mayo 10, 2022

¿Qué se viene para las mujeres en el próximo cuatrienio?

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Análisis de propuestas programáticas de candidates presidenciales 2022-2026

Foto de Alexa Rochi intervenida por Carolina Urueta

A continuación describo y analizo brevemente el componente sobre derechos de las mujeres y niñas de las propuestas programáticas de los principales candidatos y candidatas a la presidencia y vicepresidencia de Colombia para el período 2022-2026. Vale aclarar que esta evaluación se basa principalmente en el texto de los programas de gobierno que les candidates tenían en su página web a la fecha del 20 de abril de 2022, complementado por sus declaraciones en medios, redes sociales y debates. En esa medida, las conclusiones aquí expuestas no se basan en el perfil profesional o ideológico, la trayectoria política o las alianzas de los candidatos y candidatas.

Gustavo Petro y Francia Márquez (Pacto Histórico)

El programa “El Cambio es con las Mujeres” es el primero y uno de los tres grandes ejes del plan de gobierno “Colombia: Potencia mundial de la vida” de Gustavo Petro y Francia Márquez. Su visión de país para las mujeres prioriza 5 temas: participación política, economía del cuidado, violencias basadas en género, derechos sexuales y reproductivos y construcción de paz. Propone una modificación institucional para la administración de la política pública de mujeres y género en el país con la creación del Ministerio de la Igualdad. Además, es insistente con el respeto y protección de la diversidad de las mujeres y niñas colombianas, reconociendo que hay diferencias de raza, etnia, clase, diversidad funcional, orientación sexual e identidad de género que requieren la atención diferenciada del Estado y la política pública. 

Este programa de gobierno es un norte brillante sin una ruta clara. Petro y Márquez atinan en la identificación de los cambios estructurales que la sociedad y el Estado necesitan para garantizarle a las mujeres y niñas una vida plena y digna, libre de violencias y en condiciones de igualdad. En esa medida, los objetivos que guiarán la agenda de su gobierno prometen las transformaciones sociales sustanciales que las mujeres y niñas necesitamos. Su programa de gobierno contiene una serie de declaraciones y compromisos explícitos que pesan por si solos: al menos 50% de todos los cargos públicos en todos los niveles y las ramas del poder serán ocupados por mujeres, crearán el Sistema Nacional de Cuidado, acatarán la sentencia de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto hasta la semana 24, protegerán los derechos de trabajadoras sexuales e implementarán el enfoque de género de los Acuerdos de Paz con las FARC. 

No obstante, la agenda contiene otra serie de metas generales que, al no venir acompañadas de al menos un esbozo general de ruta para su cumplimiento o de cómo enfrentar los desafíos regulares de su implementación, corren el riesgo de convertirse en promesas vacías. Por ejemplo, no hay mayor indicación de qué significa o de cómo garantizarán “espacios seguros y libres de violencia para la participación política de las mujeres” o “igualdad salarial”, acceso prioritario a “políticas de empleo, vivienda, tierra, salud y educación” o cómo mejorarán “el goce de los derechos sexuales y reproductivos”. Estas y varias otras propuestas generan las mismas preguntas a lo largo del plan de gobierno: ¿Y eso en qué se traduce? ¿Cómo se logra en 4 años? Aunque sabemos que las especificidades de un verdadero plan de acción se concretan una vez en el gobierno, también sabemos que hay propuestas cuyo quid está en los detalles. 

Puntuación: 4/5

Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo (Centro Esperanza)

El “Programa por la igualdad de los derechos de las mujeres” de Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo está compuesto por tres ejes de cambio institucional: 1) transversalización del enfoque de género 2) creación del Sistema Nacional de Cuidados y 3) creación del Ministerio de Mujeres y Equidad de Género. El programa de gobierno tiene tres enfoques temáticos: “autonomía económica”, que abarca asuntos sobre empleo y economía del cuidado, “autonomía física”, que incluye propuestas sobre violencias basadas en género y derechos sexuales y reproductivos, y “autonomía para la participación” que se refiere a participación política de las mujeres. Vale la pena enfatizar en que todos los programas sectoriales que componen este plan de gobierno, desde salud, educación y economía hasta transición energética, ambiente, seguridad, justicia y cultura, contienen propuestas específicas para atender las necesidades particulares de las mujeres y las niñas. Esto demuestra que el enfoque de género, más que una adición sofisticada, es simplemente la forma sensata de crear y ejecutar cualquier política pública, reconociendo las necesidades reales de quienes estas pretenden beneficiar. En ningún otro plan de gobierno la agenda de mujeres permea todos los ejes programáticos como en este. 

Fajardo y Murillo se comprometen a lo básico para una transformación social real que salde la cuenta con las mujeres. Su programa incluye paquetes de medidas destinadas a reconocer, reducir y redistribuir la carga de cuidado, incentivar la participación política de las mujeres mediante reformas que establezcan requisitos de paridad, alternancia uno a uno y universalidad para todas las circunscripciones, implementar los Acuerdos de Paz y construir un sistema educativo y de salud para que las mujeres “puedan decidir sobre sus cuerpos sin estigma social alguno”.  Sergio Fajardo se ha manifestado favorablemente sobre la más reciente decisión de la Corte Constitucional en medios y entrevistas y en su plan de gobierno se compromete a respetar los lineamientos del alto tribunal en materia de aborto.

Este programa cuenta con propuestas que van más allá de lo meramente esencial que debe contener una agenda de género. Fajardo y Murillo buscarán potenciar la participación de organizaciones de mujeres en distintas instancias de toma de decisiones, desde la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitucion de Cultivos Ilicitos (PNIS) y la creación de un Gran Acuerdo Pedagógico Nacional, hasta el diseño de políticas de infraestructura y presupuestos institucionales. También se comprometen a introducir un enfoque de derechos humanos y de género en los cuerpos de seguridad del país, comenzando por el Ejército y la Policía Nacional. Afirman que velarán porque la transición a una economía baja en carbono reconozca y garantice el papel de las mujeres en la seguridad alimentaria y energética de hogares rurales y en la economía campesina. Así, este programa de gobierno es probablemente el más completo de estas elecciones presidenciales.

Puntuación: 4.5/5

Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara (Equipo por Colombia)

El componente de “Género y diversidad” del programa de gobierno “Colombia: Un país en orden y con oportunidades” de Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara se divide en 5 enfoques temáticos: violencias basadas en género, salud, empoderamiento económico, paz e institucionalidad. Esta agenda estará dirigida a cumplir siete grandes metas en el 2026: mejoramiento de la línea 155 para atención de emergencia a víctimas de violencia, simplificación de rutas de atención a violencias, implementación de estrategias de comunicación para prevenir el acoso y la explotación sexual, implementación de un programa de recuperación de las capacidades laborales de las madres cabeza de familia, aumentar en un 50% los emprendimientos femeninos apoyados por el SENA, implementación del enfoque de género en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y mejoramiento de canales de denuncia y acceso a la justicia de las personas LGBTIQ+.

El programa de Gutiérrez y Lara cubre temas esenciales para la vida y autonomía de las mujeres. Buscarán fortalecer el sistema de atención a violencias basadas en género y acoso sexual, impulsar la educación en derechos sexuales y reproductivos, implementar la Ley de licencia compartida y enfáticamente buscarán mejorar las oportunidades de empleo y emprendimiento de las mujeres. Sin embargo, el plan de gobierno carece de propuestas que verdaderamente se propongan erradicar las barreras estructurales que mujeres y niñas enfrentan para vivir en condiciones de igualdad. No hay una política para el reconocimiento y la redistribución de la carga de trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres, ni medidas para fortalecer la participación política ni un plan para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Su aproximación a la erradicación de las violencias basadas en género sigue siendo bastante reactiva, enfatizando en canales de emergencia, y no proactiva o preventiva. Además, Gutiérrez y Lara demuestran un compromiso tenue con la construcción de paz, en donde las mujeres solo aparecen en el diseño de PDETs exclusivamente y como receptoras de incentivos económicos para el emprendimiento, sin mención a otros planes, instituciones o compromisos de justicia y reparación de los Acuerdos de Paz. 

El programa de género de Gutiérrez y Lara no parece apuntarle a una visión transformadora de nuestra sociedad para hacerla más igualitaria y justa con las mujeres. La gran mayoría de sus propuestas consiste en “fortalecer” políticas ya existentes, sin mención alguna de qué exactamente es lo que debe mejorar ni cómo remediar sus limitaciones, o implementar “campañas comunicativas” o “programas de formación y comunicación”. Estas, además, no están atravesadas por un hilo conductor que revele la visión de sociedad que los candidatos tienen para las mujeres y niñas del país. No es posible alcanzar la igualdad material entre hombres, mujeres y personas no binarias en Colombia sin una renovación sustancial del funcionamiento del Estado, de los principios y valores de la política económica, política y social y a punta de más de lo mismo pero “mejor”, o campañas pedagógicas que difícilmente conllevarán cambios materiales por sí solas. 

Puntuación 2.5/5

Rodolfo Hernández y Marelen Castillo (Liga de Gobernantes Anticorrupción)

La sección de “Mujeres y asuntos de género” del programa de gobierno Rodolfo Hernández y Marelen Castillo consta de 9 propuestas concisas que cubren temas como paridad en cargos públicos, educación, economía del cuidado, situación de las mujeres cabeza de hogar y violencias basadas en género. Algunas de ellas consagran compromisos de un nivel medio de concreción, como por ejemplo la meta de que el 50% de los cargos públicos sean ocupados por mujeres, o la de implementar un programa para proveer el cuidado de los hijos de mujeres trabajadoras. Sin embargo, otras son o muy generales, como la propuesta de “definir e implementar estrategias en torno al trabajo doméstico y cuidados no remunerados”, o develan desconocimiento del problema estructural y de las políticas actuales. Por ejemplo, su propuesta para erradicar violencias basadas en género es, sin más: “poner en marcha una política pública de prevención de la violencia contra la mujer que combata la impunidad en el maltrato intrafamiliar”, como si no existieran, entre otras, la Ley 1257 de 2008, sobre violencias contra las mujeres. 

Hernández y Castillo no incluyeron en su programa de gobierno asuntos vitales e inaplazables para la igualdad de género y la garantía de los derechos de las mujeres y niñas. Además de comprometerse con la paridad en la administración pública, sus propuestas no apuntan a la promoción real de la participación política de las mujeres, tanto en el Estado como en la sociedad civil. No hay mención alguna de los derechos sexuales y reproductivos ni mucho menos del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ni tampoco de los compromisos de los Acuerdos de Paz con las mujeres. Su propuesta de educación se limita a afirmar un propósito de cobertura universal, pero sin los matices que una educación para la transformación de roles y estereotipos de género requiere. En resumen, es un programa flaco, abstracto y visiblemente secundario dentro del plan de gobierno de esta fórmula.

Puntuación: 2/5

Íngrid Betancourt y José Luis Esparza (Verde Oxígeno)

A la fecha, la fórmula de Íngrid Betancourt y José Luis Esparza no tiene un programa de gobierno consolidado. Sin embargo, a partir de afirmaciones en medios y redes sociales, el énfasis de Betancourt en cuanto a género se trata parece estar en la creación de oportunidades de empleo para las mujeres. Preocupada por el aumento en el desempleo femenino, en particular después de la pandemia, la candidata propone “subsidiar tasas de crédito para financiar emprendimientos” de mujeres y crear “programas de formación cortos coordinados con el sector privado para que jóvenes y mujeres encuentren trabajo rápidamente”. Aumentar la participación de las mujeres en la fuerza laboral es una meta inalcanzable si no se atienden las necesidades de redistribución de las cargas del cuidado en los hogares colombianos. En efecto, Betancourt ha mencionado que pretende crear un Sistema Integral del Cuidado “para liberar a las mujeres de la economía del cuidado”. Aunque una política pública de este tipo es necesaria y tiene un potencial real de transformación de la vida de las mujeres y niñas colombianas, su objetivo no debería ser “liberarlas” de dicho rol. En cambio, el Estado debe apuntar a crear las condiciones para que el cuidado sea un asunto de corresponsabilidad en el hogar, del que participen todos los miembros de la familia y que este no solo recaiga en las mujeres. Asimismo, la ambición real de la economía feminista es que el trabajo de cuidado sea valorado, y en esa medida reconocido y remunerado, como una actividad productiva esencial de la economía. De allí que más que “liberar” a las mujeres del cuidado, el objetivo de la política pública debe ser que este sea valorado, reducido y redistribuido. 

Íngrid Betancourt ha mostrado tener posiciones favorables sobre la sentencia de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto hasta la semana 24 y el Acuerdo de Paz con las FARC. Sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la candidata afirmó que acatará la Sentencia C-055 de 2022, y que además de “establecer y reglamentar esta posibilidad de abortar”, se propondrá  “prevenir a través de la educación sexual, a través de información, de manera que la mujer no espere hasta las 24 semanas”. Es vital que la garantía de este derecho fundamental respete los lineamientos de la Corte sin generar estigmas sobre las mujeres que, por cualquier razón, no puedan acceder a un aborto de manera temprana. Por otra parte, reconociendo el impacto diferenciado que la guerra ha tenido sobre las mujeres, especialmente las lideresas sociales, Betancourt ha manifestado deferencia con las instituciones del Acuerdo de Paz y el enfoque de género

En materia de violencias contra las mujeres, Betancourt estalló los titulares de prensa cuando en un debate presidencial afirmó que “las mujeres que se hacen violar”, aunque poco después aclaró que fue una traducción desafortunada del francés y que lo quiso decir es que “las mujeres son víctima de estas agresiones; esto no quiere decir que ella busquen ser víctimas”. Las razones por las que esta afirmación es completamente errónea y perversa no hay necesidad de aclararlas pues el rechazo en redes sociales y medios, además por parte de sus mismos contrincantes, no se hizo esperar. Lo que quedó sepultado en medio de las interacciones digitales de esos días fue su propuesta de “construir un centro para la mujer donde pueda protegerse, donde tenga apoyo psicológico”. Esta proposición no solo devela un desconocimiento de la regulación y oferta institucional existente para casos de violencia de género, incluyendo las Casas de Justicia, Comsiarías de Familia y líneas de atención de emergencia, sino que deposita en un esquema reactivo, no preventivo ni transformador, la erradicación de la violencia contra las mujeres.  

Puntuación: 2.5/5

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Autor

  • Vanessa Daza Castillo. Abogada, investigadora y activista feminista. Cofundadora del blog y colectivo feminista Siete Polas. Actualmente es Fellow de la organización feminista IWRAW Asia Pacífico y anteriormente fue investigadora de justicia ambiental en Dejusticia. Nacida y criada en La Guajira, radicada en Bogotá, obtuvo su grado de Abogada de la Universidad de los Andes (2017) y su grado de Master en Derecho de la Universidad de Harvard (2021).

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