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De acuerdo con el semanario mexicano Proceso, fue el 27 de diciembre de 2023 cuando la familia de Julio César Mondragón Fontes y la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década contra la Impunidad AC (RSDCIAC) recibieron respuesta a la solicitud interpuesta el 16 de diciembre de 2022. Con dicha comunicación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) subrayó que el estado mexicano tiene un plazo de tres meses (prorrogable a cuatro) para enviar observaciones al respecto.
Julio César, normalista [1] y padre de una bebé recién nacida, fue secuestrado, torturado y brutalmente asesinado el 26 de septiembre de 2014. El acceso a la justicia de la familia del joven de 22 años es una de las grandes deudas de México sobre el Caso Ayotzinapa.
Ayotzinapa: casi una década y seguimos sin respuestas
Catalogado como uno de los “emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos” de la historia reciente de México, el Crimen de Iguala (Caso Ayotzinapa) se traduce en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la ejecución de seis personas (tres de ellas normalistas), al menos 700 víctimas indirectas y una “verdad histórica” —o mejor dicho, una política de encubrimiento — que —a la fecha— pretende mantener la impunidad en el país y, por ende, deslindar a las instituciones de una responsabilidad en la reparación del daño y la no repetición.
Las autoridades —incluso esas que, supuestamente, salvaguardan la dignidad— se rehúsan a comprometerse con la consigna de “Nunca Más”. Olvidan, mienten y criminalizan. Un “pacto de silencio”, resume la CIDH.
Durante casi una década, el Estado mexicano ha dejado claras sus intenciones de negar el derecho a la verdad y la justicia. El Caso Ayotzinapa ha sido reconstruido pieza por pieza; cada una con cierto grado de sospechosismo. El recelo no es una reacción neutral ni espontánea; está sostenido por irregularidades —la mayoría intencionadas y a conveniencia— que han quebrado la tranquilidad de las familias y la vivacidad de defensorxs de derechos humanos.
Omisión de actuaciones de las Fuerzas Armadas en expedientes, traslados ilegales, pérdida de evidencia, opacidad de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ocultamiento sistemático de la información de las entidades municipales, complicidad de la exProcuraduría General de la República (PGR), revictimización mediática y resistencias a dictar órdenes de aprehensión son algunos de los obstáculos que han denunciado las más de 250 organizaciones nacionales y regionales que se han involucrado. A casi 10 años del Crimen de Iguala, en enero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el fiscal Rosendo Gómez para analizar la decisión con la que el Poder Judicial ordenó que ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa llevaran su proceso en libertad [2] .
Justicia para Julio César Mondragón: la consigna que el estado mexicano se niega a escuchar
Julio César, joven de 22 años que aspiraba dedicarse a la docencia, -quien además era padre de una pequeña bebé-, fue víctima de crímenes de lesa humanidad. Según los reportes forenses, falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico y de las 64 fracturas que revelaron 28 radiografías. “Se requirió de un tremendo despliegue de energía”, concluyeron los expertos. A Julio César lo golpearon brutalmente; a su cuerpo —que lo abandonaron en una terracería y a la vista— lo atravesó la crueldad. La poeta y ensayista Diana del Ángel se acercó a la vida del normalista con la dignidad de la que el Estado y los medios de comunicación lo quisieron despojar. Durante más de dos años acompañó a la familia de Julio César y a su representante legal, la fiscal Sayuri Herrera, en las diligencias con los peritos extranjeros. Su libro, Procesos de la noche (2017), es considerado una obra-investigación clave en el Caso Ayotzinapa.
Desde 2014, la familia de Julio César Mondragón ha recorrido distintas partes del país para demandar respuestas que le permitan recuperar un mínimo de esperanza. El 22 de agosto de 2022, el Colectivo Somos los Ojos y el Rostro de Julio César M.F. comunicó que el informe que presentó el gobierno federal sobre el Caso Ayotzinapa no incluyó datos para condenar los delitos cometidos contra el normalista y que la declaración del subsecretario de gobernación y Derechos Humanos, Alejandro Encinas —ahora sustituido por el procurador Félix Arturo Medina Padilla— generó más dudas de las que tenían.
Además, comunicaron que no se les convocó a una reunión con el funcionario y que la Comisión para la Verdad Ayotzinapa omitió hallazgos relevantes. “Las autoridades tienen que profundizar en la investigación porque nos parece ilógico que que el Colectivo y la familia, así como las personas que nos acompañan, tengamos más información que todo un sistema de justicia que cuenta con todos los medios y pese a eso darle apenas 5 renglones a nuestro caso”, acusaron.
Tal y como exponen los periodistas Iván Ortiz y Fernando González, una de las mayores irregularidades en la investigación de Julio César es que la PGR evadió la información solicitada (registros telefónicos) por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido). “El número telefónico de Julio César recibió 12 mensajes de texto entre octubre de 2014 y abril de 2015 provenientes del Campo Militar Número 1, ubicado en Naucalpan, Estado de México, y del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en el sur de la Ciudad de México (…) Esta revelación sugiere la participación de miembros del Ejército en el asesinato del normalista o, por lo menos, en la incautación de su teléfono. Otra posibilidad es que los asesinos tuvieran comunicación con integrantes de la Sedena y del Cisen”, se lee en la pesquisa de Corriente Alterna.
En 2014, Marisa Mendoza y Julio César dieron la bienvenida a su primera hija, Melisa. Esos 15 días en Tlaxcala, fueron los mejores de su vida, dijo a La Jornada la compañera de Julio y también egresada de una Normal Rural, quien en 2015 estuvo al frente de la movilización en la Plaza de las Tres Culturas pidiendo a las autoridades que no entorpecieran las indagatorias.
A lo largo de estos 10 años, Marisa ha sido testigo de la impunidad que permea cada nivel del entramado institucional. Se enteró del asesinato de Julio a través de las redes sociales. A Julio lo golpearon hasta asesinarlo y abandonaron su cuerpo con un mensaje muy claro: el derecho a la identidad no existe ni se protege en México.
Marisa reconoció al padre de su hija por la bufanda y playera roja que vestía. Mientras algunos integrantes de la familia Mondragón se convencían de que la fotografía no mostraba claridad, Marisa vio las cicatrices en las manos de Julio. Al llegar al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, ella y el tío de Julio atravesaron por un proceso burocrático indiferente. La Procuraduría, como si se tratara de un tema de cotidianidad, le habló sobre las indemnizaciones. A dos años de la Noche de Iguala (2016), Marisa no tenía acceso al expediente de Julio.
En múltiples ocasiones Sayuri Herrera pidió que el caso de Julio César no se limitara a las autoridades de Iguala. Mantenerlo como un asunto local dificultaría —aún más— el acceso a la justicia. Y así ha sido.
En medio de los reclamos a la gestión de Andrés Manuel López Obrador —que durante su campaña presidencial se comprometió con la causa—, la familia de Julio César también se enfrentó a la falta de ética periodística. A mediados de abril de 2023, Eje Central publicó “Ayotzinapa, la historia oculta”, reportaje que reforzó la criminalización en la opinión pública. “Lo único que aporta es dolor y una narrativa oscura que no es periodismo sino victimización desde la premeditación y la alevosía”, manifestaron la familia y el colectivo que exige justicia por el joven.
Hasta enero de 2023, el Caso de Julio César se mantenía en el limbo y con cuatro versiones distintas. Meses después, el 25 de julio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentó su sexo y último infome. Paralelamente, el órgano interrumpió su labor por la falta de condiciones.
El GIEI surgió el 18 de noviembre de 2014; fue resultado del acuerdo entre las y los representantes de las víctimas de Ayotzinapa, el Estado mexicano y la CIDH, que en los últimos nueve años ha intervenido con:
- La adopción de la medida cautelar para la búsqueda de los 43 normalistas
- La creación del Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa (MESA)
- La reactivación de las búsquedas en terreno y la identificación genética de los estudiantes Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre
- Los llamados de atención frente a la falta de transparencia de la Sedena
Como órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH se encarga de la promoción y defensa de los derechos humanos a través de tres pilares: el Sistema de petición individual, el monitoreo y la atención a líneas temáticas prioritarias (libertad de expresión, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; y derecho a la memoria, la verdad y la justicia).
En la región, la labor de la CIDH ha sido fundamental para la condena de actos de tortura. Además de México, ha intervenido en Venezuela (detención arbitraria del defensor Víctor Alfonso Navarro López), Paraguay (violación a las garantías judiciales del inspector de policía Jorge Luis López Sosa), Ecuador (ejecución extrajudicial de Gustavo Washington Hidalgo), Brasil (tortura contra militantes contra la dictadura cívico-militar) y Perú (detención ilegal y ejecución extrajudicial de Freddy Carlos Alberto Rodríguez).
Fue y sigue siendo el Estado. Ni perdón, ni olvido.
Nota al pie
[1] La palabra normalista se usa para referirse a quienes son estudiantes de una Escuela Normal, institución educativa que se caracteriza por la formación específica y exclusiva de docentes.
[2] Concretamente: la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo y los magistrados del tribunal colegiado Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio.
