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Cuando escuchamos la frase “la maternidad será deseada o no será”, en automático solemos pensar en el acceso al aborto y pocas veces nos detenemos a reflexionar en el otro lado de la moneda. Hablar de maternidades deseadas no solo debe ser para defender a aquellas mujeres y personas gestantes que no desean gestar o maternar sin importar su razones, sino también para exigir que se respete la decisión de aquellas que sí desean maternar y que se les niega esa decisión y que, incluso, son víctimas de violencia para impedir que se respete su libre derecho a elegir. Esto es algo que, aún hoy en día, sigue ocurriendo con muchas mujeres y personas gestantes con discapacidad.
El capacitismo, como ya lo hemos hablado en otras columnas es la opresión y discriminación en contra de las personas con discapacidad y se extiende a absolutamente todos los aspectos de nuestra vida y, en este caso, vulnera nuestros derechos sexuales y reproductivos.
En gran medida, se sigue sin reconocer la sexualidad de las personas con discapacidad, sobre todo, la de las mujeres y, por lo tanto, se tiene la creencia de que no requerimos de herramientas, información o de derechos para poder tomar nuestras propias decisiones. Por eso, gran parte de la población con discapacidad no tiene acceso a la educación sexual integral y posteriormente a la salud sexual, haciendo que vivamos una doble opresión: por ser mujer y por tener una discapacidad. Vayamos por partes.
Se sigue con la creencia de que las mujeres con discapacidad no tenemos la conciencia ni la capacidad de poder entender lo que conlleva un aborto voluntario y por lo tanto, tampoco tenemos la capacidad de elegir por nosotras mismas. Esto lleva a que se nos niegue el acceso a un aborto voluntario, a menos de que un tutor brinde una autorización, aún cuando este no sea un requerimiento. Por eso, muchas mujeres con discapacidad son obligadas a gestar aún en contra de su voluntad, así como en muchos otros casos se nos niega el acceso a los anticonceptivos, preservativos y esterilizaciones.
Pero como dije en un inicio, esto no se trata únicamente del acceso al aborto voluntario, o a los anticonceptivos, pues así como no se nos permite abortar por propia voluntad, tampoco se nos permite elegir maternar. Socialmente se sigue con la creencia de que las mujeres con discapacidad no podemos ni debemos ser madres, lo que lleva a muchas mujeres con discapacidad a ser víctimas de muchas otras violencias: física, sexual, obstétrica y vicaria.
Aún cuando en teoría es ilegal, las esterilizaciones sin conocimiento y sin consentimiento a mujeres y personas gestantes con discapacidad siguen existiendo alrededor del mundo y, desafortunadamente, muy pocos países (por no decir que ninguno) han puesto atención a esta problemática.
Basta una rápida búsqueda para darse cuenta de que no existen datos oficiales al respecto en prácticamente ningún país. En México, el último recuento que existe es del año 2016, en donde se indica que se practicaron 23,147 salpingoclasias (ligaduras de trompas uterinas) a menores de entre 10 y 17 años. La mayoría eran mujeres con discapacidad principalmente cognitiva. Sin embargo, no hay registro del número exacto y, extrañamente, en 2018, los datos se modificaron, lo que dejó un registro de apenas 5,000 casos.
Los mismos médicos que han realizado estas prácticas han mencionado que es un procedimiento “necesario para la salud” de estas mujeres y que se puede realizar con la solicitud de los padres o tutores.
Las razones que ellos, y que algunos padres o tutores han dado, es que es un método de prevención porque las mujeres con discapacidad somos más vulnerables a ser violadas o manipuladas para tener prácticas sexuales, quedando así embarazadas. Así, refuerzan la creencia de que las mujeres con discapacidad no logramos entender lo que conlleva una relación sexual, que no es necesaria la educación sexual para nosotras y que si quedamos embarazadas, seguramente es por un abuso, invalidando por completo nuestra sexualidad y nuestra necesidad de educación y salud sexual integral.
Piensan que la solución es esterilizarnos como a sus mascotas y así nos llevan a nuevos niveles de violencia, pues hay casos en donde esas mujeres son esterilizadas por sus propios violadores para poder continuar con sus abusos sin “riesgo de embarazo”.
Pero esto no se detiene aquí. Por otro lado, están los casos de aquellas que han quedado embarazadas, ya sea por llevar una vida sexual activa o por ser víctima de un abuso, y son obligadas o manipuladas para abortar, aún cuando ellas desean continuar con la gestación.
Igual que el caso anterior, tampoco hay una cifra oficial. Sin embargo hay bastantes casos de mujeres con discapacidad que han sido físicamente obligadas a abortar, ya sea porque las obligan a realizarse el procedimiento o porque, literalmente, son golpeadas hasta que haya un daño que cause el aborto. Pero la violencia no es solo física.
Según el informe “Abuso y Negación de DerechosSexuales y Reproductivos a Mujeres con Discapacidad Psicosocial en México” de Disability Rights Internacional y el Colectivo Chuhcan, también hay muchos casos de mujeres con discapacidad, principalmente cognitiva y/o psicosocial, que son manipuladas para que accedan a realizarse un aborto por voluntad, aunque no sea su deseo y, tristemente, la manipulación viene principalmente de su circulo cercano, familiares y amigos. Pero también del personal de salud: su médico, su psiquiatra y su psicólogo.
Lo que justamente nos lleva a la violencia obstétrica. Cuando una mujer con discapacidad decide gestar, es muy difícil que logre encontrar médicos que la traten con perspectiva de discapacidad y constantemente se topa con las mismas insinuaciones sobre abortar, o con juicios y señalamientos sobre su irresponsabilidad al elegir ser madre con una discapacidad.
Así, los malos tratos y las malas prácticas de los médicos tratantes causan culpas y arrepentimientos sobre ellas.
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH “en 2021 55.6 % de mujeres con discapacidad entre 15 y 49 años fueron víctimas de violencia”. Incluso hay casos donde no es que el embarazo sea de alto riesgo por la discapacidad, sino por la falta de atención y el poco conocimiento sobre discapacidad que tiene el personal médico.
Para finalizar, están aquellos casos de mujeres con discapacidad que lograron ser madres. Sin embargo, sin otra razón más que la discapacidad, son separadas de sus hijos, ya sea por sus mismos familiares, por el padre de los hijos o por el mismo gobierno, bajo el argumento de que “no tienen la capacidad de maternar”.
Hay muchos casos de mujeres con discapacidad adquirida que se han hecho cargo de sus hijos siempre, pero que cuando adquieren la discapacidad les quitan a sus hijos o son abandonadas.
Lo más triste de todo esto es que estas violencias son respaldadas no sólo por la sociedad, al creer que lo más correcto y compasivo es no darle la carga de la maternidad a una mujer con discapacidad, sino también por los gobiernos que, para sorpresa de nadie, ignoran el tratado sobre los derechos sexuales y reproductivos emitido por la convención internacional de las personas con discapacidad.
Estas prácticas no solo son respaldadas, sino incluso son promovidas, por el mismo sector salud, al menos en Latinoamérica. Son los médicos que, en primera instancia, sugieren estas prácticas que ignoran los deseos de las mujeres y que, al respaldarse en la medicina no son juzgados ni castigados por cometer dichos actos.
Por eso, es importante entender que hay que ver absolutamente todas las perspectivas al hablar de que la maternidad será deseada o no será.¡Las mujeres con discapacidad también tenemos derecho a elegir nuestra maternidad!
