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Del acuerdo de paz firmado por el Estado Colombiano y las FARC EP el 24 de noviembre del 2016, son muchos los puntos que el Estado aún no ha implementado. Las excusas, los peros y las dilaciones son interminables, siempre haciéndole honor a esa promesa de campaña de hace cuatro años que rezaba “vamos a hacer trizas el acuerdo de paz”. Una de las partes centrales del acuerdo que ha sido cumplida a medias, y a los trancazos, es el de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP).
De acuerdo a lo pactado en la Habana, las CETP consisten en 16 nuevos puestos dentro de la Cámara de Representantes, durante dos periodos legislativos (ocho años), que deben ser elegidos exclusivamente por las personas que habitan las zonas rurales de los 167 municipios que componen estas circunscripciones. La importancia y relevancia de las CETP es que ayudarán a saldar la deuda que el Estado tiene con las víctimas de este país, garantizando la participación y la representación política de los territorios más afectados por distintas manifestaciones del conflicto armado como el alto grado de afectación derivado de los enfrentamientos armados, la presencia de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegítimas, los altos niveles de pobreza y debilidad institucional, entre otros.
Y es que el significado de estas curules no es menor, ya que representan una oportunidad histórica para profundizar la democracia colombiana, garantizando la representación no solo de millones de víctimas, sino también de una porción muy importante del territorio nacional que no cuenta con voz ni voto directo en el congreso de la república y, por lo tanto, han estado excluidas de las decisiones políticas y económicas más importantes que afectan directamente sus condiciones de vida.
Los obstáculos que han enfrentado las circunscripciones ponen en grave riesgo la participación política, el desarrollo transparente de las campañas y el cumplimiento del acuerdo de paz. Para comprender mejor el complejo proceso alrededor de la implementación, garantías y financiación de estas curules, debemos comenzar por mencionar que el acto legislativo que regula estas elecciones se expidió el 2 de agosto del 2021, a tan solo 7 meses de las elecciones, con una cantidad de requisitos exigidos a las organizaciones de víctimas que postularon candidaturas que son casi imposibles de conseguir en dichas regiones: una póliza expedida por una aseguradora para poder acceder a la financiación y una cámara de comercio con constitución mínima de 5 años antes de la elección. Estos son solo dos de los muchos requerimientos exigidos que desconocen la condición de las organizaciones y el impacto desproporcionado que tienen sobre las candidatas que, al tiener mayores dificultades para cumplirlos, dadas las brechas históricas de discriminación, se ven revictimizadas.
Como si no fuera suficiente, con casi 70 años de conflicto armado en los 167 municipios en donde se llevarán a cabo estas elecciones, la presencia de grupos al margen de la ley altera el orden público de la región en donde varias candidaturas han recibido amenazas en el marco de sus campañas. Este hecho, además de re victimizar a las candidaturas, pone en riesgo su vida ya que los esquemas de seguridad como mecanismo de protección en muchos casos no han sido asignados y esto complejiza la situación y limita las garantías de su ejercicio político en la ruralidad.
Y es que todo alrededor de este proceso, que ha sido profundamente complejo y revictimizante con las candidaturas, no termina ahí. La cereza de este pastel de injusticias tiene que ver con plata. ¿Se han preguntado cuánto dinero puede gastar una candidatura promedio en campaña? La cifra pasa de los tres ceros, sin embargo, y a diferencia de las campañas tradicionales, estas candidaturas sólo pueden financiarse con recursos del estado. Y esto no necesariamente sería un problema si al menos el dinero para hacer campaña les hubiera llegado. Es de no creer pero, a tan sólo 5 días de las elecciones, las candidaturas han hecho campaña con dinero propio y endeudándose.
El proceso para acceder a la financiación estatal es tan complejo que para obtener este dinero les piden una póliza. ¡Una póliza en lugares donde ni siquiera hay una sucursal de banco! Las aseguradoras responden como mejor saben hacerlo: “No són de nuestro apetito de riesgo”. Estos impedimentos ponen en desventaja a las candidaturas que a la fecha, y a menos de tres días de las elecciones, no han tenido las garantías financieras para el desarrollo de su ejercicio electoral. Del abandono y negligencia del estado se aprovechan los mismos de siempre y ya se han denunciado masivamente intereses de clanes políticos que desean apoderarse de estas curules.
Mientras escribíamos este artículo diez candidaturas de los departamentos de la Guajira, Bolívar y Córdoba llevaban 4 días encadenadxs a la Registraduría de Valledupar exigiendo garantías para su ejercicio electoral. ¿Cuál fue la respuesta del Estado ante estas denuncias? enviarles el ESMAD.
A 3 días de las elecciones es necesario que los entes de control como el Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil y las misiones de observación internacional, hagan presencia en los territorios de las CETP para garantizar la custodia y conteo de los votos. También es necesario que, después de que se conozcan los resultados, se revisen con lupa las acreditaciones y recursos de las candidaturas que resulten electas para garantizarle a las víctimas del conflicto armado que quienes lleguen al Congreso les representen efectivamente. También es muy importante que les colombianos entendamos la importancia de las curules de la paz y que difundamos las denuncias de sus candidates para que las voces de las víctimas del conflicto armado no sean nuevamente silenciadas.
#SOSCURULESDEPAZ
