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Este 24 de abril se desarrolló en el Congreso de la República la primera audiencia pública enfocada en los derechos de las personas trans y no binaries en Colombia. Colectividades, organizaciones, personas trans de varias regiones del país, activistas y representantes de instituciones públicas asistieron al encuentro.
El propósito del espacio fue dialogar, afinar y fortalecer el proyecto de Ley Integral de Identidad de Género, que busca garantizar derechos fundamentales como el acceso a la salud, la educación, el trabajo, la justicia, la identidad y una vida libre de violencias para personas trans y no binarias, minorías que históricamente han sido excluidas por el Estado. El proyecto también se enfoca en la adopción y promoción de acciones afirmativas, políticas públicas, planes, programas y proyectos que garanticen su autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos.
Lucy Dokera es una persona trans indígena que estuvo presente en la audiencia pública: “La Ley Integral Trans tiene un enfoque para proteger a las personas trans indígenas para que tengamos autonomía económica y se respeten nuestras formas de vida autóctonas, ya que las personas trans son muy maltratadas e incluso asesinadas por la transfobia y la homofobia. Desde los territorios étnicos y más profundos de nuestro país no queremos más violencia“, expresó Dokera.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, habló en su intervención sobre el panorama que actualmente viven las personas trans en el país y la urgencia de esta ley: “En Colombia, el 87% de las personas trans y de género diverso afirman que les han negado el empleo al menos una vez en la vida debido a sus expresiones de género. En materia de garantía del derecho a la educación, estudios han planteado que las personas trans son el grupo más vulnerable en las instituciones educativas y la discriminación contra estudiantes LGBTIQ+ son la principal razón por la que abandonan la educación “, explicó la defensora, quien agregó que durante 2024 la Defensoría del Pueblo acompañó 882 casos de violencia por prejuicio.
La Liga de Salud Trans expresó en sus redes sociales que este es un tema impostergable, teniendo en cuenta que: “el Congreso ha sido escenario de silencios, evasivas e incluso retrocesos. Se ha negado a legislar a favor de las personas trans, y cuando lo ha intentado, ha sido superado por la desinformación, el miedo o el cálculo político”.
Diana Moreno, directora de incidencia de Profamilia, dijo en el Congreso: “La Ley Integral Trans es una respuesta urgente a una realidad innegable: en Colombia, ser trans sigue siendo una barrera para acceder incluso a lo más básico, como ir al médico sin miedo. Esta ley no es un gesto simbólico, es una acción concreta para saldar una deuda histórica”.
Colombia atraviesa un contexto alarmante de violencia hacia las personas trans. En lo que va de 2025, al menos 13 personas trans han sido asesinadas en el país. Uno de los casos más recientes fue el transfeminicidio de Sara Millerey González Borja, una mujer trans de 32 años a quien le fracturaron sus brazos y piernas y la lanzaron a la quebrada La García, en el barrio Playa Rica del municipio de Bello, Antioquia. Mientras agonizaba de dolor en el río, en lugar de ayudarla, la grabaron y difundieron el video en redes sociales. Luego fue trasladada a un hospital donde murió por la gravedad de sus heridas y la demora en ser rescatada.
Intervenciones tránsfobas y llenas de desinformación
Lamentablemente, durante la audiencia también se dio espacio a sectores antiderechos para difundir desinformación frente a la Ley Integral Trans. Al Congreso asistieron miembros de Nazer Colombia, una fundación que se opone, estigmatiza y desinforma en temas como la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y las experiencias de vida trans. En sus redes sociales, la fundación afirmó que este proyecto de ley es una “imposición trans” y en un video hablaron de “terrorismo constitucional” y de “una agenda ideológica radical que (…) pretende reprogramar la sociedad entera”.
Jucum Provida, organización religiosa en Colombia que se opone y estigmatiza el aborto fue otra de las organizaciones que se opuso a la ley que busca garantizar los derechos humanos de las personas trans, manifestando que era “innecesario”.
El esencialismo biológico también estuvo presente en las intervenciones antiderechos. Mauricio Parodi, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical dijo que “los cuerpos de los hombres biológicos y las mujeres biológicas son diferentes, por eso se hacen categorías para incluir mayor cantidad de población en el deporte, la humanidad” e invitó a sostener la categorización femenina por sexo biológico en el deporte. Además de estas intervenciones, la violencia simbólica y negacionista de las vidas trans fue abrumadora en los comentarios de la transmisión en vivo.
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Los enfoques del Proyecto de Ley Integral de Identidad de Género
Este proyecto integra diversos enfoques que buscan garantizar el respeto y la equidad para las personas con identidades de género diversas. El enfoque de Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género (OSIEG) se centra en reconocer las necesidades particulares de estas personas y en comprender los contextos de exclusión y discriminación que enfrentan. Por otro lado, el enfoque de ciclo de vida visibiliza las dificultades que atraviesan en diferentes etapas, desde la niñez hasta la adultez mayor, destacando la importancia de la autonomía en la juventud y el respeto a la identidad autoafirmada en la vejez. Así mismo, el enfoque interseccional considera cómo distintos factores de discriminación interactúan, generando impactos diferenciados en las vidas de estas personas.
Además, el proyecto adopta un enfoque anticapacitista, que identifica y combate las barreras estructurales que afectan a quienes tienen discapacidad y una identidad de género diversa, promoviendo políticas inclusivas que minimicen la discriminación. De igual manera, el enfoque antiracista reconoce la exclusión histórica que enfrentan comunidades racializadas, como afrodescendientes, palenqueras, raizales y Rom, con el objetivo de erradicar desigualdades sistémicas.
El Estado colombiano ha discriminado durante décadas a las personas con identidades de género diversas. De acuerdo con las organizaciones y colectividades que conforman la plataforma ¡Ley Integral Trans Ya!, este proyecto de ley es un acto de reparación en el que se abordan los vacíos normativos para garantizar condiciones materiales de existencia en igualdad y sin discriminación.
