tercera más sangrienta de Río de Janeiro y algunos de sus habitantes comparaban su barrio con “zonas de guerra”. Cuando pensamos en en violencia policial contra personas negras en nuestra región, el país vecino está en el top de la lista. Un informe realizado por la BBC en el 2020 revela que “según cifras del Foro Brasileño de Seguridad Pública, la policía en Brasil mata a unos 5.000 afrodescendientes al año. Esto es 21 veces el número de negros que mueren anualmente a manos de la policía de EE.UU., aunque Brasil solo tiene 2,45 veces más afrodescendientes”.
Anderson Arboleda fue otro joven negro que desató en Colombia discusiones sobre racismo entre la policía y sus procedimientos innecesariamente violentos. En mayo del 2020 Anderson murió por lesiones en la cabeza, que se dice fueron propinadas por un oficial. Este caso indignó a muchas personas que trabajamos en causas antirracistas, en especial por la poca visibilidad que tuvo. Alí Bantú, abogado afrocolombiano del colectivo Justicia Racial, declaró sobre el caso de Anderson: “No basta con abrir una investigación preliminar, no basta con lavarse las manos arguyendo que desconocían el asesinato, no basta con decir que son hechos aislados, ‘manzanas podridas’. Como pueblo negro, los atropellos policiales son nuestro vínculo más frecuente con las instituciones de este país”.
El colectivo Justicia Racial busca defender a las comunidades negras y afrodescendientes de Colombia del abuso u omisión de sus derechos. Este colectivo está detrás de la defensa del más reciente caso de perfilamiento racial conocido, y mencionado al principio de este artículo, el de José Manuel Arboleda. Alí Bantú nos reveló los siguientes avances: “lo que hicimos fue contactarnos con las organizaciones de base de Llano Verde como lo es AFRODES y con ellos pudimos hacer contacto con la víctima y de manera inmediata solicitamos a la Policía, así como a las instituciones de investigación y control como la Fiscalía, la Procuraduría y la oficina disciplinaria interna de la Policía, que suspendieran de manera inmediata a los cuatro oficiales involucrados en este lamentable hecho, los cuales ya fueron suspendidos. Las investigaciones penales ya están cursando, así como las investigaciones disciplinarias”.
Otra de las organizaciones que denunció en redes el maltrato en contra de José Manuel fue ILEX Acción Jurídica, quienes también hacen importantes esfuerzos por visibilizar el racismo estructural que sostiene el perfilamiento racial y el consecutivo abuso policial. Hablamos con una de sus abogadas, Eliana Alcala, sobre qué pueden hacer las personas negras en este tipo de situaciones: “uno tiene que tener cierta conciencia de sus derechos, también tiene que tener cierta conciencia de los riesgos que implican estos casos de abuso policial, porque así como puede solo terminar en uso excesivo de la fuerza y lesiones, que ya es suficientemente grave, también puede terminar en homicidio. En el ejercicio de la fuerza letal”. Por eso Eliana recomienda buscar herramientas para probar que el abuso tuvo lugar, como sucedió con el vídeo de Jose, asegurando que esto facilita la realización y seguimiento de las denuncias. ILEX hace un trabajo muy relevante en Colombia para concientizar a las personas negras y afro sobre nuestros derechos a través de cartillas y guías que se pueden descargar de forma gratuita en su página web, una de las más esenciales: ¿qué hacer en caso de abuso policial contra personas afrocolombianas?
Es terrible que las personas negras tengamos que confrontar una realidad en la que necesitamos documentarnos, prepararnos y organizarnos para cuidarnos de la violencia de la policía. Las personas negras de diferentes países somos testimonio de que la policía está estructurada bajo nociones racistas, xenófobas y clasistas y que, lejos de cuidar a la gente, tienen la función de cuidar el statu quo. Mientras las personas blancas o blanco mestizas ven en la policía una entidad que puede protegerlas, las personas negras y la gente racializada sentimos que es una institución amenazante: nuestros encuentros con la policía pueden ir de la humillación hasta la muerte, como ya lo hemos visto a lo largo de este texto.
Otros casos, como el de Kendrick Sampson, el afroamericano que fue detenido por la policía bajo un procedimiento irregular en Cartagena; la persecución policial contra los haitianos en República Dominicana o el Paro de Ecuador en donde la policía asedió a distintas comunidades indígenas, tienen un elemento en común: el racismo institucional. Lo más peligroso del actuar violento de las autoridades es que está avalado, e incluso promovido, por diferentes entidades estatales. Por eso es tan urgente encarar la realidad del racismo que día a día representa un verdadero peligro para las personas negras y racializadas del Centro y el Sur de América.
Nos escandalizamos con George Floyd porque la narrativa del racismo en Estados Unidos tiene una historia que podemos ver con más claridad, mientras que en el Sur Global el discurso del mestizaje, este seguir pretendiendo que no hay diferencias sociales entre las distintas comunidades raciales y étnicas, es el discurso bajo el que se esconde el sistema racista que niega el reconocimiento de las negritudes y los pueblos originarios. Bien lo dijo Kendrick: “Así como en Estados Unidos estamos marchando y organizándonos para exigir que nuestras instituciones y cultura reparen y cuiden las vidas negras y eliminen la supremacía blanca sistémica, en Colombia, los líderes negros luchan por su dignidad y sus derechos. Este es un movimiento de liberación internacional. Necesitamos desarraigar los sistemas estructuralmente opresivos, desde la policía hasta los sistemas de votación, desde la tierra y la vivienda, hasta la injusticia económica y ambiental, a fin de reparar los efectos de siglos de colonización y de violencia contra las vidas negras”.
Ya no seguiremos guardando silencio porque cada día entendemos mejor las herramientas con las que contamos para luchar por tratos dignos y humanos. Por eso necesitamos llevar cuentas detalladas de cada uno de los abusos policiales en contra de las personas racializadas, para poder entender de dónde surgen sus abusos racistas, poder denunciarlos, y empezar a planear maneras efectivas de evitarlos. Por esto es que la organización civil es un paso tan esencial que tenemos que dar. Herramientas como las que nos ofrecen ILEX y Justicia Racial pueden hacer toda la diferencia para que una situación denunciable no termine en tragedia. Sigamos difundiendo esta información y armándonos con conocimiento y acción.
