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Por Jennifer Ávila
Voy a comenzar hablando de una mujer a quien no puedo nombrar en esta publicación. Ella está refugiada en el lugar en el que menos sospecharía se consigue protección: un asentamiento de damnificados por las tormentas que azotaron a Honduras en noviembre pasado. Ella se ha refugiado en la calle, donde decenas de familias sobreviven después de haber perdido todo, y lo hace porque un miembro del grupo criminal que domina el barrio donde antes vivía violó a su hija de 12 años. Huyen la madre, la hija y su bebé de siete meses de edad, porque el padre reclama al hijo y quiere sangre.
Esta mujer es fuerte y se convence cada día de que los hijos son una bendición y hay que quererlos, aunque no se hayan deseado. Me cuenta esto y está rodeada de al menos unas diez jovencitas de menos de 22 años que cargan uno o hasta tres niños pequeños, todas madres adolescentes en este improvisado campamento de refugiados en el norte de Honduras.
Según cifras del Fondo de Población de Naciones Unidas de 2019, Honduras es el segundo país con la tasa de embarazo adolescente más alta en América Latina con una tasa de fecundidad de 101 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años. El Centro de Derechos de Mujeres recopiló información de la Secretaría de Salud entre los años 2009 al 2018, en los que se sumó un total de 215,623 niñas menores de 18 años que dieron a luz en el sistema público nacional, un promedio anual de 21,562 partos en menores. Honduras obliga a las niñas a ser madres.
En el país está totalmente penalizado el aborto y está prohibida la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), incluso su uso como parte del protocolo posterior a una agresión sexual. Cuando se discutió el nuevo Código Penal en 2017, grupos de mujeres y feministas intentaron poner en la agenda política la posibilidad de despenalizar el aborto por tres causales: violación sexual, inviabilidad del feto y enfermedad de la madre. No se los permitieron.
En 2020, cuando se legalizó el aborto en Argentina, se encendió de nuevo una chispa de esperanza en las mujeres organizadas que han soñado esto para Honduras desde hace años. Pero la madre refugiada no lo sabe, no tiene ni idea, nunca tuvo conocimiento de que había otras opciones. Eso es de otro mundo.
Una madre que tuvo que dejar que el joven del barrio se llevara a su hija recién entrada en la adolescencia se convence de que Dios hace las cosas “por algo”, porque no tuvo de otra, porque habrían matado a toda su familia si ella se hubiera negado. Y no había nadie para protegerla, ni siquiera las instituciones con el mandato de servir y proteger a los ciudadanos. Cuando esta madre entregó a su hija de 12 años, después de dos semanas no soportó más y fue a denunciar a la policía, quería saber algo de ella. La policía llamó al captor y hasta le preguntó si la niña había consentido irse con él y si “la tocó”. El muchacho, amablemente, le dijo a la policía que ella se fue con él porque quiso y que él nunca la tocó. El policía lo creyó y lo dejó ir. Por rutina, cuenta la madre, le hicieron un examen a la niña para ver si había sido violada y resulta que el muchacho “sí la tocó”. La niña está obligada a decir que fue con consentimiento para salvar su vida.
Hablo de ella porque nadie la conoce, está perdida entre un tumulto de personas que ya nadie quiere volver a ver, y quiere contar su historia. Me dice que a veces necesita más eso que un plato de comida. Esta no es la primera vez que escucho una historia como la suya. En diez años reporteando este país he escuchado las voces de mujeres sin opciones y sin derechos que son revictimizadas, en su situación de pobreza, por habitar un territorio controlado por grupos criminales en donde el Estado en vez de protegerlas las condena y en donde se gobierna bajo preceptos bíblicos que vulneran todos sus derechos.
Pero aunque la marea verde habitaba muy lejos de la realidad de esta madre, quizá sí se vio como una amenaza para los hombres en el poder o como la oportunidad perfecta para hacer proselitismo político sobre un tema que se usa para ratificar “los valores morales” de una sociedad.
Unas semanas después de la legalización del aborto en Argentina, el presidente del Congreso Nacional, actual precandidato a la presidencia de Honduras por el Partido Nacional, Mauricio Oliva, dijo en la inauguración de la nueva legislatura que el logro más grande que tuvo el Congreso fue evitar que la marea verde llegara a Honduras.
Oliva es un médico que pone todo su orgullo en el último logro de su liderazgo en la legislación nacional: modificó la Constitución de la República para que, en caso de que se discuta la despenalización del aborto y la prohibición del matrimonio igualitario, solo se logre modificar las regulaciones actuales con tres cuartas partes de los votos en el Congreso Nacional. La última vez que se discutió la despenalización del aborto por tres causales, solamente obtuvo 9 votos a favor. Nueve de ciento veintiocho. En esta ocasión los diputados reafirmaron su amor a dios y su posición provida ante todo. Estamos cerca de las elecciones y esto es lo que queda en la mente de los electores.
Ya era casi imposible aprobar la despenalización del aborto en un país donde el 90% de la población es cristiana, católica o evangélica, y lo era aún más en un Estado que constitucionalmente es laico pero que tiene una influencia directa de las iglesias en su toma de decisiones.
El mensaje fue más grave que la misma reforma constitucional. Oliva dijo que: “vamos hacia un nuevo paradigma conocido como el transhumanismo universal donde la persona está expuesta a increíbles modificaciones genéticas apuntalado por la tecnología 5G afectando el ADN humano incluyendo sus valores donde la eutanasia y el aborto serían prácticas permitidas y habituales”. Él y sus diputados aseguran con todo su fervor que nos salvaron de la tecnología 5G que nos haría abortar a todas, matar a nuestros abuelos y tener un celular de última generación.
Estamos en plena campaña electoral y ya se escuchan las menos creativas ridiculeces para conseguir votos. Un candidato a diputado del partido de Oliva usó la canción “Jeepeta” con ese propósito. Sí, esa canción que habla de una rubia de grandes tetas que sin alcohol es tímida pero ya borracha “se deja” penetrar por quien sea y donde sea. Y con las imágenes de Oliva hablando de una teoría conspirativa que va completamente en contra de cualquier razonamiento mínimo, y las de los candidatos a diputados pidiendo el voto con canciones denigrantes, solo podemos hacer un cuadro de lo desafortunado que es este país para las mujeres y niñas que terminan aceptando que la violencia de cualquier tipo hay que aguantarla para sobrevivir.
“Aquí toca sobrevivir”, dice la madre para quien la marea verde no es ni siquiera un sueño, porque en su mundo no existe la posibilidad de que una niña pueda decidir si quiere o no continuar con un embarazo después de haber sido violada a los 12 años. Tampoco sabe que, aunque públicamente no exista esta opción, algunas mujeres sí abortan aunque muchas mueren haciéndolo, desconocidas, en clínicas clandestinas o en sus casas después de un mal procedimiento.
En Honduras, como en muchos países donde el aborto está penalizado, las mujeres tienen opciones ilegales para practicarlo. La mayor parte de las veces usan redes de venta ilegal de fármacos como misoprostol o citotec, y también la Pastilla de Emergencia se vende clandestinamente en pequeñas tiendas donde se encuentra todo tipo de droga ilegal. Solamente poner un pie en estos lugares clandestinos para comprar los fármacos, o contactar a redes clandestinas, es un riesgo grande en donde una estafa es lo mínimo que podría salir mal. Pero quienes pueden pagarlo lo hacen, y dependiendo de la clase social, las mujeres más vulneradas siempre son las que más riesgo corren.
Estas opciones, riesgosas, son aún menores en las áreas rurales del país. Según una investigación de la organización OPTIO y la organización Somos Muchas en Honduras, el 60% de los casos de mujeres denunciadas por aborto fueron denunciadas por personal de salud en hospitales públicos y la mayoría son mujeres de áreas rurales en donde no hay acceso a internet o en donde el acceso, incluso a estos espacios clandestinos de venta de fármacos, es más limitado.
“Hay niñas menores de 15 años de edad teniendo que enfrentarse a esta situación de aborto, además con un embarazo producto de una violación y abuso sexual ya que, según el Código Penal, se considera violación sexual especial al acceso carnal a niñas de 14 años sea este consentido o no. Según datos del Ministerio Público, durante el 2018 Medicina Forense dictaminó 34 casos de niñas embarazadas como resultado de violación sexual”, dijo el Centro de Derechos de Mujeres en su boletín de Observatorio de derechos sexuales y reproductivos en 2018.
Actualmente no hay mujeres presas por abortar en el país, ya que el aborto no está penalizado como homicidio, entonces las penas son menores (de 3 a 6 años de prisión en comparación con las penas por homicidios que van de 15 a 30 años) y, en caso de que la mujer se declare culpable, queda con medidas preventivas de la prisión. Sin embargo, esto supone una condena social muy grande porque al exponerse como culpables de aborto terminan exponiendo y poniendo en riesgo sus vidas.
Una lucha por la vida totalmente distorsionada
La pandemia encerró a las mujeres con sus agresores en todo el mundo y en Honduras esto se reflejó en un aumento de las llamadas al servicio de emergencia en los primeros meses. Solo entre marzo y abril de 2020 se recibieron 15996 llamadas de mujeres que pidieron ayuda por estar sufriendo violencia en sus hogares. Solo 651 de estas denuncias fueron investigadas por el Ministerio Público y muchos de estos casos fueron además mal atendidos por la policía, que obtuvo superpoderes en la pandemia gracias a que el gobierno decretó un toque de queda, o estado de excepción, para controlar la circulación de las personas en la calle suspendiendo así algunas garantías constitucionales.
La Policía Nacional detuvo más de 50 mil personas entre marzo y agosto de 2020 por violar el toque de queda. Y aunque las mujeres fueron minoría, varias denunciaron abuso policial y acoso sexual en dichas detenciones. Con el toque de queda aún vigente, y el aumento de contagios a nivel nacional, las detenciones por incumplir la medida han vuelto a aumentar. Pero la gota que derramó el vaso fue el asesinato de la estudiante de enfermería Keyla Martínez que fue asesinada dentro de una celda policial en La Esperanza, Intibucá, una comunidad en el occidente del país.
Keyla fue detenida en la noche del pasado sábado 7 de febrero y la policía la llevó al hospital a las 4 de la mañana ya sin signos vitales. La Policía anunció públicamente que Keyla se había suicidado en la celda en donde estuvo detenida esa noche. Dos días después, gracias a la presión de cientos de personas que protestaron frente a la Policía, el Ministerio Público informó que la autopsia realizada al cuerpo de Keyla demostró que la causa de muerte fue asfixia mecánica y no asfixia por suspensión como la policía había informado. A Keyla la mataron dentro de la posta policial.
La Policía Nacional de Honduras es una institución con una larga historia de abusos. En 2016 inició un proceso depuración que no ha dado los resultados esperados y las violaciones de Derechos Humanos, y crímenes como el sucedido en la comunidad de La Esperanza, Intibucá, no son extrañas excepciones. El caso de Keyla ha destapado varias denuncias de mujeres jóvenes que han sido acosadas por policías mientras las detienen por incumplir el toque de queda durante la pandemia. Doce policías sospechosos están actualmente en custodia del Ministerio Público, pero más de 30 oficiales de esa oficina policial fueron removidos y todavía no se sabe si serán trasladados a otras postas policiales del país.
Las autoridades estatales se desgastan en discursos sobre la defensa de la vida, lo vemos cada vez que surge el tema del aborto en la agenda pública, pero por otro lado, y con un velo de impunidad enorme, siguen cometiendo crímenes como el femicidio de Keyla.
Solamente en lo que va de este año, según la Red Lésbica Cattrachas, 28 mujeres han sido asesinadas en Honduras y la expectativa de justicia es muy baja. Según una investigación de Vienna Herrera para Contracorriente y Agencia Ocote, para 2019 sólo 15 casos de femicidio en Honduras consiguieron sentencia condenatoria desde que se tipificó el delito en 2013. Diversas organizaciones de mujeres y feministas lo denuncian cada vez que pueden y el sistema de justicia ha demostrado ser incapaz de dar un trato justo a las mujeres sobrevivientes de violencia o a las familias que han perdido a sus hijas, madres y hermanas.
El asesinato de Keyla y la situación de indefensión de la madre refugiada nos muestran a un Estado que no solo es incapaz de proteger a las mujeres sino que también es cómplice de la violencia. Miles de mujeres se mantienen anónimas huyendo, buscando una pequeña señal de justicia, algo que les permita seguir sobreviviendo. Es así como la marea verde de esperanza se aleja de Honduras mientras muchas presienten que lo que se avecina es más bien un tsunami.
Jennifer Avila es periodista, cofundadora y directora editorial del medio digital Contracorriente. Ha cubierto temas de Derechos Humanos, género, extractivismo y estructuras de poder en Honduras. LASA Media Award 2020.
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