Motosierra, aranceles y megacárceles: ¿Cómo se están reescribiendo las narrativas del shock en el siglo XXI?

En economía se conoce como terapia de shock a una serie de políticas neoliberales, como desregulación de los precios, privatización y supuesta austeridad estatal, que “deben aplicarse” de forma simultánea a lo que se percibe como “una economía enferma”. El término “terapia de shock” está basado en el uso violento del electroshock a finales del siglo XIX y principios del XX, un método con nulos beneficios médicos o psiquiátricos que luego se convirtió en un mecanismo de tortura usado por la CIA en interrogatorios. La supuesta lógica detrás de su uso es que el electroshock es una intervención violenta “pero necesaria” si queremos resetear algo para imponer un nuevo modelo, mental, político o económico.

En 2007, la periodista Naomi Klein publicó Doctrina shock, un libro que se ha convertido en un clásico. En un mundo post Torres Gemelas, en plena guerra de Afganistán, y en el momento en que más críticas y rechazo generaba el presidente Bush (cuando pensábamos que era imposible que alguien más tonto o más malvado que él pudiera llegar a la presidencia de los Estados Unidos), Klein trata de dar sentido a los cambios en la política gringa a partir del trabajo del reverenciado economista Milton Friedman, cuya herencia fue una carta de navegación para el neoliberalismo como política de Estado, que fue ensayada en varios países del “tercer mundo”. Hoy, la doctrina shock parece ser un ingrediente en la receta de varios mandatarios con gobiernos autoritarios y libertarios a la vez (un oxímoron conceptual que ha resultado en la práctica).

En la lectura que Klein hace de Friedman, las “crisis” o “momentos de shock” son oportunidades para instaurar el neoliberalismo. En palabras de Klein, “usar momentos de trauma colectivo para hacer ingeniería económica y social de forma radical” (Naomi Klein, The Shock Doctrine, editorial Picador, 2007, en adelante “TSD”, P. 9). Desde esta lectura, una crisis, que podía ser resultado de un desastre natural como el huracán Katrina o un conflicto armado, o una catástrofe económica, es la oportunidad perfecta para imponer un nuevo régimen autoritario y desigual, que favorezca la acumulación capitalista. Para hacerlo, es necesario bombardear a la ciudadanía con distractores, que incluyen desde cortinas de humo hasta crímenes de lesa humanidad, de manera que no tengan tiempo ni manera de protestar por el nuevo sistema.

Para Klein, la receta de Friedman es la siguiente: “Primero, los gobiernos deben eliminar todas las reglas y regulaciones que obstaculizan la acumulación de capital. Segundo, deben vender todos los activos que poseen a las corporaciones para que generen lucro [privado]. Y tercero, deben cortar dramáticamente la financiación de programas sociales”. (TSD P. 69.) La idea es privatizar todo: el sistema de salud, el correo, la educación, las pensiones, los parques naturales. El argumento es que el gobierno es corrupto y la empresa privada es más eficiente, pero el resultado es que muchos de estos servicios, que son de interés y beneficio público, empiezan a realizarse por lucro, o si no, ¿por qué le importarían a la empresa privada? La desregulación es clave para que las personas con más dinero puedan acumular aún más; favorece la creación de monopolios y, en última instancia, ayuda a que haya corporaciones e individuos con mucho más poder que los Estados. La desfinanciación de los programas sociales precariza la vida, destruye la clase media y le quita tiempo y poder político a la clase trabajadora para que pueda organizarse.

“Por más de tres décadas [desde los años setenta hasta el cambio de siglo], Friedman y sus poderosos seguidores han estado perfeccionando esta estrategia: esperar a una gran crisis, para luego vender partes del Estado a actores privados, mientras la ciudadanía se sigue recuperando del shock, y luego hacer las ‘reformas’ permanentes”. En uno de sus ensayos más importantes, Capitalismo y libertad, Friedman dice: “Solo una crisis real o percibida produce cambio real. Cuando una crisis ocurre, las acciones que se toman dependen de las ideas que están a la mano. Esa, creo, es nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes y tenerlas disponibles para cuando lo políticamente imposible se convierte en políticamente inevitable.” Friedman estimaba que “una nueva administración tiene entre seis y nueve meses para alcanzar grandes cambios” (TSD P.7.), como afirmó en Tiranía del statu quo.

La Terapia de Shock fue la receta del Dr. Friedman (con el respaldo de muchas instituciones como el Fondo Monetario Internacional) para países que estaban pasando de un modelo de gobierno comunista y una economía planificada al modelo de libre mercado. El término se ha usado para referirse a las reformas del régimen de Pinochet, para atender la hiperinflación en Bolivia bajo el mandato de Víctor Paz Estenssoro y durante la Rusia postcomunista. Aunque, en algunos casos, estas medidas lograron aumentar el PIB temporalmente, todas, eficientemente, aumentaron la desigualdad. “Cuando, en 1988, la economía chilena empieza a recuperarse y a crecer, el 45% de la población había caído bajo la línea de pobreza. El 10% más rico, sin embargo, había aumentado sus fortunas en un 83%.” (TSD P.105.) Los estándares tradicionales para evaluar la economía miden la producción de riqueza, pero no la desigualdad, y por eso es que llegamos a decir que un país con casi la mitad de su población bajo la línea de pobreza tiene una economía “saludable”. Klein anota que Sergio de Castro, uno de los Chicago Boys y ministro de economía de Pinochet, decía que para imponer el libre mercado siempre conviene tener un gobierno autoritario. “No hay una forma pacífica de robarle a una ciudadanía de millones lo que necesitan para tener una vida digna” (TSD P.157.), señala Klein. 

Implementar estas medidas no hubiera sido posible sin el uso de una estrategia narrativa que justificara y legitimara el uso de la violencia y el empobrecimiento de la gente. Por eso se crearon tantos think tanks de derecha, como la hoy ubicua Heritage Foundation, aliada de Friedman, mencionada varias veces en el libro de Klein y financiadora del Proyecto 2025, que es básicamente la agenda del gobierno Trump. También fueron claves los Chicago Boys, un grupo de privilegiados economistas de todo el mundo, educados en las ideas de Friedman en la Escuela de Chicago, que luego llegaron a sus países de origen a liderar las facultades de economía en las universidades privadas más prestigiosas, listos para saltar al gobierno con sus credenciales de “tecnócratas”.

Hoy, la terapia de shock está siendo implementada de nuevo, en una versión 2.0 que parte de una legitimidad que en muchos círculos sigue intacta y que se adapta a nuevos formatos de comunicación como las redes sociales. ¿Cómo han evolucionado estas narrativas? ¿En qué se parecen a las originales? ¿En qué se diferencian? ¿Qué las hace tan eficientes?

La medicina amarga de El Salvador  

“Nuestro país es como un niño enfermo. Nos toca ahora a todos tomar un poco de medicina amarga, nos toca ahora a todos sufrir un poco, nos toca ahora a todos tener un poco de dolor, nos toca a todos asumir nuestra responsabilidad”, dijo Nayib Bukele en su primer discurso de posesión como presidente de El Salvador. La enfermedad a la que se refiere es, por supuesto, las pandillas salvadoreñas, y la medicina amarga terminó siendo el régimen de excepción instaurado en 2022. De cierta manera, la medicina funcionó, como dijo El País en ese momento: “Con más de 58.000 personas detenidas, miles de denuncias por arrestos ilegales, casos de torturas, desplazamiento forzado causado por la policía y el ejército y asesinatos dentro de las prisiones, el Gobierno del país centroamericano se acerca al objetivo de vencer a las pandillas a costa de la suspensión de libertades y derechos constitucionales y violaciones de los derechos humanos”. En el contexto de esta metáfora friedmaniana, la pérdida de garantías en derechos humanos es apenas un molesto efecto secundario.

Pero quizás la medicina no fue tan eficiente, pues en su segunda posesión, el 1 de junio de 2024, El Salvador ya no era solo “un niño enfermo”; ahora era un “adulto con cáncer”: “Imagínense a una persona que va al doctor, que ha vivido muchos años, toda la vida enfermo, con varias enfermedades y prácticamente se ha acostumbrado a vivir con ellas. Sufría del corazón, uno de los riñones no le funcionaba, tenía hipertensión, le fallaba el hígado, unas enfermedades de toda la vida. A pesar de eso seguía con vida, mal, pero con vida”. Bukele continúa, enumerando visitas a hasta cinco “doctores”, es decir, presidentes, cuyos tratamientos no funcionaron.

“Finalmente, cansado pero con un poquito de esperanza, fue con un octavo doctor. Y este doctor le dijo que este cáncer sí tenía cura. Le dijo desde el primer día que quizás iba a tener que tomar medicina amarga, pero que lo iba a curar de ese cáncer. El doctor le dio el tratamiento y el paciente hizo y siguió las instrucciones al pie de la letra, hasta que el cáncer desapareció. El cáncer había desaparecido casi por completo; el paciente estaba curado. Esta persona decidió confiar en el doctor sin quejarse, apoyándolo, siguiendo la receta al pie de la letra, y todo, gracias a Dios y al tratamiento, empezó a mejorar, hasta que se curó del cáncer que todos le habían dicho que era terminal.” Bukele es elemental con sus metáforas; le está pidiendo a la ciudadanía salvadoreña una obediencia acrítica a este único doctor que puede curar todas las enfermedades, una tras otra, hasta el infinito.

En la fábula de Bukele, el paciente recupera su vida y “ya podía salir con su familia, con sus amigos, ya podía ver a sus hijos crecer, ir a lugares a los que no podía ir antes, sentía que le estaba ganando la batalla al cáncer y que quería vivir bien”. Es una idea que explica su popularidad. Cuando Bukele fue elegido como alcalde de Nuevo Cuscatlán, empezó a mostrar sus tendencias autoritarias, que le han permitido hacer todo sin preguntarle a nadie ni pedir permiso, y esa efectividad le gustó a la gente, frustrada con gobiernos inoperantes. Dio permisos de desarrollo urbano y esta pequeña ciudad se convirtió en un punto de desarrollo industrial, a costa de una gran deforestación. 

En su papel como alcalde de Nuevo Cuscatlán y luego de la capital, San Salvador, Bukele se aparta un poco del camino de Friedman porque, en vez de recortar el gasto social, comienza endeudándose para hacer obras públicas que rescatan espacios como el Centro Histórico, que era considerado intransitable por la inseguridad. Hizo plazas, monumentos, de nuevo sin preguntarle a nadie, y la ciudadanía sintió que había un cambio tangible, una recuperación de la ciudad, sin importar que fuera a costa de un gran endeudamiento. Bukele también capitaliza los errores de una izquierda corrupta e incompetente que, cuando estuvo en el poder, sacó a los militares a la calle (por primera vez desde los acuerdos de paz) y comenzó a antagonizar con las Cortes.

Al llegar a la presidencia de El Salvador en 2019, se puso manos a la obra: En sus primeros 100 días de gobierno, hizo un “despido masivo y sin garantías procesales de trabajadores públicos supuestamente próximos al Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMNL). […] Distintas secretarías y programas estatales quedaron desmantelados […] entre ellos las mesas de trabajo que se encargaban de la reparación para las personas afectadas por la masacre de El Mozote, […] y la Oficina de la Diversidad Sexual, creada durante el gobierno de Mauricio Funes –del FMLN–.” En febrero de 2020, cuando Bukele llevaba un poco más de un año de su primer gobierno como presidente de El Salvador, entró con soldados armados a la Asamblea Legislativa para presionar al congreso para que aprobaran la financiación de la siguiente fase de su “plan de seguridad”, lo que el mundo nuevo conocería como la megacárcel llamada “Centro de Confinamiento de Terrorismo” o CECOT.

Bukele se aparta de la Doctrina Shock de dos formas importantes: en vez de hacer recortes sociales, ha usado la cartera del Estado para ganar poder y popularidad. Durante la pandemia, gastó en apoyos y en cajas de mercado que se repartían de casa en casa y que eran presentadas como un regalo personal del presidente y no como una acción necesaria del Estado. “En la pandemia también repartió computadoras y tablets para niños y niñas. Pero eso no resolvió el problema de conectividad y la brecha de acceso a Internet. Como resultado, había personas en condiciones de extrema pobreza que no tenían luz, pero sí tenían una tablet. Bukele gasta de forma arbitraria y sin contraloría, pero creo que su motivación del gasto es simplemente populista”, explica Mariana, economista feminista salvadoreña, quien prefiere reservar su nombre debido al contexto represivo actual. Si hoy en El Salvador hay recortes en el gasto público, no es por una estrategia política y económica, es porque sencillamente la plata se acabó.

El Salvador, explica Mariana, es un país pequeño con una pequeña élite poderosa que precede a Bukele. La conforman las “Catorce Familias”, los catorce apellidos o clanes que han acumulado riqueza, primero con producción y exportación de café, y luego en otros sectores como la construcción, la manufactura, el sector financiero y la importación, además de tener inversiones por toda Latinoamérica. En este contexto, Bukele hace parte de los nuevos ricos, a menudo llamados “los árabes”, y este punto es importante porque una de sus claras motivaciones es la escala social. Por eso, en oposición a lo que manda la Doctrina Shock, Bukele ha expandido el Estado, que es lo que le permite medir poder con estas élites. 

Como resultado, Bukele ha centralizado en el Estado el poder económico, a través de subsidios a productos y servicios, como el combustible, tratando (sin lograrlo) de frenar la inflación y generando dependencia del Estado y una ampliación del aparato burocrático para gestionarlos. Bukele también ha anunciado megaproyectos de infraestructura que concentran la capacidad de inversión y la toma de decisiones en el Estado, así como medidas de desregulación para la explotación de recursos naturales y la inversión de capital extranjero. Esta última estrategia ha sido difícil de concretar, pues, como explica Mariana, “El Salvador es un país pequeño con pocos recursos y una población empobrecida”. Bukele, por ejemplo, ha inflado las reservas del oro del país afirmando que “estudios realizados en solo el 4% del área potencial identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas hoy en $131,565 millones”. Lo hace para aparentar que tiene un innovador plan para atraer la inversión extranjera y para justificar la desregulación de la minería. Pero estas cifras son sencillamente imposibles. Como señala un reporte de la Heinrich Böll Stiftung, “Estas 50 millones de onzas equivalen a 1,555 toneladas de oro, lo que representaría aproximadamente el 2.64% de las reservas de oro conocidas en el mundo. Si realizamos un ejercicio comparativo, el 4% del área de El Salvador (841.64 km²) contendría más oro que todo México, un área que es 2,333.5 veces mayor y que se estima posee reservas cercanas a las 1,400 toneladas”.

Pero la aventura económica más ruidosa de Bukele ha sido invertir grandes sumas de dinero del Estado en bitcoin, con total opacidad y convirtiendo la criptomoneda en una de las monedas nacionales (junto al dólar). Esta movida no salió bien, pues en el país no se ha logrado una adopción masiva de la moneda (solo 2 de cada 10 salvadoreños la usan), y luego, cuando Bukele tuvo que endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, este le exigió una reforma a la Ley Bitcoin, que delimite la participación del sector público.

“A Bukele, más que una ideología, le importa su popularidad”, explica Andrea, una periodista salvadoreña que también prefiere usar un pseudónimo. Hasta ahora, esa popularidad le ha servido para concentrar poder, y se ha aferrado a querer pasar a la historia como “un gran estadista”, “como el hombre que logró convertir el país más horrible del mundo en el país más seguro de América Latina”. Sin embargo, hubo dos cambios importantes en 2025. Por un lado, la reforma constitucional que le permite la reelección indefinida. Tanto Mariana como Andrea coinciden en que Bukele necesita quedarse en el poder, para evitar rendir cuentas por toda la corrupción y abusos de su gobierno. Esto cambia un poco su estrategia comunicacional, pues ya no hay forma de hacer pasar al dictador por estadista.

El segundo cambio importante es la llegada de Trump al poder, con una agenda antimigración e intenciones de ponerle impuestos a las remesas, una amenaza directa a la economía salvadoreña, pues estas últimas representaron en 2024 un 24% del PIB, con un récord de 8,479 millones de USD, convirtiéndolo en el segundo país latinoamericano que más recibe remesas con respecto a su PIB. En este caso, quien tiene que tragarse una medicina amarga es el propio Bukele, pues EEUU no solo tiene más poder, también tiene investigaciones en su contra, como la del Departamento del Tesoro que, en 2021, afirmó que “el gobierno salvadoreño tendría un pacto con las pandillas MS13 y Barrio 18”, y que “las pandillas habrían ofrecido apoyo político al partido oficialista Nuevas Ideas y a cambio Bukele les habría entregado incentivos financieros, celulares y prostitutas a líderes mareros en prisión”. Bukele también está siendo investigado en EE. UU. por desvíos de fondos de USAID que terminaron siendo usados para financiar a las pandillas. De todas formas, Bukele sabe adaptarse a esta narrativa. A mediados de 2019, Bukele dio un discurso en la Fundación Heritage, hablando de frenar la migración salvadoreña a Estados Unidos.

Con la deportación ilegal de Kilmar Abrego García, un salvadoreño residente en Estados Unidos que llegó “por error” al CECOT, Bukele tuvo su revés narrativo más grande. Como explica Andrea, “El Salvador dejó de estar en las redes sociales y en tren, por ser el país más seguro, a volverse el infierno al que te pueden mandar si te agarra el ICE en Estados Unidos”.  

Mariana y Andrea también coinciden en que, en este contexto, lo que sigue es una represión mayor a periodistas y defensores de derechos humanos en El Salvador, su principal oposición. “Todos pensábamos que la última en ser criminalizada iba a ser Ruth, pero arrancó por la activista más importante del país, y eso manda un mensaje”, explica Andrea, refiriéndose a la detención, en mayo, de la reconocida defensora de derechos humanos, Ruth López, de la organización Cristosal, y una de las 100 mujeres más influyentes del mundo según la BBC.  Esta represión es también una terapia de shock, sirve para crear zozobra y ha empujado a muchos defensores y defensoras al exilio. 

La motosierra de Argentina

El 10 de diciembre de 2023, en su discurso de posesión, Javier Milei anunció que lo que vendría para Argentina era una terapia de shock: “Debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste”. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. En primer lugar, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos”. Estas palabras hacen eco de uno de los más famosos doctores del shock, Jeffrey Sachs, en una entrevista a PBS: “Miren, el gradualismo, simplemente no funciona. Cuando realmente se sale de control, tienes que detenerlo, como una medicina. Tienes que tomar algunas medidas radicales; de lo contrario, el paciente va a morir” (TSD P.187). 

Milei es economista, y es un admirador de la Escuela de Chicago, así que lo dice directamente sin siquiera hacer el intento de buscar un símil. “La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente, eso afectará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes; habrá hasta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. […] Este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina.” Luego, al igual que Bukele, incluye en su discurso lo que será una justificación recurrente para todo lo que salga mal en su administración: son los gobiernos previos los que se equivocaron, esos doctores que no atienden bien al paciente; todo es culpa de ellos. “No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas; no nos han dejado opción. […] Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron cien años de despilfarro de la clase política, aun cuando el principio sea duro. Sabemos que en el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo porque hemos creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo.”

Milei cumplió con la primera parte de su promesa: todo se puso peor. A días de comenzar su mandato, de un día para otro el dólar sufrió una devaluación del 118%, la más grande de la historia reciente de Argentina. La inflación aumentó un 50%. Fue un primer shock muy fuerte que generó una redistribución de riqueza: benefició a los sectores que ganan en dólares y empujó a muchas personas a la pobreza. Como explica la BBC, en 2024, Argentina fue el país que más decreció económicamente: un 3,4%; la pobreza aumentó 11 puntos (el mayor salto en 20 años) y hoy, 7 de cada 10 niños argentinos son pobres. Desde entonces, Milei ha suplantado la “mano invisible del mercado” para regular el precio del dólar, y esto bajó la inflación a un promedio de 2% mensual, que es alto para el mundo, pero bajo para lo que están acostumbrados en Argentina.

En el primer mes de su mandato, Milei pasa el “Decreto 70” (DNU 20/2024 “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”) y con este deroga o modifica más de 300 normas, incluida la Ley de Alquileres y la Ley de Tierras, desregula mercados de bienes y servicios, recorta derechos laborales y permite la privatización de empresas estatales. El decreto no pasa por el Congreso; Milei gobierna por decreto ante una supuesta situación de “necesidad y urgencia”, como pasó con el estado de excepción en El Salvador, también sin pasar por el Senado. Y, a pesar de ser Argentina el país que más le debe al FMI, hizo un préstamo extraordinario por 20,000 millones de dólares.

La economista argentina Candelaria Botto, directora de la organización Ecofeminista, explica que Argentina tiene una falta sistemática de dólares porque los sectores que generan divisas, como la agroindustria, la energía y la minería, están concentrados en pocas manos; la industria tiene una productividad más baja y dificultades para exportar y el mercado nacional es pequeño. Argentina, explica Botto, es el país cuya población acumula más dólares por fuera del país, alrededor del mundo, porque las clases privilegiadas no corren el riesgo de guardarlos en cuentas locales, por lo que el Banco Central no solo no tiene dólares, sino que tiene un déficit negativo.

Luego, en febrero de 2024, llegó un megadecreto conocido como la Ley Ómnibus que, en 380 artículos, propone “desregular una gran variedad de sectores económicos, como el laboral, el comercial, el inmobiliario, el aeronáutico, el de la salud y hasta el de los clubes de fútbol”. La ley también criminaliza la protesta, aumentando hasta cinco años de prisión a quienes “dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado”. En la versión original, la Ley Ómnibus pretendía “declarar ‘sujetas a privatización’ a todas las compañías del sector público, incluyendo las mixtas o con participación mayoritaria del Estado. Esto afectaba a 36 empresas, incluyendo a la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). El texto final redujo el número de compañías pasibles de ser privatizadas a 27. Entre ellas están Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, los ferrocarriles, la agencia oficial de noticias Télam, Fabricaciones Militares y la empresa de agua AySA.” La privatización de Aerolíneas Argentinas se concretó más adelante con el decreto 873.

Todos estos cambios se resumen en una imagen que le dio la vuelta al mundo: la motosierra, una metáfora para comunicar que Milei planea cortar el Estado en pedacitos. En septiembre de 2023, cuando aún era candidato, Milei sacó por primera vez una motosierra en un pequeño mitin político en La Plata. La motosierra se convirtió en el símbolo de los recortes al gasto público que vendrían. Siguiendo el “Plan Motosierra”, Milei cerró 13 ministerios; despidió a unos 30.000 empleados públicos, equivalentes a casi el 10% de la plantilla nacional; paralizó la obra pública y recortó el dinero destinado a educación, salud, ciencia y jubilaciones. La poda en la ejecución presupuestaria ha sido especialmente dura en infraestructura (-74%), educación (-52%), trabajo (-65%), desarrollo social (-60%), salud (-28%) y asistencia a las provincias (-68%).” Por supuesto, la austeridad no fue generalizada, pues en ese mismo lapso “los fondos para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) crecieron desde enero un 216% en términos interanuales y se han invertido casi 350 millones de dólares en la compra de aviones de combate”.

Entre los sectores más afectados por los recortes están el de las y los jubilados, que hoy tienen que elegir entre comer y comprar medicamentos; la educación pública; y la investigación en ciencia y tecnología. El resultado ha sido una reducción de la clase media (que en Argentina estaba conformada por una clase trabajadora articulada y sindicalizada, y era bastante grande en comparación con otros países de la región). Milei dice querer parecerse a Chile o Perú, en donde el empleo informal es altísimo, lo mismo que la desigualdad. Milei también ha intentado desregular la inversión extranjera dando beneficios fiscales, pero esto incluso no ha mejorado la confianza de los inversionistas, quienes tuvieron pérdidas en el gobierno de Macri. 

Para Botto, la crueldad manifiesta del gobierno de Milei tiene que ver con un profundo odio al Estado y un desprecio por la democracia. La intención, según Botto, es “profundizar el enfrentamiento entre pobres y pobres: ‘Yo no soy pobre porque el sistema sea injusto, porque nací sin herencia; soy pobre porque el Estado le garantiza una prestación a mi vecino’”. El problema, entonces, no es la restricción externa o la acumulación de tierras; el problema es que haya jubilaciones dignas y gasto en la universidad pública”.

Como Bukele, Milei también ha mostrado un interés por las criptomonedas, con resultados catastróficos. A comienzos de 2025, el presidente publicó un mensaje en su cuenta de X, promocionando un proyecto de criptomonedas llamado $LIBRA, diciendo que era una iniciativa privada para “incentivar el crecimiento de la economía argentina”. En cuestión de horas, el valor del token se disparó debido al gran número de personas que invirtieron, confiando en el aparente respaldo presidencial. Sin embargo, poco después, el precio colapsó de manera abrupta y se desplomó a, prácticamente, cero. Esto dejó a miles de inversores, tanto argentinos como de otras partes del mundo, con pérdidas millonarias que superaron los 100 millones de dólares. “En el mundo cripto cayó muy mal la estafa, mucha gente perdió plata y eso deslegitima a todo el universo”, explica Botto. Para la economista, el gusto de estos presidentes autoritarios y libertarios con las criptomonedas tiene que ver con que no pasan por el banco central o una institución pública. 

Otro punto común entre Milei, Bukele y Trump es el posicionamiento del feminismo como su enemigo directo. “¿Por qué siempre los liberales son tan conservadores a la hora de hablar de las familias?”, pregunta Botto. “Tiene que ver con cómo se organizan las familias y cómo dependen del trabajo doméstico no remunerado, de las mujeres, y de que sigan pariendo clase trabajadora. La autonomía de las mujeres pone en jaque esa institución familiar, aunque no tanto como el propio sistema que ya no da salarios que permitan mantener a un grupo familiar.” Al entrar al trabajo asalariado, las mujeres han ganado autonomía y esto ha permitido problematizar la injusticia que implica el trabajo doméstico no remunerado. El objetivo no es necesariamente que dejemos el trabajo asalariado (para las clases medias y bajas es imposible en el capitalismo tardío), sino que lo hagamos en condiciones precarias, y mantengamos el trabajo doméstico por fuera del mercado. En el caso de Milei, también hay un compromiso antifeminista. Desde antes de lanzarse a la política, Milei fue profundamente influenciado por el ideólogo anti-derechos Agustín Laje, y más que como economista, ganó popularidad como opinador por oponerse al feminismo. “Creo que él realmente tiene una visión muy conservadora”, explica Botto, “él cree que la comunidad LGBTIQ es pedófila y que son desviados, y ve en los movimientos feministas un riesgo de perder a la ‘sociedad occidental’ como la conocemos. Y creo que en eso no se equivoca; como feminista, yo realmente quiero otra sociedad totalmente distinta a la que conocemos”.

El creciente descontento ya ha provocado varias protestas y la respuesta del gobierno autoritario de Milei ha sido, por supuesto, la represión. En diciembre de 2023 anunció el Protocolo de Mantenimiento del Orden Público, conocido como el “Protocolo Antipiquetes”, una serie de directrices para las fuerzas de seguridad federales, con el supuesto mandato de garantizar la libre circulación que les da vía libre para reprimir manifestaciones sin orden judicial. La encargada de implementar el protocolo es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien también tuvo este cargo durante el gobierno Macri y es recordada por el caso de Santiago Maldonado, un joven que desapareció en agosto de 2017, tras la represión de la Gendarmería en una protesta de la comunidad mapuche en Cushamen, Chubut, y fue encontrado muerto 78 días después. También se le recuerda por Rafael Nahuel, un joven mapuche que, en noviembre de 2017, fue asesinado con un disparo por la espalda en un operativo de la Prefectura en Bariloche. En ambos casos, Bullrich defendió y justificó el actuar de la fuerza pública.

Es posible que Milei tenga intenciones de quedarse para una reelección, pero ha perdido buena parte del apoyo popular y falta ver cómo le va este año a su partido en las elecciones legislativas. “Mucha gente cree que esto es un ajuste y después va a venir la bonanza, pero eso no va a pasar, esto es un reajuste continuo en donde va a haber bonanza para un grupo muy chiquito de personas, y ese número de personas no te hace ganar las elecciones”, explica Botto. Quizás lo que sí tiene a su favor es que la oposición no ha logrado ni articularse ni posicionarse de cara a las nuevas elecciones.

Los aranceles de Estados Unidos 

En su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso, el presidente Trump defendió su plan de imponer aranceles o tarifas a los productos extranjeros, afirmando que servirían para “proteger el alma” del país. La imposición de aranceles a otros países basándose en ecuaciones erradas y usándolas para presionarlos políticamente ha sido su política económica más sonada, y también su principal diferencia con el legado de Friedman, que quería la liberalización de los mercados. Aunque prometió que esta política finalmente fortalecería la economía, reconoció que podría haber un “pequeño disturbio”. A los agricultores, preocupados por aranceles retaliatorios, les dijo que vendría un período de “ajuste” e instó a sus partidarios a “aguantar un poco” (o “tener paciencia conmigo”) durante esta transición.

El comienzo del gobierno de Trump en 2025 también se caracterizó por una rápida y masiva emisión de órdenes ejecutivas, una medida que sus críticos han calificado como una “avalancha de decretos” para implementar su agenda de manera inmediata. Estas órdenes han cubierto una amplia gama de temas, desde la economía hasta la inmigración y la seguridad nacional. La legalidad de varias de estas órdenes está siendo cuestionada en los tribunales, y se espera que enfrenten desafíos legales prolongados. 

El 2 de abril de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que estableció un arancel base del 10% sobre todas las importaciones estadounidenses, con aranceles “recíprocos” más altos para países específicos con los que Estados Unidos tiene un gran déficit comercial. A esto le siguió una pausa de 90 días en los aranceles más altos, pero el gravamen base se mantuvo. La medida fue ampliamente vista como una interrupción repentina y masiva de las cadenas de suministro globales y las relaciones comerciales. La imposición se justificó con la declaración de una “emergencia nacional”. Trump invocó “su autoridad en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA)” para abordar la supuesta emergencia, impulsada por “​​la ausencia de reciprocidad en nuestras relaciones comerciales y otras políticas perjudiciales como la manipulación de la moneda y los exorbitantes impuestos al valor agregado (IVA) perpetuados por otros países”. Desde entonces, los aranceles han alcanzado un promedio del 19%.

El carácter errático de los aranceles es en sí mismo una forma de shock, pues lleva a los mercados a una incertidumbre tal, que supera al comienzo de la pandemia, según la medición del Economic Policy Uncertainty Index (EPU). Se espera que sean los consumidores quienes asuman los costos agregados de los aranceles, reduciendo su capacidad de consumo. A ocho meses de la nueva administración Trump, ha empezado a notarse un patrón en el que el presidente hace anuncios rimbombantes y escandalosos en fines de semana, que llevan a personas, Estados y mercados a entrar en pánico, pero que llegado el lunes no se materializan. Esto le ganó el sobrenombre de “TACO”, siglas de “Trump Always Chickens Out” (Trump siempre se echa para atrás). Dice la BBC que “el término fue acuñado originalmente por Robert Armstrong, columnista de mercados financieros del diario británico Financial Times, quien observó que en las bolsas del mundo había surgido lo que llamó el ‘negocio TACO’: inversionistas que se aprovechaban de los aparentes retrocesos de Trump para ganar dinero”. 

Un ejemplo de esto fue el 9 de abril, cuando Trump publicó en su red social Truth Social un mensaje que decía “THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!! DJT” (es un excelente momento para comprar DTJ). El mensaje fue publicado solo unas horas antes de anunciar una pausa de 90 días en la implementación de aranceles adicionales sobre las importaciones de la mayoría de los países, excepto China. DJT es el símbolo bursátil de “Trump Media & Technology Group”, la empresa matriz de Truth Social, cuyas acciones de la propia empresa de Trump se dispararon un 22% ese día, el doble de lo que lo hizo el resto del mercado. Trump fue acusado de incitar a la gente a comprar acciones antes de que el mercado se recuperara. 

Otro contundente shock fue la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DODGE), que en sus inicios tuvo al tecnomagnate Elon Musk a la cabeza, y cuyo objetivo fue, supuestamente, hacer ambiciosos recortes y reestructuración del gobierno federal. DODGE, el equivalente a la motosierra de Milei, llegó a destruir todo lo que estaba a su paso, cerrando agencias enteras como USAID (creando una crisis de sostenibilidad en el ecosistema mundial de derechos humanos), modificando servicios críticos y cancelando miles de contratos; hubo despidos masivos de más de 200,000 trabajadores federales. DODGE fracasó en su objetivo manifiesto, pues Musk presumía que podían recortar 2 billones de dólares de gasto público y en realidad solo lograron un recorte de 150.000 millones, apenas un 15% del objetivo inicial. Aun así, la estrategia fue exitosa en lo que probablemente era su objetivo real: alcanzar un desmantelamiento de agencias gubernamentales masivo y hacer recortes drásticos en diferentes sectores del gobierno federal, creando caos, zozobra política, y comenzando lo que promete ser una reducción de cargos públicos y un reemplazo de la burocracia tradicional por funcionarios políticamente alineados con el gobierno.

“Obviamente, ellos deben tener economistas que saben perfectamente que ese choque va a generar consecuencias dentro de la economía”, explica Gabriela, una economista colombiana que vive y trabaja en Estados Unidos y que prefiere no dar su nombre para no complicar su situación migratoria. “La baja competitividad de estadounidenses está en que sus salarios son muy altos con respecto al resto del mundo. Como yo leo las cosas, ellos quieren generar una clase pauperizada absolutamente, que tenga que trabajar por menores salarios, y que es la única manera de ganar competitividad internacional y restablecer la manufactura interna. Para eso necesitan gente que se venda por lo que sea. La única manera como ellos pueden hacer eso es quitando toda la inversión social, generando una recesión donde mucha gente de repente se quede sin empleo y pierda sus activos. Los trabajadores pierden todo poder de negociación y los capitalistas van a decir: ‘bueno, yo los empleo, pero pues ustedes me tienen que trabajar por lo que yo diga’”, explica Gabriela.

En mayo, se publicó el primer informe mostrando resultados adversos para la economía estadounidense. Como explica The Guardian, “El producto interior bruto (PIB) se contrajo por primera vez en tres años durante el primer trimestre, volviéndose bruscamente negativo tras un período de sólido crecimiento, ya que las distorsiones comerciales y un menor gasto de los consumidores frenaron la actividad”. Trump explicó en redes sociales que todo era culpa de la administración Biden.

En agosto de 2025, la Oficina de Estadísticas Laborales —la agencia nacional encargada de producir las estadísticas nacionales sobre el mercado laboral, conocida como BLS— publicó el informe de empleo que mostraba que este año solo se han creado “un promedio de solo 85.000 puestos de trabajo al mes este año, lo que está muy por debajo de los 177.000 puestos de trabajo que la economía añadía en promedio cada mes antes de la pandemia”. El presidente calificó las cifras de “ridículas”, que los datos estaban alterados, y sugirió que no reflejaban la realidad de una economía que, según él, está “en auge”. Apenas unas horas después de la publicación del informe, la Casa Blanca anunció que la comisionada del BLS, Erica Groshen, sería reemplazada por un nuevo nominado. “Ellos quieren secuestrar los datos. No los van a poder manipular inmediatamente, pero van a dejar de sacar los datos completos y a tiempo para poder seguir haciendo gaslighting económico”, explica Gabriela. “De aquí a un año no vamos a saber qué es real y qué es mentira”.

La “Big Beautiful Bill” (con más de 900 páginas) no es el nombre oficial de una ley, sino una etiqueta que el presidente Trump usa en su discurso público para referirse a una combinación de propuestas legislativas que su administración está impulsando en 2025. El principal punto de crítica es que los recortes de impuestos permanentes y el aumento del gasto en infraestructura (especialmente de detención y carcelaria) podrían incrementar significativamente el déficit y la deuda nacional. El Penn Wharton Budget Model estimó que solo la extensión de los recortes fiscales podría aumentar la deuda en billones de dólares en los próximos años. Para compensar la pérdida de ingresos fiscales, el gobierno ha propuesto recortes drásticos en programas sociales, como servicios de salud, Medicaid (se estima que 12 millones de personas quedarán sin seguro médico) y asistencia alimentaria. Esto afectaría a las familias de bajos ingresos que dependen de estos programas.

Con la “Big Beautiful Bill” también se adjudican 45,000 millones de dólares para endurecer las políticas migratorias. La deportación de millones de trabajadores (muchos de ellos en edad productiva) reduciría drásticamente la fuerza laboral, frenando el crecimiento económico. Estudios del Comité Económico Conjunto del Congreso de Estados Unidos sugieren que las deportaciones masivas podrían causar una caída en el PIB y que la economía perdería millones de dólares en impuestos federales y estatales. A partir de 2024, el costo promedio para deportar a un solo individuo ha aumentado a casi $14,000, lo que incluye gastos de arresto, detención, procesamiento legal y transporte. Al considerar la meta de deportar a un millón de personas al año, se proyecta un costo anual de decenas de miles de millones de dólares.

La construcción y el mantenimiento de barreras fronterizas, muros y centros de detención representan una inversión multimillonaria. La “Big Beautiful Bill” asigna más de $170 mil millones en cuatro años para la seguridad fronterizay la construcción de nuevos centros de detención que en Estados Unidos están en manos de empresas privadas y con ánimo de lucro (las acciones de compañías que se dedican a esto, como GeoGroup y CoreCivic, subieron con la elección de Trump). El gobierno ha invertido en la contratación de miles de nuevos agentes para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que incluye a la Patrulla Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esos salarios, bonificaciones y costos de capacitación suman una carga financiera considerable. Estos organismos han sido muy efectivos para propagar el miedo en la población, pues realizan arrestos masivos, con frecuencia deteniendo ilegalmente a personas documentadas, y enviándolas a centros de detención en donde quedan incomunicadas y sin garantías de derechos humanos. Bukele también ha ofrecido a EEUU los servicios del CECOT, para la detención y tortura de las personas apresadas.

El gobierno de Trump también ha desplegado a la Guardia Nacional en Los Ángeles y Washington D.C. para reprimir protestas contra sus políticas de inmigración, a pesar de que los crímenes violentos están en mínimos históricos. Los manifestantes han denunciado un uso de la fuerza desproporcionado, detenciones arbitrarias y la negación de derechos como el habeas corpus.

La recesión es una crisis manufacturada. Gabriela explica que con la crisis de 2008 “se dieron cuenta de que la recesión destruyó la liquidez de muchos, pero otros aprovecharon para comprar acciones. En el 2020 el desempleo afectó principalmente a las clases vulnerables, pero una minoría se enriqueció. No es que no entiendan que viene una recesión; se están preparando para ella con el fin de absorber aún más riqueza y concentrarla, una dominación de clase muy específica”. La administración Trump también ha impulsado la extensión de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos (TCJA), que redujo drásticamente el impuesto corporativo del 35% al 21% en su primer mandato. Además, se ha propuesto una reducción adicional, lo que daría a las empresas más capital para reinvertir en crecimiento, tecnología o contratación de personal. También se ha propuesto la eliminación del impuesto federal sobre sucesiones, lo que beneficiaría a empresarios y familias con un alto patrimonio. Esto facilitaría la transferencia de negocios a la siguiente generación sin una carga fiscal masiva. También ha declarado su intención de revertir las iniciativas climáticas de la administración anterior. Se han emitido órdenes ejecutivas para relajar las normativas ambientales y expandir la producción nacional de combustibles fósiles, como petróleo y gas, lo que beneficia directamente a las empresas del sector energético. Además, se ha abierto la puerta a que los planes de jubilación se inviertan en capital privado y criptomonedas.

Durante su primer mandato y en sus primeras campañas, Trump era conocido por su postura crítica hacia las criptomonedas, llegando a calificarlas de “amenaza” para el dólar estadounidense. En 2025, el presidente Trump ha adoptado un discurso abiertamente favorable hacia las criptomonedas, presentándolas como una herramienta para la libertad económica y la innovación; a través de órdenes ejecutivas y cambios en agencias reguladoras, el gobierno ha buscado crear un entorno más amigable para las empresas de criptomonedas. Se ha presionado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para que agilice la aprobación de productos de inversión relacionados con cripto y adopte un enfoque menos confrontacional con las empresas del sector. La campaña de Trump también aceptó donaciones en criptomonedas, y ha dado a las criptomonedas un nivel de legitimidad en el ámbito político que antes no tenían. Adicionalmente, desarrolladores anónimos crearon la criptomoneda “TRUMP”. El valor de esta criptomoneda ha crecido exponencialmente desde que Trump asumió el cargo en 2025, impulsado por el fervor político, y los inversores que ven el token como una forma de apostar por el éxito de su presidencia. 

En agosto de 2025, en una movida autoritaria que lo aleja del libre mercado y que le daría urticaria a Friedman, Trump amenazó con “despedir” a Lisa Cook, una de los siete miembros de la junta de gobernadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), quien forma parte del comité de doce integrantes encargados de fijar las tasas de interés en el país. Se cree que Trump quiere forzar a la FED a bajar las tasas de interés, y por eso la ha emprendido contra Cook, quien además es una mujer negra. Esto es “la mayor amenaza en décadas a la independencia de los bancos centrales, que son vistos internacionalmente como el fundamento para mantener baja la inflación y preservar la estabilidad en el sistema financiero global”.

En cuanto a los discursos machistas de la administración Trump, Gabriela opina que “Estados Unidos se está acercando a un gobierno teocrático en donde hay una ideología que justifica la reducción de la participación laboral de las mujeres y sus oportunidades económicas. Estamos volviendo a un ‘usted debería estar en la casa cuidando a sus hijos, ¿por qué quiere trabajar?’, y esto genera un menor ingreso en los hogares y contribuye a la pauperización, y más en un Estado que ya no da ningún tipo de ayudas, y hasta está cortando el seguro médico”. La represión de los derechos de las mujeres también busca el mismo impacto económico de pauperización y concentración de la riqueza. “Los estados en donde hay leyes más restrictivas sobre el aborto son los estados conservadores. En eso no hay novedad. Pero también son los estados en donde hay más pobreza femenina”, explica Gabriela. El impacto de que se quiten derechos reproductivos es que la participación laboral de las mujeres empiece a caer, en especial en un ámbito donde no hay alternativas de cuidado. Hoy se estima que los servicios de cuidado se pueden llevar en promedio entre el 10% y el 17% del ingreso familiar. Tampoco les interesa tener a las mujeres opinando y teniendo influencia, porque sienten que nos estamos saliendo de control. Se ha comprobado además que las mujeres somos mucho más progresistas que los hombres, y la manera de controlarnos es quitándonos el poder económico”.

El mercado de las ideas 

La derecha tradicional estadounidense, la del “establecimiento”, juntaba valores sociales conservadores con una defensa del libre mercado y, aunque a veces estos grupos tuvieran diferencias, estaban unidos por el anticomunismo. La nueva derecha estadounidense es un nacionalismo económico que se aleja del libre mercado y busca cerrar los bordes, tanto humanos como comerciales. El “comunismo” ha pasado a un segundo plano como enemigo unificador y hoy su lugar lo ocupan “los migrantes” (no todos, solo los migrantes racializados del sur global) y “la ideología woke”, que es su forma de llamar al feminismo, las luchas por los derechos de las personas LGBT+ y los movimientos a favor de los derechos de las personas racializadas, como el Black Lives Matter, que se fortaleció tras el asesinato de George Floyd en mayo de 2020. Por eso, no es casualidad que Bukele, Milei y Trump pongan en el centro de sus comunicaciones el discurso antifeminista.

El periodista Zack Beauchamp explica en la revista estadounidense Vox, que los grupos conservadores y antiderechos han hecho una gran inversión histórica en el “mercado de las ideas”, generando oportunidades e incentivos para que jóvenes talentos se conviertan en ideólogos de la derecha. Si un estudiante joven y progresista quiere dedicarse a la producción de ideas, puede buscar una pasantía en una publicación liberal o en un think tank, pero las oportunidades son escasas y pagan muy poco. Beauchamp señala que el estudiante de derecha, en cambio, tiene un amplio abanico de posibilidades que incluyen la National Review’s Buckley Fellowship, la Rhodes Journalism Fellowship o la Claremont Institute’s Publius Fellowship. “Son ejemplos de numerosos programas bien financiados diseñados explícitamente para acoger a tantos jóvenes brillantes como sea posible en el mundo conservador institucional. Si eres un joven, ambicioso, recién graduado de la universidad y estás en cualquier punto del espectro, desde libertario hasta acérrimo trumpista, tienes muchísimas opciones para entrar en el ‘juego de las ideas’. […] Un joven, hoy en día, podría asistir a la universidad en la conservadora Hillsdale, construir su vida en la facultad de derecho en torno a la membresía en la Sociedad Federalista y luego conseguir un trabajo escribiendo artículos de derecha para la Fundación Heritage, todo mientras se informa a través de Fox News y el programa de radio de Mark Levin”.

Estos espacios, explica Beauchamp, le permiten a los jóvenes encontrar mentores entre figuras de alto perfil, con quienes pasan tiempo en persona, de manera que se desarrolle un interés recíproco en el éxito profesional de unos y otros. “Estos programas funcionan, en gran parte, por ser intelectualmente estimulantes. No es solo que puedas ir a viajes con todos los gastos pagados y con buenas comidas; es que te ponen en un entorno donde lees y debates obras clásicas de pensamiento político y literatura con otras personas que comparten esos intereses. Si eres el tipo de ‘nerd’ que quiere debatir los detalles más finos de Locke y Hamilton durante los veranos de la universidad, eres el tipo de ‘nerd’ que podría ser alguien relevante en la política estadounidense algún día, y las becas de la derecha están ahí para que, cuando alcances esa relevancia, hables a su favor”.

Otro acierto narrativo del modelo conservador para el mercado de las ideas es conectar la filosofía con la política pública: “Entrena a los jóvenes en las ideas generales, como las visiones conservadoras de la moralidad política y la religión, y les enseña a conectar esas cosas con las discusiones de política pública cotidianas. No estás aprendiendo sobre ideas abstractas o políticas concretas, sino que estás aprendiendo una cosmovisión integral que trata los temas de política pública como el resultado de valores específicos; una ideología”, explica Beauchamp. De esta manera, líderes autoritarios con tantas diferencias de personalidad y contexto como Bukele, Trump y Milei, encuentran un piso común, compartiendo valores y chivos expiatorios. 

En Latinoamérica tenemos varios ideólogos de derecha con popularidad transnacional y una fuerte presencia en la academia, el mundo editorial y las redes sociales. Figuras como el argentino Agustín Laje y la brasileña Sara Huff no alcanzan tanto impacto por su talento o por sus capacidades intelectuales, sino porque están dispuestos a hacer el trabajo de la ideología y están siendo financiados por esos grandes capitales. El apoyo económico viene de varias organizaciones y think tanks, como la ya mencionada Heritage Foundation, Atlas Network, Cato Institute, la John Templeton Foundation y Koch Network.

La ideología de derecha presenta una narrativa que le conviene a gobiernos autoritarios y a grandes capitalistas. Klein señala que “donde la izquierda prometía libertad para los trabajadores con respecto a sus jefes, a los ciudadanos de las dictaduras, a los países del colonialismo, Friedman prometía ‘libertades individuales’, un proyecto que elevaba a los ciudadanos atomizados por encima de las necesidades colectivas y los liberaba para expresar una libertad de voluntad absoluta a través de sus elecciones como consumidores” (TSD P.63). La individualización, el egoísmo, la ruptura del tejido social. En un artículo de la periodista Brock Colyar para la revista New York, cubriendo la fiesta de celebración de la posesión de Trump, algunos de los jóvenes que asistieron dijeron que habían apoyado a Trump para poder decir libremente (es decir, sin críticas) sus opiniones discriminatorias y motes ofensivos. “Hay toda una nueva industria de personalidades mediáticas que se están uniendo para luchar por nuestra causa”, le dijo el tiktoker DuRousseau, a la periodista. Colyar señala que “al menos un empleado de TikTok que trabaja en el departamento de ‘políticas’ estaba allí; al ser increpado sobre los cambios en las directrices de la aplicación en los últimos meses, me dijo alegremente: ‘Estamos dejando pasar mucho más contenido. Mucho más’.” Más adelante la periodista añade: “Este fue el ecosistema mediático que floreció bajo las narices de los demócratas mientras ellos se ocupaban de cortejar a Taylor Swift y Beyoncé. ‘MAGA es el MTV de la Generación Z. Esto no es un grupo marginal. Esto es cultura pop juvenil. Llevo diciendo esto durante años”, le dijo a Colyer “Mitchell Jackson, un publicista y consultor de crisis que trabaja con podcasters conservadores”.

Economía sin ideología 

Uno de los logros narrativos más importantes del mainstream del discurso económico (en el que se inscribe Friedman) fue hacerle creer al mundo que la economía es una ciencia exacta. Si el mercado es una fuerza natural, la economía es una disciplina científica como la física o la química, basada en un examen imparcial de los hechos. Como dijo Álvaro Bardón, subsecretario de Economía durante la dictadura de Pinochet, “Si se reconoce a la economía como una ciencia, esto implica inmediatamente menos poder para el gobierno o la estructura política, ya que ambos [aparentemente] pierden la responsabilidad de tomar tales decisiones” (TSD, P. 257). Esto ha permitido separar las políticas económicas del libre mercado de sus efectos sociales, haciéndolas ver como si no tuvieran una agenda política, para que nadie pudiera ver que sus posturas económicas eran en realidad ideología (pues, como señala Klein a lo largo de su libro, ni siquiera están respaldadas por los hechos). Por supuesto, esto no se extiende a las teorías económicas de izquierda, como la marxista, que son vistas como sesgadas y altamente politizadas.

La separación aparente entre ideología y economía le ha permitido a los gobiernos decir que defienden minorías y derechos humanos y al mismo tiempo desregular para fortalecer el libre mercado, como si una cosa no tuviera nada que ver con la otra. Muchas posturas de centro presentan valores progresistas de dientes para fuera, al tiempo que aprueban el neoliberalismo, la privatización, entorpecen medidas que puedan redistribuir la riqueza de una manera más justa, como impuestos a los ricos y a las iglesias o redistribución de la tierra acumulada por las élites. Klein señala que el movimiento de derechos humanos nacido en los setentas, especialmente las organizaciones internacionales más técnicas y jurídicas, priorizó documentar y denunciar los crímenes de lesa humanidad más que interrogar por qué estaban ocurriendo. Estas dictaduras no mataban y torturaban gente solamente para hacer un despliegue de poder; el objetivo era imponer una agenda política y económica, pero en muchos espacios del derecho internacional se evadieron para lograr una condena generalizada de las violaciones a derechos humanos “sin importar si eres de izquierda o de derecha”. Quizás es más fácil hacer este reclamo en retrospectiva, es posible que en ese momento esa fuera la única opción.

Klein pone como ejemplo el informe de 1976 de Amnistía Internacional sobre Argentina. “De hecho, el reporte de 92 páginas no menciona que la Junta Militar de Gobierno [el órgano supremo de la dictadura​ integrado por las tres Fuerzas Armadas y que llegó al poder tras el golpe de Estado ese año] estaba en el proceso de rehacer el país e imponer un capitalismo radical. […] Cuidadosamente lista todas las nuevas leyes y decretos que violaban las libertades civiles, pero no menciona ninguna de las nuevas medidas económicas que bajaron los salarios y aumentaron los precios, violando el derecho a la comida y la vivienda. De haber examinado esto, habría sido claro por qué una represión tan extraordinaria era necesaria. […] En otra gran omisión, Amnistía presenta el conflicto como un problema entre militares locales y extremistas de izquierda. No menciona a otros actores como el gobierno estadounidense y la CIA, los terratenientes locales, las corporaciones multinacionales. Sin un examen del plan a gran escala para imponer el capitalismo ‘puro’ en Latinoamérica y los poderosos intereses detrás de ese proyecto, los actos de sadismo documentados en el reporte no tienen sentido, parecen violencias azarosas, nadando en el éter político, que debían ser condenadas por cualquier persona que tuviera conciencia, pero totalmente ininteligibles” (TSD, P. 149).

Algo así sucede con el aborto; los grupos antiderechos insisten en que el problema es moral o religioso para tenernos discutiendo con ellos si los fetos tienen alma o no, cuando en realidad la prohibición del aborto es una piedra angular para aumentar la pobreza, precarizar a mujeres y niñas y dejarlas listas para su explotación. Así, nos hacen creer que un capitalismo salvaje estaría bien si tan solo no se cometieran crímenes de lesa humanidad, cuando en realidad un capitalismo salvaje no puede ser sin la violencia, las atrocidades y las violaciones de derechos humanos. Por eso tenemos, por ejemplo, personas en Estados Unidos que dicen ser socialmente liberales y económicamente conservadores, es decir, que a pesar de que defienden valores progresistas en la mesa, están a favor de la acumulación de riqueza, y eso no es posible sin vulnerar los derechos humanos.

La violencia, los abusos, la tortura, para Klein, son señal de que se está tratando de imponer un sistema que no le conviene a la mayoría de la gente. Las torturas del bukelismo en su megacárcel, la represión violenta de la protesta por parte de Milei en Argentina (en una reciente protesta de pensionados, la represión policial dejó heridas a varias personas de la tercera edad), sirven para mantener a la gente en el miedo, de manera que no podamos articularnos. Si el libre mercado fuera tan “natural”, no tendría que ser impuesto por la fuerza.

Narrativas del Shock

Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, y uno de los hombres más influyentes de todo el siglo XX, pasó de ser un profesor carismático a hablarle al oído a los líderes mundiales. Lo logró gracias a una estrategia cuidadosa que apelaba a la avaricia de los más poderosos y a un truco narrativo muy eficiente: hacernos creer que la economía es una ciencia exacta, una fuerza de la naturaleza que puede ser medida e interpretada, una fórmula algebraica con respuestas graficables, “técnica”, sin ideología. Hay una distancia importante entre los experimentos para implementar la teoría del shock en el siglo XX y lo que está pasando en el siglo XXI, pero es difícil no ver una estructura común.

Las aplicaciones de hoy son más nacionalistas y proteccionistas, le ponen talanqueras a ese libre mercado absoluto, pero alcanzan el objetivo más importante: “Era obvio que las reglas del libre mercado estaban haciendo exactamente lo que estaban diseñadas para hacer: lejos de crear una economía perfectamente armoniosa, estaban aumentando las fortunas de los más ricos, creando una clase de ‘supermillonarios’ y convirtiendo a la clase trabajadora en ‘pobres desechables’. […] Este patrón de estratificación se ha repetido en todos los lugares en donde la ideología de la Escuela de Chicago ha triunfado” (TSD, P. 562).

Bajo el mando de Pinochet, Chile fue pionero en “crear una evolución del corporativismo: una alianza de apoyo mutuo entre un estado policial y las grandes corporaciones, unidos para irse, sin restricciones, contra el tercer poder, los trabajadores” (TSD, P. 105). Esto es patente en El Salvador, Argentina y Estados Unidos. Los gobiernos de Bukele, Milei y Trump han hecho recortes al gasto social, desregulado leyes de protección ambiental y leyes que controlaban la acumulación de capital privado, han usado las reservas pensionales para especulaciones y recortes, y han aumentado la deuda de forma extraordinaria.

Para lograrlo, han pasado extensas leyes que les permiten concentrar el poder, valiéndose de declarar estados de excepción o emergencia, que les permiten tomar y ejecutar decisiones sin pasar por el legislativo. Los tres quieren aprovecharse de la desregulación del mundo cripto, y han puesto las redes sociales en el centro de sus comunicaciones. En cuanto a sus estrategias narrativas, todos han recurrido a bombardear a los medios y la ciudadanía con noticias (en su mayoría angustiosas), de manera que no haya tiempo para articular una resistencia; han usado el recurso retórico del “trago amargo” para justificar la pérdida de calidad de vida en la ciudadanía y han puesto al feminismo en el lugar de “enemigo a vencer para salvar a la civilización”, que antes ocupaba el comunismo. 

Los tres gobernantes tienen clarísimo que para ejecutar esta estrategia se necesita una crisis real o manufacturada. En el caso de El Salvador, la crisis eran las pandillas. Por un tiempo, Bukele fue víctima de su propio invento y estuvo buscando nuevas crisis retóricas para justificar su concentración del poder, una simulación que quizás no será necesaria ahora que tiene la reelección indefinida. En el caso de Argentina, la crisis fue la inflación y la mala situación económica que el mismo Milei no ha podido solucionar. En el caso de Estados Unidos, la crisis es Trump mismo. En campaña construyeron narrativamente las crisis de la inflación (que sí aumentó post-Covid, pero que, por ejemplo, nunca se acercó a los niveles de Argentina) y la migración a Estados Unidos de personas racializadas del sur global, una narrativa a la que le han invertido mucho más desde que Trump llegó al poder, y que no es más que un discurso racista, aporofóbico y fascista. También tienen en común que sus políticas económicas aumentan la desigualdad y esto debilita las democracias porque la ciudadanía pierde poder y el capital se acumula en unos pocos que concentran la riqueza y el poder político. 

Otro punto común, fundamental para estos proyectos autoritarios, ha sido la represión de la protesta y de la libertad de prensa y de expresión. Es muy diciente que en un artículo “tan técnico” como este, tres de las cuatro expertas consultadas hayan pedido acogerse a la protección de fuentes. Hay algo disruptivo en revelar los motivos económicos detrás de las medidas que parecen políticas y sociales, y en evidenciar las motivaciones políticas tras las medidas económicas. 

La gran ironía de todo esto es que Friedman debe estarse revolcando en su tumba. Con sus aranceles erráticos y politizados, Trump está apostando por el tecnofeudalismo, con multimillonarios que reemplazan a los señores feudales y relaciones de vasallaje globales, y provocando una reorganización geopolítica que se ubica muy lejos del libre mercado. Bukele, por su parte, es un autoritarista que quiere que El Salvador sea su finca privada. El único que verdaderamente parece estar apostando por el libre mercado es Milei, aunque ni él ha dejado de intervenir.

Friedman diseñó una estrategia para imponer el libre mercado, que consiste en una combinación entre oportunismo, autoritarismo y un plan de comunicaciones que mantiene a la ciudadanía permanentemente con los pelos de punta para que no pueda ni reaccionar ni protestar. Hoy, esa estrategia se sigue usando, pero ya no para imponer el libre mercado, sino para permitir la acumulación de riqueza y aumentar la desigualdad. Si el libre mercado sobrevive, es solo como estrategia retórica para que Bukele, Milei y Trump sigan capitalizando la equivalencia que durante años se construyó entre “libre mercado” y “libertad” y “democracia”.

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