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La abogada Ruth Eleonora López, reconocida defensora de derechos humanos y jefa de la Unidad Anticorrupción de la organización Cristosal, fue detenida el 18 de mayo de 2025 por la Fiscalía de El Salvador. López ha sido una de las figuras más visibles en la denuncia de actos de corrupción, violaciones a derechos humanos y vigilancia ilegal con software espía en el país y en 2024 fue reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo.
La Fiscalía la acusa por el delito de peculado, presuntamente cometido cuando fue asesora legal durante la gestión del ex funcionario Eugenio Chicas, vinculado al gobierno del expresidente de El Salvador, Sánchez Cerén.
Cristosal calificó la detención como una “desaparición forzada de corta duración”, señalando que ni la familia ni el equipo legal de López tuvieron información sobre su paradero durante varias horas. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional condenaron el arresto, considerándolo parte de una creciente represión y de un patrón de persecución contra voces críticas del gobierno de Nayib Bukele.
“Ruth López ha denunciado valientemente la corrupción y las violaciones de derechos humanos en El Salvador. Su detención es parte de una represión cada vez mayor para silenciar a críticos del gobierno de Nayib Bukele”, asegura Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “La comunidad internacional debería alzar la voz para frenar esta deriva autoritaria antes de que sea tarde”, agrega Goebertus.
Amnistía Internacional Américas también se pronunció sobre la detención de la defensora: “El estado de excepción en El Salvador no solo se ha utilizado para abordar la violencia relacionada con las pandillas, sino también como una herramienta para silenciar voces críticas”. Desde la organización hicieron un llamado al presidente Nayib Bukele “a liberar a Ruth López y que garantice su seguridad física y derechos al debido proceso”.
La detención de López se suma a una serie de acciones gubernamentales contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos en el país. En mayo de este año, siete periodistas del medio de investigación El Faro abandonaron El Salvador tras recibir información de que la Fiscalía General de la República emitió órdenes de captura en su contra, luego de la publicación de una investigación sobre los negocios secretos entre el gobierno de Bukele y las pandillas. La comunidad internacional continúa observando con preocupación la situación de los derechos humanos y la criminalización de las voces críticas en El Salvador.
