Por Los arranques de tuitero del presidente Petro no son nuevos y suelen ser gasolina para la oposición. Sin embargo, en los más recientes arremetió contra la periodista Maria Jimena Duzán señalándola de hacer “Periodismo Mossad” por cuestionar públicamente a la funcionaria Laura Sarabia, y contra la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, llamándola “la FLIP de Pacho Santos”, un dato tendencioso que desinforma pues Francisco Santos ni es dueño de la FLIP, ni hace parte de ella desde hace más de 20 años. Estos dos hechos pusieron en alerta a defensorxs de la libertad de prensa, e incluso a la CIDH que se pronunció “por los señalamientos y calificaciones proferidas contra Duzán y la Flip” y exhortó al Estado “a brindar plenas garantías a su trabajo”.
El problema con Petro es que cree que puede seguir usando la red social como cuando era congresista, pero cuando tienes encima el poder de la presidencia de la República, las implicaciones y efectos de todo lo que dices cambian. Incluso cuando lo que dices sea técnicamente cierto. Si bien entidades como La Comisión de la Verdad han evidenciado la responsabilidad del periodismo hegemónico colombiano en la estigmatización y desinformación de grupos y personas vulnerables durante el conflicto armado, cuando es el presidente quien señala a la prensa en general o individualizando a periodistas, resulta estigmatizante y peligroso para todxs lxs periodistas. Y es que no se puede dejar de lado que Colombia ha sido y sigue siendo uno de los países más riesgosos y violentos del mundo para los y las periodistas.
El asunto que escapa al presidente y a muchxs de sus seguidorxs es el siguiente: cuando un grupo se encuentra en situación de vulnerabilidad, es decir, cuando es objeto de discriminación y violencia por la incomodidad que genera, y a esto se suma que existan grupos con poder que quieren censurar sus voces, y que, además, una persona con visibilidad y poder (en este caso el presidente) dice algo que les estigmatiza, les expone y crea la oportunidad para que esas personas sean víctimas de violencia y para que esa violencia luego sea justificada y normalizada.
Para entender los límites de la libertad de expresión, es importante reconocer que algunos discursos en ciertos contextos pueden ser detonantes de violencia y por eso se les llama discursos de odio o discursos discriminatorios. Es el caso de las declaraciones de Petro sobre Maria Jimena Duzán y sobre la Flip, y qué bueno que parte de la opinión pública en Colombia reconoce enseguida la gravedad de algo así. Ojalá lo reconociéramos igual en todos los casos, porque es lo mismo que pasa cuando figuras públicas, con mucha visibilidad y tribunas en los medios de comunicación, hacen afirmaciones transodiantes.
Desde Volcánicas hacemos un llamado al diálogo entre el presidente y la Flip y a la moderación de su discurso hacia la prensa, que no le viene bien a nadie y pone en riesgo a les periodistas en contextos de mayor vulnerabilidad. Si bien ahora sectores de la izquierda ven en la Flip a un enemigo, la Flip se ha encargado históricamente de defender un derecho que le tocaba garantizar al Estado, y esto ha incluido la protección de muchísimos periodistas de izquierda. Hoy Petro es el Estado y le corresponde a él garantizar las condiciones de seguridad para que el periodismo pueda ejercerse en libertad y esto incluye la no estigmatización de la prensa, un pilar fundamental en cualquier democracia.
¿Entonces quién regula a la prensa?
A raíz de estos episodios, el presidente y parte de la opinión pública le están exigiendo a la Flip que regule la calidad del periodismo, un sinsentido cuando la labor de la organización es defender el derecho a la libertad de prensa y a lxs periodistas en riesgo.
Claro que hay que criticar y cuestionar el periodismo que desinforma, estigmatiza y le da columnas enteras a propagadores de discursos de odio, y ojalá la gente asuma posturas críticas frente a los medios, dejando de consumir, dar clics y financiar ese periodismo que desinforma, miente y estigmatiza. Pero es que eso le corresponde a la ciudadanía, no al presidente. En Volcánicas creemos en la agencia y autonomía de las audiencias, y pensamos que ese criterio debe ser lo que regule la calidad del periodismo.
Quizás sí hace falta un espacio para tener estas conversaciones incómodas, donde expongan la falta de transparencia -y otras faltas- de periodistas y medios, y se tengan en cuenta también las denuncias por violencia sexual y otras violencias basadas en género que abundan en el sector y parecieran importar menos que nada. Decimos espacio y no “comité” porque el problema con entidades o comités de este tipo es que, al final, quienes les conforman terminan siendo los mismos de siempre, que también concentran, de una u otra forma, algo de poder (por lo general hombres, gente blanca y perteneciente a la élite periodística); es decir, al final si no estás en la rosca o pagas membresía, no haces parte ni puedes opinar y eso qué tanta libertad garantiza?
Pero mientras esto no exista, esperaríamos un poco más de criterio y autocrítica de los medios frente a las faltas éticas y conflictos de interés, como el que expuso una reciente investigación de Vorágine sobre el columnista y periodista de Cambio, Yohir Akerman. Akerman resultó ser también presidente para Latinoamérica de la empresa Guidepost Solutions, que hizo un informe para lavarle la cara a Chiquita Brand en el juicio en donde finalmente hallaron a Chiquita culpable de financiar el paramilitarismo. Akerman dice que él no firmó el documento, ni sabía de la investigación (tan raro que se le pasara eso a un tipo tan sagaz). Tampoco le pareció importante contarle a la audiencia que él hace parte de una compañía que está haciendo informes para desmarcar a la empresa privada del paramilitarismo.
Y esto es grave, porque por su cargo en la firma de investigación, Akerman indirectamente recibió pago de Chiquita por ese informe, que involucraba directamente a Colombia, país que hace parte de la región que él preside en Guidepost. Pago proveniente de la misma empresa que financió a grupos paramilitares en Colombia, como quedó demostrado en juicio. Creíamos que para cualquier periodista sería inmoral recibir dinero de una empresa que financió paras, guerrilla, narcos, pero pareciera que no, porque el silencio de la prensa hegemónica -incluida la revista Cambio- esta semana nos hace pensar que muchxs tienen dudas.
Mientras Cambio cierra filas protegiendo a Akerman y los medios hegemónicas mantienen el pacto de silencio, medios independientes como Cuestión Pública y Baudó han hecho público su respaldo a la investigación de Vorágine y Presunto Podcast, el espacio de crítica de medios más relevante -si no el único que hay- hizo lo propio en su más reciente episodio. Volcánicas confía en el periodismo independiente de Vorágine, Cuestión Pública y Baudó, así como en la crítica de Presunto.
En Volcánicas siempre hemos cuestionado el discurso de la objetividad de la prensa como una falacia que solo sirve para enmascarar los verdaderos intereses de los medios. Creemos que todos los medios tienen agenda y que las audiencias tienen derecho a conocerlas. Para ello, es clave dejar atrás esa fachada de la objetividad y optar por un pacto de transparencia con las audiencias Nosotras no somos objetivas ni neutras frente a la injusticia y menos frente al patriarcado, lo hemos dicho y lo decimos una vez más porque transparencia significa no solo que las audiencias sepan cómo se financian los medios, sino también que agendas quieren avanzar y nosotras queremos que nuestro trabajo sirva para avanzar en los derechos humanos.
Entonces queda abierta la pregunta, ¿cómo podemos hacer veeduría a la prensa para que no desinforme o incurra en graves faltas éticas y conflictos de interés sin caer en ningún tipo de censura ni concentración del poder en las mismas manos?
