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Situado en la región de la Isla de Francia y aledaño al epicentro del arte gótico, Sena-Saint Denis fue elegido como sede de los XXXIII Juegos Olímpicos. En los últimos meses, este departamento parisino ha protagonizado la prensa internacional por “la valorización del entorno urbano, arquitectónico y paisajístico” que presume el Ministerio de Cultura de Francia. Sin embargo, la narrativa gubernamental, mediática y de las instituciones deportivas también se ha sumado a la política (anti)migratoria que acecha al país y la región desde hace décadas.
En más de una ocasión, el Gobierno macronista y las facciones de derecha y derecha extrema han dejado claro que “expulsarán a todas las personas que no tienen una razón de estar” en el territorio.
Desde que se confirmó a la “Ciudad de la Luz” como el corazón de los Juegos Olímpicos de 2024, Emmanuel Macron pidió mostrar un país que coincida con la pintoresca y enaltecida versión que se tiene de Francia en la poesía burguesa, las películas melosas y los flyers de agencias de viaje. “Vamos a intentar recibir el planeta en las mejores condiciones posibles, de seguridad, organización, responsabilidad social y ecológica. Organizaremos y también intentaremos ganar el máximo de medallas”, dijo el mandatario.
En vísperas de la llegada de lxs atletas a la Villa Olímpica, Macron pidió a Rusia un ‘alto al fuego’ contra Ucrania para que el evento, también en medio del genocidio de Israel contra Palestina, se lleve a cabo. Sin embargo, el presidente francés ha mantenido mesura y cautela frente a los titulares internacionales que reportan el desplazamiento de migrantes, personas en situación de calle, con problemas de consumo de sustancias o que ejercen el trabajo sexual en la ‘capital del amor’. Hasta junio de 2024, el colectivo Le revers de la médaille (El reverso de la medalla), integrado por más de 80 organizaciones civiles, calculó que 12.500 personas —al menos 3.500 menores de edad— en condiciones de vulnerabilidad fueron expulsadas de París.
Las periodistas Ségolène Le Stradic y Sarah Hurtes (The New York Times) visitaron poblaciones que ahora, sin certeza alguna, viven en campamentos y refugios de emergencia, lejos de Sena-Saint Denis, departamento en el que 1 de cada 3 habitantes es migrante. Según los testimonios, desde julio de 2023 autoridades se acercaron a ellxs para animarles a subir a autobuses con destino a ciudades como Lyon, Burdeos, Marsella u Orleans; les prometieron vivienda y ayuda social. A mediados de septiembre del año pasado, las periodistas Dalal Mawad y Claudia Colliva (CNN) reportaron que, a la semana, entre 50 y 150 personas eran trasladadas a otras regiones del país.
El Gobierno francés ha dicho que este programa es ‘voluntario’, que forma parte de las acciones contra la escasez de vivienda y que es posible llevarlo a cabo, pues en 2023 se construyeron 10 albergues en todo el país. No obstante, personas que dejaron su empleo y han sido trasladadas a Orléans aseguran a The New York Times que no cuentan con asistencia.
Igualmente, se sabe que en los albergues de estas ciudades las personas pueden estar un máximo de tres semanas; luego las autoridades evalúan si cumplen con los requisitos de asilo. Se estima que 60% de las personas desplazadas son rechazadas para continuar con el proceso. “Es una antesala a la deportación”, resumió el abogado Emmanuel Pereira.
Si bien en el último año se han denunciado los levantamientos de campamentos en Sena-Saint Denis, especialistas han subrayado que los desalojos no sólo son en áreas cercanas a la sede olímpica. Personas sin techo también han sido retiradas de estaciones del sistema de transporte público (RATP). En comunas como Noisy-le-Sec, en el distrito de Bobigny, el gobierno local ha emitido decretos para desalojar a la gente.
Mientras tanto, en Boulogne, al norte, en donde el 70% de las trabajadoras sexuales “son inmigrantes indocumentadas o personas no blancas”, la policía detiene a los clientes y, de paso, revisa los papeles de las trabajadoras sexuales. Si carecen de ellos, son enviadas a la comisaría o los centros de detención administrativa para su eventual deportación. Algo similar sucede en Ródano, departamento obrero en el que las trabajadoras sexuales (chinas, la mayoría de ellas) se enfrentan a la discriminación y violencia de turistas, lugareños y policías que realizan redadas para inspeccionar su estatus migratorio.
Semanas previas a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, portales de noticias del resto del mundo se sumaron a las narrativas contra el trabajo sexual con la llamada “uberización de la prostitución” (la operación de trabajadoras sexuales a través de plataformas digitales).
La ‘seguridad’ [presencia policial y videovigilancia algorítmica] detrás de los Juegos Olímpicos
Los preparativos para la celebración deportiva también han estado acompañados por una estrategia de ‘seguridad’ que, anexo a fortalecer la política (anti)migratoria, ha justificado el aumento de la presión policial y la cibervigilancia. De acuerdo con la maestra en Ciencias Sociales y periodista Sofía Viramontes (Gatopardo), Francia ha reclutado a 15.000 policías y en los próximos días contará con el apoyo de 35.000 elementos de Alemania y Polonia, además de emplear helicópteros con francotiradores de élite y 15.000 perros de seguridad.
Sumado a ello, se ha informado que desde el 15 de julio España trabaja con Francia en la vigilancia de las zonas de alto riesgo. El país ibérico participa en las rondas de “patrulleros del último kilómetro” para ‘garantizar’ que todo ‘se mantenga en orden’ en la zonas aledañas a la Villa Olímpica.
Las posturas críticas no sólo derivan de que en la ceremonia inaugural se calcula la presencia de 45.000 policías y gendarmes o de las bonificaciones especiales de 2 mil 50 dólares (pese a la crisis financiera que atraviesa el país desde 2020). Organizaciones defensoras de derechos humanos también se han pronunciado en contra de los abusos policiales durante los desalojos y, desde hace meses, han expresado su preocupación sobre la narrativa discriminatoria del Prefecto de Policía de París, Laurent Núñez Belda, quien ha dicho que las acciones de ‘seguridad’ están dirigidas a combatir las amenazas terroristas, pero que las fuerzas públicas también se preparan para “amenazas de menor intensidad de grupos radicales ambientalistas, extremistas de izquierda y proPalestina”.
Otro dato que no puede quedar en segundo plano es que las Olimpiadas y su exagerada ocupación policial para revisar los documentos de quienes usan el transporte público están antecedidas por protestas contra abusos de los uniformados. El 27 de junio de 2023, un agente de policía asesinó a Nahel, un joven de 17 años, de ascendencia argelina, criado por una madre soltera, jugador de rugby y repartidor de comida, en Nanterre, a tan sólo 5 kilómetros de París.
El asesinato con arma de fuego causó gran indignación en la capital y otras ciudades francesas. Durante las movilizaciones, además de condenar la violencia policial, los contingentes expresaron su hartazgo frente al discurso criminalizante de las y los jóvenes que, como Nahel, crecen y viven en barrios y departamentos que hoy son sede de los Juegos Olímpicos, pero que fueron abandonados por las autoridades desde los 80.
En mayo de 2024, Francia volvió a ser señalada por la represión policial durante una manifestación obrera en París. Dos meses antes, en marzo, colectivos antirracistas se sumaron a lxs activistas que expresaron su descontento frente a las expulsiones forzadas.
En mayo de 2023, la Asamblea Nacional y el Senado de Francia aprobaron la videovigilancia algorítmica como parte de la Ley para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Previamente, en marzo de ese año, Amnistía Internacional hizo un llamado al Poder Legislativo francés para que “rechazara cualquier plan de usar videovigilancia alimentada por inteligencia artificial”.
La organización enfatizó que el empleo de estas herramientas violan derechos como el de la privacidad, la libertad de expresión y la reunión pacífica. En entrevista con El Salto, la politóloga Beatriz Martos Vergara agregó que la vigilancia biométrica es invasiva con el derecho a la igualdad y no discriminación y —con casos como el de Rusia, China y Estados Unidos— problematizó cómo la utilización de esta tecnología socava el derecho a la protesta.
El país hizo caso omiso y ahora, con el apoyo de las autoridades deportivas, presume de las ventajas que la IA, supuestamente, traerá para el evento y el sector: identificar a atletas prometedorxs, basar los entrenamientos en bases de datos y ‘mejorar’ el criterio de lxs jueces.
El entusiasmo por presentar a París como una ciudad que rompe paradigmas y llena los bolsillos de empresas de tecnología como Intel, Alibaba Cloud Intelligence y Deloitte abatió las preocupaciones de activistas tecnológicxs. Según explica la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la videovigilancia automatizada permite analizar imágenes con algoritmos de inteligencia artificial “para detectar actividades sospechosas o anormales en las multitudes”, que después son facilitadas a la policía. La videovigilancia no sólo estará en la ceremonia de apertura o los estadios. También se incorporará en la función del transporte público.
Sumado a la poca claridad sobre lo que se considera un comportamiento sospechoso o anormal —más allá de los prejuicios racistas, clasistas, aporofóbicos y xenófobos (no de gratis en los últimos años proyectos como AlgoRace. (Des)racializando la I.A. ha denunciado una tecnocolonización)—, las organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que estas estrategias comprometen la protección de datos personales y, en casos como el de Brasil, forman parte de las políticas carcelarias.
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Francia no es, no ha sido, ni —lamentablemente— será el único país que camino a la celebración de Juegos Olímpicos o cualquier otro evento deportivo (guiño, guiño a México que, con el pretexto la Copa Mundial de la FIFA de 2026, ya amenaza con el Megaproyecto Estadio Azteca) que intente resaltar la grandeza de alrededores que ha negado a gente que, como lxs atletas clasificadxs, ve en la capital una oportunidad. Como bien rescata la periodista y autora del libro Una ciudad frente a la violencia olímpica (2024), Jade Lindgaard, uno de los grandes retos políticos de este año es tener un discurso crítico sin ser percibida como aguafiestas.
Por supuesto, aplaudimos el trabajo de quienes, por primera vez o como parte de su larga carrera deportiva, están en la Villa Olímpica (especialmente el Equipo de Refugiados del COI, integrado por 36 atletas de 11 países diferentes que representarán a 100 millones de personas desplazadas). Sin embargo, para muchas personas las victorias y los elogios en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos son apenas el principio de la búsqueda de un nuevo hogar, trabajo o proceso de asilo.
Los anuncios de agencias de viajes que exaltan el rescate de “uno de los barrios más difíciles” del país parecen ser una recompensa para los 4500 millones de euros que se han invertido en la transformación de los 145.000 metros que albergan a la Villa Olímpica y que, próximamente, serán terreno para centros comerciales, restaurantes de lujo y oficinas. Una oportunidad para “mejorar el equilibrio social de la ciudad”, aseguran las autoridades francesas.
Por otro lado, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) ha expresado cierto optimismo frente a la —dudosa— promesa de que una vez terminado el evento deportivo, los 2.800 apartamentos construidos en la Villa Olímpica se convertirán en viviendas. La pregunta es. ¿viviendas para quiénes o bajo qué circunstancias?
Al igual que en ciudades como Berlín y Barcelona, en París ha sido notorio un desplazamiento derivado de la turistificación. De acuerdo con la Agencia de Planificación Urbana, la capital francesa encabeza el ranking de alquileres a corto plazo. Se estima que Airbnb cuenta con al menos 60.000 alojamientos disponibles, sumado al incremento de hoteles clandestinos. En 14 años, Francia también ha tenido bajas históricas en la construcción de viviendas y alcanzado la cifra 330.000 ciudadanxs sin domicilio. Según el European Observatory on Homeless, el 50% de las personas que duermen en la calle o buscan albergue son migrantes.
La falta de acceso a una vivienda digna es sólo una de las problemáticas que enfrentan las poblaciones migrantes en Francia, país que forma parte de los 20 corredores migratorios, acumula más de 170.000 solicitudes de asilo y que, a la vez, ha llamado la atención por el incremento y recrudecimiento de sus políticas con discursos cercanos a la (ultra)derecha, ingresos policiales a los albergues, amenazas a Túnez, Argelia y Marruecos con disminuir la emisión de visas para sus ciudadanxs, el condicionamiento del derecho a la salud y limitaciones para recibir seguridad social. En diciembre de 2023, el Parlamento Francés aprobó una controvertida ley que permite distinguir entre lxs residentes no franceses que trabajan y lxs que no, incrementa el periodo mínimo de estancia para recibir prestaciones sociales y tiene es ambigua respecto a la creación del ‘delito de estancia irregular’ y el establecimiento de cuotas migratorias anuales.
Tengamos presente el otro lado de la medalla.
