
Volcánicas conoció el testimonio de una mujer que asegura haber sido víctima de abuso sexual en la cárcel El Pedregal de la ciudad de Medellín. La víctima afirma haber sido sometida por dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Posteriormente pusieron misoprostol en su comida, sin su consentimiento, en un intento de aborto forzado. Los presuntos responsables del abuso sexual serían los dragoneantes Camilo Torres Alvarado y Diego Castaño Sánchez, quienes la habrían violado en dos fechas diferentes: 29 de agosto y 5 de septiembre.
En la madrugada del 29 de agosto de 2024, uno de los dragoneantes señalados llegó hasta su celda mientras otro esperó afuera. Ella creyó, en un principio, que se trataba de una requisa rutinaria. “Me levanté, estaba en pijama larga y en top cuando él me dijo que me levantara. Me miraba de arriba a abajo. De inmediato me coge del brazo bruscamente, actúa como todo psicópata y me tira a la cama. Yo empecé a decirle al dragoneante que qué le pasaba. Me dijo que me callara o si no por la mañana me legalizaba (amenaza de muerte)”, cuenta la denunciante. Fue en ese momento cuando inició la violación: “Con una mano me tapó la boca, con la otra me fue quitando bruscamente la pijama y el pantalón, ahí me penetró”.
Después del abuso sexual, el dragoneante la amenazó y le advirtió no mencionar nada de lo ocurrido. “Él terminó, me tiré a la cama, yo me quedé llorando y me dijo que si empezaba a gritar me traía alguna de sus locas para que me legalizara de una vez por todas por sapa”, agrega la mujer. La denunciante pasó días en la cárcel sin revelar nada sobre el abuso sexual a su familia y sus amigas. Cuando por fin pudo romper su silencio, su caso fue revisado por la Policía Judicial. “Yo creo que eso lo archivaron o algo, porque ni me han llamado y yo sigo viendo los mismos dragoneantes afuera”, afirma ella.
La víctima presentó síntomas de embarazo, así que la remitieron con una médica que le envió una prueba. Días después, llegaron a su celda para practicarle la prueba de embarazo casera que resultó positiva, mismo día en el que le informaron que debía redactar una carta para solicitar traslado al pabellón de gestantes. En su denuncia, la interna afirma que fue contactada por el director de la cárcel El Pedregal, quien cuestionó de manera revictimizante la manera en la que quedó en embarazo, ya que en ningún momento la mujer había solicitado visitas conyugales, o informado sobre vida sexual activa dentro de la cárcel. El director la contactó con un dragoneante de Bogotá y una fiscal, con quienes ella habló sobre la violación de la que fue víctima meses atrás. En los audios, la interna también solicita un traslado para salvaguardar su vida y la de su hijx.
“Entre el 11 y 15 de noviembre yo empiezo a presentar dolores y pienso que son los síntomas del embarazo. Cuando fui al baño, me dieron ganas de vomitar y cuando estaba vomitando, expulso algo, como si se me desgarrara algo por dentro”, cuenta en su relato la víctima, quien fue revisada por un médico que le afirmó que se encontraba en amenaza de aborto con principios de parto.
“Me hace una autorización de salida para el Hospital General, aquí en Medellín. Seguía sintiendo las puyas y me acosté en la camilla para esperar que llegara la ambulancia”, detalla la interna. Al llegar al hospital, el médico que la atendió le preguntó si deseaba interrumpir su embarazo, a lo que ella se negó por completo: “Dije que no, de ninguna manera”. En su visita al hospital, el personal médico encontró en los exámenes pastillas de Cytotec (Misoprostol) dentro de su organismo, medicamento abortivo que habría sido introducido dentro de la comida de la interna para interrumpir el embarazo sin su consentimiento.
“Sigo insistiendo por la vida de mi hijo porque es la prueba más evidente que tengo para que no quede nada impune de lo que me hicieron. Pido protección a la Fiscalía porque temo por mi vida y tengo miedo que vuelvan a utilizar internas para que quieran interrumpir mi embarazo”, asegura la mujer.
La Corporación Mujeres Libres, oenegé que protege los derechos de las mujeres privadas de la libertad en Colombia y ha acompañado la denuncia, le solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación urgente, imparcial y exhaustiva tras la denuncia de la víctima para que se garantice su integridad y la de su embarazo. Representantes de la Corporación se reunieron este martes 14 de enero con la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago, para exponerle lo ocurrido en El Pedregal. La oenegé solicitó el traslado de la interna a otro centro penitenciario.
Este miércoles 15 de enero Volcánicas supo que la denunciante fue trasladada a una cárcel en Ibagué y después a otra en Bogotá. Sin embargo, no ha sido posible saber más sobre su estado de salud.
EXIGIMOS JUSTICIA, GARANTÍAS Y ESPACIOS LIBRES DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO PARA LAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN COLOMBIA.