
Imaginá que vivís en un mundo donde persiguen y asesinan a personas por ser travesti. Imaginá que no tenés derecho a la identidad, que no podés trabajar ni estudiar. Imaginá que en ese mundo hay capitalismo, igual que ahora. Y que si no trabajas, no se consigue vivienda, alimento ni medicina.
Imaginá que trabajás en la calle, que tu cuerpo, perseguido-encarcelado-desmembrado es tu mayor potencia. Que la noche y la calle son tu única oportunidad (si la policía no te encuentra antes).
¿Pudo imaginar? Pues no es una alucinación, es la existencia de las personas travesti trans en la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe.
“¡Sin reparación histórica no hay democracia!”
Desde hace 9 años, Las Históricas Argentinas Sobrevivientes, agrupación de travestis y trans de todo el país, viene trabajando junto a otras organizaciones para que el Estado argentino reconozca y repare los crímenes que ha cometido contra elles. Aunque la 2° Marcha Plurinacional por la Reparación Histórica para la Comunidad Travesti Trans fue en Buenos Aires, se hizo un fuerte hincapié en su carácter federal y las dificultades económicas de las organizaciones provinciales para movilizarse, en un país que actualmente posee un 55,5% de la población en la pobreza.
Ser travesti en esta parte del mapa significa vivir con una expectativa de vida de 40 años, tener como única opción el trabajo sexual y sobrevivir a la transfobia, expresada en exclusión de los hogares en la niñez, violencia sistemática de las fuerzas policiales y crímenes de odio en una sociedad que no reconoce su transodio y misoginia.
“Estamos dispuestas a luchar por esa reparación, moral y física. Sentimentalmente ya no se va a poder, nos rompieron el corazón, nos trataron peor que a los animales. Toda la vida tener esa mirada acusadora, siguiéndonos, acusándonos, ¿de qué? Por eso nos tienen que reparar, somos seres humanos y ellos son mierda, todos los que nos metieron presas, son mierda”. Este es el sentir de Marcela Tita, travesti de 57 años que se reivindica como ‘histórica’ de esta lucha.
Democracia en reparación
La historia de Abya Yala es también una historia de la ‘Democracia en reparación’, porque se fue forjando a través de la negación de los pueblos indígenas y africanos, que habitaron este territorio durante la expansión de Europa. Democracias para reparar.
Democracias que aun no legitiman el derecho a la vida de los pueblos preexistentes al Estado Nación, que no reconocen el racismo estructural y no garantizan la existencia de personas por fuera del régimen binario heterosexual. “La reparación histórica es una petición de perdón público por parte de la política y la sociedad toda, por la persecución de la que fuimos víctimas, por el genocidio sufrido. Nuestra democracia empezó en mayo de 2012, con la Ley de Identidad de Género”, explica Patricia Rivas, integrante de Las Históricas Argentinas. Tiene 58 años y reflexiona: “un resarcimiento económico para las adultas, ya que se nos prohibió todo tipo de inserción laboral, dejándonos como único camino el trabajo sexual”. El deseo es “tener una vejez digna, como cualquier ser humano que habita este planeta”.
La negación del colectivo travesti trans por parte del Estado supone un genocidio ocultado que debe ser reparado. “En realidad ellos son los perversos y los degenerados; nos llevaban, nos violaban, nos encarcelaban por el simple hecho de seguir nuestra naturaleza. Que no es ningún delito, pero ellos se lo inventaron y se lo hicieron creer a la sociedad, ese invento nos destruyó y por ese invento nos tienen que reparar”, explica Marcela Tita.
La negación provoca invisibilización. Si no fuese por las organizaciones trans y los activismos, que hacen investigaciones para tener conocimiento sistemático de la realidad travesti, no habría datos disponibles ni para escribir esta columna. Mucho menos para hacer políticas públicas específicas o de reparación. El activismo trans de Latinoamérica y el Caribe ha trabajado mucho para nombrarse de acuerdo a su propia experiencia sudaca, problematizando la teoría y la práctica de EE.UU. y Europa, comprendiendo la experiencia travesti de acuerdo a su propia historia. Ese ejercicio epistemológico debe ser reconocido y respetado.
Por eso, la reparación histórica debe ser con las travas, teniendo en cuenta cada una de las estrategias que vienen ensayando. Para la experiencia travesti, reparar significa que “¡Los derechos travestis y trans también son derechos humanos!”. Están exigiendo una Ley que garantice la participación en el diseño de políticas públicas, que haya consulta comunitaria, paridad en los espacios de participación política, investigaciones sobre los crímenes, políticas de no repetición, patrocinio jurídico especializado y programas educativos para sensibilizar a la sociedad.
Una Ley de Reparación Histórica
Marlene Wayar, activista travesti de Las Históricas Argentinas, lleva 20 años investigando políticas reparatorias en distintos genocidios. De allí algunas de las primeras ideas de una Ley de Reparación, que al principio se pensaba solamente para trabajadoras sexuales. En el medio, se aprobó la Ley de Salud Mental, la Ley de Matrimonio Igualitario, la de Identidad de Género, un decreto para un DNI no binario y la Ley de cupo laboral travesti – trans. Aunque no se avanzó con una Ley de Reparación, las activistas sí comenzaban a imaginar esa política de DD.HH. y perspectiva travesti.
La pandemia del covid 19 mostró con violencia la extrema vulnerabilidad con la que vive el colectivo travesti: más del 90% se dedica al trabajo sexual en el espacio público. En algunos países, hubo travesticidios por parte de fuerzas de seguridad. En este contexto, la exigencia por la reparación se volvió urgente, la única manera de sobrevivir y llegar a una vejez digna.
En la última década, varias legisladoras mujeres firmaron y presentaron proyectos de Ley que coinciden en que el Estado argentino debe reparar a la comunidad travesti trans. Proponen una Pensión Reparatoria para Personas Mayores Travestis y Trans, con acceso a partir de los 40 años, considerando su expectativa de vida y la histórica exclusión social.
En octubre de 2022, se presentó un proyecto en la provincia de Buenos Aires; incluye la firma de Axel Kicillof, el único gobernador que en la gestión Milei conserva un Ministerio de las Mujeres y Diversidad con esa jerarquía institucional.
Las iniciativas legislativas más recientes estipulan al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación como órgano de aplicación, pero éste fue eliminado en diciembre de 2023 y lo que quedaba de él en formato de Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, fue disuelto días después del Ni Una Menos, a inicios de junio.
Hasta ahora, ningún proyecto pudo avanzar para ser tratado, alguno perdió el estado parlamentario. Cuesta creer que en el momento actual, una Ley de Reparación para las Travas pueda ser debatida y aprobada; mientras Milei hace leyes para eliminar la moratoria previsional, la única posibilidad de una jubilación para quienes trabajaron en la informalidad.
Más allá de las luchas jurídicas y legislativas, que se están dando y permiten avances, esas propuestas normativas habilitan (o no) todo un imaginario colectivo que va transformando la cultura heterocentrista. Una Ley de Reparación, además de garantizar una pensión, propone desafíos: ¿Cómo se repara esta Democracia? ¿Qué rol tienen los cuidados en esta sociedad? ¿Cómo opera la industria cultural y mediática en este proceso? ¿Cómo participa la Argentina travesti de todo esto?
Marlene Wayar señala la importancia de nombrar al genocidio como un marco de la violencia sistemática que vivieron las, les y los travestis. La declaración de genocidio implica que sus delitos son imprescriptibles y sus víctimas pueden denunciarlo en cualquier momento.
Que el Estado reconozca el genocidio hacia la comunidad travesti trans es uno de los ejes que plantean Las Históricas Argentinas y que leyeron a viva voz en la Plaza de Mayo. “El Estado argentino debe reconocer oficialmente que la persecución, violencia y discriminación sistemática sufrida por la comunidad travesti constituye un genocidio, reconociendo así la gravedad de los crímenes cometidos contra nuestra población”, dice el documento político de la organización.
La violencia institucional es una constante en la trayectoria de vida de las personas travestis y trans. Los Códigos de Faltas y Contravencionales les criminalizaron hasta hace apenas unos años. En la provincia de Buenos Aires, que tiene el 40% de la población del país, hasta el 2008 se aplicaban multas por “vestirse como persona de sexo contrario”. Este ‘delito inventado’, diría Tita, persigue al colectivo travesti trans para encarcelarlo y torturarlo, hasta que un día les encuentra la muerte, precoz, violenta y muy injusta.
Menos policía, más humanidad
La segunda Marcha Plurinacional por la Reparación Histórica fue asediada por un operativo policial que incluyó motos de gran porte, armas largas y registro audiovisual de les marchantes. La actuación policial obedece a la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, que ya en 2017, en su gestión con Macri, había implementado el “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T”. Según un informe de 2017, el 74,6% de las travestis y mujeres trans de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afirma haber sido víctima de violencia y el 40,9% sostiene que esas violencias fueron en las comisarías.
“Que se haga la investigación, que se busque a los responsables directos, que se los criminalice y paguen con penas reales por haber participado de esos crímenes de lesa humanidad. Que el Estado abra los archivos, que muestre los documentos, que se sepa quiénes participaron en esa sistematicidad de crímenes y sean juzgados”, reclama Marlene Wayar.
En todos los países de la región hay crímenes de odio producto de esta violencia estructural invisibilizada. Las trabajadoras sexuales trans son las que están más expuestas, no sólo por estar en la calle, sino por la falta de regulación del trabajo sexual en la mayoría de los países y la resistencia a impulsar procesos de educación sexual integral. En la mayoría de los casos, los agresores son los clientes del trabajo sexual.
Según datos del Informe Regional CeDoSTALC, en el año 2021 se documentaron 507 casos de violencia en Latinoamérica y el Caribe. En el 93% las víctimas son mujeres trans y más de la mitad tienen entre 19 a 30 años. De acuerdo al registro que lleva la Asociación Civil La Rosa Naranja en Argentina, solamente en el año 2019 fallecieron prematuramente 75 personas travestis y trans, el 16% fue víctima de transfemicidios y travesticidios, mientras que el 84% restante falleció como consecuencia de la exclusión social, lo que denominan ‘travesticidios sociales’. Las mujeres trans en Argentina son uno de los colectivos que presentan mayores niveles de estigma y discriminación por VIH, según el Índice de Estigma y discriminación.
La transformación de esta realidad, una existencia segura, libre de violencias y discriminación, requerirá mucho más que reformas y avances normativos. Se trata de la reparación de todo lo que provocó la socialización heterosexista, basada en una pedagogía de la crueldad para las disidencias sexuales, especialmente para las travestis.
Se instituye el odio, peligra el colectivo travesti trans
Como habíamos contado, desde el 10 de diciembre de 2023, el gobierno nacional de Javier Milei institucionalizó un régimen negacionista de los crímenes del Estado, negando la desigualdad de género, eliminando todas las políticas contra las violencias y promoviendo el odio hacia las disidencias sexo género políticas. Este escenario es de extrema peligrosidad para la vida travesti, colectivo históricamente excluido. Sólo desde la asunción de Milei como presidente, se han multiplicado hechos de violencia política que no son algo aislado.
El 20 de marzo, la agrupación H.I.J.O.S denunció que una de sus integrantes fue atacada sexualmente en su hogar, habían dejado una pintada con la frase que Milei usa en público: “viva la libertad carajo”. Pasado poco más de un mes, el 5 de mayo, un hombre incendió el cuarto de una residencia popular donde vivían 4 lesbianas, asesinando a 3 de ellas. El atacante vivía en una habitación del mismo lugar y las había amenazado previamente, explicitando su lesboodio. A inicios de junio se conoció que 4 varones habían disparado con un arma tipo air soft a personas que viven en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo hicieron desde un automóvil sin placa. A su vez, en el contexto del triunfo electoral de Milei, crecieron las pintadas que reivindican el terrorismo de Estado (1955 – 1983), con grupos neonazis que vandalizan pañuelos alusivos a la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Aunque todos estos hechos tramitan distintos cursos judiciales sin una relación penal, se observa con facilidad su causalidad compartida: el odio instituido hacia la pobreza, el colectivo LGBT y los derechos humanos en general. El escenario es de extrema indefensión, porque no hay un proyecto de país con las, los y les travestis.
A principios de junio, cuando se cumplía un 1 año del travesticidio de Sofía Fernández, el Juzgado liberó a la mayoría de los policías acusados. Sólo estuvieron privades de su libertad 1 mes, en un trama que evidencia lo más patriarcal del poder policial y judicial.
A Sofía la habían llevado a la Comisaría 5° de Pilar sin ninguna justificación (como sucede con las travestis), tenía 39 años y la autopsia reveló signos de tortura y abuso sexual; aunque el discurso oficial había informado que era un suicidio.
Unos días antes, luego de una marcha convocada por familiares de las y los policías involucrados, el Juzgado había otorgado el beneficio de prisión domiciliaria para 9 de los 10 policías involucrades. A eso se sumaron grupos de whatsapp que atacaban a la familia de Sofía Fernández y a sus grupos de apoyo con mensajes transfóbicos.
A pesar del despliegue de impunidad que confirma los crímenes de lesa humanidad que el Estado sigue perpetrando contra las personas travesti trans, en la localidad de Pilar, la familia de Sofía Fernández y las organizaciones disidentes y políticas siguen pidiendo justicia y organizando la furia travesti. Es transcendental que los medios de comunicación y digitales puedan difundir ampliamente la violencia contra el colectivo travesti trans, rompiendo ese silencio, tan opresivo.
Como señala Wayar, a pesar de lo exitoso del régimen heterosexista para eliminar al colectivo, las personas travesti continúan naciendo.
Y esta existencia de resistencia no es una mera forma poética: nacen con capacidad de agencia e incidencia política, con organización social y movilización. Eso es lo que el 24 de mayo pasado se vivió en las calles de Buenos Aires: junto a más de 90 organizaciones de todo el país, Las Históricas Argentinas Sobrevivientes van por una Ley de Reparación que haga posible la vida en libertad para todes, cuidando a las vejeces y acompañando a las infancias ¡Aquí está la resistencia trans!