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7 menores de edad, víctimas de reclutamiento forzado, murieron en una operación militar del Ejército de Colombia contra las disidencias de Iván Mordisco en zona rural del municipio de Calamar, Guaviare. En el operativo murieron 19 personas en total. El presidente Gustavo Petro aceptó que él mismo tomó la decisión de proceder con el operativo, asumiendo los riesgos para evitar una emboscada inminente a 20 soldados.
El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, rechazó los hechos. La Defensoría también se pronunció y, aunque recordó que la responsabilidad de estas muertes es del grupo armado que recluta a los menores, reiteró que el principio de humanidad debe prevalecer siempre por encima de la guerra.
Mientras el presidente Petro recibe fuertes críticas por su decisión y respuesta, congresistas anuncian que el ministro de defensa Pedro Sánchez enfrentará una moción de censura. Se pide su salida del cargo.
El caso se ha llegado a comparar con el bombardeo realizado en zona rural de San Vicente del Caguán (Caquetá), el 20 de agosto de 2019, durante el gobierno de Iván Duque, en el que murieron 8 menores reclutados forzosamente por disidencias de las FARC. En esa ocasión, se trató de una ofensiva militar planeada —no una acción defensiva reactiva— y el entonces Ministro de Defensa Guillermo Botero ocultó la presencia de menores durante más de dos meses. Después de un debate de control político en el Senado citado por Roy Barreras, el entonces ministro Botero tuvo que renunciar a su cargo. En 2021, el nuevo ministro de Defensa de Iván Duque, Diego Molano, continuó la narrativa negacionista y se refirió a los menores víctimas de reclutamiento forzado como “máquinas de guerra” después de que otro bombardeo también en Guaviera dejara al menos un menor de edad muerto.
Los menores NO pueden ser víctimas de ataques directos.
Este nuevo caso, ahora bajo un mandato progresista, revive la deuda con los menores víctimas de reclutamiento forzado, que pasa por garantizar sus derechos básicos, brindarles oportunidades y protegerlos de toda violencia. El cumplimiento de protocolos de Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular los de distinción, proporcionalidad y precaución, protección de la infancia en zonas de conflicto, no es negociable bajo ningún gobierno.
