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El pasado 14 de agosto, Mario Marín Torres, el ‘gober precioso’ de Puebla vinculado con la detención y tortura contra la periodista Lydia Cacho y señalado por lavado de dinero y corrupción, salió de prisión y desde entonces está en su casa.
Ese mismo día, activistas, organizaciones y periodistas expresaron su indignación al Poder Judicial de Oaxaca por la decisión del juez José Gabriel Ramírez Montaño de liberar a Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual de la tentativa de feminicidio contra la saxofonista María Elena Ríos.
Aunque ahora se sabe que el juez será investigado por posibles actos de corrupción y que la libertad de Vera Carrizal fue suspendida, una cosa es cierta: en México, la justicia y seguridad de las mujeres NO son prioridad de las instituciones.
Justicia para Sandra y para las mujeres que han sobrevivido a la violencia
La misma semana en la que exigimos protección para Lydia y Malena, en Guadalajara, Jalisco, el 13 de agosto se pospuso el juicio oral contra Alejandro “N”, que el 4 de febrero de 2023 golpeó y apuñaló en repetidas ocasiones a su expareja Sandra Paola García Vázquez, de 37 años. Después atacar a Sandra frente a los hijos de ella, el tipo huyó en una camioneta e intentó quitarse la vida. Sandra estuvo en coma 46 días y, a la fecha, sigue presentando secuelas en su estado físico y emocional. Su propia familia ha dicho que está viva de milagro.
En México, así como Malena y Sandra, las mujeres que sobreviven y denuncian la violencia feminicida se ven obligadas a empatar sus procesos de recuperación con la lucha contra un sistema de justicia negligente, por decir lo menos. Trabajos de investigación como el de la periodista Gloria Piña muestran que nuestro país, el sistema de ‘justicia’ y el de salud dejan en un estado de desamparo y vulnerabilidad a las sobrevivientes.
Entre 2020 y principios de 2023, en México se abrieron mil 958 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa, pero sólo el 13.6% de las víctimas cuenta con protección del Estado. Y de las 32 entidades federativas, sólo 10 otorgaron medidas a las sobrevivientes durante el proceso, que se empalma con otras problemáticas como la situación económica.
De acuerdo con la periodista Ana Alicia Osorio, entre 2019 y 2023, los gastos médicos y legales que atravesaron las mujeres víctimas de tentativa de feminicidio oscilaron entre los 200.000 y los más de 2.000.000 de pesos mexicanos. A los tratamientos y la asesoría jurídica se suman otras situaciones que colocan a las sobrevivientes en una condición precaria, tales como la pérdida de sus empleos o el abandono de sus hogares.
Aún así, las instancias procuradoras de ‘justicia’ se atreven a hacer todavía más complicado—por no decir imposible— que esas mujeres accedan a medidas de reparación del daño; no sólo burocratizan cada trámite o las revictimizan. TAMBIÉN se dan el lujo de seguir manteniendo complicidades con los agresores. La semana antepasada fueron Lydia, Malena y Sandra, pero a diario, las autoridades contribuyen a que México sea señalado como un país en el que la impunidad en la violencia contra las mujeres alcance el 95%.
