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Con el inicio de la nueva legislatura, la bancada antiderechos radicó en el Congreso de Colombia un proyecto de acto legislativo que busca reformar el artículo 11 de la Constitución para establecer que la protección de la vida empieza desde la concepción y, con ello, prohibir el aborto.
La iniciativa es impulsada por las senadoras Carol Borda y Sara Castellanos, del partido Salvación Nacional, el senador Luis Miguel López, del Partido Conservador, y el representante a la Cámara David Cote, pero no es la primera vez que sectores antiderechos buscan atacar el derecho al aborto. Pero la radicación del proyecto no implica que el debate constitucional sobre el aborto comience de nuevo; el debate está zanjado desde 2022, cuando la Corte Constitucional fijó el alcance de este derecho en la Sentencia C-055 y reiteró ese precedente en la Sentencia SU-297 de 2025. Por tanto, esta iniciativa no parte de una discusión jurídica pendiente, sino de un asunto sobre el cual ya existe una posición clara y reiterada del alto tribunal. Esta decisión hace parte de una línea jurisprudencial construida durante más de dos décadas, que ha establecido que el aborto debe abordarse desde los derechos humanos y la salud pública, y no exclusivamente desde el derecho penal. Esta línea también recoge las obligaciones internacionales asumidas por Colombia para proteger la autonomía reproductiva y garantizar los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, hombres trans y personas no binarias.
El movimiento Causa Justa, que logró la despenalización del aborto en 2022, señaló que la protección de la vida no es incompatible con el derecho al aborto ni puede utilizarse para desconocer la autonomía de las personas embarazadas. “Proteger la vida es importante y, en el caso de las personas embarazadas, se traduce en que deben tener todas las garantías de salud, nutricionales, sociales y económicas, entre otras, para llevar adelante el embarazo, cuando esa ha sido su decisión. Asimismo, los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos ya han establecido que no hay incompatibilidad entre el derecho al aborto y la protección de la vida, pues el aborto es un servicio de salud esencial que salva vidas y protege la salud de muchas mujeres, niñas y adolescentes que lo pueden necesitar en cualquier momento de sus vidas, por ejemplo, cuando han sido víctimas de violencia sexual”, afirmó Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos.
“La radicación de este proyecto de acto legislativo para volver a penalizar el aborto no significa que la Sentencia C-055 pierda vigencia. Este también es un mensaje para el sistema de salud y para las instituciones prestadoras de servicios. La interrupción voluntaria del embarazo debe seguir garantizándose con total normalidad, sin discriminación y sin barreras de acceso en todo el territorio nacional. Esta iniciativa no puede convertirse en una excusa para negar un derecho que continúa plenamente vigente”, afirma Laura Pedraza, abogada de incidencia política de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.
En Colombia, el aborto es legal, libre y gratuito hasta la semana 24, gracias a la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional. Después de ese plazo, la interrupción del embarazo sigue siendo legal bajo las tres causales fijadas por la Sentencia C-355 de 2006: riesgo para la vida o la salud de la mujer o persona gestante, malformación fetal incompatible con la vida extrauterina, o embarazo producto de violación, incesto o inseminación artificial no consentida.
La radicación es, además, apenas el primer paso de un trámite legislativo y no supone una modificación de la Constitución. Para convertirse en una reforma constitucional, el proyecto debe superar ocho debates en el Congreso de la República. Si llegara a ser aprobado, también estaría sujeto al control de la Corte Constitucional. El Movimiento Causa Justa hace un llamado al Congreso a respetar el precedente constitucional y a legislar de acuerdo con el principio de progresividad de los derechos humanos y las obligaciones internacionales asumidas por Colombia para proteger los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, hombres trans y personas no binarias y recuerda que la Sentencia C-055 sigue vigente y los servicios de aborto deben continuar prestándose con normalidad.
