Por por Paola Cubillos
Los vientos de la legalización del cannabis para el uso adulto continúan soplando en Latinoamérica, después de que Uruguay regulara el uso de esta sustancia psicoactiva en el 2013, seguido por México, en donde la reciente declaratoria de la corte suprema de justicia de inconstitucionalidad de la norma que impide el uso recreativo del cannabis da una gran urgencia a la discusión pendiente sobre la ley de cannabis de uso adulto en ese país. A este movimiento se suma Colombia, en donde se discute la regulación del cannabis para usos no médicos.
Para que las existentes y futuras leyes de cannabis de uso adulto sean exhaustivas e incluyentes, y para que adecuadamente respondan a las necesidades de todos los ciudadanos, es esencial considerar la manera diferencial en la que políticas de drogas prohibicionistas han afectado a las mujeres: los cambiantes patrones de consumo en esta población y la necesidad de entablar educación, y prevención con perspectiva de género, y un análisis sobre cómo los diferentes modelos regulatorios pueden continuar afectándolas, infringiendo sus derechos.
Las mujeres han jugado un papel protagónico en ayudar a sociedades enteras a replantear posiciones moralistas y desinformadas con respecto al cannabis. Mediante su activismo, mujeres alrededor del mundo, desde Europa, Inglaterra, Norte y Sur América, han logrado que gobiernos reconozcan los beneficios que el uso de la planta ha traído a la salud de sus hijos con diversos problemas neurológicos, convirtiéndose en catalizadoras de grandes cambios legislativos.
Y es precisamente mediante el acercamiento a las propiedades terapéuticas del cannabis que las sociedades nos hemos dado la oportunidad de replantear lo que significa el uso de esta sustancia psicoactiva que, hasta ahora y durante décadas, ha hecho parte de las listas de fiscalización más estrictas. En la mayoría de países del mundo occidental, actualmente se llevan a cabo discusiones sociales sobre la regulación del cannabis, ya sea para uso terapéutico o uso no médico, forzando a gobiernos a enfrentar un importante movimiento ciudadano que quiere alejarse de las viejas políticas de drogas prohibicionistas y adoptar un enfoque de derechos humanos.
Las políticas de drogas prohibicionistas, que giran en torno a la represión y el castigo, tienen un impacto diferencial en las mujeres. La severidad de las sanciones penales relacionadas con delitos de drogas, bajo marcos prohibicionistas, que en la mayoría de veces incluyen encarcelamiento, afecta desproporcionadamente a las mujeres, particularmente aquellas que están en situación de vulnerabilidad económica y que no tuvieron acceso a educación. Según el reporte de 2020 de WOLA “Mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas en América Latina”, el encarcelamiento de mujeres en América Latina ha aumentado en las últimas dos décadas, tanto en su número absoluto como en el porcentaje entre la población penitenciaria, en donde los delitos relacionados con drogas son la principal causa de encarcelamiento.
Esta misma organización ha recopilado datos que evidencian que, en algunos países, la proporción de mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas es al menos un 30% más alta que en el caso de hombres encarcelados por este mismo motivo, comprobando que, efectivamente, las leyes punitivas sobre las drogas afectan a las mujeres de una forma desproporcionada.
A pesar de que las mujeres suelen ser parte de la estructura del tráfico ilegal de estupefacientes ejerciendo tareas no-violentas, en rangos bajos de jerarquía que implican un alto riesgo para ellas como la distribución o transporte de drogas, reciben unas penas desproporcionadas que pueden llevar a catastróficos desenlaces, especialmente cuando son madres o cuidadoras, pues sus dependientes entran en condiciones de riesgo para abandono y marginalidad, y quedan altamente expuestos a entrar en contacto con el tráfico de drogas y hacer parte de él. Las políticas de drogas existentes, que también comprenden el cannabis, llevan entonces a la exagerada privación de la libertad de las mujeres y por eso es urgente encontrar nuevas alternativas de regulación que minimicen el daño ocasionado a esta población.
Las actividades de producción y consumo han sido tradicionalmente dominadas por los hombres. Los movimientos cannábicos han excluido históricamente a las mujeres, dando pie a la estigmatización de la mujer que participa en estas actividades. Socialmente, las mujeres son vistas desde sus roles de cuidadoras y reproductoras, y pueden enfrentarse a condena y sanción social cuando son ellas quienes deciden emprender una actividad que puede generar placer como es el consumo del cannabis. Es así que las mujeres consumidoras tienden a no visibilizarse, y su consumo a ser condenado. También es posible que la estigmatización y rechazo histórico del consumo fenemino se traduzca en una baja representación de las mujeres, resultando en una subrepresentación en estadísticas y análisis sobre los distintos usos y formas de consumo de esta planta.
A pesar de que el cannabis es la sustancia ilegal más consumida alrededor del planeta, poco se conoce sobre cuáles son los patrones de consumo de las mujeres, y si este consumo tiene un impacto diferencial en su salud, y por lo tanto es difícil entablar políticas de prevención con enfoque de género efectivas.
De los pocos datos epidemiológicos que se han obtenido en los últimos años, en su mayoría de Estados Unidos y de Europa, muestran que aunque el consumo tiene una prevalencia mayor entre los hombres, las mujeres reportan mayor consumo con el tiempo. Por ejemplo, datos de la encuesta nacional de uso de drogas y salud de los Estados Unidos realizada en 2018 muestran que para las mujeres entre 18 y 25 años se observó un aumento del uso mensual de más 20%, aumento en uso diario de 13%, y la prevalencia de trastorno por uso de cannabis (término actual para referirse a patrones de uso problemático de adicción o dependencia) aumentó en un 30%. Para las mujeres mayores de 26 años, se evidenció un aumento de más de 40% de uso mensual, y un aumento de más del 40% en el uso diario comparado con las mediciones realizadas en el 2015.
Aunque no son conclusiones definitivas, datos de estudios preliminares que en su mayoría incluyen a mujeres en la adolescencia y la adultez temprana, de diferentes niveles socio-económicos, revelan que las mujeres podrían presentar una progresión hacia la dependencia de cannabis de forma más acelerada que los hombres y parecen experimentar más síntomas de abstinencia al suspender el cannabis y mayor severidad de los mismos comparados con los hombres.
En los países latinoamericanos en donde se han reportado datos de tendencia, también se observan cambios en el consumo de cannabis tanto en hombres como en mujeres. En Argentina se observó un leve cambio del consumo al inicio de la serie con 3,7% en 2008 y 3,2% en 2010, pero, hacia 2017, la prevalencia de consumo de marihuana se registró en un 7,8%. El cambio se observó tanto en hombres como en mujeres. Aunque las diferencias en el consumo de cannabis por sexo persisten en toda la serie, con tasas consistentemente más altas entre los hombres, las brechas antes observadas se están estrechando.
Aunque estos datos epidemiológicos no nos permiten hacer relaciones directas sobre el consumo y el estado de la salud mental de las mujeres, sí son suficiente para que nos preguntemos si estos efectos negativos reportados en mujeres pueden estar más relacionados con los problemas de salud mental previos al consumo, que con el consumo como tal. Los cambios en los patrones de consumo de las mujeres incluídas en estos estudios nos invitan a que nos hagamos varias preguntas sobre la salud física y mental de las mujeres, las características neurobiológicas y sociales que podrían subyacer un potencial impacto diferencial del uso del cannabis en ellas, y resalta la necesidad de dedicar suficientes recursos para investigar estas asociaciones.
La ilegalidad, y el tabú construido alrededor del cannabis y su prohibición, fomentan un ambiente de desinformación en los y las consumidoras y una falta de investigaciones científicas que den luces sobre las consecuencias de sus usos, especialmente en el caso de las mujeres. ¿Cuál es por ejemplo el impacto del uso de estas sustancias en la salud materno-infantil? El consumo de cannabis por parte de mujeres, antes y durante el embarazo, ha aumentado, particularmente en jurisdicciones que ya han adoptado modelos de legalización del cannabis, como en los Estados Unidos.
Sin embargo, los estudios son pocos y los datos no son concluyentes para establecer claros desenlaces materno-infantiles entre el consumo del cannabis en el periodo pre, intra o post-natal. Dado que la sustancia existe en la mayoría de las jurisdicciones en la ilegalidad, se hace imposible entablar estrategias efectivas de prevención y reducción del daño que consideren las necesidades de las mujeres que consumen.
Teniendo en cuenta entonces las múltiples maneras en las que las políticas de drogas actuales afectan a las mujeres, y el impacto diferencial del consumo en su salud, es esencial formular esquemas de regulación con una clara y explícita perspectiva de género. Dentro de sus principios para la regulación responsable del cannabis, IDPC menciona tres puntos relacionados con un abordaje sensible al género: 1) Abordar la historia de discriminación y acoso de mujeres productoras 2) Promover la sensibilidad al género tratamiento de drogas y daño servicios de reducción de daño 3) Tomar acción inmediata para abordar desigualdades estructurales de género y los desequilibrios de poder en los mercados de cannabis legales.
A pesar que ningún país ha incluído explícitamente en su regulación del cannabis de uso adulto estos aspectos de género- hasta la fecha sólo Canadá y Uruguay han legalizado el cannabis de uso adulto como países, lo mismo ha sucedido en 21 estados de los Estados Unidos- varias organizaciones civiles en México han planteado una serie de recomendaciones al proyecto de regulación del cannabis para incorporar transversalmente la perspectiva de género, argumentando que “La prohibición de la cannabis, el recrudecimiento del punitivismo de las políticas de drogas y la estrategia de seguridad militarizada han tenido un impacto diferenciado en las mujeres. A través del encarcelamiento, el hostigamiento policiaco, las violaciones al debido proceso, la estigmatización, la marginación económica y la violencia letal que ha producido la guerra contra las drogas en nuestro país, el Estado mexicano ha afectado de manera desproporcionada a mujeres usuarias, en situación de pobreza, madres y en situación de violencia intrafamiliar”.
Este grupo de organizaciones de la sociedad civil hace las siguientes sugerencias:
● Eliminar la criminalización de la posesión simple y del consumo en espacios públicos con la finalidad de no poner a las mujeres usuarias de cannabis en riesgo de ser víctimas de detenciones arbitrarias, extorsiones y violencia sexual por las fuerzas del orden público.
● Establecer un mecanismo eficiente y con plazos para la excarcelación de mujeres privadas de su libertad por delitos relacionados con cannabis, así como detallar un plan de reinserción social que garantice condiciones de participación en el incipiente mercado regulado de cannabis.
● Establecer que durante los primeros cinco años, 80% de las licencias de cultivo serán para el sector social (propiedades comunales, propiedades ejidales, pequeñas propiedades y sociedades cooperativas), de las cuáles el 50% deben ser destinadas a mujeres.
El documento “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una guía para la reforma de políticas en América Latina” del Washington Office in Latin America – WOLA-, DeJusticia, International Drug Policy Consortium, y otros, recomienda, dado el impacto desproporcionado del encarcelamiento como resultado de políticas de drogas prohibicionistas sobre las mujeres, sus hijos y sus familias, y sus comunidades, la implementación de políticas sensibles al género relacionadas con las drogas y las prisiones arraigadas en derechos humanos y salud pública, mediante dos principios fundamentales de replanteamiento de las políticas de drogas, donde las sentencias tienen que guardar proporción con la gravedad del delito cometido, y la excarcelación, brindando alternativas al encarcelamiento.
También es imperativo que el personal de los servicios de reducción de daños se esfuerce en tener un equilibrio de género y edad. Es posible que las mujeres jóvenes se sientan más cómodas discutiendo su consumo de drogas con sus compañeras jóvenes, por ejemplo, y esto es especialmente importante en casos en donde las mujeres jóvenes informan haber sufrido acoso sexual y violencia de género, en contextos en los que el uso de drogas por parte de las mujeres se utiliza para justificar, minimizar o normalizar la violencia que enfrentan.
Además, cambios en la industria han dado pié a la expansión de métodos alternativos de administración de cannabis (el vapeo de alta potencia y los comestibles, entre otros,) y una amplia diversificación de productos. Se necesitan entonces estudios para determinar si las mujeres están adoptando estos nuevos métodos de administración de cannabis que proporcionan alto tetrahidrocannabinol y evaluar el impacto en la salud mental y el potencial de generar dependencia.
Así mismo, es importante entender que el uso del cannabis potencialmente tiene un impacto diferente entre hombres y mujeres y formular, basado en lo que se conoce actualmente, estrategias de educación, prevención y reducción del daño específicas para las mujeres que consumen. Es muy grande la deuda que tienen los estados con las mujeres y pueden empezar a repararla con una legislación del cannabis que legalice su producción y sus usos, enfocándose en los derechos humanos y aplicando el enfoque de género. A las mujeres se nos debe garantizar nuestro derecho al placer y a la exploración de la naturaleza, sin que eso nos cueste nuestra reputación, nuestra salud o nuestra libertad.
