¿Qué pasó en Ayotzinapa?
El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la escuela normalista de Ayotzinapa del estado de Guerrero planeaban viajar a la Ciudad de México y ser parte de la protesta anual que conmemora, cada 2 de octubre, la matanza de estudiantes en 1968. Esa noche, la policía estatal, en conjunto con el grupo de crimen organizado Guerreros Unidos, impidió la salida de los estudiantes al interceptar los camiones en donde viajaban. Les dispararon, los bajaron de los autobuses, los golpearon. Uno de ellos fue asesinado esa noche, mientras que a 43 los trasladaron por separado para finalmente desaparecerlos.
Tras meses de investigaciones fallidas y versiones presentadas como “la verdad histórica” que revictimizaban y criminalizaban a los estudiantes, en 2015 llegó a México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El pasado 25 de julio de 2023, en su sexto y último informe, el GIEI constató que la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa fue un crimen de Estado y denunció más trabas en el acceso a la información.
¿Qué dijo el GIEI?
El GIEI confirmó la participación de los Servicios de inteligencia del Estado y de la Secretaría de Defensa Nacional, agentes de la Policía Estatal y de la policía federal de México, la Marina, el Ejército, la policía y del grupo delincuencial organizado Guerreros Unidos. Algunas de las instituciones señaladas por el GIEI habrían sido partícipes desde el inicio del ataque, otros durante el encubrimiento del crimen, en la omisión de información, e incluso el Ejército, junto a policías, agentes del Estado y autoridades trabajaron en colusión con el crimen organizado.
Al presentar su última investigación en Tlatelolco —donde el gobierno ordenó la matanza de estudiantes en el 68— el GIEI, que estaba integrado en esta última misión por la abogada colombiana Ángela Buitrago (actual candidata a Fiscal General en Colombia) y el médico español Carlos Beristain, denunció que ya no pueden avanzar por cuenta de las trabas de parte de las Fuerzas Armadas. Es la primera vez en México y en América Latina que un caso llega tan lejos en términos de investigación. Finalmente, el GIEI señaló que el eje de su trabajo eran tanto las víctimas como los familiares, a quienes reconocieron su enorme coraje. Y en efecto, son ellxs quienes merecen el verdadero reconocimiento por su disposición y resiliencia ante tantas revictimizaciones, señalamientos políticos, mentiras y promesas sin cumplir.
4 militares han sido detenidos por su participación en el caso. Como resultado del trabajo del GIEI, el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam se encuentra en prisión y 2 generales y 20 miembros del ejército, así como más de 100 miembros del crimen organizado, fuerzas de seguridad, funcionarios del Estado y más, han sido capturados. Al Estado mexicano le resta entregar la información faltante que el GIEI ha dicho que sí existe y estaría en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Lo último
Este lunes 25 de septiembre se esperaba la entrega de conversaciones telefónicas y mensajes de la noche de los hechos, que podrían aportar información crucial sobre el paradero y destino de los estudiantes desaparecidos, pero los familiares aseguraron que no se presentó nada nuevo, por el contrario, la narrativa del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, es muy parecida a la de la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, que quita toda responsabilidad del ejército y criminaliza y revictimiza a los estudiantes.
¡Vivos se los llevaron! ¡Nos faltan 43! ¡Ayotzinapa vive!