Por 
La nueva Ministra de Justicia en Colombia, Ángela María Buitrago, entra al Gobierno de Gustavo Petro con uno de los retos más importantes del actual presidente: terminar de afianzar la posibilidad de tramitar efectivamente una reforma a la justicia. Y, dentro de esta Reforma a la Justicia, la atención a las violencias basadas en género será vital.
Esta reforma presentará sus primeros proyectos de ley el 20 de julio de 2024 para iniciar la discusión en el Senado de la República. Al menos, así lo anunció el saliente ministro, Néstor Osuna, en febrero de este año. Sin embargo, desde ya, los escritos de la propuesta muestran que uno de los ejes principales de reestructuración irán de la mano de la atención a la violencia de género.
Entre varias modificaciones, la apuesta principal será la creación de centros que reúnan la presencia de fiscales, jueces, policía y funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros, para dar atención conjunta, ágil y efectiva a las víctimas de este tipo de violencias.
En entrevista con Volcánicas, la actual directora de Justicia Transicional, Mariana Ardila, aseguró que esta será la apuesta más ambiciosa que enfrentarán pues requerirá una infraestructura y capacitación amplia para lograr atender de manera efectiva a las víctimas: “Sin embargo, esta es una reforma que pretende acercarse a la gente. Se aleja de las propuestas usuales de reforma que normalmente se enfocan en los salarios de los magistrados, o la estructura de la justicia, más que en el fondo. Buscamos que esta reforma realmente garantice acceso a la justicia y así reducir la impunidad, teniendo como base también una justicia con enfoques diferenciales”, señaló.
¿Cómo funcionará la justicia con enfoque de género?
Uno de los principales impulsos para la propuesta del nuevo modelo vino de los viajes hechos por la vicepresidenta Francia Márquez a Kenia. Allí, la vicepresidenta conoció una iniciativa del gobierno para la creación de juzgados especializados en la atención de violencias basadas en género que, hasta la fecha, han demostrado ser una iniciativa efectiva.
Por ello, para formular las propuestas de la reforma, reunieron a diversas colectivas feministas y organizaciones enfocadas en derechos LGBT+. Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas, un centro de estudios y acción política feminista colombiano, es una de las personas que ayudó a formar la nueva propuesta de justicia.
Benjumea señala que entienden que una ley no será la que necesariamente frenará las violencias que enfrentan las mujeres, o las personas con identidades de género diversas. Sin embargo: “Lo que también sabemos es que lo que tenemos en este momento no funciona y por lo mismo la idea de tener un enfoque diferencial, que logre comprender las particularidades de cada tipo de violencia, consideramos que puede darnos una apuesta diferente y constituye un paso importante”, aseguró a Volcánicas.
Ahora, las acciones de la reforma serán concretas y se dividen en tres grandes núcleos: la primera será una reforma de procedimiento penal, lo que quiere decir que se reformulará el proceso en general y buscarán simplificarlo para facilitar el acceso a la justicia y la comprensión general sobre el mismo proceso.
La segunda es una iniciativa de humanización de las cárceles, que también ha tenido intervenciones por parte de los comisionados. Han creado propuestas que abarcan desde la reestructuración de los cargos que involucran delitos relacionados con drogas, hasta la abolición del delito por aborto, al considerarlo irrelevante luego de la implementación de la Sentencia C-055 de 2022 que permite el acceso libre a la interrupción del embarazo para mujeres, hombres trans y personas no binarias que puedan gestar hasta la semana 24.
Finalmente, el tercer gran núcleo se centrará en crear centros especializados en la atención de violencias basadas en género. Estarán enfocados en concentrar la atención, protección y prevención de las violencias basadas en género. Incluso, uno de los mecanismos será de salvaguarda, lo que apuntará a atender de manera inmediata, brindando un acompañamiento estricto, a cualquier persona que pueda estar en riesgo de padecer violencia feminicida.
Los vacíos que aún quedan
Pese a la iniciativa, aún hay algunas áreas que no se abordarán, y otras sobre las que falta precisar mejor los detalles: “Aún tenemos que pensar en algunos detalles, principalmente en el proceso de la implementación. Sabemos que en muchas ocasiones los mismos funcionarios son los responsables de la revictimización de las personas que acuden a pedir justicia. Por eso, hemos pensado algunas estrategias que podrían ayudar pero, ante todo, tenemos que entender que este sistema se tendrá que aplicar de manera gradual y sobre el que crearemos diversos pilotos para ver su funcionamiento”, señala la directora Ardila.
Pone, por ejemplo, la capacitación de agentes de Policía para que se especialicen en esta atención dado que, usualmente, son los primeros respondientes en escenarios de violencia. A la vez, son los primeros en revictimizar. Tal y como quedó registrado en el informe Bolillo, Dios y Patria de la ONG Temblores: “Entre el 2020 y 2022, según Medicina Legal, se presentaron 352 casos de violencia homicida, 20.895 casos de violencia física y 95 casos de violencia sexual presuntamente cometidos por miembros de la Policía Nacional. En comparación con las cifras registradas por Medicina Legal entre 2017 y 2019, período que analizamos para la primera entrega del informe Bolillo, Dios y Patria, para el período entre 2020 y 2022, se presenta un incremento del 34% de los casos de violencia homicida, una disminución de 51% de los casos de violencia física y una disminución del 13% de los casos de violencia sexual”.
Ardila señala que justamente por ser una institución que ya tiene un historial de violencia grande, que además se ha enfocado hacia mujeres y personas de la comunidad LGBT+, el énfasis tendrá que ser importante durante la capacitación: “Hemos pensado en que algunos agentes tengan una formación específica que lleve a que, por ejemplo, algunos de ellos estén dos años recibiendo información que ayude a dar acompañamiento efectivo y que no queden sesgados por la violencia que ya permea a la institución”, señala.
Con todo, tanto Benjumea como Ardila consideran que la Reforma puede traer grandes beneficios al país y esperan que, con la experiencia de la nueva Ministra Buitrago, las propuestas puedan moverse con facilidad. Benjumea señala que en este momento las organizaciones feministas están a la espera de una reunión con la Ministra: “Ya la propuesta está en el escritorio de ella y consideramos que esta última reunión podrá ayudarnos a explicarle por qué es vital esta implementación y, sobre todo, cómo podrá convertirse en una forma de garantizar una impunidad mucho menor”.
