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La madrugada del 4 de septiembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Reforma Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero del mismo año. Un par de días después, el 8 de septiembre, el proyecto logró el voto en comisiones del Senado y pasó al pleno de la Cámara Alta. Los cambios constitucionales propuestos por el Ejecutivo han provocado protestas universitarias, paro de labores en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la pausa de la relación bilateral entre México y las embajadas de Estados Unidos y Canadá.
Aunque la Cuarta Transformación (4T) ha asegurado que la reforma tiene como finalidad modernizar el Poder Judicial a través del establecimiento de “órganos efectivos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y abusos”, organizaciones defensoras de derechos humanos han hecho apuntes sobre cómo esta podría traducirse —o no— en la garantía del acceso a la justicia, un derecho que el 70.5% de las mujeres considera que es el menos respetado en México.
Y a todo esto, ¿qué es la Reforma Judicial? ¿De qué trata?
La Reforma Judicial forma parte de un “paquete de 18 reformas constitucionales y 2 reformas legales”, como precisa la organización México ¿cómo vamos?. Tras un análisis al proyecto, el Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN destacó que los cambios propuestos son:
- Elección de personas juzgadoras por voto popular
- Creación de un nuevo órgano de administración judicial y de un tribunal de disciplina judicial
- Cambios procesales para garantizar una justicia pronta y expedita
Medios de comunicación nacionales e internacionales han explicado que la reforma al Poder Judicial también contempla reducir de 11 a nueve ministrxs de la SCJN, quienes “permanecerán en su cargo, ocho, 11 o 14 años, en función de los votos obtenidos”, y no podrán “ganar un salario mayor al del presidente”.
Igualmente, a finales de agosto y septiembre de 2024, se informó que otra de las modificaciones serán los “jueces sin rostro”, figura legal para juzgar a integrantes del crimen organizado señalada por distintas ONG como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez por ser una práctica utilizada en gobiernos de derecha (Perú e Italia, por ejemplo) que vulnera el principio a un juicio justo.
Frente a las observaciones críticas de la Reforma Judicial, la primera presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha comentado que no es una imposición de AMLO, sino un reflejo de la voluntad de la población mexicana. “Más del 59% [de las personas] considera que es necesaria una reforma”, sostuvo la ahora mandataria durante la presentación de los resultados de tres encuestas (una realizada por De las Heras, otra por Enkoll y la tercera a cargo de Morena) para conocer la opinión pública sobre la percepción de corrupción en el PJ, la elección popular de jueces y magistrados y la creación de un órgano independiente.
Paralelo a la invitación que ha hecho a la comunidad estudiantil de “leer la reforma”, Sheinbaum ha asegurado a trabajadorxs del PJ que no busca “de ninguna manera afectar” sus derechos laborales. Antes de las elecciones presidenciales, a mediados de junio de 2024, Sheibaum también dijo que se contaría con un parlamento abierto en el que organismos, organizaciones y especialistas discutirían sobre el proyecto. Sin embargo, la ahora mandataria nunca dejó claro si habría posibilidades de replantear la reforma.
¿Por qué ha causado tanta discusión al interior y exterior del país?
“Lo que se está proponiendo no es ni de cerca suficiente o necesario para atender los problemas de justicia en el país. Esta reforma no ataca con estrategias la crisis de injusticia”, manifiesta Fátima Gamboa, abogada, activista y directora general de EQUIS. Justicia para las mujeres, organización feminista que, si bien ha dejado claro que el Poder Judicial debe tener cambios sustanciales, ha señalado que el actual proyecto no atiende a problemas estructurales.
A lo largo de 12 años, EQUIS ha identificado los factores que contribuyen a que la justicia sea un privilegio, más que un derecho humano. De acuerdo con el Informe Reforma Judicial Feminista: Desmantelar las fábricas de injusticias (2024), el 70.5% de las mujeres considera que el acceso a la justicia es el derecho menos respetado en México. Dicha percepción no surge de un desaliento personal. Según investigaciones realizadas por EQUIS, de 100 sentencias, 47% invisibiliza las violencias, 69% no protege a las mujeres, 80% no analiza los contextos y 79% no utiliza normativa de derechos especializada en violencias de género.
“Las organizaciones y el Estado hemos fallado en hacer accesible y sencilla la información sobre el Poder Judicial”
A las sentencias permeadas por la misoginia se suma la ausencia judicial en la vida social y jurídica de los diferentes sectores poblacionales, especialmente de mujeres, personas LGBT+ y migrantes. “En los más de 190 años que tienen en México, los poderes judiciales no han estado acostumbrados a dialogar con la ciudadanía y los diferentes movimientos sociales”, afirma Fátima Gamboa como uno de los argumentos por los que las organizaciones han encontrado problemática la propuesta de la elección de jueces y magistradxs a partir del voto popular.
“La gente no sabe qué hace el Poder Judicial”, dice la activista no sin antes subrayar que el desconocimiento de estos órganos no es culpa de la población, sino de las propias instituciones que, además de posturas elitistas, han marcado distancia con la falta de mecanismos de participación.
En 2019, EQUIS encontró que en México sólo 2 de los 32 poderes judiciales contaban con mecanismos de participación ciudadana y que, en su mayoría, su vínculo con las poblaciones estaba sostenido por políticas asistencialistas como la donación de juguetes o la entrega de despensas.
Aunque en los últimos 4 años el panorama ha cambiado (ya son 19 poderes judiciales los que cuentan con consejos consultivos y/o mesas de trabajo), Fátima Gamboa enfatiza que “[el PJ] tiene que comenzar a abrirse [a la] participación ciudadana con intenciones más fuertes; ubicar, a través de diálogos y observatorios ciudadanos, cuáles son los problemas de injusticia y [de esta forma] reconstruir soluciones con las personas sin que estas sean expertas en derecho. Hay que romper ese elitismo de que solamente la gente que conoce el Derecho puede dialogar con jueces y juezas”.
Además de la lejanía judicial, considera que la suspicacia respecto al voto popular se debe a que se trata de un mecanismo de “participación pasiva” que “no tiene nexo directo con la mejora de la justicia”. Anexo a ello, la propuesta desdibuja cuál es la función de las instituciones que componen al Poder Judicial y sus representantes.
“Lxs jueces y magistradxs no tienen que atender a una voz del pueblo. Lxs jueces y magistradxs tienen que atender a lo que está en la ley y garantizar lo que está en ella: la protección de las personas”, puntualiza la abogada, que también expresa preocupación por otro de los riesgos que han advertido organizaciones y defensores de derechos humanos: “que la justicia pueda atender más a la política, la popularidad o las indicaciones del propio Ejecutivo; que lxs jueces atiendan más a los intereses de los partidos políticos o las mayorías legislativas”.
El nerviosismo frente a la partidización y la vulneración del contrapeso entre poderes no es algo menor. En los últimos meses parte de la discusión de la Reforma Judicial se ha volcado a una confrontación entre Morena, el partido en turno, y la “oposición”, facciones políticas como el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la que a las personas y ONG que hacen una lectura distinta a la del Ejecutivo se les tacha de “conservadorxs” o de ‘sólo oponerse al proyecto porque ven amenazados sus privilegios’. “Me parece que la discusión se ha polarizado a favor o en contra. Y parece que estar en contra es estar a favor de la derecha y no es así (…) Estamos del lado de nuestra justicia”, asegura la directora de EQUIS.
Lo que se esperaría de una Reforma Judicial
“Sí hay que democratizar y abrir el Poder Judicial”, dice Gamboa que, una vez más, insiste en que es necesaria una reforma. Sin embargo, reitera que esta no puede ser a partir de “mecanismos de participación pasiva y desinformada” o de “falacias” como los plazos para resolver los casos.
Es imprescindible trabajar en un proyecto conjunto en el que se abogue por un sistema de justicia feminista, antirracista y con perspectiva de diversidad sexual. Con esto, Gamboa no sólo se refiere a que las instituciones deben combatir la discriminación en sus narrativas, prácticas y resoluciones. Una reforma no puede ignorar las realidades que prevalecen en el Poder Judicial y que lo edifican como un modelo y sistema “descompuesto”, como calificó la jurista Ana Laura Magaloni.
En una postura similar a la de Gamboa, en su columna para La Cadera de Eva, la penalista Leslie Jiménez Urzua (Impunidad Cero) ha invitado a reflexionar sobre otros puntos de la Reforma Judicial que podrían traducirse en impactos negativos para las mujeres y personas LGBT+, por ejemplo:
- ¿Cómo la eliminación del requisito de experiencia profesional podría permitir el ingreso de jueces, magistradxs y ministrxs que no cuenten con una formación en derechos humanos?
- La imposición de promedios académicos como requisito, sin tomar en cuenta obstáculos estructurales que enfrentan mujeres y personas LGBT+ para acceder a la educación
- La dinámica aleatoria de la elección de cargos del PJ y los riesgos que esta podría tener en la representación de poblaciones históricamente vulneradas
- La falta de lineamientos claros en la conformación de los Comités de Evaluación
Frente a este contexto que, por su mera naturaleza es complejo y que se da en medio de una coyuntura política (el cambio de gobierno), organizaciones como EQUIS se han involucrado en la discusión con interrogantes como “¿En esta reforma, dónde queda nuestra justicia y dónde quedan nuestras necesidades?”. A partir de este cuestionamiento, Fátima Gamboa enlista los rubros a los que debería atender una reestructuración judicial democrática, contra la corrupción e impunidad y en la que los derechos de todes sean reconocidos y respetados:
- Replantear un modelo de justicia en el que se tomen en cuenta nuestras voces, necesidades y exigencias.
- Simplificar, agilizar y hacer accesibles los procesos para todas las personas; esto debe tomar como punto de partida la claridad en el lenguaje jurídico.
- Abrir canales de comunicación y diálogo para mitigar la distancia entre el Poder Judicial y la sociedad
- Garantizar que quienes están a cargo de la impartición de justicia tengan el perfil adecuado. Los procesos de selección de estas personas deben ser abiertos, con participación ciudadana efectiva y en los que se contemplen evaluaciones continuas y rigurosas
- Contar con presupuestos suficientes
- Recopilar y facilitar estadísticas sobre las personas que usan los servicios de los poderes judiciales y de quienes laboran en ellos
- Territorializar la justicia. Es decir: “que los poderes judiciales asuman la responsabilidad de llevar la justicia directamente a las comunidades, a las personas y sus geografías”.
